Declaración de Amatlán de los Reyes

X Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos MAPDER

Amatlán de los Reyes, Veracruz,  4 de agosto de 2013

Indignados, en alerta máxima y con el grito a una sola voz de justicia, bajo el acoso de un ostentoso operativo policial por el asesinato de nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz al inicio de nuestro encuentro y a quien dedicamos la celebración del Décimo Aniversario MAPDER, reunidos más de 300 defensoras y defensores de los ríos e invitados internacionales procedentes de siete países llevamos a cabo el Décimo Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), del 2 al 4 de agosto, en Amatlán de los Reyes, región de las altas montañas de Veracruz

Fuimos testigos de la grave situación que atraviesan los pueblos de Veracruz amenazados por la construcción de más de 100 proyectos hidroeléctricos con capital privado y bajo el esquema de abastecimiento energético para las empresas. Esto implica la privatización de los ríos y agudización de daños sociales y ambientales para las poblaciones locales y demás comunidades ribereñas. Tan solo en la región de las Grandes Montañas, existen 3 proyectos de su tipo, de los cuales uno se encuentra en fase final; nos referimos al Proyecto Hidroeléctrico Veracruz, a cargo de la empresa Comexhidro, implantado en tres municipios de la Sierra y cuya afectación directa es a 5 mil personas. Dicho proyecto carece de permisos de la Conagua y de una consulta basada en el Convenio 169 de la OIT, para la protección de los derechos indígenas.

En Tlapacoyan-Jalacingo, fueron autorizados tres proyectos hidroeléctricos de 8 planeados para toda la cuenca, implicando desvío del caudal en 13 kilómetros, alteración biótica por desecamiento de 54 mil hectáreas en 7 municipios —Altotonga, Jalacingo, Tlapacoyan, Atzalan, Martínez de la Torre, San Rafael—, más dos de Puebla —Teziuhtlán y Hueytamalco— a cargo de la empresa Impulsa Generación Renovable y donde el comprador de la energía es Minera Autlán, con una afectación de 450 mil habitantes.

Las principales cuencas y ríos de Veracruz —Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Bobos-Nautla, Actopan y La Antigua— y sus 57 afluentes o ríos tributarios aparecen en los estudios hidroenergéticos que sirven de base para la promoción de cuando menos 112 “mini-hidroeléctricas” a través de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Prueba de ello es el Proyecto Multipropósitos Xalapa, ubicado en la cuenca de La Antigua, cuyos objetivos son, por un lado, el abastecimiento de agua para la ciudad de Xalapa a un costo muy elevado y pretendiendo subir el líquido más de 1200 m.s.n.m.; y por el otro lado, es la generación de energía a cargo de la transnacional brasileña Oderbrecht. Dicho proyecto ha desplazado ya a casi 5 mil habitantes de la comunidad de Barranca Grande y Villanueva en los municipios de Ixhuacán de los Reyes. Así mismo, la electricidad generada beneficiaría directamente la ampliación de la empresa cementera, la cual ya ha afectado severamente a la población del municipio de Apazapam. Este proyecto hidroeléctrico afectaría directa e indirectamente a casi 1 millón de personas.

Desde el 2011 el proyecto hidroeléctrico el Naranjal, amenaza el territorio de Amatlán de los Reyes y siete municipios de la región que afectaría a 30 mil personas. Se trata de una de las hidroeléctricas más importantes del estado que podría tener una capacidad instalada de 360 MW. Por las protestas de la población en la región se mantiene un clima de intimidación contra los opositores a la imposición de proyectos hidroeléctricos y mineros.

Prueba de ello es el asesinato de nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz en esta región, donde uno de los hombres más ricos del país, Claudio X. González, y su socio Gerardo González Guajardo, pretenden construir la presa hidroeléctrica El Naranjal, a través de la empresa Constructo. Recordamos que la tenaz resistencia de las comunidades campesinas e indígenas potencialmente afectadas por el despojo de tierras en los municipios de Iztac, Fortín, Naranjal, Coetzala, Amatlán, Cuichapa y Omealca, obligó a que el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, firmara en junio de 2013 un Decreto de Área Natural Protegida Estatal que implicaría no construir ya el proyecto hidroeléctrico El Naranjal. La tardanza de su publicación en la Gaceta Oficial, derivó en más conflictos, atropellos, amenazas y muertes. Ante este escenario que viven los pueblos de Veracruz, el MAPDER repudia la violencia y exige el esclarecimiento inmediato del crimen de Noé Vázquez Ortiz, seguridad para su familia, para el niño testigo, para el Comité Defensa Verde Naturaleza para Siempre, así como para el pueblo de Amatlán de los Reyes. Estaremos atentos y realizaremos acciones inmediatas. Es evidente el gran nerviosismo de la empresa ante la posibilidad de que la hidroeléctrica no se construya. Exigimos cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico El Naranjal.

Aunado a esto, el MAPDER visitó el campamento que las comunidades amatlecas mantienen en defensa del río Atoyac y contra el proyecto Bandera Blanca, que busca la desviación del agua a la ciudad de Córdoba para fines industriales sin considerar la devastación ambiental y social que implica; lucha con la cual el MAPDER se solidariza.

Durante el Encuentro las comunidades afectadas por la imposición de proyectos de presas en el país, recordamos lo caminado en estos primeros diez años del MAPDER, nos reconocimos fortalecidos y conscientes de que gracias a él nos mantenemos unidos, articulados, que hemos detenido con mucho esfuerzo y tenacidad algunos proyectos de presas y que hemos colocado a nivel nacional la temática de presas y sus efectos sobre la cuenca de los ríos y las comunidades, proponiendo alternativas en el manejo del agua y la energía en México. Sin embargo, vemos con preocupación el incremento del número de proyectos de presas en el país, la agudización de la represión a las comunidades que resisten, la criminalización de la protesta, el hostigamiento, observamos el retroceso en el respeto a los derechos humanos. Resulta evidente que el modelo extractivista se ha fortalecido y que la imposición de proyectos de presas se multiplica, lo cual nos llama a mantener la alerta, la unión y a seguir en la acción en defensa de los ríos y de la Madre Tierra.

Ante la proyección y construcción de presas, parques eólicos y minas entre otros megaproyectos que implican destrucción y despojo, el MAPDER se pronuncia por el respeto al derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada y por la reparación integral de los daños físicos, morales y patrimoniales ocasionados por estas obras a ecosistemas y poblaciones afectadas. Que se respete la voluntad de los pueblos.

Después de nuestra Preaudiencia ‘Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad’, continuamos en el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, preparándonos rumbo a la Audiencia final sobre el eje de Devastación Ambiental. Exigimos que el Estado mexicano dé cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Preaudiencia de Presas, del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).

