Categoría: Latinoamerica
Nota | Luego del acuerdo acerca de Brumadinho entre la Vale y el gobierno del estado Minas Gerais, el MAB recurrirá al Supremo Tribunal Federal
Dos años del crimen de la Vale en Brumadinho: MAB denuncia acuerdo sin participación de los afectados
Dos años del crimen de la Vale en Brumadinho: MAB denuncia acuerdo sin participación de los afectados
La empresa difunde propaganda en la que dice estar resolviendo los problemas de los afectados, pero la verdad es que está ganando tiempo para minar la capacidad de lucha del pueblo y sacar a Brumadinho de los noticieros por Movimento dos Atingidos por Barragens
Publicado 27/01/2021 – Atualizado 27/01/2021
“El único objetivo de la Vale es el lucro por encima de la vida. En la región de Brumadinho, la empresa, a cualquier costo, actúa con el propósito de no pagar por sus crímenes. Quiere evitar nuevos gastos en la reparación de los derechos violados. Al mismo tiempo, quiere continuar explotando minerales en Minas Gerais, enviándolos fuera del país sin pagar el mínimo de los impuestos”
Para conseguir tales objetivos, la Vale utiliza diversas estrategias, desde la subyugación de gobiernos, parlamentarios, el Poder Judicial, órganos del gobierno y demás estructuras jurídicas institucionales, hasta la desorganización de la población y el debilitamiento de su capacidad de lucha por medio de la cooptación de los afectados, afectadas y liderazgos populares, aunado a la constante divulgación de noticias falsas.
Existe también una estrategia ideológica de comunicación, con propagandas dirigidas a la sociedad y a los accionistas para ocultar la realidad del pueblo y burlar los hechos verdaderos.
La empresa difunde propaganda en la que dice estar resolviendo los problemas de los afectados, pero la verdad es que está ganando tiempo para minar la capacidad de lucha del pueblo y sacar a Brumadinho de los noticieros.
En la práctica, lo que la Vale está haciendo es, a través de su poder económico, controlar política e ideológicamente para dominar el territorio y con ello continuar garantizando altos lucros para el sistema financiero, para banqueros y fondos de inversiones internacionales; sus propietarios actuales.
La población de la cuenca del río Paraopeba y el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués) fueron sorprendidas el día 22 de octubre de 2020, en el silencio de la noche, con la noticia de que la empresa Vale S.A., el gobierno del estado de Minas Gerais e instituciones de la Justicia estaban realizando un gran acuerdo clandestino que decidía el futuro de las indemnizaciones y la vida de los afectados en la región.
Este acuerdo es un escándalo, porque decide sobre el proceso de reparación, como resultado de la ruptura de la represa de Córrego do Feijão, en Brumadinho, de forma descarada, sin la participación de las personas afectadas y contando además con la protección del deber de sigilo jurídico bajo la decisión de juezes y fiscales.
El acuerdo global involucra a la Vale, el gobierno de Minas, las defensorías y ministerios públicos, además de la Fiscalía General de la Unión.
Inicialmente, contemplaba un proceso judicial por el valor total de R$ 54 mil millones que incumbía a dos demandas: una de R$ 26 mil millones, que corresponde a los daños económicos sufridos por el estado y otra de R$ 28 mil millones que corresponde a los daños morales y sociales colectivos; a la comunidad.
La empresa Vale propuso pagar un total de R$ 21 mil millones, siendo el “techo global” de pagos unos R$ 16,45 mil millones, que incluiría la realización de obras en Belo Horizonte, ubicada a 60 kilómetros de distancia de Brumadinho, R$ 3 mil millones previstos para la recuperación ambiental, además de los R$ 2,2 mil millones ya usados en indemnizaciones para cerca de 8 mil afectados. Una parcela mil millonaria también sería distribuida al Poder Judicial para que coordinasen acciones en el llamado “sector terciario”.
Esta propuesta de la empresa plantea un reducir para menos de la mitad del valor total de las dos demandas. El hecho concreto es que el acuerdo no permite la participación efectiva de los afectados y afectadas. O sea, las víctimas siguen excluidas, mientras que los señores dueños del poder quieren lucrarse por encima del crimen y de la vida de millares de afectados por la fechoría de la Vale.
Los afectados y afectadas reivindican que las discusiones sobre la reparación de daños no atienden las cuestiones de emergencia (pago de emergencia, suministro de agua, indemnizaciones, entre otros) que garantizarán las condiciones de vida hasta la reparación integral.
