Las organizaciones de Chile que luchamos contra la instalación de mega proyectos energéticos, mega emprendimientos mineros y mega destrucción socioambiental en nuestros territorios, manifestamos frente a los últimos sucesos ocurridos en el departamento del Huila, Colombia, que buscan imponer el proyecto hidroeléctrico El Quimbo de ENDESA / ENEL..
DECLARACIÓN PUBLICA
Las organizaciones de Chile que luchamos contra la instalación de mega proyectos energéticos, mega emprendimientos mineros y mega destrucción socioambiental en nuestros territorios, manifestamos frente a los últimos sucesos ocurridos en el departamento del Huila, Colombia, que buscan imponer el proyecto hidroeléctrico El Quimbo de ENDESA / ENEL:
1. Saludamos la lucha honesta, valiente y comprometida de las comunidades indígenas y campesinas que por siglos han regado sus vidas con el río Magdalena, y que mantuvieron una minga y asamblea permanente de 2500 personas a la espera de ser oídos por las autoridades.
2. Repudiamos la brutal represión que orquesta el gobierno colombiano para acallar la legítima y elemental demanda por el agua, vida, autodeterminación, trabajo y dignidad que se levanta en el territorio.
3. Repudiamos de igual modo el intento de estigmatizar esta lucha como una reivindicación de la guerrilla, pues tal criminalización desconoce el despertar socioambiental que se esparce hace años por todo el continente, de mano de comunidades indígenas y campesinas conectadas con su tierra y su agua; y solo pretende ahondar la ya profunda asimetría que estos mega proyectos traen consigo.
4. Apoyamos la demanda comunitaria por el acceso a información pública que las empresas y las autoridades estatales han mantenido oculta, aun cuando compromete el presente y futuro del territorio, misma estrategia que las autoridades y las empresas utilizan en nuestro país para sembrar la desconfianza y deslegitimar las luchas.
5. Toda nuestra solidaridad con los pueblos que defienden sus derechos y los derechos de la naturaleza, entendiendo lo que el neoliberalismo nos quiere hacer olvidar, que quien destruye su hábitat excava su tumba.
6. Porque la amenaza es a su vez regional y planetaria, exigimos con las comunidades hermanas de Colombia: cumplimiento de los acuerdos logrados con las autoridades de gobierno en el Huila, fin a la represión y a la intimidación de las comunidades, desestigmatización de las demandas, y respeto a las formas de vida que miles de comunidades en el continente defienden ante la desmedida escala extractiva con la que operan las transnacionales.
Acción por el Desarrollo y progreso de Caldera Agrupación Ecologista de Aconcagua Agrupación Comunitaria ” Herederos de la Patagonia”, Villa Cerro Castillo. Agrupación Comunitaria “Defensores de la Cuenca del río Murta”, Bahía Murta. Agrupación Comunitaria “Defensores del Espíritu de la Patagonia”, Cochrane Agrupación Cultural y Medioambiental Mañios y Baguales Agrupación de Consumidores de Agua, Río Mostazal Agrupación de Defensa del Valle de Chalinga Agrupación de Reporteros Independiente de la Patagonia ARIP
Agrupación Ecológica Cultural del Río Mostazal – Agrupación Esperanza de Vida Agrupación Jóvenes Tehuelches Agrupación Control del Medio Ambiente y Desarrollo Social de Andacollo (CMA) Agrupación Reporteros Independientes de la Patagonia, ARIP Agrupación Sociocultural de Atacama Amigos de la Flora y Fauna ADEF, Vicuña Asamblea Ambiental El Melón, Calera Asociación Ciudadanos para Defensa de la Salud y el Medio Ambiente, Viña del Mar Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas- ANAMURI Brigada S.O.S. Huasco Cantautor de la Patagonia – Alonso Nuñez Caravana Ahimsa por la Tierra, Valparaíso Capítulo Patagonia de la Agrupación de Ingenieros Forestales del Bosque Nativo – AIFBN. Centro Cultural Social y del Medio Ambiente CEIBO Maipú Centro de Conservación Cetacea Centro de Estudios por el Desarrollo Humano Sustentable (CEDEHS) Centro General de Padres y Apoderados de la Escuela de Juntas, Monte Patria Ciudadanos a la Vanguardia, Antofagasta Colectivo Ecologista Aire Puro de Valparaíso Colectivo Informativo Mapuexpress Colectivo VientoSur Colegio de Enfermeras Regional Copiapó Comisión Agua Vida, Vicariato Apostólico de Aysén Comisión del Medio Ambiente del Río Cochiguaz Comisión Ética contra la Tortura, V Región Comisión Justicia y Paz, Vicariato Apostólico de Aysén Comité de Defensa del Valle de Chuchiñi Comité de Defensa Personal de Caimanes Comité Pro Agua Alto de la Chimba (Ovalle) – ACA Comunidad Agrícola Totoral Comunidad Colla El Torín Comunidad Indígena Diaguita Sierra de Huachacán Comunidades del Derecho a la Vida, Puchuncaví, Quinteros Consejo de Defensa del Valle del Huasco Consejo de Pueblos Originarios, Calama Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento Coordinadora Regional AntiRepresas de Aysén Coordinadora de Defensa de la Madre Tierra CODEMAT, Iquique Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo- Via Campesina (CLOC- VC Chile) Corporación Costa Carrera – Lago General Carrera – Región de Aysén Corporación Ecológica EcoQuilpué Corporación La Caleta Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén Defensoría DDHH IV Región Ecodifusores Coquimbo Ecosistemas Elqui Sustentable Fuerza Verde Coquimbo-Coquimbo Parte Alta Grupo de Trabajo por derechos colectivos Grupo Ecológico Atacama Limpio- GEAL Iniciativa Ambiental Aguas Libres Junta de Vecinos Bahía Inglesa Lof Filú Ambiente y Territorio Los Vilos Luis Infanti, obispo de Aysén Manke-Pillán, Illapel Mesa Social contra la Termoeléctrica Castilla Mesa Trabajo Junta Vecinos Totoral Movimiento Madre Tierra, Arica Observatorio Ciudadano Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA Organización Ciudadano Ambiental OCAS – Salamanca Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación- Sociedad Misionera de San Columbano – Chile Organización de Ciudadanos para la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente, Coquimbo Partido Ecologista Verde de Aysén Pastoral Salvaguarda de la Creación Programa Chile Sustentable, Red Ambiental Copayapu Red Ambiental Limarí Red Ambiental Norte RAN Red Ambiental Serena-Coquimbo Red Ecológica De Chile Red por la Defensa de la Precordillera Red por la Defensa del Medio Ambiente Arica y Parinacota Red Socioambiental de Valparaíso Revolución de la Cuchara Valparaíso Salvemos los Valles Saskimarka Secretaría de Medio Ambiente Federación de Estudiantes Universidad de Chile -Fech Sucesión Blanco, del Territorio “Lago Chungara” Surire Comunidad Uma Auquina – Comunidad Indígena Ancestral Tres A: Agua, Aire, Alimentos, Antofagasta Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Illapel 5 Soles Valparaíso
Nota: Las organizaciones complementarán este gesto de solidaridad entregando la declaración en la Embajada de Colombia en Santiago de Chile.
La lucha por la tierra y el agua en ‘la pupila del cielo’
viernes 20 de julio de 2012
San Cristóbal Verapaz es uno de los epicentros de la resistencia maya a los megaproyectos en Guatemala. La lucha por la recuperación de la laguna Chichoj, la pelea contra la represa Entre Ríos o el temor por el avance de los monocultivos de palma africana fueron debatidos hace unas semanas en un encuentro sobre seguridad hídrica y gobernabilidad ambiental. Esta es la detallada crónica desde el terreno.
La mañana se levantó pronto. El centro recreativo El Petencito de la municipalidad de San Cristóbal Verapaz, conocida como La Pupila del Cielo, rodeado por las aguas y humedales mansos de la laguna Chichoj, había sido restaurado para la ocasión. Sus paredes pintadas de blanco y varias coronas de flores engalanaban el lugar, una banda local animaba el ambiente. Comenzaban a llegar los invitados institucionales y de las comunidades q’eqchi y poqomchí llenando de voces y experiencias el local. Poco después, un olor a café y cacao, que daría paso a un espléndido Cacik de Pavo, emanaba de la improvisada cocina. Comenzaba así -y después de una invocación maya a los elementos- el Foro “Seguridad hídrica, cambio climático y gobernabilidad ambiental en los Pueblos Indígenas en Alta Verapaz”, organizado por el Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), en Guatemala.