Siguiendo la recomendación del Jurado de la Preaudiencia sobre presas, el MAPDER impulsará un debate público sobre políticas y opciones energéticas, donde se contemplen tanto las formas de atender la demanda como la oferta de energía, considerando los patrones irresponsables de consumo, las pérdidas y las capacidades ociosas de las plantas energéticas; así como la revisión de las políticas relativas al control, uso y asignación del agua de la nación, que conduzcan a una política responsable de conservación y gestión integrada de los recursos hídricos.

Denunciamos que los nuevos titulares de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no han dado respuesta a las solicitudes de reunión presentadas por el MAPDER; exigimos respuestas inmediatas.

Representantes de las comunidades y organizaciones presentes en el Décimo Encuentro Nacional MAPDER, construimos y consensamos colectivamente acciones y estrategias que desarrollamos a fin de fortalecer el movimiento, por lo cual

DECLARAMOS:
Exigimos la cancelación definitiva del proyecto hidroeléctrico Presa La Parota, del estado de Guerrero. En diez años de lucha incansable, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP) ha logrado la suspensión del mismo. Exigimos al Gobernador del Estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, el cumplimiento de los Acuerdos de Cacahuatepec. Al Ejército mexicano exigimos cese el hostigamiento al compañero Julián Blanco, del CECOP, dirigente en el ejido Los Huajes.

Con el Consejo Indígena Nayeri denunciamos que los gobiernos estatal de Nayarit, federal y municipales han violado los derechos culturales y territoriales de los pueblos indígenas Nayeri y Wixárika de la cuenca del río San Pedro Mezquital, principalmente su derecho a la consulta previa, libre e informada, ante la amenaza de construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces por parte de la CFE. Asimismo denunciamos y rechazamos la actitud insidiosa de CFE y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que han negado la información sobre el proyecto Las Cruces a las comunidades afectadas y que han manipulado los procesos de toma de decisión en las comunidades indígenas de San Pedro Ixcatán y San Juan Corapan. Particularmente el hecho que el pasado 14 de abril el secretario de Gobierno del estado, el presidente municipal del Ruiz y la visitadora de la Procuraduría Agraria, hayan convocado y celebrado ilegalmente una supuesta Asamblea General de Comuneros de San Pedro Ixcatán, con el propósito de echar abajo los acuerdos de la Asamblea General de Comuneros del 7 de abril de este año, en que ésta comunidad negó a la CFE la anuencia para continuar los estudios de factibilidad del proyecto, valiéndose de engaño y chantaje al condicionar el acceso a sus habitantes a los programas gubernamentales y el ofrecimiento de diversas obra de supuesto beneficio a la comunidad.

Como MAPDER estamos enterados de la decisión tomada por el Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, de no inundar las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y estamos preocupados por el nulo avance de las mesas de trabajo en cuanto a resultados y el cumplimiento de acuerdos y compromisos, así como la negativa a suspender temporalmente la presa El Zapotillo y entregar a la comunidad el proyecto técnico propuesto por el mismo gobernador para salvaguarda de las comunidades. Exigimos que el Gobernador de Jalisco suspenda de inmediato la presa El Zapotillo, cumpla su decisión de no inundar las comunidades afectadas por el proyecto y respete los Derechos Humanos y su territorio; exigimos cumpla y realice las diligencias necesarias ante el Gobierno Federal y la Conagua.

Exigimos la reparación integral de los daños ocasionados a María Guadalupe Lara Lara, afectada por la presa de Arcediano en Jalisco.

Con el Consejo de Pueblos en Defensa del Río Verde (Copudever), de la Costa Chica de Oaxaca, denunciamos a la CFE por sus métodos de coacción a los municipios utilizando recursos públicos a cambio de permisos para terminar los estudios en el proyecto hidráulico Presa Paso de la Reyna y por la distribución de folletos que manipulan la información, mencionando que la obra beneficia al municipio de Tataltepec de Valdés. El Ejido Paso de la Reyna exige a la SEMARNAT frene los estudios ambientales. Pedimos la cancelación definitiva del proyecto Paso de la Reyna.

Tomamos la propuesta de los afectados por la Presa Cerro de Oro en Oaxaca de realizar una gran movilización que exija al Gobierno Federal cese la represión que sufre la población y solucione el caso que lleva más de 40 años pidiendo indemnización y conclusión de la infraestructura urbana a que se comprometió desde el año 1972.

El MAPDER exige respeto a la autodeterminación de las comunidades indígenas totonaca de Olintla y cesen las amenazas y hostigamiento de las autoridades municipales y empresa Grupo México, promotoras del proyecto hidroeléctrico-minero del cual exigimos cancelación definitiva en la Sierra Norte de Puebla.

Respaldamos a las organizaciones promotoras del foro Proyectos de Muerte y Territorio Nacional que exigen cese a las amenazas de muerte e intimidaciones a los pueblos y organizaciones que se encuentran en defensa del territorio contra hidroeléctricas y minas en Tetela, Ixtacamaxtitlán, Tzuapan, Quecholac y del estado de Puebla. Solicitamos se salvaguarde su integridad física y psicológica. Cancelación definitiva de hidroeléctricas, termoeléctricas y gasoductos, minas a cielo abierto y parques eólicos.

Exigimos alto al hostigamiento del movimiento contra altas tarifas de electricidad en Chiapas, cancelación de proyectos hidroeléctricos recientemente anunciados en los ríos Usumacinta, Grijalva y Coatán, éste último en el municipio de Tapachula. Condenamos la actitud de traición del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo, por estar impulsando la privatización del Sistema Municipal del Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), enviando la iniciativa al Congreso del Estado a espaldas de la sociedad; por lo que exigimos que se lleve a cabo un referendo para conocer la opinión de la sociedad tuxtleca. Exigimos indemnización justa para los afectados por el mal manejo de aguas en lo que se conoce como El Tapón del Río Grijalva. Exigimos la salida inmediata de la empresa Cales y Morteros del Grijalva S.A. de C.V., que provocó la fractura de una de las paredes del Cañón del Sumidero en 3 kilómetros de largo, aproximadamente. Exigimos la liberación del profesor tsotsil Alberto Patishtán, preso injustamente desde el año 2000.

Rechazamos los proyectos hidroeléctricos Chakté, Itzantún, Chinin así como las presas proyectadas en ríos de Pipijiapan y 120 concesiones mineras que afectarían a ríos y pueblos del estado de Chiapas. Exigimos su cancelación definitiva.

El MAPDER se une a la exigencia de la comunidad de Las Abejas de Acteal, del municipio de Chenalhó, Chiapas, de justicia sobre el caso Acteal y rechazo a Ernesto Zedillo Ponce de León en su integración de la organización de Elders.

Nos pronunciamos en apoyo a los hermanos indígenas Guarijíos, del sur de Sonora, en resistencia a la Presa Pilares, Bicentenario, que impactaría a cinco comunidades. Exigimos cese la agresión y amenazas de muerte contra su Grupo de Apoyo, medidas de seguridad y freno a la imposición del proyecto.