Los afectados no están contra el acuerdo, pero, tratándose de la vida del pueblo, deben ser protagonistas en cualquier acuerdo que trate sobre el futuro de sus vidas y de la definición de un valor justo en la reparación de daños, este debe ser un derecho asegurado; poder participar de las decisiones.
El acuerdo es una jugada de la empresa criminal, al colocar para un Estado financieramente fallido la posibilidad de recaudar algunos miles de millones a “nombre de los afectados”, que representan algunos pocos meses del lucro líquido de la empresa, a cambio de la condonación total del pasivo debido por la propia incompetencia en el manejo de la represa de la Mina Córrego do Feijão, en Brumadinho. Así la empresa deja de ser la responsable por la reparación de los derechos de las víctimas, pasando la responsabilidad al Estado.
Se nota que la justicia no se ha mostrado un instrumento efectivo para la reparación integral de los daños, del acceso a la justicia y que no garantiza los derechos de las víctimas.
El Poder Judicial poco conoce de los casos y las necesidades reales y urgentes de los afectados en las localidades. Además de eso, las mineras poseen un enorme aparato jurídico a través de sus innúmeros escritorios de abogacía.
Eso conduce a una fuerte incisión jurídica en recurrir a las decisiones, lo que permite que el aplazamiento de determinaciones definitivas privilegie a quien tiene las mejores condiciones, en este caso, las empresas. De esa forma, esto conlleva a la morosidad en la reparación tanto del medio ambiente como de las víctimas, pues las sobrecarga con un tiempo procesual muy largo.
Así como en la cuenca del río Doce, nuevamente un acuerdo fue construido sin la participación de la población afectada, bajo el pretexto de que la conciliación es la mejor y más rápida forma para la resolución del proceso.
Sin embargo, denunciamos aquí que la celeridad atiende solamente a los objetivos del gobierno del estado de Minas Gerais y de la empresa Vale, sin que eso garantice los derechos de los afectados, especialmente el derecho a la participación.”
Traducción: Ciro Casique Silva
Foro Social Panamazónico. Movilización por la Declaración Universal de los Derechos de los Ríos.
Seminario para la protección de los ríos de la Patagonia
25 nov. 2020
El día martes 24 de noviembre, realizamos el «Seminario para la protección de los ríos de la Patagonia», con el objetivo de dar a conocer el contexto de iniciativas asociadas a la protección de ríos en el mundo, el marco legal en el contexto nacional asociado a los ríos, las necesidades de avanzar en políticas públicas vinculantes en la materia y la divulgación de experiencias en la Patagonia.
TEMAS:
- Contexto internacional de la protección de Ríos (Monti Aguirre)
-Energía, agua y cambio climático: Desde lo regulatorio a lo constitucional (Marcelo Mena) - La conservación de los ríos desde las cumbres al mar: desafíos y oportunidades en el paisaje Patagónico (Dr. Brian Reid)
- Ley de Ríos Salvajes: Una oportunidad para avanzar en la defensa de ríos en Chile (Macarena Soler)
EXPOSITORES:
- Monti Aguirre, Coordinadora del Programa de America Latina, International Rivers
- Dr. Brian Reid, Limnólogo, subdirector científico Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), y coordinador macrozona austral para la red de investigación en recursos hídricos.
- Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y miembro del directorio de Fundación MERI
- Macarena Soler, abogada por la Ley de ríos Salvajes y Ley de Filantropía ambiental, fundadora de Geute Conservación Sur, directora Puelo Patagonia.
MODERADORA:
Bárbara Tupper, Periodista Ladera Sur.
Injusticia en la cuenca del río Doce: 5 años sin reparación para los afectados; lea la nota del MAB
Injusticia en la cuenca del río Doce: 5 años sin reparación para los afectados; lea la nota del MAB
Somos las víctimas de un crimen bárbaro que está lejos de una solución correcta, pero también somos un pueblo en lucha dispuesto a batallar y colocar la vida por encima del lucro por Movimento dos Atingidos por Barragens
Publicado 05/11/2020
El crimen de Samarco, Vale, BHP Billiton destruyó cerca de 670 km de extensión del Río Doce y parte del litoral del estado de Espírito Santo, hace cinco años. Cerca de 500 mil personas fueron afectadas con el rompimiento de la represa de Fundão, en Mariana, y siguen sin derechos ni reparación. Las personas perdieron las casas, el trabajo, el ingreso económico, el acceso al agua y vieron deteriorada su salud. Muchas vidas fueron destruidas.