En el Foro se buscaba avanzar con los compromisos asumidos por parte de las instituciones en la Audiencia de Antingua-2008 para salvar a la Laguna de Chichoj -que da vida a una de las regiones más pobres de Centroamérica- del deterioro causado por los vertidos químicos incontrolados de la industria y el sector agropecuario local, así como de las aguas negras sin tratar del municipio y de la expansión inmobiliaria que ha reducido la laguna a 1/3 de su superficie originaria. Asimismo, se escucharían nuevos casos, como el de la hidroeléctrica Entre Ríos, en el municipio de Lanquín, o la violenta expansión de monocultivo de palma africana en todo el departamento guatemalteco de Alta Verapaz.
En la primera mesa del Foro se recordaron los compromisos asumidos en la Audiencia Guatemala. Estos, que fueron ratificados en 2008 por personajes del Jurado ético-científico del TLA como Augusto Willemsen, Philippe Texier o Alexandre Camanho de Assis, incluían el control del relleno de ripio del cuerpo de agua, la creación de un catastro y un reglamento de construcción municipal, la reubicación del matadero municipal ,la construcción de una planta de tratamiento, o la creación de una mesa de concertación ambiental.
A tres años de los acuerdos, y aludiendo al inmenso patrimonio natural de la región, Lesvia Mus, representante de Asoverapaz denunció la situación de corrupción y burocratización de algunas instancias de gobierno materializada en el no-funcionamiento de la planta de tratamiento construida por desvío de fondos, la paralización de las obras del matadero municipal por malentendidos burocráticos y “el robo que le hacen a la laguna algunos vecinos poderosos que mediante el uso de la fuerza ingresan material para ampliar sus propiedades”.
También señaló sin embargo, algunos avances positivos que se han dado en la recuperación de la Laguna, como la limpieza de 17.000 toneladas de hidrila gracias a una máquina cosechadora y personal del Ministerio de Medio Ambiente, así como los compromisos adquiridos por empresas “que antes eran enemigas” como la madedera, Extormi que “ha sembrado más de 400.000 árboles” en los derredores de la laguna, o la empresa BEPASA, beneficio de café, “que decidió no contaminar más la laguna y donar parte de los beneficios” y solicitó al congreso de la república la aprobación de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo del que depende una donación internacional para limpiar la laguna.
En esta mesa, a la que asistió el Alcalde del Municipio de San Cristóbal Verapaz, la gobernación de Alta Verapaz, la Contraloría General de Cuentas de la Nación, el Ministerio de Medio Ambiente y la Asociación Verapaz, la municipalidad se comprometió a publicar el reglamento de construcción municipal y a continuar con las tasaciones de propiedad y la Contraloría General de Cuentas de la Nación a iniciar trámites para destrabar y clarificar los procesos, que se han dificultado más con el cambio de gobierno. De estos acuerdos verbales tomó nota el Tribunal Latinoamericano del Agua, cuyo presidente, Javier Bogantes subrayó la importancia vital, económica y religiosa de la laguna para la población y que indicó recientemente que se le estaba dando seguimiento.
Megaproyectos… ¿los acuerdos de paz en jaque?
En la segunda mesa del Foro, trabajadores de la municipalidad de Lanquín denunciaron que su salario había sido paralizado por el estado guatemalteco cuando se posicionaron en contra de la Hidroeléctrica Entre Ríos, que la empresa Corrientes del Río, S. A quiere construir en su localidad, según sus habitantes, con grave daño “para el equilibrio hidrológico de la cuenca, la actividad turística local y todos sus habitantes”. En este contexto, los trabajadores de la municipalidad de Lanquín denunciaron que la empresa “ha utilizado tráfico de influencias en su beneficio, así como la represión de las comunidades y del gobierno local” y que están dispuestos a una oposición firme junto con la comunidad. “Esto no es una situación aislada, las industrias transnacionales energéticas del gobierno de Guatemala impulsan proyectos que les van a generar ganancias, mientras que las poblaciones desposeídas buscan que se respete su cosmovisión, por lo que al no ser tomadas en cuenta por los proyectos hidroeléctricos se oponen a los mismos”, concluyeron, antes de entregar una petitoria formal al Tribunal Latinoamericano del Agua para su evaluación.
Por su parte, José Luis Cajal, del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales de Guatemala (IDEAR) y de la Coordinación de ONGs y Cooperativas (Congecoop), habitantes de la comunidad de Chinacolay y el jesuita Enrique Corral, de la Fundación Guillermo Torriello, hablaron de la grave situación de expansión del monocultivo de palma africana en el departamento, que se ha cobrado cientos de comunidades indígenas desplazadas, con el beneplácito del gobierno y el apoyo activo del Ejército.
“El IDEAR, el CONGECOOP y la Consejo Nacional de Áreas Protegidas, hicimos un estudio en seis municipios (Sayaxché, Ixcán, Fray, Chisec y Polochnic Valle y Sierra) donde quedan evidenciados mecanismos de despojo como la expansión de la palma a través del arrendamiento de fincas por más de 25 años y prácticas de agricultura por contrato en parcelas campesinas. En este contexto, el gobierno ha invertido millones de quetzales para subsidiar la tierra de palma africana, en un programa fue impulsado paradójicamente por el desaparecido programa “Prorural”, dentro del plan estratégico de “Seguridad Alimentaria 2009-2012”, algo incomprensible, pues la expansión de la palma africana va en precisamente en detrimento de la soberanía y seguridad alimentaria”- denunció Cajal, que presentó a los habitantes de Chinacolay que, en maya q’eqchi, hablaron de las dificultades que por más de 40 años han tenido para regularizar su tenencia de la tierra ante el Fondo de Tierras y como hoy son expulsados hacia el norte o forzados a trabajar como peones en pésimas condiciones laborales.
En este sentido, habló Enrique Corral, cuando denunció que “La institucionalidad agraria nacida de los Acuerdos de Paz del 96, que tanto costó, está siendo pervertida para facilitar la compra de los grandes finqueros en todo el país”, que “los que se resisten al desalojo son reprimidos violentamente como se vio hace un año en las 14 comunidades de Polochic desalojadas el año pasado”, que “las instituciones financieras del estado y las centroamericanos dan créditos sin ni siquiera verificar la calidad de las inversiones que atentan contra la vida de las comunidades, poniendo al estado al servicio de un grupo de poder ”.
“¿Donde está la conflictividad en el fondo?”- inquirió. “Si yo tengo un derecho irrenunciable al agua, a la vida, a mi identidad y el estado-el mediador del poder político- no me lo garantiza y yo no voy a renunciar ni a vivir, ni a comer, ni a mi identidad, va a haber conflicto. Mientras no se atiendan las consultas de buena fe y se las hagan vinculantes, mientras no se les pregunte qué modelo de desarrollo quieren, va a haber conflicto”, concluyó.
Los pueblos Garífuna y Miskito de Honduras denuncian la connivencia de algunas organizaciones ambientalistas con el desarrollismo en Centroamérica. La construcción de represas en áreas protegidas o el posible aprovechamiento de las plantaciones de palma africana de los fondos REDD son algunos de los ejemplos que ponen.
En la costa norte de Honduras se encuentran localizados una cadena de humedales, donde habitamos los pueblos Miskito y Garífuna, siendo las lagunas y esteros parte esencial del hábitat funcional, de donde obtenemos nuestro sustento diario. En los últimos años el efecto de la erosión costera ha dejado sentir su peso sobre los cordones litorales, acelerando la salinización de los humedales con efectos impredecibles.
Sin embargo una de las mayores problemáticas que en un futuro cercano incidirá en los humedales, es la construcción de múltiples represas hidroeléctricas a lo largo de todo el litoral caribeño. En el caso del departamento del Atlántida, en una franja de 60 kilómetros se pretenden construir o ya están finalizadas 10 represas. Los caudales de los 10 ríos en cuestión, que discurren hacia los humedales costeros de Sambuco, Cuero y Salado, son esenciales para su sobrevivencia.
En la mayoría de los estudios de impacto ambiental presentados por las compañías constructoras de las represas, en materia del caudal ecológico de los torrentes, no se tuvo en consideración los efectos del cambio climático en relación a las posibles alteraciones en las precipitaciones.
Es de esperar que en un futuro no muy lejano, las sequías producto del fenómeno Niño, se agudizarán y sus períodos de oscilación serán de mayor tiempo, generando graves consecuencias tanto para los ríos como las lagunas costeras.
Represas como las del Patuca III y los Chorros en el río Sico, tendrán efectos fatales sobre las lagunas de Bacalar, Ibans y Brus Laguna, las que ya de por sí en los últimos años han sido afectadas severamente por la disminución de los caudales de los ríos en Centroamérica.
Áreas protegidas y represas
La destrucción de los ríos, bajo el lema de producción de energía limpia, pone en riesgo múltiples ecosistemas. Desafortunadamente existe una creencia entre los desarrollistas de pensar que los ríos son la fuente mas económica para la producción de energía hidroeléctrica, soterrando otras posibilidades de fuentes energéticas, como puede ser el mar.