Exigimos cese la sobreexplotación del agua en la Región Lagunera, centro norte de México, remediación de los daños ocasionados por el sistema de presas sobre la cuenca del río Nazas; solución verdadera de la contaminación del agua y sus daños sobre la salud de la población; cese la privatización del agua y freno al proyecto de explotación de gas shale o esquisto en la cuenca de Burgos de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Con los afectados por la Presa El Cajón, de Nayarit, exigimos al Gobierno Federal indemnización justa, retroactiva, dotación de terrenos, viviendas y servicios equivalentes a los despojados a los habitantes de El Ciruelo, municipio de Jala, apertura de fuentes de empleo, atención a la salud y acceso al agua en calidad y cantidad.

El MAPDER se une a la exigencia de cancelación de licencias de presas hidroeléctricas autorizadas sin el consentimiento de los pueblos en Guatemala, respeto a las consultas comunitarias así como retiro de las empresas Hidro Santa Cruz de Barillas, de la empresa Cinco M S.A., del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango, así como de otras de la Xalbal Ixcán y del Usumacinta en el departamento del Petén.

Exigimos esclarecimiento del secuestro y asesinato de nuestro hermano Daniel Pedro Mateo, defensor de los derechos del pueblo Q’anjob’al.

El MAPDER se propone fortalecer la articulación entre afectados por las presas, establecer alianzas con movimientos de resistencia contra la minería, contra las altas tarifas eléctricas, contra las reformas estructurales, particularmente contra la Reforma Energética; asumir las propuestas emanadas del Encuentro Nacional en Defensa del Territorio, la Energía y los Derechos de los Trabajadores, realizada recientemente en Santa María Zacatepec, Puebla, que consisten en realizar una Jornada Nacional de Lucha que inicia con una movilización nacional el 12 de septiembre contra la Reforma Energética, y el 12 de octubre por la defensa de los derechos de los pueblos.

Volvemos a nuestras regiones hermanadas y hermanados con el pueblo de Amatlán de los Reyes en su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Presa El Naranjal y en defensa del Río Blanco, el agua, la producción en armonía con la naturaleza y un mundo justo y solidario.

Hacemos un llamado de alerta a la comunidad internacional sobre la situación de emergencia que atraviesan los pueblos en defensa de la vida, el agua y el territorio.

¡Justicia para Noé!
¡Justicia para los Pueblos!
¡Justicia para los Ríos!
¡Ríos para la Vida, No Para la Muerte!
Diez años defendiendo los ríos, los pueblos y la vida

Dada en Amatlán de los Reyes, Veracruz, a 4 de agosto  de 2013


Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa

Declaratoria del Encuentro Regional Agrario Ambiental de Pueblos y Autoridades de la Costa y Cuenca del Río Verde de Oaxaca

El 31 de mayo de 2013, en Santa Rosa de Lima, Villa de Tututepec de Melchor Ocampo Oaxaca nos reunimos autoridades agrarias, organizaciones y sociedad civil de las regiones costa e istmo en  el “ENCUENTRO REGIONAL  AGRARIO AMBIENTAL DE PUEBLOS Y AUTORIDADES DE LA COSTA Y CUENCA DEL RIO VERDE DE OAXACA”, con la finalidad de analizar y compartir nuestras problemáticas en torno a nuestros territorios, reflexionamos que:

Dentro del análisis que hemos realizado, encontramos que los programas como PROCEDE, FANAR después de varios años de su implementación generaron un retroceso en los derechos agrarios y sentaron las bases para la privatización de ejidos y comunidades. Esta política agraria de despojo y empobrecimiento del campo,  pretende ahora con la iniciativa presentada por Calderón  eliminar facultades  a la asamblea de ejidatarios, acelerar el dominio pleno de las tierras, pasar de la protección del derecho agrario al derecho civil, es decir, eliminar la propiedad social de la tierra y convertirla en objeto de enajenación, permitiendo que cualquier persona o empresa ajena pueda enajenar tierras.

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En Oaxaca se juega sucio para imponer la energía “limpia”

Por Adazahira Chávez | 11/02/2013 | México

Fuentes: desInformémonos

Los intereses políticos y económicos detrás de la construcción de generadores eólicos de energía son grandes, y sus acciones, ilegales, pero los pueblos se hacen fuertes para defender a sus territorios ancestrales del despojo.

Entre los comuneros que se oponen a la construcción del parque eólico en San Dionisio del Mar, “hay voluntad de luchar”, pese a que los enfrentamientos por el operativo policiaco estatal lanzado para romper su bloqueo los tiene con “nerviosismo” y “sentimientos encontrados”, relata Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

La primera semana de febrero, la solidaridad entre pescadores, campesinos y pobladores binnizá, ikoot y mestizos logró impedir el paso de más de 400 elementos de la policía estatal, que pretendían “ensangrentar al pueblo indígena de Álvaro Obregón, apoderarse de su campamento y custodiar a la empresa española Mareña Renovables que con golpes, sangre, violencia y amenazas pretenden despojar a los indígenas de sus territorios y lagunas de donde obtienen sus alimentos”, señala en un comunicado la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa del Territorio.

En estos momentos hay un amparo vigente que impide la construcción de la obra, además de que los pobladores tienen instalado un plantón para impedir el acceso de la empresa a sus tierras. El 31 de enero, Mareña Renovables amenazó públicamente con llevarse la inversión si no se le otorgaban garantías jurídicas para establecerse en San Dionisio del Mar, y dijo que se quedaría “si se aplicaba la ley”. Esa misma noche, el operativo policiaco sin orden judicial pretendió romper la resistencia de los pobladores, a quienes la empresa y el gobierno insisten en tachar de “grupo minoritario”.

Los enfrentamientos se sucedieron hasta el 2 de febrero. Los ikoot y binnizá denunciaron golpes, detenciones, maltratos e insultos por parte de la Policía Estatal, que arremetió lo mismo contra hombres que contra mujeres y niños. Los elementos policiacos se retiraron de Álvaro Obregón el 3 de febrero, y si intentan regresar ellos o los empleados de la empresa, “no se les permitirá el paso de ninguna manera”, puntualiza Beas, que informa que el plantón sigue en pie.
Mareña Renovables contra los pueblos

En diez años de operaciones, las empresas eólicas construyeron en el Istmo, zona de fuertes vientos, 11 centrales generadoras de energía. Los pobladores de las tierras en las que se asentaron las siete empresas que gestionan los parques eólicos resienten el ruido y las afectaciones ambientales que ha traído esta industria.

Los comuneros ikoots y binnizá se oponen a que Mareña Renovables construya un parque eólico en sus territorios, que consideran sagrados y de donde obtienen sustento.

El proyecto de parque eólico de San Dionisio del Mar, sin haber pasado por el proceso de consulta previa libre e informada, pretende basarse en un contrato firmado en el 2004, con menos del 20 por ciento de asistentes a la asamblea de comuneros. Los dos estudios de impacto ambiental aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), denuncian los opositores, falsean información sobre los impactos en el frágil ecosistema.