Centenas de familias aún siguen viviendo en casas alquiladas porque, luego de cinco años, la empresa no reasentó y no reparó las familias con nuevas viviendas y lugares de trabajo adecuados.
El sistema de justicia y las estructuras del Estado están cada vez más cautivos y dominados, actuando como sirvientes de las empresas internacionales que dominan la región.
En este día, el Movimiento de los Afectados por Represas denuncia que la Vale es injusta. Injusta porque son cinco años sin reparación adecuada en lo que respecta a los derechos de las familias que fueron afectadas a lo largo de la cuenca del río Doce y del litoral de Capixaba. Injusta porque el Poder Judicial está en manos de las mineras, actuando contra el pueblo afectado para proteger los extraordinarios lucros del gran capital.
A pesar de la gravedad de la situación, llegamos a media década sin reparación de derechos de los afectados. La impunidad es evidente. En la región, el lucro fue colocado por encima de la vida. El crimen se “renueva” cotidianamente en los lugares por donde pasa el “lodo tóxico” de las injusticias.
Ya no hay una salud adecuada entre las víctimas. En el caso de las mujeres, los estudios han revelado que ellas no están siendo reconocidas como afectadas; producto del formato de los registros, por lo que, son verificados aumentos de enfermedades reproductivas, violencia doméstica y alcoholismo, como efectos colaterales de los daños y la desestructuración del trabajo en las comunidades.
El lodo tóxico trajo la pérdida de lugares de trabajo e ingresos económicos. Sectores como el de la pesca fueron completamente afectados. Hasta hoy no existe en curso ningún programa de reestructuración productiva y económica para las familias. Al contrario, las que reciben “ayuda de emergencia” se hicieron dependientes, no habiendo por parte de las empresas ninguna política de transición, apenas anualmente la amenaza de cortar dicha ayuda.
Muchas indemnizaciones fueron pagadas de forma insuficiente, el dinero no resolvió problemas de puestos y locales de trabajo y tampoco de vivienda. En resumen, el crimen empobreció las familias y profundizó su dependencia.
Mientras los derechos son negados, en el último trimestre de 2020 Vale duplicó sus lucros, que fueron anunciados por el monto de R$ 15 mil millones. A pesar del lucro extraordinario, la empresa no permitió finalizar ninguno de los tres reasentamientos con los que se había comprometido, no atendió las 10 comunidades que reivindican derecho a la vivienda y tampoco cumplió con los acuerdos pactados con gobiernos e instituciones de la justicia.
Una nueva guerra de informes técnicos, expertos y negociaciones es puesta en campo, bajo una compleja arquitectura corporativa de artimañas de dominación y manipulación.
En marzo de 2016, gobiernos y empresas anunciaron un “gran acuerdo” de gabinete, sin participación de los afectados, que estimaba gastar cerca de R$20 mil millones en soluciones. En ese acuerdo, los estados transfirieron su responsabilidad de la gestión del crimen a una fundación privada, creada, organizada y administrada por las empresas propietarias de Samarco: la Fundación Renova.
Pasada media década, la Fundación Renova no fue capaz de concluir siquiera el programa previo e inicial del registro de las familias. Se reveló un mecanismo de protección del lucro de Samarco, Vale y BHP Billiton, además de un instrumento para dejar cautivas y dominar estructuras estratégicas de gobiernos y del Estado, así como violar e impedir la correcta solución de los derechos de los afectados por represas.
Buena parte de los fondos usados, estimados en R$10 mil millones por la fundación, son destinados a propaganda engañosa, noticias falsas, cooptación, desorganización del pueblo, manipulación y negación de derechos a las víctimas del crimen de Samarco.
De cerca de 95 mil registros y solicitudes, solo 19 mil personas reciben la ayuda económica de emergencia, aún así, con la pesca y la agricultura comprometidas en muchas partes de la cuenca, hasta hoy.
Con la parcela estratégica del Poder Judicial dominado, el conflicto a cada año fue siendo más judicializado. El poder decisorio se concentró en las manos de un juíz federal, que actua como agente servil de la empresa criminal, actúa para defender a la empresa y manipular las familias afectadas. Hasta hoy, no hubo ninguna responsabilización penal por la muerte de las 19 personas, o inclusive por los demás crímenes. No fueron pagadas y mucho menos solucionadas las multas debidas, tanto por los daños ambientales como por la morosidad de la Fundación Renova.
La desigualdad de poderes entre afectados y empresas se profundiza a cada día. Media década y muy poco fue resuelto en la vida de los afectados. La Fundación Renova apuesta a la táctica de división del pueblo y a la dilatación de la solución.