Una de las mayores contradicciones de los supuestos ambientalistas, es el silencio en que se han sumado muchas de las organizaciones encargadas de las áreas protegidas donde se están construyendo represas o que serán afectadas por las mismas.
Es de recordar que en la década de los años 90 del siglo pasado, con la imposición del Corredor Biológico Mesoamericano, sirvió para evitar que se les reconociera su territorio a muchos de los 59 pueblos indígenas del istmo centroamericano. En la actualidad las organizaciones ambientalistas en cierta medida son cómplices de la destrucción y violación a los derechos humanos que están causando las represas entre nuestros pueblos.
Desde el pueblo Maya kanjobal de Barillas (Guatemala) hasta el pueblo Bugle de Tabasara (Panamá), sus derechos humanos han sido violentados. En los últimos meses muchos pueblos indígenas han sufrido la represión estatal y la obliteración de sus derechos humanos. En el Sistema de Áreas Protegidas que se han establecido desde hace décadas se ha permitido la construcción de represas, tal como sucedió con el río Teribe del Parque La Amistad (Panamá), y el río Patuca en la Biosfera Corazón.
La moda de la conversión de zonas privilegiadas en biodiversidad en áreas protegidas continúa hasta la fecha. Pero cada día queda más clara la visión mercantilista que manejan los ambientalistas ahora ensalzada por la denominada economía verde.
Desde la creación del refugio de Vida Silvestre Cuero y Salado, pasando por el Monumento Marino Cayos Cochinos y Punta Hizopo, entre otras; notamos como empresarios de «muchos kilates» entendieron perfectamente el negocio del manejo de las áreas protegidas. Basta ver al sentenciado Stephan Schmidheiny, rey de los asbestos, hasta el palmero de la muerte Miguel Facusse, quienes aplicaron los mecanismos de conversión del manejo de áreas protegidas en eco inversiones.
Los planes de manejo de las áreas protegidas en ningún momento fueron consultados, y en algunos casos como en Cuero y Salado se dieron desalojos silentes de las poblaciones locales. Casi medio centenar de familias Garífunas que habitaban los humedales, se vieron obligados a instalarse en otras zonas de la costa ante las presiones de los funcionarios de la Reserva que acompañados de soldados aplicaron restricciones al derecho a la alimentación. Schmidheiny y sus socios locales trataron de replicar la misma estrategia en los Cayos Cochinos.
Humedales y Palma Africana
Según la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), en Honduras existe una hectárea de humedal por cada cuatro hectáreas de palma Africana. Sin embargo la proporción de palma aumentará ante la expansión de la frontera de los agrocombustibles. Según los cálculos de la Embajada de los Estados Unidos en Honduras hay en la actualidad unas 220 mil hectáreas de palma que se pueden extender a 540 mil hectáreas.
Esa ominosa predicción implica que la palma africana avanzará sobre la Moskitia, acelerando la desaparición de enormes extensiones de humedales e intensificando el acaparamiento de tierra.
Ciertamente el antiguo Corredor biológico Mesoamericano se convertirá de forma gradual en el Corredor de Palma Centroamericano, y es posible que las plantaciones de palma reciban fondos de los REDD.
Los pueblos originarios sufrimos una acelerada ofensiva por parte de los estados-nación, los que bajo el pretexto de producción de energía limpia, incluyendo los agrocombustibles y secundados por la hipocresía de las áreas protegidas, han optado por un asalto final sobre nuestros territorios, culturas y estilos de vida.
Es indudable que la crisis desarrollista que enfrenta el mundo, requiere de decisiones responsables y éticas por parte de los estados, así mismo que los diversos pueblos y el movimiento social debemos fortalecer nuestras agendas, movilizaciones y estrategias para garantizar el futuro de las próximas generaciones.
Las amenazas en México se multiplican y ahora son los indigenas Wixarikas y Náyeri, del estado de Nayarit, los que se han movilizado para defender el río San Pedro ante la construcción de una nueva hidroeléctrica y los proyectos turísticos y mineros que ponen en riesgo el territorio Wirikuta.
Indígenas movilizados en Wirikuta.
Hace unas semanas se celebró el Wirikuta Fest para salvar los sitios sagrados en el que participaron artistas reconocidos nacionales e internacionales.
Encabezados por el titular de la Comisión de Asuntos Indígenas del H. Congreso del Estado, diputado J. Santos Rentería de la Paz, un grupo de gobernadores huicholes y coras se manifestaron este martes por la mañana en céntrico hotel de Tepic, en contra de la pretendida construcción de la presa –Las Cruces- sobre el cauce del río San Pedro.
Al tiempo que se trataban de hermanos y de hermanas, dieron a conocer su compromiso de que “ante las diferentes decisiones tomadas por los gobiernos federal, del Estado y municipales por privatizar los recursos públicos, y más aún por aquellos recursos naturales que se encuentran en territorios posesión de pueblos indígenas y que han estado bajo su resguardo desde hace miles de años, por herencia y mandato de nuestras deidades, y por la relación con la madre naturaleza, nos hemos permitido conservar, cuidar y amar, como parte de nuestra formación y nuestra forma de vida”.
“Ante estas amenazas los pueblos Wixarikas y Náyeri, anunciamos hoy ante los medios de comunicación, que “nuestra unión es en defensa de nuestros territorios sagrados y la alianza con el Consejo Inter-comunitario por un río San Pedro Libre”
De esta manera fue el tajante ¡No! de los indígenas de Nayarit a la pretendida construcción de una nueva presa en el Estado; de un cuarto megaproyecto hidroeléctrico.
Ataviados con sus trajes multicolores de huichol; con una improvisación de palabra que asombraba y una mujer indígena que los acompañaba en el presídium, “compartimos nuestra preocupación, solidaridad y apoyo con el pueblo mestizo, por la afectación ambiental que el proyecto de Las Cruces tendría en marismas nacionales y en las poblaciones de los municipios de Santiago, Ruiz, Tuxpan, Acaponeta, Tecuala y Rosamorada, alterando considerablemente el entorno ambiental con grandes consecuencias económicas y sociales. Hacemos saber que de este proyecto hidroeléctrico, los pueblos indígenas no fuimos informados y mucho menos consultados previamente, en completa violación a nuestros derechos de consulta”.
Al tomar la palabra, el representante de Wirikuta, Maximino Muñoz, recordó que este martes se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente, pero de manera contundente y un tanto autoritario, expresó: “Para nosotros, nuestros pueblos Wirikuta, Teimatúa, Tatei Aramara, Villantaá y el río San Pedro, representan no solo un espacio geográfico, sino una extensión de nuestra cosmovisión del mundo, ya que ahí se encuentra fundamentado el origen de nuestra existencia como pueblos originarios, por lo que rechazamos enérgicamente los proyectos de concesiones turísticas que fueron otorgadas en la Isla del Rey en San Blas, ya que el lugar sagrado de Aramara no se reduce a un Ririki (casa de oración). Rechazamos enérgicamente las concesiones mineras otorgadas en el territorio sagrado de Wirikuta; rechazamos enérgicamente la construcción de la presa hidroeléctrica Las Cruces, que la Comisión Federal de Electricidad pretende construir sobre el río San Pedro. Estos proyectos atentan contra la ruta sagrada de la peregrinación y de los lugares sagrados que en ellos se encuentran, y rechazamos cualquier folcklorización de nuestra cultura como objeto de mercantilización turística”.
Para concluir con la rueda de prensa, convocada en el mismo momento, se hizo hincapié en hacer un llamado enérgico al Gobierno Federal a través del Presidente de la República y al Gobernador del Estado de Nayarit, para anular o revocar el proyecto hidráulico de Las Cruces, así como de las concesiones a empresas turísticas del territorio de Tatei Aramara; y las concesiones mineras otorgadas en Wirikuta, haciendo a la vez un llamado a los hermanos de los pueblos Mexicaneros y Tepehuanos a la unidad, con el fin de hacer valer los derechos indígenas reconocidos en los instrumentos legales.
Finalmente hicieron un llamado a los pueblos que aún no siendo indígenas, se identifican con las causas de los pueblos, y a los medios de comunicación se pidió una cobertura responsable y ética de información, y que se sensibilice a la población no indígena de sus demandas.
Por medio de la presente, queremos expresarle nuestra gran preocupación por la grave situación humanitaria en que se encuentran los campesinos y pescadores afectados por el proyecto El Quimbo en el Departamento del Huila. Por varios años, hemos estado atentos al desarrollo del proyecto, y hemos sido testigos de la diversidad de acciones que las comunidades han adelantado para ser escuchadas por el Estado, y por tanto rechazamos el uso de la fuerza pública para reprimir una manifestación pacífica.
México, marzo 02 de 2012
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS
República de Colombia
Presidente
Ministro
FRANK PEARL
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
E.S.M.
ASUNTO: Crisis Humanitaria en el Huila.