Los pobladores cuentan con un amparo vigente que ordena la suspensión de la construcción del parque por las violaciones al derecho de consulta a los pueblos afectados por parte de instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, acusada de la misma omisión en la concesión de impacto ambiental para la construcción del Acueducto Independencia en territorio yaqui, en el norte del país), la Secretaría de Energía y el Consejo Regulador de Energía. “Cualquier entrada de la empresa y cualquier custodia que le haga el gobierno es una violación a esta disposición”, señala Beas.

El gobierno estatal y la empresa se han valido también del presidente municipal priísta, Miguel López Castellanos, desconocido por la población, y de golpeadores y sicarios para amedrentar a los pobladores. “Varios activistas tuvimos que salir de la región, y tenemos preocupación porque son sicarios conocidos los que están tras las amenazas”, apunta Carlos Beas.

Detrás de la represión y el hostigamiento contra los pobladores “hay un agrupamiento entre Francisco López García y Elías Cortés, diputados priístas, caciques del mismo partido, la empresa y funcionarios del estado de Oaxaca”, acusa Carlos Beas, aunque el principal instigador es Jonathan Davies, presidente del consejo de Mareña Renovables, precisa.

“El gobierno es parte del problema, ya perdió su papel de mediador”, señala Beas, y agrega que parte de los grupos de choque que se crearon con personas ligadas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y al Partido de los Trabajadores. Además, “el gobierno ha utilizado a la policía como grupo de choque, como guardias blancas, para reprimir a la gente que está inconforme”, acusa el opositor.
Por las amenazas anteriores y los sucesos del 31 de enero, 1 y 2 de febrero, los activistas solicitaron medidas cautelares para algunos de los amenazados, y Amnistía Internacional emitió una acción urgente llamando a resguardar la integridad física de los pobladores y activistas, a investigar las amenazas y a garantizar el proceso de consentimiento libre e informado de los pueblos.
La solidaridad

Después del violento operativo policiaco, Mareña Renovables dijo que estaba dispuesta a “negociar” con los pobladores si éstos deponían su “actitud violenta”. Beas precisa que “la violencia ha partido siempre de ellos, pero con estas declaraciones quieren rectificar el impacto que hubo en la opinión pública por los ataques tan violentos contra la población de Álvaro Obregón”. El integrante de la Ucizoni señala que no se ve una voluntad del gobierno o de la empresa para crear condiciones de distensión.
Sin embargo, los pueblos siguen adelante con su proceso de organización, indica Beas. “Aunque hay nerviosismo por las agresiones, hay un ambiente también de fiesta porque lograron expulsar a la policía y un gran espíritu de solidaridad entre las poblaciones afectadas por este proyecto”, agrega.

Las organizaciones locales llamaron a la realización de una caravana de solidaridad el 17 de febrero, cuya intención es “mantener el ánimo de las comunidades y llevar alimentos, porque las guardias que se hacen son prolongadas”, señala el luchador social.
“La movilización sigue, siguen reuniones, acciones legales y haremos denuncias dentro y fuera del país”, indica Carlos. Aunque están conscientes de que hay poderosos intereses detrás del proyecto y que no será fácil, sigue el proceso de defensa. En los pueblos, finaliza Beas, “hay voluntad de seguir la lucha”.
Comunicado de la Asamblea de Pueblos del Istmo ante la represión:  No nos robarán la rabia ni el viento Fuente: http://desinformemonos.org/2013/02/marena-renovables-juego-sucio/

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=163652&titular=en-oaxaca-se-juega-sucio-para-imponer-la-energ%C3%ADa-%E2%80%9Climpia%E2%80%9D-

«Defensores de los ríos de Chiapas, México y el mundo se reunen en Veracruz para generar estrategias colectivas»

10 noviembre, 2015

El XII Encuentro Nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) se llevará a cabo a partir...

mapder

El XII Encuentro Nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) se llevará a cabo a partir de mañana martes 10 de noviembre hasta el 12 de noviembre en el municipio de Jalcomulco, Veracruz, anunció el comité organizativo durante una conferencia de prensa en Xalapa este lunes 9 de noviembre. «Somos un movimiento nacional donde se agrupan organizaciones, movimientos y luchas que están en defensa de los ríos y afectados por la construcción de presas de abastecimiento de agua e hidroeléctricas», dijo Libertad Díaz, miembro de la asociación civil chiapaneca Otros Mundos A.C. y de la coordinación del MAPDER.

«Cada año tenemos esta actividad donde los pueblos nos encontramos para analizar nuestro contexto político, planear estrategias que nos den pistas para enfrentar las violaciones a los derechos de los pueblos», añadió Libertad Díaz. La acompañaban en esta rueda de prensatres otros integrantes del MAPDER: dos miembros de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA), Rosalinda Hidalgo y Emilio Rodriguez, así como Alejo Ruíz, del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua en Defensa de los Ríos (PUCARL), anfitrión del encuentro.

Se analizarán la reforma energética y la propuesta de Ley de Aguas de la Conagua
Durante el evento, al cual participarán organizaciones de México (Chiapas, Guerreo, Oaxaca, Nayarit, Puebla, Jalisco) y de otros países (Costa Rica, España), se analizarán las consecuencias de la reforma energética de 2014 y también la propuesta de reforma de la Ley de Aguas propuesta por la Comisión Nacional del Agua en marzo de este año y temporalmente enterrada por la Cámara de Diputados. «La imposición de las reformas energéticas en el país, que impulsan hidroeléctricas y proyectos de hidrocarburos, afectan directamente a los pueblos indígenas y campesinos desplazándolos de sus territorios, arrebatando su patrimonio, contaminando los ríos y destruyendo las cuencas hidrológicas», escribieron los organizadores en un boletín de prensa leído durante la conferencia (ver documento 1 abajo de esta nota).

Es la segunda vez que la entidad gobernada por Javier Duarte (PRI) es la sede de un encuentro nacional del MAPDER: en 2013, el X encuentro se llevó a cabo en Amantlán de los Reyes, cuña de la lucha contra la presa El Naranjal. «No es casual que el evento se haga otra vez en Veracruz porque hay más de 100 proyectos hidroeléctricos en el estado y varios proyectos de fracking»,  dijo Rosalinda Hidalgo en referencia a la voluntad del gobierno de permitir la extracción de gas de lutita, un gas no convencional que se extrae mediante la técnica ultra contaminante de la fractura hidráulica, o fracking en inglés. «Siendo Veracruz el estado prioritario para la explotación del agua, petróleo y gas, es importante que las organizaciones y los movimientos que conformamos el MAPDER fortalezcamos las luchas del estado y generemos estrategias colectivas para la defensa y protección de los bienes naturales del país», escribieron los organizadores en su boletín.