Las personas ya no tienen tiempo para esperar una adecuada reparación integral y quedan vulnerables frente a acuerdos desiguales para poder sobrevivir en un territorio en el que la empresa domina las estructuras de decisiones por medio de un complejo esquema de cooptación de líderes y liderezas, captura corporativa de gobiernos y del propio sistema de justicia.
Las empresas montaron un poderoso esquema de dominación que privilegia los privilegiados y penaliza las personas que fueron afectadas por el crimen de Samarco.
Los crímenes en Brumadinho, Mariana, Congonhas, Ouro Preto, Macacos y tantos otros territorios, nos muestra que los rompimientos de represa no son una fatalidad, una casualidad; son intrínsecos al modelo perverso de explotación de minerales en Brasil.
A pesar de toda la injusticia, afectados y afectadas de toda la cuenca resisten y reafirman el compromiso de seguir luchando hasta la resolución de todos los problemas que Samarco, la Fundación Renova, Vale, BHP Billiton y sus accionistas causaron y vienen causando al pueblo de esa región.
Somos las víctimas de un crimen bárbaro que está lejos de una justa solución, pero somos también un pueblo en lucha dispuesto a batallar y colocar la vida por encima del lucro. No conseguirán callar el poder del pueblo afectado. De cabeza erguida seguiremos organizándonos y mobilizándonos un año más, para denunciar la violencia de las grandes corporaciones, la impunidad, la complicidad de los gobiernos, de los falsos profetas y representantes de turno.
Anunciamos aquí, como afectados y afectadas de la cuenca del Río Doce y del litoral de Capixaba, que seguiremos en marcha, en lucha, por varias décadas más. Hasta que nuestra región deje de sufrir por la “maldición de la abundancia” de agua, minerales, tierra y petróleo. Hasta que nuestras riquezas sean compartidas entre nosotros como pueblo brasileño, para que ninguna niña o niño nuestro despierte sin saber si tendrá comida o educación, hasta que seamos una patria soberana, independiente y de control popular capaz de garantizar todos los derechos y reparaciones plenas para todos y todas.
¡Agua y energía con soberanía, distribución de la riqueza y control popular!
Traducción: Ciro Casique Silva
Recordamos a las mujeres defensoras de los territorios latinoamericanos
La Sandía Digital está con Homenaje A Bety Cariño
???? Hoy recordamos a las mujeres defensoras de los territorios latinoamericanas que nos han arrebatado en los últimos años. Su lucha sigue guiando nuestro camino hacia un mundo libre de violencia extractivista y de impunidad.
DíaDeMuertos2020
Carta abierta a los mecanismos internacionales de DDHH:
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras y la comunidad de Río Blanco no deben ser excluidos de procesos judiciales de los cuales somos víctimas.
Estimadas y estimados miembros de los mecanismos internacionales de DDHH.
Los pueblos indígenas en Honduras llevamos siglos luchando por la sobrevivencia en contra de la colonización y en la defensa de nuestros bienes naturales, derechos y cosmovisiones. Sin embargo, a 528 años de resistencia se sigue atropellando nuestra existencia. Ni siquiera el derecho básico a ser reconocidos como sujetos de derechos se respeta.
El Estado de Honduras niega la condición de víctima y parte en procesos judiciales a nuestra organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y al Consejo Indígena Lenca de Río Blanco. En una práctica continuada de colonización y desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas.
En el año 2014, el COPINH y la comunidad de Río Blanco, liderados por la Coordinadora General Berta Cáceres, interpusimos denuncias formales[1] en contra de 51 proyectos inconsultos e ilegales sobre el territorio del pueblo Lenca. Entre estos se encuentra el proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, de la familia Atala Zablah, que pretendía explotar el sagrado río Gualcarque de la comunidad Lenca.
Debido a la instalación inconsulta e ilegal del proyecto Agua Zarca, fueron cometidas graves violaciones de derechos humanos[2] contra la comunidad Lenca de Río Blanco, y debido a su oposición a dicho proyecto, fueron muertas 6 personas[3], entre ellas nuestra compañera Berta Cáceres[4].