Reciban un cordial saludo de parte de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR), la cual agrupa a miles de personas en Latinoamérica que luchan por la defensa de los ríos y los derechos ambientales, sociales y económicos de las comunidades directamente afectadas por represas.
Por medio de la presente, queremos expresarle nuestra gran preocupación por la grave situación humanitaria en que se encuentran los campesinos y pescadores afectados por el proyecto El Quimbo en el Departamento del Huila. Por varios años, hemos estado atentos al desarrollo del proyecto, y hemos sido testigos de la diversidad de acciones que las comunidades han adelantado para ser escuchadas por el Estado, y por tanto rechazamos el uso de la fuerza pública para reprimir una manifestación pacífica, que dejó como saldo varios heridos, entre ellos una persona que perdió su ojo derecho durante los pasados 14 y 15 de febrero de 2012.
REDLAR reconoce la legitimidad del rechazo al proyecto hidroeléctrico El Quimbo por parte de las comunidades directamente afectadas y organizadas en ASOQUIMBO, así como las otras luchas que confluyen en el Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorio y Afectados por Represas “Ríos Vivos”. La represa inundará 8250 hectáreas que son las más productivas del Departamento las cuales actualmente generan más de 4000 empleos directos, no obstante, según datos de EMGESA la represa solo empleará 50 personas en la fase de operación, durante las mesas temáticas llevadas a cabo entre el 24 y 30 de enero se registraron más de 1400 personas que no fueron incluidas en los censos de la Multinacional EMGESA, situación que debe ser atendida con celeridad por parte de la autoridad ambiental colombiana; de este modo observamos que el proyecto se contrapone a los planes de vida de las comunidades locales y por ende instamos al gobierno nacional a propender por la transformación de la matriz energética nacional donde se desestime la construcción de más represas, pues estas por lo general generan más impactos negativos que beneficios.
Para la comunidad internacional es preocupante ver como este proyecto, al igual que otros en la región, se imponen por la fuerza en nombre del desarrollo; estos proyectos, por lo general, deprimen las condiciones de vida de grandes grupos poblacionales. Por otra parte señor presidente, nos preocupa el hecho que en sus recientes declaraciones [1] afirme que “el Gobierno ejercerá el principio de autoridad donde tenga que ejercerlo. No vamos a permitir que unos pocos impidan que el interés general predomine”, consideramos que el uso de la fuerza pública debe ser para defender la población y no para reprimir la reclamación de sus derechos; por otra parte, señor presidente, ¿a qué se refiere con interés general si este proyecto es construido 100% por una empresa extranjera y la energía generada no será para abastecer las demandas locales?
En otro momento usted se manifiesta [2]: “Veo que hay un documental circulando con un caso en Huila, donde después de muchas negociaciones, después de mucha conversación, había un grupo de gente que manipulaba, que quería impedir que una obra tan importante como esa obra de El Quimbo, que generará energía limpia, energía necesaria. Querían impedir que eso se hiciera; la Policía uso un protocolo, me informa el general Naranjo”. Señor Presidente, en virtud de que hubo heridos, en que lamentablemente uno de ellos perdió su ojo, demuestra que el protocolo aplicado falló, además, las organizaciones de Derechos Humanos, como el Observatorio Internacional de Paz, que hicieron presencia en la zona para acompañar a las comunidades fueron bloqueadas por la fuerza pública.
Desde REDLAR solicitamos a su despacho reconsiderar el concepto de energía limpia; las represas generan más gases efecto invernadero que una termoeléctrica, aumentan el efecto de la deforestación y alteran significativamente el clima de la localidad donde se emplazan. Estamos perdiendo uno a uno nuestros ríos que corren libremente. Los ríos son de suprema importancia para el funcionamiento de varios ecosistemas y alimentan millones de personas. Existen mejores opciones energéticas.
Ante la gravedad de los hechos, solicitamos:
Atender las demandas de los afectados antes que dar celeridad a las exigencias de la empresa constructora de la represa.
Abrir una investigación para determinar la responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el desalojo violento Quimbo, Huila durante los pasados 14 y 15 de febrero.
Atender de inmediato la crisis humanitaria que ha generado en la zona la construcción de la represa.
Suspender la desviación del Río Magdalena hasta tanto se certifique el cumplimiento estricto de la licencia ambiental, y se valore la pertinencia social y ambiental del proyecto.
Le reiteramos señor Presidente que la comunidad internacional se mantiene atenta de lo que ocurre en Colombia, hace pocos días la REDLAR lanzó una acción urgente para solicitar el Ministro del MADS la suspensión cautelar de la desviación del Río Magdalena. Esta acción fue suscripta por cerca de 3400 personas y organizaciones de diferentes países del mundo la cual adjuntamos a esta comunicación (Ver Anexo I).
Cc: Dr. Santiago Cantón.Especialista Principal. Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Consejo de Estado, Honorables Representantes del Congreso, Medios de comunicación, Contraloría y Procuraduría General de la Nación, Corporación del Alto Magdalena, Ministerio del Interior, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Minas y Energía.
Anexo I. Acción Urgente: Quimbo, Solicitud suspensión de desvío del Río Magdalena
Te hablan todos los días del narcotráfico y del ‘espectáculo de la violencia en México. Pero… ¿Sabes que hay una guerra invisible por el agua que pone en juego el futuro de este país? La sociedad civil organizada lucha contra los megaproyectos energéticos que amenazan al ecosistema y a las comunidades. La Parota, El Zapotillo, Cutzamala, Arcediano… trincheras de resistencia.
«No se consigue nada si no es a través de una sociedad civil organizada y con fuerza. La gente tiene que involucrarse, porque el Estado utiliza el derecho a su antojo. No hay límites en cuanto a la acción». Rodolfo Chávez (MAPDER)
Rodolfo Chávez es un tipo anacrónico, un nenúfar en medio de un trigal. Tiene voz de haberse bebido la vida a mordiscos. Cara de buena gente, gentileza de los años que esconde. No tiene móvil ni residencia estable, incompatibles con un paradero incierto incluso para su círculo más cercano. Habla reposado, como reconsiderando el rastro que deja cada palabra en el aire una vez pronunciada. Chato de alzada y de semblante familiar, de los de toda la vida, Chávez está casado para bien o para mal con la lucha: “En la acción nos va el futuro, por eso no hay que pensar en el miedo”.
Habla de La Parota, el proyecto hidroeléctrico vislumbrado por la Comisión Federal de Electricidad de México a principios de la década de los 70 para generar electricidad e impulsar el desarrollo económico del estado de Guerrero. “Todo mentira”, interrumpe el líder del Movimiento de Afectado por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), poniendo sobre la mesa los “25.000 comuneros y ejidatarios que quedarían desplazados, junto a los más de 75.000 campesinos afectados de forma indirecta”.
Los pobladores afectados no se sienten parte del desarrollo que promueve el Gobierno y no están dispuestos a perder su territorio ni el acceso al agua del río Papagayo.
La construcción estuvo parada hasta el sexenio del ex presidente Vicente Fox (2000-2006), quien mediada su legislatura decidió poner en marcha su promesa electoral. El mandatario no contaba con la existencia de “los 5.000 compañeros” del MAPDER, que han hecho de La Parota su esencia del ser y el existir. Contra La Parota vive y por La Parota está dispuesto a morir Rodolfo Chávez, que ya pagó por cierto el hospedaje de las cárceles mexicanas: “Trataron de intimidarme pero no lo lograron”.
Lo narra con la pasión de quien cuenta su película de acción favorita, con los buenos a un lado y los malos al otro. El argumento incluye represión, machetes, escaramuzas y patrullas, bloqueos, sobornos, falsificación del padrón, carros anti-motines y tirachinas. También el secuestro de ingenieros. Incluso cinco muertes, “cuatro nuestras y una de ellos”. Los pobladores afectados no se sienten parte del desarrollo que promueve el Gobierno y no están dispuestos a perder su territorio ni el acceso al agua del río Papagayo. Aducen que las presas sólo benefician a las minorías locales, con graves perjuicios para el medio ambiente (modificaciones de los sistemas hidrológicos y de los ecosistemas) y para el tejido social (migración y desempleo).
“Todo para construir un gigantesco mercado del que se beneficiarán las grandes transnacionales, como Endesa, Unión Fenosa y demás»
El Gobierno federal insiste empero en su implementación, pues es parte del Proyecto Mesoamérica, antes conocido como Plan Puebla-Panamá (Ver El plan para explotar Latinoamérica). Se trata de un pasillo de inversión para facilitar el comercio internacional entre Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y los estados del sur de México. Y La Parota sería un generador que ilumina y aporta parte de la energía eléctrica que necesita el corredor. “Todo para construir un gigantesco mercado del que se beneficiarán las grandes transnacionales, como Endesa, Unión Fenosa y demás españolitas que están por acá, que son las que más ganan”, completa Chávez.