Jalcomulco, «corazón de las resistencias por la defensa de los ríos»

La elección de la ciudad de Jalcomulco, «corazón de las resistencias por la defensa de los ríos» según los organizadores, no es casual tampoco. Allí se concentra la lucha de los defensores de la Cuenca de la Antigua, amenazada por varios proyectos. Uno de ellos, llamado «Propósitos Múltiples Xalapa» («que incluye una presa de 100 m. por 700 metros de ancho que inundaría 400 has. de territorio con importante biodiversidad en la región», precisa el boletín de prensa), se quiere imponer en el municipio sobre el río Pescados. Es promovido por el estado de Veracruz para abastecer en agua a la ciudad de Xalapa y llevado por la empresa brasileña Odebrecht, la que acaba de ganar un contrato de 30 años en el municipio de Veracruz para gestionar su sistema de agua potable junto con la empresa Aguas de Barcelona, filial de la francesa Suez Environnement.

Los opositores a la presa de Odebrecht lograron detener el proyecto hasta el día de hoy pero han sido criminalizados: en mayo de este año, fueron ilegalmente detenidos y recluidos tres ejidatarios de Jalcomulco e integrantes de PUCARL. Organizar el encuentro en este lugar es «un reconocimiento a la lucha en Jalcomulco», dijo Libertad Díaz durante la conferencia de prensa.Alegría en medio de la represión

Los organizadores hablaron del contexto de alta represión que reina en el estado de Veracruz. No se puede ignorar ya que en 2013, Noé Vasquéz Ortiz, quien participaba al encuentro en Amatlán de Los Reyes, fue asesinado el día de la inauguración. «Hemos tenido reuniones a nivel de la red para evitar cualquier tipo de atentado», dijo Rosalinda Hidalgo, precisando que como organizadores elaboraron una carta en la cual solicitaron «al gobierno de Veracruz, al gobierno federal y a las instancias responsables de vigilar los derechos humanos en México resguardar la reunión» del MAPDER. El documento fue firmado por cerca de 70 organizaciones y académicos de México y el mundo (ver documento 2).

Los organizadores quieren que «este encuentro (sea) una gran fiesta de conciencia alegría que tejera un manto de fuerza entre los activistas aquí presentes». Par los defensores de los ríos del estado de Chiapas, será la ocasión de vizibilizar sus luchas. Estarán presentes compañeros de 13 organizaciones y comunidades del estado: del Comité de Derechos Humanos de San Juan Bautista (Las Margaritas), del Comité de Derechos Humanos de la Región de Tulijá (Salto de Agua), de la Vicaria, del Comité de Derechos Humanos San Miguel Arcángel de la parroquia de Huixtán, del movimiento La Voz del Pueblo, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), del colectivo Chiapanecos en Defensa del Agua (Tuxtla Gutiérrez), del Centro de la Mujer Ixim Antsetik de Palenque, de la comunidad de Huitiupán, de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Chenalhó, de la Parroquia de San Juan Cancuc y de la asociación Otros Mundos A.C.

DOCUMENTOS:

1) El Boletín de Prensa del XII Encuentro Nacional del MAPDER

2) La carta de aliados nacionales e internacionales para solicitar vigilancia y respeto al XII Encuentro Nacional del MAPDER

Proyectos hidráulicos violan derechos y la ley, denuncian afectados ante el TPP

Protestas de pobladores de Temacapulín, Jalisco. Foto: ProyectoAmbulante.org.

Por Omar Granados

7 de noviembre, 2012

Afectados de siete estados denunciaron violaciones a derechos humanos por la construcción de presas en sus comunidades de origen, un modelo actual de manejo de energía y agua que excluye a comunidades y ciudadanos, según acusaron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en la preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, de la mesa sobre Devastación ambiental (@TPP_Presas_Mx).

Los afectados por doce presas en siete entidades de la república mexicana denunciaron las violaciones a los derechos humanos que se cometen en las distintas fases durante la imposición de esta clase de megaproyectos a comunidades rurales, campesinas e indígenas. El jurado internacional e interdisciplinario del Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México escuchó y conoció las denuncias de los habitantes.

Durante esta sesión del TPP, la investigadora Mónica Olvera calculó que más de 185 mil personas han sufrido desplazamiento forzoso por la construcción de presas en México en los últimos 40 años. La preaudiencia duró lunes y martes, mientras que este miércoles 7 el jurado deliberará, el día jueves 8 se anunciará en Guadalajara el fallo del jurado interdisciplinario sobre los proyectos que están desarrollándose en Jalisco y, finalmente, el día 9, el fallo sobre los siete estados será presentado en la ciudad de México y entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe destacar que aunque el fallo no es vinculante, el TPP tiene un gran prestigio por su trabajo de décadas como tribunal de conciencia.

El TPP Capítulo México se enfoca en “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”, tomando en cuenta la experiencia del Capítulo Colombia (2005- 2008). En nuestro país, las actividades iniciaron con el lanzamiento del TPP Capítulo México en octubre de 2011, en la UNAM y concluirán en 2014 con una audiencia y veredicto finales. En la audiencia final se retomarán los fallos de todas las preaudiencias que se realicen durante los tres años que dure el juicio al estado mexicano, en torno a siete ejes: guerra sucia y derechos humanos, feminicidios, migrantes, derechos de los trabajadores, maíz y vida campesina, devastación ambiental y medios de comunicación.

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LOS ESQUIROLES DE LA CFE. EL CASO DE LA REPRESA PASO DE LA REINA, OAXACA, MÉXICO

 EXTRACTO:

Desde el año 2007 se conformó el “Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER)” integrado por consejeros representantes de las localidades que serían afectadas por el Proyecto Hidroeléctrico Paso de Reina en Oaxaca, México. Luego de varios foros y 4 declaratorias exigen al gobierno federal y estatal que se “respete su derecho como pueblos indígenas a decir No al proyecto, sin presiones ni amenazas que pueda dividir y violentar las comunidades. Las comunidades y el consejo han hecho algunas acciones de incidencia pública y defensa jurídica. Con respecto a la incidencia han acudido a instancias que tienen que ver con el proyecto y se ha solicitado una audiencia con el Presidente de la República Mexicana Felipe Calderón Hinojosa, sin que exista respuesta hasta el momento. Esto demuestra que los Pueblos Indígenas no son atendidos cuando recurren a instituciones formales.”1

Tres años después de iniciada la resistencia, del 5 al 7 de febrero del 2010 se llevó a cabo en la comunidad de Paso de Reina, el VII encuentro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Ríos Verde (COPUDEVER), La Ventana, EDUCA, y el Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandii, fueron los anfitriones de las organizaciones indígenas, campesinas, sociales, redes, investigadores y otros aliados en la lucha contra las presas en el país. Más de 300 personas de Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y el Distrito Federal se dieron cita en el lugar. Entre las experiencias que se compartieron estuvieron los afectados por la Presa la Yesca.

Mientras las comunidades se mantienen en resistencia frente al proyecto durante cuatro años, y muy conocida su lucha, la Ong denominada “Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, A.C.” (IMIFAP “Yo quiero, yo puedo”), pretende ayudar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a justificar la represa a cambio de un jugoso contrato. El IMIFAP no escucha ni toma en cuenta los antecedentes de la resistencia desde 2007 por sus intereses económicos.