Tres años después del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), junto a la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO) presentaron el caso Fraude Sobre el Gualcarque[5], imputando a 16 funcionarios públicos por graves delitos de corrupción en beneficio de la familia Atala Zablah, a través de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), para la obtención de contratos y permisos por parte del Estado para el desarrollo de dicho proyecto hidroeléctrico. El COPINH en representación de la comunidad de Río Blanco participó de las primeras etapas del proceso judicial de Fraude Sobre Gualcarque, sin embargo, a raíz de una petición de los imputados, la Corte de Apelaciones Nacional en Materia de Corrupción, decidió en fecha 28 de agosto de 2019 excluir a la organización del pueblo Lenca de dicho proceso[6], a pesar que la organización y la comunidad, las víctimas directas de los hechos de fraude y corrupción, incluyendo la inobservancia de los derechos de las comunidades indígenas.
Ante esta decisión, el equipo legal del COPINH, interpuso un recurso de reposición, lo cual fue declarado sin lugar en fecha 4 de septiembre de 2019.
Posterior a esta negativa se interpuso un recurso de amparo para la protección constitucional de los derechos de acceso a la justicia, debido proceso, respeto y garantías fundamentales de los pueblos indígenas en fecha de 4 de octubre de 2019 ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El recurso de amparo fue admitido para su trámite por la Sala Constitucional, en fecha 23 de enero de 2020. Sin embargo, no se decretó una suspensión del proceso judicial[7] del caso de Fraude mientras se resolvía dicho amparo. Esto implica que seguiría el avance del caso sin la participación y la voz del COPINH y la comunidad Lenca.
Así es que en fecha 28 de septiembre del presente año[8] se iniciaron las audiencias del juicio oral y público del caso Fraude Sobre el Gualcarque sin resolución del amparo, negando de hecho el acceso a la justicia y a la verdad para el COPINH y a la comunidad Lenca.
Cabe notar que las audiencias de este proceso carecen de publicidad debido a las restricciones por la crisis sanitaria por la COVID 19. El Poder Judicial debe asegurar su publicidad a través de transmisiones por medios virtuales para que las víctimas y la sociedad hondureña puedan ejercer la auditoría que demanda un juicio público.
El Estado de Honduras debe respetar y garantizar los derechos de las comunidades lencas y la organización del COPINH del acceso a la justicia y a la verdad. El poder judicial de Honduras debe garantizar el debido proceso, asegurando en todo momento el derecho a las víctimas y familiares a participar de forma activa en un proceso judicial que les reconoce como tales, así como el derecho fundamental de las comunidades indígenas lencas como sujetas de derecho.
Organizaciones internacionales[9][10] han llamado al Estado de Honduras a que rectifique su accionar frente a las víctimas del caso Fraude Sobre el Gualcarque. Llamamos a la comunidad internacional para que ejerza sus buenos oficios e inste al Estado de Honduras a que se respeten los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, garantizadas por los estándares internacionales.
#JusticiaParaBerta #JusticiaParaLosPueblos
Bertha Zúniga – Coordinadora General. COPINH
María Santos Domínguez – Consejo Indígena Lenca de Río Blanco.
[2] https://www.refworld.org.es/pdfid/5ba3c6fd4.pdf
[3] https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/mc112-16-es.pdf
[4] https://copinh.org/2016/03/comunicado-de-ayer-del-copinh-berta-caceres-vive/
[6] https://copinh.org/2019/08/corte-rechaza-al-copinh-como-victima/
[7] https://twitter.com/COPINHHONDURAS/status/1316500896147279875?s=20
[8] https://twitter.com/MP_Honduras/status/1312134133859016704?s=20
Defender a quien nos defiende
Bertha Zúñiga Cáceres y Miguel Urbán Crespo
La lucha contra el cambio climático empieza defendiendo a quienes luchan por los bienes comunes y de la naturaleza.
Foto cortesía del Premio Ambiental Goldman
En ocasión de la nominación de Berta Cáceres y los presos políticos de Guapinol para el Premio Sakharov del Parlamento Europeo.
Honduras es uno de los países más desiguales de América Latina y el Caribe, con una elevada exposición al cambio climático que afecta, sobre todo, a la población más vulnerable. De hecho, el cambio climático es la tercera causa de emigración del país, después del hambre y de la violencia. Además, en los últimos años hemos podido ver cómo el país se ha transformado en el laboratorio neoliberal de Centroamérica, constituyendo un Estado socialmente fallido y un gobierno corrupto que ha dado carta blanca a las grandes corporaciones y al narcotráfico.
Se trata de un modelo que ha profundizado en el neoliberalismo por la vía del capital extractivo transnacional en alianza con el capital nacional y que se basa en la mercantilización del territorio, la liberalización de los recursos naturales y la destrucción del tejido social y comunitario que se oponga a ello. Todo acompañado de marcos jurídicos e institucionales al servicio de los intereses privados y que ha generado un cóctel explosivo que ha convertido Honduras en uno de los países más peligrosos para las y los defensores de derechos humanos y el medio ambiente.