El MAPDER cierra este año con la celebración de su mayor victoria legal: la nulidad de la asamblea celebrada el 28 de abril de 2010, convocada por las autoridades para convencer a los pobladores. “Hicieron un llamamiento sorpresivo en La Concepción, un pueblo donde cuentan con mayoría. El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota no pudo entrar pero impugnamos la cita. Y nos han dado la razón. Vamos ganando pequeñas batallas pero la guerra no está decidida. La Parota sigue siendo un lugar privilegiado para ellos”, confiesa inquieto Chávez. Las últimas noticias confirman sus palabras: La Parota sigue en la agenda de las autoridades.
Desaparición de poblaciones
Es el punto y seguido de un conflicto que “va para largo”, coinciden los expertos. Y no es el único, porque las protestas por el agua en México son perennes y tienen a las grandes infraestructuras como el arma bélica con capacidad de arrancar del suelo a miles de personas y eliminar para siempre pueblos enteros. Cuando las compuertas se abren, la presa explota y se lleva todo por delante, como si de un tsunami de agua dulce se tratara.
Puede suceder en Temacapulín, calificado por un informe arquitectónico como “un hito urbano histórico cuyo valor es de interés manifiesto”, y otros dos municipios del estado de Jalisco. Su destino depende de El Zapotillo, la represa proyectada por la Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA) para captar agua y transportarla a lo largo de 140 kilómetros, con el objetivo de abastecer a la ciudad de León. Los planes, por cierto, han recibido las críticas de organismos internacionales y de derechos humanos.
«Con la experiencia de otras presas, en las que además las indemnizaciones no se pagan y los acuerdos no se cumplen, los gobernantes no tienen ninguna credibilidad”
Tras un enrevesado y contradictorio proceso de concesión, la CONAGUA ha informando mediante comunicados que dará atención social a los habitantes afectados, a quienes ofrece un nuevo desarrollo urbanizado con todos los servicios. “Nunca han trasladado a gente cuando han hecho una presa en México y ahora lo prometen. Con la experiencia de otras presas, en las que además las indemnizaciones no se pagan y los acuerdos no se cumplen, los gobernantes no tienen ninguna credibilidad”, contextualiza la activista Claudia Campero.
La población perjudicada es el eje de rotación de toda lucha; también la depositaria de su capacidad de victoria. En el caso de El Zapotillo, otra batalla del MAPDER, el Gobierno respondió a las protestas ciudadanas mediante la violencia, recuerda Rodolfo Chávez. “La capacidad que tienen de aislarte, de marginarte y masacrarte socialmente es increíble. Algunas comunidades han logrado avances, pero muchas han terminado divididas y con la población enfrentada. Es la victoria que genera las condiciones de la derrota”, reflexionan las investigadoras de FLACSO, Mª Luisa Torregrosa y Karina Kloster.
La obra está en marcha y la pared de la presa crece ahogando el tiempo de reacción. Porque cada lucha tiene su compás. “Queda un margen de maniobra mínimo y si no se utiliza ya, el pueblo está condenado a desaparecer; porque no han podido reunir una resistencia significativa fuerte, que es lo que se necesita en estos casos. El Gobierno no entiende otras formas. Y tienen otro problema: la cortina está lejos del pueblo, por lo que simbólicamente es una lucha perdida”, añade Chávez.
Las mujeres dan un paso al frente
Acción directa e impacto mediático. Fue el método de lucha empleado por las indígenas mazahuas de los estados de México y Michoacán que, tras un año de enfrentamientos, decidieron liderar el movimiento contra el Sistema Cutzamala, que bombea agua a la Ciudad de México en lo que es una de las mayores obras hidráulicas de América Latina. El mecanismo, según el investigador de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) Arsenio González, forma parte de un complejo entramado de política e intereses cruzados, que incluye otras tres cuencas hidrográficas además de la del río Cutzamala. Los enfrentamientos nacidos a rebufo de esta trama han sido frecuentes desde los años 70, hasta el caso más reciente de las mazahuas.
Las autodenominadas ‘comandantas’ crearon el Ejército Zapatista de Mujeres Mazahuas en Defensa del Agua
Todo estalló en 2003, cuando una presa del Sistema se desbordó e inundó los campos de cultivo. Las primeras chispas se produjeron ya con la construcción de la infraestructura que, según la investigadora Anahí Copitzy, significó la contaminación de ríos, la desecación de manantiales, la desaparición de la flora y la fauna, además de la aparición de enfermedades por el agua contaminada y la expropiación de terrenos con compensaciones injustas o inexistentes. La inundación fue, metáforas aparte, la gota que colmó el vaso. Motivó la entrada en escena de la acción directa, escoltada por reivindicaciones y atención mediática.
Las autodenominadas ‘comandantas’ crearon el Ejército Zapatista de Mujeres Mazahuas en Defensa del Agua, al que adornaron con la vestimenta típica mazahua y con armas simbólicas como fusiles de madera, palos, machetes, y aperos. “Supieron vincular el componente de mujeres, el indígena y el ambientalista en la lucha por el derecho humano al agua potable”, apunta Copitzy, quien añade que lo realmente importante fue que estaban en un punto estratégico para la seguridad nacional, pues el sistema abastece al 25 por ciento de la población capitalina del país. Por eso, la retención de un camión con cloro y la amenaza de cerrar las válvulas fueron suficientes para que el Gobierno se sentara a negociar. Hubo una victoria parcial que no todos aceptaron, lo que dividió las posturas y resquebrajó la unidad interna del movimiento. “Es lo más común: que el Gobierno enfrente entre sí a la población”, apunta Rodolfo Chávez. Y es que, este conflicto también se ha cerrado con un punto y seguido.
Otra batalla es la de Guadalupe Lara. Una mujer, en este caso en singular, que lideró la lucha contra la presa de Arcediano, proyectada sobre el río Grande, cerca de la zona metropolitana de Guadalajara, la segunda ciudad más poblada del país. Guadalupe Lara se negó a vender sus tierras y su gesto animó a otras organizaciones sociales y civiles. La presión provocó que finalmente no se lograra una declaración de impacto ambiental favorable. Así, Arcediano no se sumó a las más de 575 represas grandes que construidas sobre los ríos de México, ni Guadalupe Lara se ha sumado a las más de 167.000 personas desplazadas por estas infraestructuras en todo el país, según los datos de International Rivers Network. “La del agua no es una guerra a gran escala, algo demasiado futurista, sino conflictos de menor envergadura que han sufrido y sufren todos los estados mexicanos”, expone Kloster.
La gestión privada en el punto de mira
La principal característica de los conflictos sociales es su condición defensiva y la reivindicación de que el agua de una región debe quedarse en esa zona y beneficiar primero a la población local. Lo confirma la investigadora Mª Luisa Torregrosa: “Tiene que ver con las inequitativas políticas de distribución y uso del recurso, más que con la disponibilidad natural del agua”.
La gestión es muchas veces la clave. Un terreno donde las compañías privadas acaparan cada vez más peso, a pesar de que el agua en México pertenezca a la nación, según dictamina la ley. La capital del estado de Coahuila, Saltillo, ha sufrido por ejemplo problemas en el abastecimiento municipal. La llegada de la empresa española Agbar (Aguas de Barcelona) sumó nuevos problemas a los ya existentes, denuncian los opositores. La actuación privada ha sido resumida en cuatro estrategias por la investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario Cindy McCulligh: cortar el agua a los usuarios que no pagan, subir las tarifas, sobreexplotar el agua, e inventar y calumniar.
“Nos enfrentamos ante un escenario donde se agudiza cada vez más la brecha que separa las estrategias para la gestión del recurso implementadas ‘desde arriba’ y las formas de lucha ‘de abajo»
La Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo abandera esta batalla. “Lo que hemos logrado en el ámbito nacional es que, donde sabemos que ha ido Aguas de Barcelona a ofrecer su servicio, también hemos ido a que nos oigan a nosotros, que sepan la otra cara de la moneda”, explica Gloria Tobón, directiva de la asociación, quien denuncia los muchos incumplimientos legales por parte de Aguas de Saltillo, la empresa concesionaria. Cuenta que no se publican los análisis de calidad ni se promueven campañas de cultura del agua, sobrepasándoselos límites legales de cobro a los hogares con bajos recursos.
Según expone Kloster, “nos enfrentamos ante un escenario donde se agudiza cada vez más la brecha que separa las estrategias para la gestión del recurso implementadas ‘desde arriba’ y las formas de lucha ‘de abajo’. Entre ambas existe una quiebra que pareciera no poder subsanarse exitosamente en tanto subsistan las políticas económicas y sociales actualmente existentes. Una de las formas más comunes de represión en México es el exterminio sistemático de los activistas sociales, por eso Rodolfo Chávez se cuida tanto”.