Esta Asociación Civil fue fundada hace 16 años y tiene un presupuesto anual de 1.5 millones de dólares. Dice prestar sus servicios a Naciones Unidas, a grandes empresas trasnacionales como Procter & Gamble y a gobiernos para la “reducción de barreras psicosociales”, entre otros objetivos. Presume haber tenido financiamiento de más de 100 organismos nacionales e internacionales. En otro ataque de megalomanía, las 4 psicólogas que forman la institución, dicen haber beneficiado en sus programas “Yo quiero, yo puedo” a más de 19 millones de personas en 14 países, y haber desarrollado, implementado y evaluado más de 40 programas “Yo quiero, yo puedo” de desarrollo comunitario, educación y salud integral y preventiva.

Entre los lineamientos que la CFE da al IMIFAP se establece que la presa Paso de Reina es un “proyecto estratégico de infraestructura para el Sistema Eléctrico Nacional”. Por ello la CFE podría ofrecer en la expropiación un mayor pago por las tierras en 4 comunidades en el municipio de Tataltepec de Valdés donde prevén tener resistencia a la venta de sus tierras de cultivo que pretenden inundar. La CFE recomienda al IMIFAP que su intervención sea “muy bien planeada en su vertiente sociopolítica, debido a que existe un grupo minoritario (proyectado gracias a la mitificación negativa del proyecto, por parte de la Diócesis local) pero con potencial de radicalización en la región, que ha expresado una clara oposición al proyecto hidráulico de la CFE -sólo en parte debido a la expropiación e inundación de las tierras arriba señaladas.”

CONTINÚA…

DESCARGAR COMPLETO: ESCARAMUJO 25: Esquiroles de la CFE. Caso Paso de la Reina, Oaxaca  (5 págs.PDF -176Kb)

DECLARACIÓN: IX ENCUENTRO NACIONAL INTERCULTURAL DEL MAPDER

9 octubre, 2012

Pormundosica

DECLARACIÓN DE PRESIDIO DE LOS REYES

IX ENCUENTRO NACIONAL INTERCULTURAL DEL MAPDER

¡Todas las voces: Ríos libres!

¡Todas las voces en Defensa de los Territorios!

Reunidas más de 600 personas, del 5 al 7 de octubre,  en la comunidad de Presidio de los Reyes, en el marco del IX Encuentro Nacional Intercultural del Mapder, los Gobernadores tradicionales Coras, Tepehuanos, Mexicaneros, Wixarikas del estado de Nayarit, recibieron a delegados y delegadas de los pueblos Tsotsiles, Tseltales, Chontales, Mayas Quiches, Mam, Choles, Chatinos, Mixtecos, Afromexicanos, Mazatecos, Totonacas, Nahuas y mestizos , de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco, Durango, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Distrito Federal, Colima, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur y Baja California Norte, así como organizaciones solidarias de  Alemania, España, Suecia e Italia; para intercambiar información, saberes y conocimientos, sobre las experiencias de resistencia de los pueblos ante la imposición de proyectos de presas y otros megaproyectos, la defensa del agua, los territorios, las cuencas y los ríos.

En la apropiación violenta de los bienes comunes, en el desplazamiento de comunidades y  la violación sistemática a los derechos individuales y colectivos, en la pérdida de biodiversidad y en la extinción de las condiciones generales que hacen posible la reproducción de la vida y de nuestras culturas reconocemos la lógica de la economía verde impulsada por los gobiernos del mundo y las corporaciones multinacionales en la pasada “Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable”  Río + 20.

Para funcionar las modernas y grandes economías de consumo requieren cantidades extraordinarias de agua y energía, que los capitales y gobiernos pretenden extraer de nuestros territorios. Por lo que rechazamos que se considere a las presas como productoras de energía limpia.

Los habitantes de la cuenca del río San Pedro Mezquital nos hemos organizado en los Consejos Indígena e Intercomunitario en defensa de su libre curso.

Consideramos que es social y políticamente injustificable e inaceptable  la exclusión de la mayor parte de los habitantes de la cuenca del San Pedro, en la definición de los procesos de desarrollo de sus comunidades como es el caso del proyecto hidroeléctrico Las Cruces.

El Río San Pedro libre es fundamental para la permanencia de la cultura y la  identidad de los pueblos originarios; de la montaña a la costa es sostén de la actividad agrícola, ganadera y pesquera, representando importantes beneficios espirituales y económicos. Solamente en la cuenca baja, anualmente genera ingresos  por más de 1,250 millones de pesos.

Exigimos  que se respeten nuestros lugares sagrados: Muxantena, Piedra Blanca, entre otros. Reiteramos que la Asamblea comunal es la única instancia de decisión. Demandamos el respeto al consentimiento libre, previo e informado, el derecho a la consulta, a la información y participación.

Por lo tanto, los Consejos Indígenas e Intercomunitario declaramos nuestra rotunda oposición al proyecto hidroeléctrico Las Cruces.

Celebramos el triunfo del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto la Parota (CECOP) quienes lograron, a través de los “Acuerdos de Cacahuatepec”, el compromiso del gobernador del estado de Guerrero para que no se lleve a cabo la Presa. Exigimos al gobernador el cumplimiento de su palabra.

Demandamos la cancelación inmediata del Proyecto de la Presa El Zapotillo que continúa construyéndose de manera ilegal. El cumplimiento a los juicios ganados, el desahogo de las Controversias Constitucionales  interpuestas por el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón y el Congreso de Jalisco ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con estricto apego a las disposiciones constitucionales, privilegiando la protección de los derechos de las minorías. Y el cese a la expedición de decretos de expropiación de fincas y predios en Temacapulín por parte del Gobierno de Jalisco.

Exigimos el cese al hostigamiento y amenaza del Presidente Municipal de Santiago Jamiltepec, de la Costa de Oaxaca Gabriel Iglesias Mesa, en contra el Agente Municipal de Paso de la Reyna, Fidel Eras Cruz y todos los integrantes del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), que están en contra del Proyecto Hidroeléctrico para Usos Múltiples Paso de la Reyna.  Así como el respeto  a los derechos de los pueblos indígenas, su cultura y su propia forma de vivencia por lo que exigimos su cancelación definitiva.

Reclamamos el freno a la privatización del agua en el estado de Coahuila  y remediación verdadera de la afectación histórica causada por el sistema de presas de la Laguna sobre la cuenca de los ríos Nazas y Aguanaval y sus pobladores.

Rechazamos los proyectos hidroeléctricos  en las cuencas del Usumacinta y Grijalva específicamente los casos de Chakté,  Tenosique, Huitiupán, Tila, así como de las presas proyectadas en ríos de Pijijiapan y las 120 concesiones mineras que afectarían a los ríos y pueblos del estado.

Pedimos solución a los históricos conflictos agrarios del municipio de Huitiupán, Chiapas.

Demandamos la indemnización de las familias desplazadas por el caso “Tapón del Grijalva” y respeto a quienes permanecen en sus tierras. Así como el castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal.