Los pueblos originarios y las organizaciones sociales siguen resistiendo a proyectos extractivistas que agotan los recursos naturales de sus territorios ancestrales y, en el caso de Honduras, hemos podido asistir con preocupación a cómo el Estado y los poderes económicos han construido un aparato de hostigamiento y de persecución social que actúa en la impunidad. Las constantes agresiones, desapariciones y asesinatos a periodistas, comunicadores sociales, defensores de derechos humanos, líderes y lideresas comunitarias (algunos con medidas cautelares) ocurridas en los últimos años constatan un sistema social fracturado donde las caravanas migrantes se han convertido en otra expresión de la denuncia y protesta social. Una expresión que es sólo la punta del iceberg de un sistema social injusto y un modelo económico desigual. A pesar de la fuerte presencia policial y militar, y del propio COVID-19, una nueva caravana de migrantes hondureños salió el primero de octubre desde San Pedro Sula, llevando consigo al menos tres mil voces de hondureños y hondureñas exigiendo dignidad.
Casos como el asesinato de Berta Cacéres y el encarcelamiento de los líderes comunitarios en defensa del Río Guapinol no son aislados: en Honduras, solo en 2019 se han registrado por lo menos 1115 ataques en contra de 449 defensoras y defensores de los derechos humanos. Previsiblemente, el hostigamiento y persecución continuará. De hecho, el año pasado fueron otorgadas no menos de 137 concesiones mineras y de producción de hidrocarburo en territorios indígenas, bajo la complacencia gubernamental, que desde el golpe militar de 2009 ha aprobado paquetes legislativos para legalizar el extractivismo, la aprobación de una nueva ley de minería y la concesión de amplias zonas territoriales para la exploración y explotación, la construcción de represas y la aprobación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), convirtiéndose estas zonas en la máxima expresión de esta distopía neoliberal. La primera ZEDE se ha ubicado en Crawfish Rock, Islas de la Bahía, epicentro de la industria turística, desplazando a comunidades garífunas afrodescendientes de la zona norte del país.
Y es que el clima de impunidad frente a estos hechos es tal que uno de los treinta y dos líderes comunitarios criminalizados por defender el Río Guapinol, Joaquín Morazán, fue asesinado justo dos días después que el Parlamento Europeo eligiese a Berta Cáceres y los defensores de Guapinol como finalistas al premio Shakarov. Con el asesinato de Joaquín, ya son dos defensores del Guapinol asesinados en menos de dos años, mientras otros ocho continúan presos, otros cinco judicialmente son perseguidos y la comunidad Guapinol es asediada. Estos líderes comunitarios han sido categorizados entre los criminales más peligrosos del país cuando el gobierno de Honduras concedió a la empresa Inversiones los Pinares la licencia para construir una mina de óxido de hierro en el Parque Nacional Montaña de Botaderos.
El crimen imputado se remonta a agosto de 2018, cuando las comunidades afectadas habían levantado el campamento «Por el Agua y la Vida» en señal de protesta en una de las vías de acceso a la mina. El campamento fue desalojado violentamente por las fuerzas de seguridad hondureña y los líderes comunitarios han sido criminalizados y encarcelados por representar la resistencia de la comunidad y la lucha para evitar que expropien sus territorios y contaminen el río Guapinol.
Berta Cáceres, lideresa Lenca, ambientalista, feminista, anticapitalista, coordinadora cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fue criminalizada, amenazada y finalmente asesinada en 2016. Todo esto se enmarca en un contexto donde las amenazas al COPINH y a la comunidad Río Blanco, donde se localizaría el proyecto hidroeléctrico contra el que Berta luchó, también continúan a día de hoy. Nuevamente, la militarización y represión se repiten como herramientas de control social para favorecer los intereses del capital privado.
Ni la comunidad internacional ni el Parlamento Europeo pueden seguir haciendo oídos sordos a lo que pasa en Honduras, país convertido en un laboratorio neoliberal y un infierno para los defensores de los bienes comunes y de la naturaleza. Por eso mismo, la Izquierda en el Parlamento Europeo (GUE/NGL) seguirá promoviendo a Berta Cáceres y los defensores de Guapinol como finalistas para el Premio Sakharov. Este premio es un reconocimiento a las personas y organizaciones que luchan para defender los derechos fundamentales y los procesos organizativos comunitarios para defender el territorio, no solo en Honduras sino en el conjunto de América Latina.