Luchas con victorias incompletas
Las escaramuzas se multiplican por todo México. No hay estado que no tenga su problemática azul. Una veces la lucha es de un colectivo, otras individual, otras de un municipio y a veces de varias poblaciones, como el caso conocido como ‘Los 13 pueblos de Morelos’. 13 comunidades que se unieron para evitar la construcción de unas 2.000 casas en su ancestral territorio, concretamente sobre el manantial que les abastece, amenazando así su disponibilidad de agua y poniendo en peligro de contaminación la ya existente. “La galopante, feroz y salvaje construcción de viviendas de interés social atenta contra el aire, la tierra y el agua de los habitantes del Estado de Morelos, así como su bienestar, sana convivencia y desarrollo”, argumentan. “En México la guerra [por el agua] ya comenzó”, dice el tráiler de una película que documenta el caso.
De nuevo la victoria es parcial, como si cada lucha fuera un calco de la anterior. Porque en Morelos sigue habiendo gente sin agua en sus hogares, ubicados a escasos metros de lujosas urbanizaciones con campos de golf incluidos. Todo en el mismo vistazo, como si la comparación enalteciera la desigualdad. Porque sigue habiendo nombres propios, singulares y plurales, que luchan por el derecho al agua. Los de Lidia, Gloria, Carlota y Marta, que viven en la comunidad Ampliación Tres de Mayo, en Alpuyeca, estado de Morelos, y han recurrido a los tribunales para denunciar que en México se incumple el derecho humano al agua. El final de su batalla está por escribir, pero de momento han ganado un amparo y el juez ha reconocido, por primera vez en la historia de México, que el derecho humano al agua forma parte del ordenamiento jurídico nacional.
Para Rodolfo Chávez dejar la lucha es morir
“No se consigue nada si no es a través de una sociedad civil organizada y con fuerza. La gente tiene que involucrarse, porque el Estado utiliza el derecho a su antojo. No hay límites en cuanto a la acción. Y menos en un país en el que no se respetan las leyes por parte del Gobierno. El uso de la fuerza no es la consigna pero estamos dispuestos a defender nuestro medio de vida, nuestra tierra”. Rodolfo Chávez retoma el discurso. Es la quintaesencia del guerrillero forjado a la antigua usanza, el hombre que entiende que no es cuestión de hablar sino de hacer. Para Rodolfo Chávez dejar la lucha es morir aunque, entre despiste y renuncio, deja creer que piensa en la posibilidad de un relevo. La despedida es en Salto del Agua, una estación de metro, como todas las del Distrito Federal, saturada de iguales entre los que diluye sin perder su anacronismo Rodolfo Chávez.
COPUDEVER asiste al VI Encuentro Mesoamericano de afectados por las presas celebrado en Costa Rica.
El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde COPUDEVER estuvo presente durante los días 22 al 25 de septiembre en comunidades del Río Pacuare Costa Rica, en el VI Encuentro Mesoamericano de afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos y las Comunidades. La presencia del COPUDEVER en Costa Rica tuvo el objetivo de compartir su experiencia de lucha y resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina con otros movimientos y comunidades de los países de Centroamérica.
En el encuentro Rodolfo Chávez Galindo, integrante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, denunció que “los proyectos de presas en México como la Parota y Paso de la Reina son parte del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central, que tiene el objetivo de impulsar un corredor de energía desde México hasta Panamá con la intención de crear un solo mercado de electricidad para las empresas extranjeras.”
En el encuentro se escucharon denuncias y se compartieron luchas de defensa de los territorios indígenas y campesinos de los países de Centroamérica ante mega proyectos como: presas, minas a cielo abierto, mono cultivos (palma africana), ríos concesionados, etcétera. Concluyendo que estos proyectos están estrechamente relacionados unos a otros.
Gumersindo Martínez Mejía, integrante del COPUDEVER, manifestó en el encuentro: “todos los pueblos de Mesoamérica tenemos el mismo problema de despojo de nuestros territorios por empresas extranjeras, para construir proyectos de presas y explotar los recursos naturales”.
Los temas más recurrentes en el encuentro fueron: “Excedente de energía para países ricos, altas tarifas y pésimos servicios de electricidad”, temas abordados por participantes de Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, México, Belice, Brasil y el Salvador. La delegación de Guatemala denunció que el 20% de la población no cuenta con energía eléctrica aunque el país tiene un excedente de energía. En Brasil un trabajador gasta el 22 % de lo que gana en pago de energía eléctrica. Por otro lado, la delegación de Panamá comentó que el país produce el doble de la energía que consume. Algo similar denunció la delegación de México al compartir que el país tiene un 45% excedente de energía y altos costos en el servicio de energía, mientras que Estados Unidos consume el 75% de energía a nivel mundial.
Don Emerio Lomas Chávez, indígena del estado de Nayarit, expresó: “a los indígenas nos tratan como que no valemos nada, por eso quieren hacer en nuestro territorio estos proyectos” mientras que un indígena panameño manifestó: “me da un dolor profundo en el alma pensar que nuestros ríos van a ser represados, los ríos no tienen fronteras…el gobierno nos trata como ignorantes al decir que nos oponemos al desarrollo”.
En el encuentro se confirmó que los pueblos indígenas y campesinos no han sido consultados y mucho menos informados sobre la implementación de mega proyectos, como sucede en el estado de Oaxaca ante la intención de construir la Presa Paso de la Reina en territorios indígenas y campesinos. Ante esta amenaza, el COPUDEVER compartió y reafirmó que “las prácticas comunitarias de los pueblos han permitido fortalecer los procesos organizativos por la defensa del río verde y su territorio”.
Del 22 al 25 de septiembre, afectadas y afectados por la imposición de represas, la contaminación de ríos y otros megaproyectos a nivel mesoamericano, nos reuniremos en las comunidades del río Pacuare para celebrar el VI Foro de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR).
El Foro Mesoamericano es un encuentro para intercambiar experiencias, información, solidaridad, cariño y esperanza entre pueblos separados por fronteras, pero unidos por los ideales, las luchas y la defensa y exigibilidad de nuestros derechos.
Para llegar al encuentro, llevaremos a cabo una caravana que saldrá de la ciudad de Tapachula en Chiapas, el 19 de septiembre y pasará por El Salvador, Nicaragua, y Costa Rica, propiciando el intercambio de experiencias entre comunidades en resistencia, y en defensa de sus derechos.
En representación de la delegación mexicana, participaremos luchas y organizaciones que nos oponemos a la construcción de las siguientes represas en el país: Paso de la Reina en Oaxaca, La Parota en Guerrero, El Zapotillo y La Yesca en Jalisco, Las Cruces en Nayarit, Itzantún y Chinín en Chiapas, Pantanos de Zentla y afectados por las inundaciones en Tabasco, y más de 112 proyectos de presas tan sólo en el estado de Veracruz, así como organizaciones del Distrito Federal, Guanajuato y Colima.
Las presas nos son sustentables social, económica ni ambientalmente y las comunidades tenemos derecho a decidir sobre el destino de nuestro territorio y el modelo de desarrollo que queremos para nuestros pueblos, por ello nuestra posición es clara: NO A LAS REPRESAS. NI UNA MÁS.
Las presas En México están cumpliendo su vida útil, y al mismo tiempo se inicia un auge en la construcción de nuevas presas con el fin de atraer inversiones extranjeras y poner las bases para la privatización de la industria eléctrica y del agua, al tiempo en la que las trasnacionales están ya invirtiendo de manera ilegal y anticonstitucional.
Más de 50 mil grandes represas se han construido en el mundo, desplazando directamente a 100 millones de personas. El impacto al medio ambiente ha sido irreversible a través de la inundación de bosques, la modificación de los cauces, la pérdida de flora, fauna y sedimentos, al tiempo que el cambio climático agudiza los impactos acumulativos y sinérgicos, y miles de zonas arqueológicas y culturas quedan sepultadas bajo las aguas.
Por todo el territorio nacional se intentan imponer proyectos de presas, se estiman al menos 350 proyectos. La SEMARNAT, la CFE y CONAGUA en contubernio con los gobiernos de los Estados y empresas privadas, siguen implementando los mismos mecanismos de siempre: extorsión, chantaje, mentiras, falsas promesas, división comunitaria, falta de transparencia y nula consulta previa e informada. Nunca se buscan alternativas a la gestión del agua y la energía e imponen los proyectos con total impunidad violando leyes ambientales, constitucionales, agrarias, entre otras. Estos proyectos, además de provocar impactos ambientales, sociales y culturales irreversibles, desencadenan violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las comunidades locales y pueblos originarios que van desde disputas legales, desplazamientos forzados de familias y poblaciones enteras y juicios, hasta encarcelamientos, torturas e incluso el asesinato de personas.
Exigimos al gobierno mexicano la cancelación de todos los pre-proyectos, proyectos y obras que estén actualmente en fase de planeación y/o ejecución en México, y que corresponden a una política económica neoliberal en contra de los derechos de los pueblos y de la vida de los ríos y la dignidad de nuestra América Latina.