Reclamamos la liberación de los presos políticos de Chiapas y del país.

Decimos NO a las ciudades rurales en los estados de Puebla, Tabasco y Chiapas.

Exigimos la cancelación definitiva de los más de 112 proyectos hidroeléctricos contemplados en el Estado Veracruz, especialmente el caso del Naranjal, en los ríos Antigua y en Bobos-Nautla.

Denunciamos el hostigamiento por parte de la empresa Hidroeléctrica El Naranjal SAP.I para que los pobladores vendan sus terrenos. Solicitamos  una explicación por parte de la SEMARNAT sobre las modificaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico.

Exigimos la reparación de los daños a las poblaciones indígenas de los municipios de Zongolica Texhuacán y Mixtla de Altamirano que han sido afectadas por el proyecto hidroeléctrico Veracruz.  Así como que se mantenga la veda en el río la Antigua ante la amenaza de su levantamiento por parte de un decreto presidencial. Y el cese al acoso a las poblaciones del río la antigua para  que vendan sus terrenos.

Denunciamos las amenazas y agresiones contra la población totonaca de Aguacatlan, Puebla que se niega a vender sus terrenos a la empresa Grupo México. Demandamos al Gobierno Federal garantice el cumplimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios así como su derecho a ser consultados e informados para  decidir libremente el destino de sus tierras y de sus vidas. Exigimos la cancelación de los proyectos mineros y  de presas hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla.

Convocamos a la Pre-Audiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad” del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, que se llevará a cabo en la comunidad de Temacapulín, Jalisco del 5 al 7 de Noviembre del año en curso, en donde se juzgarán más de ocho casos de proyectos de presas ante jueces internacionales.

Anunciamos que el décimo encuentro del MAPDER se llevará a cabo en el estado de Veracruz el próximo año.

Nos solidarizamos con los consejos en resistencia contra la Presa Las Cruces, nos hermanamos y estaremos atentos a su llamado y decisiones.

 Presidio de los Reyes, Municipio de Ruiz, Nayarit. 7 de octubre de 2012

 “No al Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces”

 ¡Ríos para la vida, no para la muerte!¡Agua y Energía no son mercancía! ¡Cambiemos el sistema no el clima! ¡Ríos libres para pueblos libres!

 CONSEJO INTERCOMUNITARIO INDÍGENA

CONSEJO INTERCOMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RÍO SAN PEDRO

MOVIMENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS (MAPDER)

DECLARACIÓN: IX ENCUENTRO NACIONAL INTERCULTURAL DEL MAPDER

DECLARACIÓN: IX ENCUENTRO NACIONAL INTERCULTURAL DEL MAPDER

DECLARACIÓN DE PRESIDIO DE LOS REYES

IX ENCUENTRO NACIONAL INTERCULTURAL DEL MAPDER

¡Todas las voces: Ríos libres!

¡Todas las voces en Defensa de los Territorios!

Reunidas más de 600 personas, del 5 al 7 de octubre,  en la comunidad de Presidio de los Reyes, en el marco del IX Encuentro Nacional Intercultural del Mapder, los Gobernadores tradicionales Coras, Tepehuanos, Mexicaneros, Wixarikas del estado de Nayarit, recibieron a delegados y delegadas de los pueblos Tsotsiles, Tseltales, Chontales, Mayas Quiches, Mam, Choles, Chatinos, Mixtecos, Afromexicanos, Mazatecos, Totonacas, Nahuas y mestizos , de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco, Durango, Coahuila, Guanajuato, Michoacán, Distrito Federal, Colima, Chihuahua, Sonora, Baja California Sur y Baja California Norte, así como organizaciones solidarias de  Alemania, España, Suecia e Italia; para intercambiar información, saberes y conocimientos, sobre las experiencias de resistencia de los pueblos ante la imposición de proyectos de presas y otros megaproyectos, la defensa del agua, los territorios, las cuencas y los ríos.

En la apropiación violenta de los bienes comunes, en el desplazamiento de comunidades y  la violación sistemática a los derechos individuales y colectivos, en la pérdida de biodiversidad y en la extinción de las condiciones generales que hacen posible la reproducción de la vida y de nuestras culturas reconocemos la lógica de la economía verde impulsada por los gobiernos del mundo y las corporaciones multinacionales en la pasada “Cumbre de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable”  Río + 20.

Para funcionar las modernas y grandes economías de consumo requieren cantidades extraordinarias de agua y energía, que los capitales y gobiernos pretenden extraer de nuestros territorios. Por lo que rechazamos que se considere a las presas como productoras de energía limpia.

Los habitantes de la cuenca del río San Pedro Mezquital nos hemos organizado en los Consejos Indígena e Intercomunitario en defensa de su libre curso.

Consideramos que es social y políticamente injustificable e inaceptable  la exclusión de la mayor parte de los habitantes de la cuenca del San Pedro, en la definición de los procesos de desarrollo de sus comunidades como es el caso del proyecto hidroeléctrico Las Cruces.

El Río San Pedro libre es fundamental para la permanencia de la cultura y la  identidad de los pueblos originarios; de la montaña a la costa es sostén de la actividad agrícola, ganadera y pesquera, representando importantes beneficios espirituales y económicos. Solamente en la cuenca baja, anualmente genera ingresos  por más de 1,250 millones de pesos.

Exigimos  que se respeten nuestros lugares sagrados: Muxantena, Piedra Blanca, entre otros. Reiteramos que la Asamblea comunal es la única instancia de decisión. Demandamos el respeto al consentimiento libre, previo e informado, el derecho a la consulta, a la información y participación.

Por lo tanto, los Consejos Indígenas e Intercomunitario declaramos nuestra rotunda oposición al proyecto hidroeléctrico Las Cruces.

Celebramos el triunfo del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto la Parota (CECOP) quienes lograron, a través de los “Acuerdos de Cacahuatepec”, el compromiso del gobernador del estado de Guerrero para que no se lleve a cabo la Presa. Exigimos al gobernador el cumplimiento de su palabra.

Demandamos la cancelación inmediata del Proyecto de la Presa El Zapotillo que continúa construyéndose de manera ilegal. El cumplimiento a los juicios ganados, el desahogo de las Controversias Constitucionales  interpuestas por el Ayuntamiento de Cañadas de Obregón y el Congreso de Jalisco ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con estricto apego a las disposiciones constitucionales, privilegiando la protección de los derechos de las minorías. Y el cese a la expedición de decretos de expropiación de fincas y predios en Temacapulín por parte del Gobierno de Jalisco.

Exigimos el cese al hostigamiento y amenaza del Presidente Municipal de Santiago Jamiltepec, de la Costa de Oaxaca Gabriel Iglesias Mesa, en contra el Agente Municipal de Paso de la Reyna, Fidel Eras Cruz y todos los integrantes del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), que están en contra del Proyecto Hidroeléctrico para Usos Múltiples Paso de la Reyna.  Así como el respeto  a los derechos de los pueblos indígenas, su cultura y su propia forma de vivencia por lo que exigimos su cancelación definitiva.