Hay que señalar que el Estado hondureño tiene toda la responsabilidad sobre esta situación y no podemos menos que exigir justicia para Joaquín, Berta, los presos políticos de Guapinol. Nuestras vidas y las vidas de quienes defienden nuestros recursos valen más que los beneficios de las empresas mineras. ¿Qué tipo de sistema es aquel que alienta esa injusticia y represión? ¿Quiénes son los verdaderos criminales? Es inaceptable que en pleno 2020 las comunidades continúen siendo hostigadas por el Estado y las empresas extractivas por defender algo tan básico como el derecho humano al agua. Aunque suene muy básico, es momento de reafirmar aquello de asumir siempre y como nuestras las injusticias acaecidas en cualquier lugar, a cualquier orilla del océano.
El Parlamento Europeo ha declarado la emergencia climática mundial que acelera un proceso de desastre ambiental reconociéndola como la mayor amenaza a la que se está enfrentando la humanidad. El COPINH y las comunidades de Guapinol llevan mucho tiempo –mucho antes de que el Parlamento Europeo reconociera la emergencia climática– advirtiendo que no hay un «planeta B» y que hace falta cambiar el modelo económico si de verdad queremos proteger la tierra y los recursos naturales. Berta lo resumía de manera contundente: «¡Despertemos humanidad, ya no hay tiempo!».
Defender la tierra es luchar contra las políticas extractivas que el capitalismo internacional ha impuesto en Centroamérica. Hoy más que nunca, entonces, es importante reconocer y defender a quienes se oponen a este modelo. Un modelo socialmente agotado, económicamente injusto y medioambientalmente voraz, ante el que defender a quienes luchan por justicia ambiental constituye un deber. Con esta candidatura decimos que Berta vive y Guapinol resiste.
Miguel Urbán Crespo. Eurodiputado, militante de Anticapitalistas y cofundador de PODEMOS.
Bertha Zúñiga Cáceres. Ambientalista, feminista y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Asesinan líder ambientalista que estuvo procesado por defender el río Guapinol
Por: Redacción CRITERIO.HN
redaccion@criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras.- Anoche fue asesinado en su propia casa el pastor evangélico Arnold Joaquín Morazán Erazo, un líder ambientalista que había sido procesado judicialmente por la empresa Los Pinares desde el año 2019.
La acusación contra Morazán Erazo fue por defender el Río Guapinol, ubicado en la comunidad del mismo nombre y perteneciente al municipio de Tocoa, departamento de Colón, zona norte de Honduras, en un contexto de criminalización por la empresa minera Los Pinares propiedad del empresario Lenir Pérez y de su esposa Ana Facussé.
La conflictividad por la empresa minera ha causado que se genere una violencia singular en la región y sin que el Estado intervenga en favor de la comunidad. No obstante, el Estado de Honduras sí interviene a través del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad en el sentido de encarcelar a los defensores del ambiente y proceder a desalojos violentos.
Morazán Erazo es el segundo de los acusados en ser asesinado. El primero en caer en Guapinol fue Roberto Argueta, caso que aún no se esclarece.
Hay que recordar que el sistema de justicia de Honduras revocó el sobreseimiento definitivo que se había otorgado en beneficio de cinco defensores ambientales y se ordenó el formal procesamiento en contra de ellos; además, hay ocho defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace un año, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
El defensor de derechos humanos Pedro Landa dijo este miércoles a Criterio.hn que lamenta el asesinato y envió sus condolencias a la familia de Arnold y al comité de defensa de los bienes comunes de la comunidad de Guapinol, pues este asesinato viene a enlutar y llenar de sangre una vez más una lucha digna y justa por los bienes naturales y, por supuesto, por la defensa a la vida.
“Este asesinato se da en el contexto en el que está en revisión del Poder Judicial las medidas que se les han otorgado de manera injusta a los defensoras y defensores del río Guapinol con el recurso de amparo presentado hace dos días por la parte defensora. También se da en el contexto internacional, cuando se dio un premio de parte del Parlamento Europeo en donde se reconoció a estos defensores de derechos humanos como héroes por la libertad de conciencia”, aseguró Landa.
Mientras en Europa se premia a la memoria de Berta Cáceres junto a los ambientalistas de Guapinol; en Honduras se les encarcela y se les asesina
La nominación de la ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores (asesinada el 3 de marzo de 2016) resultó finalista al premio del Parlamento Europeo, Sájarov 2020, que es otorgado a aquellos que en su vida se han dedicado a promover la libertad de conciencia, en medio de las adversidades subyacentes y las amenazas constantes a su integridad física.