Somos un movimiento nacional que se conformó en el 2004, en torno a la resistencia contra las represas en un momento político y económico clave para el país. Demandamos como sociedad mantenernos atentos(as) al recorrido de la caravana del MAPDER a través de México y Centroamérica con el objetivo de proteger la integridad física de los participantes y asegurar que se cumplan los propósitos de la caravana.
Atentamente
Movimiento Mexicano de Afectados(as) por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
página web: http://www.mapder.lunasexta.org
twitter: @mapder
Contacto:
Gustavo Lozano Guerrero
Centro Mexicano de Justicia Ambiental/MAPDER Guanajuato
Delegaciones de comunidades campesinas e indígenas de Mesoamérica que enfrentan represas, líneas de transmisión, minerías, turismo de enclave y otros proyectos que afectan negativamente su vida y la naturaleza, realizarán el VI Foro regional en las comunidades del río Pacuare en setiembre del 2011.
La visión comercial para la explotación energética del agua en Mesoamérica, proyecta la construcción de hasta 406 represas, que producirían alrededor de 16.000 megavatios (Inventario de Infraestructura Mesoamericano, Conservation Strategy Fund, citado por León y Bonilla. 2008). Semejante propuesta es el más claro indicador de una visión mercantiliza de la vida que no respeta consideraciones de orden cultural, derechos de los pueblos, economías locales, ni los ecosistemas en cada una de las cuencas que serían destruidas e impactadas de manera irrecuperable. Queda claro que bajo esta noción de progreso, es imposible acercarse a la aspiración de la Comisión mundial de represas, en el sentido de que “…el “fin” que debe alcanzar cualquier proyecto de desarrollo es el mejorar de un modo sustentable el bienestar humano, es decir, producir un avance significativo en el desarrollo humano, sobre una base que sea viable económicamente, equitativa socialmente y ambientalmente sustentable” (Informe CRM. 2001).
En todo el mundo los proyectos hidroeléctricos son presentados como obras especializadas, pensadas, diseñas y construidas por grupos selectos de expertos, técnicos y científicos ajenos a las comunidades impactadas negativamente y hasta desaparecidas. Cada proyecto hidroeléctrico, PH, es asociado con “desarrollo” y se hace creer que es indispensable para el “progreso” del país y las comunidades en las que se construirá. Con este argumento muchas veces se logra ocultar los intereses empresariales detrás de las hidroeléctricas. Aun en proyectos estatales se ven favorecidos intereses corporativos pues muchos de los contratos para estudios previos, estudios de impacto ambiental, construcción, operación y distribución de electricidad, son adjudicados a empresas privadas locales o extranjeras. No menos cuestionable es la corrupción, tráfico de influencias y dudosos arreglos políticos para favorecer a empresarios ligados a los gobiernos.
Otra característica común de los PHs es que a las comunidades se les oculta la información que les daría la oportunidad real de saber qué es lo que se hará. La desinformación crea un estado de indefensión y siempre es la primera acción deliberada para que las comunidades no puedan ejercer una participación social efectiva frente a las hidroeléctricas, líneas de transmisión y otras obras asociadas. Es evidente que sin información no puede haber diálogo y mucho menos negociación sobre cualquier asunto de interés para las comunidades impactadas. Esto genera la línea de base para la manipulación y la exclusión, o para una participación funcional y controlada por los proyectistas.
Esa relación autoritaria se refuerza con el poderío económico que se despliega para una represa, y que posibilita desde la construcción de las obras como tapa del embalse, túnel, cada de máquinas, entre otras, hasta la “compra por necesidad” de las comunidades con caminos y pequeñas obras y arreglos de infraestructura, regalos de sacos de cemento, tarros de pintura, etc. No menos pesado para las comunidades es el cambio social generado por el aumento incontrolado del consumo local en hoteles, pequeños hospedajes y hasta casas, restaurantes, bares, la “explosión” de la prostitución, etc, durante la etapa constructiva. En todo caso, los negocios locales temporales, por más rentables que resulten para algunas personas, nunca compensan la descomposición social que la mayoría de las veces genera una hidroeléctrica, y que se prolongan indefinidamente. Los impactos negativos toman perfiles irrecuperables si se considera que el desarraigo por pérdida de terrenos, fincas, ya sea voluntariamente o por expropiaciones forzadas, convierten a familias y comunidades enteras, en poblaciones errantes y desamparadas. Otras comunidades que no necesariamente son impactas en la construcción de las represas, sufren sus impactos negativos y hasta el riesgo de desaparecer o migrar, dado que los ríos aguas debajo de una represa se convierten en focos de peligro inminentes y permanentes por los desfogues o apertura de compuertas. Los empresarios, ya sean públicos o privados, evaden su responsabilidad colocando simples rótulos que advierten sobre el peligro de crecidas “en cualquier momento”.
Si bien la electricidad es indispensable para la vida de la mayoría de las personas, el dilema es aceptar o no que todos los ríos sean represados. En este punto se contraponen 2 visiones: una es mercantilista y está basada en el crecimiento económico, el consumismo ilimitado y la acumulación de riqueza en pocas manos. La otra es una visión ética que concibe los ríos como elementos indispensables para la vida –social y natural- y promueve la planificación energética y de la hidroelectricidad en particular, sobre criterios técnicos, de responsabilidad y ética. En ese marco muchas comunidades impactadas negativamente por las represas están intentando tomar parte de la definición de cuál es el modelo energético que requerimos y podemos implementar; y dentro de este modelo, cuáles ríos pueden ser represados y cuáles no.
En muchos países la acción de las comunidades ante la imposición de proyectos se está convirtiendo en un ejercicio de participación efectiva, cuyos resultados se pueden resumir en la oposición a las represas en el río Pacuare. Según Martín Granados, un campesino de San Joaquín de Tuis, defensor del Pacuare “la represa sigue detenida gracias a que las comunidades no nos dejamos apabullar por el ICE –Instituto costarricense de electricidad- y los gobiernos. Si no nos hubiéramos plantado ya hubieran hecho lo que quieren, y mal hecho como lo estaban haciendo, abriendo trochas en las montañas a la par del río y metiéndose adonde fuera sin permisos y tratando de engañar a todo el mundo y en especial a los indígenas, que son la gente que más ocupan que les digan que sí”.
A las represas se suman las líneas de transmisión cuyos impactos también pueden ser letales para las comunidades y los ecosistemas. En todos los casos de PHs las líneas de transmisión locales, nacionales y regionales, tienen impactos ecológicos y sociales cuya magnitud llega a ser incluso igual de perniciosa a la construcción misma de los PHs. El mercado eléctrico centroamericano requiere la instalación de al menos 1.790 kilómetros de líneas de transmisión (http://www.eprsiepac.com/ruta_siepac_transmision_costa_rica.htm) y esto ha generado también un nuevo foco de tensión entre los proyectistas y las comunidades, pues ya muchas poblaciones se han enterados de los daños a la naturaleza y la salud humana, como aceleración de varios tipos de cáncer, que generan las líneas de alta tensión. Esto sucede mientras las autoridades gubernamentales, como el caso de Costa Rica, siguen sin atender los argumentos de las comunidades, como es el caso del cantón de Dota, basados en los argumentos científicos más actualizados.
En todos los países los PHs y sus líneas de alta tensión siguen generando conflictos sociales por la carencias de consultas, violaciones de derechos y, en última instancia, la imposición, con costos incluso de vidas humanas, pues muchas personas defensoras de los ríos y la naturaleza, ha sido asesinadas, sin que, sospechosamente, la justicia de cada país haya determinado quiénes son los responsables directos. Los casos de Bety Cariño en México y de indígenas en Colombia y Panamá, son sólo ilustraciones de la violación de derechos humanos fundamentales de información, organización, socio-culturales y finalmente de la vida misma.
Debate, organización y alternativas energéticas
Para muchas comunidades los Foros Mesoamericanos son el único espacio público sin restricciones para exponer su situación y para obtener el apoyo de organizaciones nacionales y regionales. Para garantizar que el foro sea un espacio sin mediatización, hemos propuesto que el objetivo general del mismo sea “Fortalecer los espacios de intercambio para la información, conocimiento y capacidad de gestión entre organizaciones sociales de comunidades Mesoamericanas que defienden sus ríos, sus derechos humanos, la naturaleza y la vida, ante la amenaza de represas y otros megaproyectos”.