Reclamamos el freno a la privatización del agua en el estado de Coahuila  y remediación verdadera de la afectación histórica causada por el sistema de presas de la Laguna sobre la cuenca de los ríos Nazas y Aguanaval y sus pobladores.

Rechazamos los proyectos hidroeléctricos  en las cuencas del Usumacinta y Grijalva específicamente los casos de Chakté,  Tenosique, Huitiupán, Tila, así como de las presas proyectadas en ríos de Pijijiapan y las 120 concesiones mineras que afectarían a los ríos y pueblos del estado.

Pedimos solución a los históricos conflictos agrarios del municipio de Huitiupán, Chiapas.

Demandamos la indemnización de las familias desplazadas por el caso “Tapón del Grijalva” y respeto a quienes permanecen en sus tierras. Así como el castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal.

Reclamamos la liberación de los presos políticos de Chiapas y del país.

Decimos NO a las ciudades rurales en los estados de Puebla, Tabasco y Chiapas.

Exigimos la cancelación definitiva de los más de 112 proyectos hidroeléctricos contemplados en el Estado Veracruz, especialmente el caso del Naranjal, en los ríos Antigua y en Bobos-Nautla.

Denunciamos el hostigamiento por parte de la empresa Hidroeléctrica El Naranjal SAP.I para que los pobladores vendan sus terrenos. Solicitamos  una explicación por parte de la SEMARNAT sobre las modificaciones a la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico.

Exigimos la reparación de los daños a las poblaciones indígenas de los municipios de Zongolica Texhuacán y Mixtla de Altamirano que han sido afectadas por el proyecto hidroeléctrico Veracruz.  Así como que se mantenga la veda en el río la Antigua ante la amenaza de su levantamiento por parte de un decreto presidencial. Y el cese al acoso a las poblaciones del río la antigua para  que vendan sus terrenos.

Denunciamos las amenazas y agresiones contra la población totonaca de Aguacatlan, Puebla que se niega a vender sus terrenos a la empresa Grupo México. Demandamos al Gobierno Federal garantice el cumplimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios así como su derecho a ser consultados e informados para  decidir libremente el destino de sus tierras y de sus vidas. Exigimos la cancelación de los proyectos mineros y  de presas hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla.

Convocamos a la Pre-Audiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad” del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, que se llevará a cabo en la comunidad de Temacapulín, Jalisco del 5 al 7 de Noviembre del año en curso, en donde se juzgarán más de ocho casos de proyectos de presas ante jueces internacionales.

Anunciamos que el décimo encuentro del MAPDER se llevará a cabo en el estado de Veracruz el próximo año.

Nos solidarizamos con los consejos en resistencia contra la Presa Las Cruces, nos hermanamos y estaremos atentos a su llamado y decisiones.

 Presidio de los Reyes, Municipio de Ruiz, Nayarit. 7 de octubre de 2012

 “No al Proyecto Hidroeléctrico Las Cruces”

 ¡Ríos para la vida, no para la muerte!

¡Agua y Energía no son mercancía!

¡Cambiemos el sistema no el clima!

¡Ríos libres para pueblos libres!

 CONSEJO INTERCOMUNITARIO INDÍGENA

CONSEJO INTERCOMUNITARIO DE LA CUENCA DEL RÍO SAN PEDRO

MOVIMENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS (MAPDER)

Comunidades afectadas por Hidroituango denuncian infracción del Derecho Internacional Humanitario

Colombia

Comunidades afectadas por Hidroituango que se encuentran acampando en El Valle de Toledo desde el pasado 26 de agosto tuvieron que refugiarse en la Iglesia por enfrentamientos en la zona

COMUNICADO DE PRENSA # 6
Septiembre 05 de 2012

Comunidades afectadas por Hidroituango que se encuentran acampando en El Valle de Toledo desde el pasado 26 de agosto tuvieron que refugiarse en la Iglesia por enfrentamientos en la zona

-Colombia-

La noche del pasado martes 4 de septiembre fue larga y angustiosa para las personas afectadas por la construcción de la represa Hidroituango que se encuentran desde el domingo 26 de agosto acampando en el corregimiento El Valle de Toledo, al norte de Antioquia, en  protesta por la situación a la que están sometidas. Ese martes escucharon disparos muy cerca y quedaron atónitas al ver que soldados del Ejército Nacional, pertenecientes al Batallón Bajez, adscrito a la IV Brigada, entraron a su campamento mezclándose con la población civil y disparando.

Los testimonios de más de 500 pobladores y pobladoras de San Andrés de Cuerquia, Briceño, Ituango y Toledo que se encuentran en la concentración y las vainillas de proyectiles encontradas en el lugar en horas de la mañana de hoy miércoles son pruebas de lo sucedido. Los manifestantes dieron testimonio de esto a los defensores de derechos humanos de la Gobernación de Antioquia que se encuentran en la zona, quienes les recomendaron desplazarse de emergencia a la iglesia del pueblo a refugiarse; los disparos se escucharon hasta las 5 de la mañana.

Denunciamos este hecho como una infracción al Derecho Internacional Humanitario por lo que demandamos al ejército nacional, gobernación de Antioquia y Defensoría del pueblo a adelantar las gestiones respectivas para garantizar la integridad de todos los manifestantes de la movilización pacífica en este lugar.

Ante este hecho el Movimiento Ríos Vivos reitera su solicitud de suspensión del Proyecto Hidroeléctrico Hidroituango hasta cuando cese el conflicto armado en la zona y se brinden garantías de participación ciudadana en las decisiones sobre el proyecto mencionado. Es importante recordar que esta petición es una de las principales razones de más de 500 personas para acampar en el Valle de Toledo en espera de tener un diálogo efectivo con la Gobernación de Antioquia y con las Empresas Públicas de Medellín (EPM), que hasta ahora han expresado con vehemencia que conflicto armando y represas son asuntos inconexos.

Es urgente e inaplazable que estén presentes autoridades del orden nacional como el Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,  la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Ambiental y la Contraloría Delegada para Asuntos Ambientales y Derechos Colectivos en la MESA de diálogo propuesta para este fin de semana con Gobierno y Empresa EPM.

Pedimos respeto al Ejército y cumplimiento al Ministerio del Interior del Derecho Internacional Humanitario, pues un Proyecto de Desarrollo no puede significar la pérdida de la tranquilidad y del buen vivir de los campesinos y campesinas, pescadores, comerciantes, mineros artesanales y demás ciudadanos y ciudadanas del norte de Antioquia.

Nuestra movilización es por la vida y en rechazo a lo que han traído a la región las EPM con la construcción de la represa Hidroituango.

http://www.redlar.org/noticias/2012/9/5/Denuncias/Comunidades-afectadas-por-Hidroituango-denuncian-infraccion-del-Derecho-Internacional-Humanitario