Junto a Berta Cáceres también se resaltó a los defensores del río Guapinol, criminalizados y algunos encarcelados por ese fin. Los ganadores serán conocidos el próximo 22 de octubre.
El Premio Sájarov para la Libertad de Conciencia, bautizado así en honor del científico y disidente soviético Andréi Sájarov, fue establecido en 1988 por el Parlamento Europeo como un medio para homenajear a personas u organizaciones que han dedicado sus vidas o acciones a la defensa de los derechos humanos y las libertades.
En el caso de la nominación a Berta Cáceres y los ambientalistas de Guapinol, el diputado del parlamento europeo, Miguel Urbán Crespo, fue quien solicitó a los eurodiputados acompañar la nominación de los hondureños, haciendo conciencia sobre la criminalización y ambiente de hostilidad que atraviesan en su propio país por causas justas. Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016.
Informe Guapinol Resiste
El informe internacional Guapinol Resiste en el que participaron expertos de universidades de EE. UU, Canadá e Inglaterra revela que el origen del conflicto es el otorgamiento de licencias de manera ilegal a la empresa Inversiones Los Pinares (ILP), y, dicho documento, es suficiente para que el Ministerio Público atienda las denuncias que hace muchos años ha presentado la comunidad de Guapinol y que no han dado ningún resultado, dijo a Criterio.hn el doctor en derecho internacional y derechos humanos, Joaquín Mejía Rivera.
En la página 25, el informe Guapinol Resiste cita que “Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, hija del ya fallecido oligarca hondureño y empresario Miguel Facussé, son los propietarios de ILP. Lenir Pérez es un empresario vinculado anteriormente a la ejecución de contratos de construcción ilegalmente otorgados por el gobierno del presidente Hernández (Global Witness 2017)”.
¿Quién es Lenir Pérez?
A Lenir Pérez lo conocen muy bien las comunidades afectadas por la minería, pero recientemente también su nombre sonó en el mundo empresarial y político por el caso Palmerola. La filtración de una carta lo puso en apuros, ya que en ella se señalaba que el “representante legal de Palmerola International Airport (PIA), S.A. de C.V., Lenir Pérez”, le hacía un reclamo al Gobierno de Honduras de $ 51.300,000.00 adicionales a lo establecido en el contrato de la Alianza Público Privado (APP) argumentando afectaciones por la Covid-19.
El informe Guapinol Resiste destaca que en los permisos otorgados a la empresa Inversiones los Pinares hubo serias irregularidades en la emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras, además, se resaltó que hubo falta de consulta previa a las comunidades afectadas antes de emitir licencias, lo que violentó tanto las regulaciones municipales como las normas internacionales.
Para el Dr. Mejía Rivera, el Ministerio Público en lugar proteger a la población de estas comunidades, está atendiendo prontamente todas las denuncias de la empresa Inversiones los Pinares que están basadas en mentiras lo que ha provocado que ocho personas se encuentren en prisión y que otras cinco estén siendo perseguidas.
“Este informe también es bastante claro para que la comunidad internacional, y particularmente algunos organismos financieros internacionales dejen de financiar al Estado de Honduras en temas como este. Porque lo hacen de manera ilegal”, dice el Dr Mejía Rivera.
En el texto se hacen 20 recomendaciones que instan principalmente al Estado hondureño y a la comunidad internacional a tomar medidas para fortalecer la institucionalidad democrática y la protección de derechos humanos en Honduras.
Industrias internacionales operan en Guapinol de forma ilegal
Según el informe Guapinol Resiste, estas industrias han establecido sus operaciones sin consultar adecuadamente con las poblaciones locales y sus proyectos han generado conflictos y graves violaciones de derechos humanos en un entorno de impunidad.
Se establece también que los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, con la aprobación tácita de la comunidad internacional, han apoyado activamente a los gobiernos posteriores al golpe como medio para asegurar y proteger sus propios intereses.
Detalla el informe que, en la ciudad de Tocoa, el estado hondureño ha confrontado a las comunidades organizadas contra la empresa Inversiones los Pinares con prácticas sistemáticas de criminalización, persecución y agresión física contra los habitantes que buscan defender el territorio donde habitan y sus fuentes hídricas.
Las víctimas y los testigos entrevistados por los investigadores reconocieron a los cuerpos militares, policías y grupos armados locales, empleados como guardias de seguridad por la empresa, como los principales responsables de estas acciones.
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