Durante el VI Foro se facilitarán espacios para el intercambio de experiencias y aprendizajes entre comunidades que enfrentan procesos de construcción de represas en cualquier fase, se propiciará el intercambio de información y conocimiento de y entre las comunidades sobre los planes nacionales y regionales de construcción de represas y sus impactos ecológicos y sociales asociados, y se revisarán y evaluarán las oportunidades de organización que tienen las comunidades para la defensa de sus derechos. Igualmente importante en el foro será el objetivo de “Consolidar el debate regional sobre energías alternativas cuyas fuentes aseguren la protección de la naturaleza y los derechos humanos de los pueblos”. Sobre este último aspecto, es indispensable establecer que desde mucho antes de que el debate sobre posibles fuentes de energía alternativa y más o menos limpia, fuera tema de gobiernos, algunas agencias multilaterales y empresas transnacionales, ya era ampliamente discutido entre las organizaciones sociales. En general los gobiernos y las empresas energéticas, y sobre todo para las constructoras de represas, se han preocupado más por la propaganda que por las acciones concretas y sentido estricto, por establecer límites al crecimiento de la oferta y la demanda energética. Los mismos gobiernos y corporaciones que impulsan las represas, la minería, el aumento del ciclo petrolero y todo tipo de industrias extractivas, son los mismos que propician y discuten sobre las soluciones y fabrican y pagan el círculo mediático global y local sobre “desarrollo sostenible”. Entre otras creencias, científicamente comprobadas como falaces, los Phs son presentados como energía limpia y renovable, de tal forma que se siguen promoviendo sin atender sus negativos impactos sociales y ecológicos (ver entre muchas referencias Durán-Castro, Osvaldo “Represas y turismo en tres decretos contra Guanacaste”. www.ambientico.una.ac.cr, 197, febrero, 2010).
Nuevos debates y seguimiento
Durante la fase preparatoria del VI Redlar, que para PROAL-Amigos del Pacuare de Costa Rica inició desde la finalización del V Redlar-Boquete Panamá en abril del 2009, se ha perfilado un encuentro que permita abordar la amplia problemática que viven las comunidades, los impactos negativos en los ecosistemas, la urgencia de generar modelos y matrices energéticas que aseguren sustentabilidad y responsabilidad a largo plazo, las políticas, toma de decisiones, la participación de las comunidades en el contexto de la globalización y regionalización.
En síntesis, las organizaciones y comunidades participantes, tendrán la oportunidad de intercambiar sus vivencias y procesos de organización, informarse, compartir sus conocimientos y de generar propuestas, bajo los siguientes temas:
1. Derechos humanos y comunitarios ante los megaproyectos. Escenario global y visión mesoamericana. Derechos de los pueblos indígenas y legislación nacional.
2. Estrategias de participación social efectivas.
3. Megaproyectos en Mesoamérica: represas, líneas de transmisión, minería, petróleo, gas, falsas soluciones frente al cambio climático, marinas, etc.
4. Geopolítica de la naturaleza e inversiones en América Latina, acuerdos multilaterales, bilaterales y alianzas empresariales y gubernamentales.
5. Ecología de los ríos y naturaleza.
6. Modelos energéticos sustentables y revisión de demanda energética real de los pueblos.
En el Foro Mesoamericano se prestará especial cuidado al seguimiento de algunos de los mayores conflictos sociales y ecológicos generados por megaproyectos:
En México los PHs La Parota, Paso de la Reyna y la Yesca. Las Presas de abasto de agua Zapotillo y Arcediano, el campo eólico La Venta, y las luchas para resarcir a la población de El Cajón y Los Picachos.
En Guatemala los PH Xlalá, HidroXalbal, la minería a cielo abierto en San Marcos y la interminable lucha para resarcir y reinvindicar las víctimas de Chixoy.
En Honduras los megaproyectos de enclave turísticos Bahía de Tela, PH Patuca III, la Base militar Katski, la explotación petrolera de la plataforma marítima y los PHs El Tigre y Wancarque y otros en Atlántida y Valle de Sula. Las minerías Minas de oro en Comayagua y Montecillo.
El Salvador los PHs El Tigre, El Chaparral, El Cimarrón, Sensunapán II, la exploración minera en Texistepeque, Chalatenango, Cabañas y Morazán.
En Costa Rica los PH Diqués, la defensa del Pacuare y el Savegre, las líneas de alta tensión, las mimerías y todo tipos de proyectos invasores de los territorios indígenas, entre otros.
En Panamá, destrucción de la legislación de la autonomía de los pueblos, en un país con una vasta cultura originaria que incluye Gnobe, Buglere, Nasso, Emberá, Wounaan, Kuna, etc, y aún no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. Especial atención merece la situación en Bocas del Toro donde los PHs suman 15 de un total de 160 en todo el país, de los cuales 120 serían en Chiriquí. Panamá es un caso clarísimo de represión generada por PHs, pues según datos de organizaciones civiles, hasta 12 personas fueron asesinadas en junio del 2010.
En Colombia las represas Urrá 1 y 2 y la defensa de los derechos de los pueblos campesinos e indígenas, sistemáticamente desconocidos.
Un panorama global diseñado para el capital
Sin profundizar en el tema, debemos resumir que América Latina está viviendo un acelerado proceso de integración supeditada y desequilibrada en contra de las sociedades nacionales y de los pueblos en particular. Los recursos de la región como minerales, riqueza marina, biodiversidad y agua, están en la agenda de las principales empresas transnacionales y su control y apropiación están siendo facilitados a través de mecanismos como los acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multinacionales. De acuerdo con Lourdes María Regueiro Bello, se trata de consolidar la “seguridad energética” de los Estados Unidos, en el marco de un modelo en el que los gobiernos de la región aceptan ceder soberanía, desregular y abrir mercados (2008. Los TLC en la perspectiva de la acumulación estadounidense. Visiones desde el Mercosur y el ALBA. CEA-CLACSO), y, debemos agregar, construir alianzas entre grupos de poder locales con mega-empresas transnacionales, descuidando cada vez más los intereses y necesidades de los pueblos impactados negativamente por proyectos de minería, turismo de enclave, explotación comercial de la biodiversidad, y explotación del agua en todas sus formas, incluidas las represas.
En el IV Encuentro REDLAR, en Lorica, Colombia en 2008, se había concluido que “Las políticas energéticas impulsadas por los diversos gobiernos de Latinoamérica se basan en la construcción de numerosos megaproyectos hidroeléctricos que responden a una estrategia de crecimiento y “desarrollo” económico, social y político excluyente, de despojo y destrucción del patrimonio natural y de la vida en general, sin tener en cuenta los graves impactos que estos causan sobre la vida de la gente, la cultura y el territorio”.
Hasta ahora ese panorama no ha cambiado. La estrategia de acumulación global y regional, sigue propiciando un modelo de desarrollo excluyente y ajeno a las necesidades de las poblaciones y destructivo de la naturaleza. En ese contexto es que las comunidades de Mesoamérica participantes en el VI Redlar, buscaremos consolidar espacios de trabajo y proponer alternativas que aseguren la satisfacción de demandas tan importantes como la energía, pero nunca al costo de destruir la Tierra y de violentar los derechos de las personas.
Panamá ha realizado cambios legales que facilitan la privatización del sector eléctrico y la inversión en hidroeléctricas. En 2006 el sector privado inició un vigoroso proceso de inversión en generación, particularmente en el desarrollo hidroeléctrico. A partir de 2006 –durante el gobierno de Martín Torrijos– los derechos de propiedad sobre el agua de los principales ríos de Chiriquí empezaron a pasar a manos privadas por 50 años prorrogables, según los contratos de concesión para construir hidroeléctricas. En casi todos los casos, las concesiones fueron gratuitas. Muchas de esas empresas luego vendieron sus derechos a precias altos a otras empresas, en transacciones privadas que no aportaron nada al Estado.
En la actualidad existen 15 proyectos hidroeléctricos en construcción con una inversión estimada de 1.353,1 millones de dólares. Los proyectos en construcción, de acuerdo con los cronogramas de ejecución, deberán estar concluidos entre septiembre de 2009 y julio de 2012 en operación comercial. Además, existen 16 proyectos hidroeléctricos más en fase de diseño final que representa una inversión de 1.024,2 millones de dólares.
Sin embargo se planea que sean 85 hidroeléctricas las que se puedan construir. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado en 2008 determinó que el 98% del agua que corre por el río Chiquirí Viejo fue concesionada para el uso de hidroeléctricas. Solo el 2% quedará libre para otros usos.
HIDROELÉCTRICAS PANAMÁ
-Hidroeléctrica Algarrobos: en el caudal de la quebrada Algarrobos y el río Casita de Piedra hasta el río Chiriquí promovido por Unión Fenosa. Inició operaciones l 18 de junio de 2009,.Los Algarrobos es una planta hidroeléctrica sin presa pero con un canal de desviación. Se ha inscrito para MDL desde 2005,por parte de Unión Fenosa en España, haciendo una estimación de emisiones evitadas a lo largo del periodo de acreditación (21 años) de 810.600 ton CO2. La obra requerirá una inversión estimada en 21.7 millones de dólares.
