En Río Grande do Sul, el gobernador derogó un decreto que instituía políticas fundamentales para el desarrollo de las poblaciones que padecen las severas consecuencias de los emprendimientos hidroeléctricos.
12 noviembre, 2019
Por Sergio Alvez * | El gobierno estadual de Río Grande do Sul, encabezado por el gobernador Eduardo Leite (PSDB), derogó el pasado 4 de noviembre, el Decreto 51.595/14, que instituía la Política de Desarrollo de las Regiones Afectadas por Emprendimientos Hidroeléctricos (PDRAEH) y la Política Estadual de Afectados por Emprendimientos Hidroeléctricos (PEAEH).
La Comisión Nacional del Agua posibilita dar concesiones a discreción por internet para explotar el agua de ríos, manantiales y pozos. Desde 2018, cuando Peña Nieto levantó la veda a 10 cuencas, se han otorgado casi mil concesiones sin informar a las comunidades locales
En el Día Mundial contra las Represas y por los Ríos, hoy arranca una serie de actividades para denunciar la contaminación de represas, pasteras, countries y el agronegocio.
Represas, pasteras, barrios cerrados, agronegocio y sus tóxicos. Son algunas de las amenazas que sufren los ríos y humedales de Argentina. En el marco del Día Mundial contra las Represas y por los Ríos, hoy se inicia una serie de actividades en defensa de los ríos Paraná y Uruguay. Cientos de personas remarán desde Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe para confluir en mayo en Buenos Aires. “Los ríos y los humedales no son basureros, son dadores y portadores de vida, nuestra salud depende de ellos”, recordaron las más de cien organizaciones convocantes.
“Denunciamos la grave contaminación con agrotóxicos, plásticos, metales pesados y demás residuos peligrosos provenientes del vertido de actividades industriales, como asimismo la contaminación por vertido de efluentes cloacales crudos”, denuncia el comunicado que convoca a la “remada por los ríos”, actividad que comienza hoy en Misiones (Iguazú) y Entre Ríos (Concordia), con decenas de embarcaciones que, en un trabajo de postas, navegará durante dos meses hasta Tigre, donde confluirá en un gran festival.
Serán más de 40 postas en cinco provincias, en las que se sumarán más remadores y embarcaciones, y donde habrá jornadas de concientización, charlas abiertas y exposición de problemáticas locales. El Dorado, San Ignacio y Posadas son algunas de las ciudades de Misiones donde habrá actividades.
La provincia tiene largo historial del padecer represas. Desde Yacyretá, bautizado como “monumento a la corrupción”, hasta el sufrir de los miles de reubicados, que de ser pescadores y campesinos pasaron a ocupar barrios empobrecidos en grandes ciudades. Además de efectos sociales, las represas son cuestionadas desde hace medio siglo por sus consecuencias sanitarias y ambientales, muy lejos de ser “energía limpia”, como se publicitan.
“Exigimos la prohibición de construcción de represas en los ríos Paraná y Uruguay, como así también, de cualquier otro megaemprendimiento inmobiliario y/o construcción de industrias que amenacen la calidad de sus aguas y el equilibrio de los ecosistemas”, señala el segundo punto de la convocatoria de hoy, que llama a “salvaguardar y restaurar el carácter especial de los ríos y humedales, sus valor social, cultural, ecológico, escénico y turístico”.
Entre Ríos, en la década del 90, frenó la construcción la llamada “represa del Paraná Medio”, que pretendía realizar un gran dique a la altura de la ciudad de Santa Fe y Paraná. El proyecto fue reflotado en los últimos.
La ONG Cauce (Cultura Ambiental Causa Ecologista) recordó la gravedad de otro megaproyecto: la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), que se extiende por 3400 kilómetros, desde Bolivia, pasando por Paraguay y Brasil, hasta Argentina. “Una hidrovía es una ‘autopista’ en el río. Pretenden realizar dragados para lograr mayor profundidad hasta rectificación de las curvas y remoción de formaciones rocosas. De realizarse, tendrá consecuencias irreversibles en el sistema de humedales y en las comunidades que viven a lo largo del mismo”, alertaron desde Cauce, que forma parte del colectivo de organizaciones Humedales sin Fronteras.
Gabriela Ferrer, del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) de Santa Fe explicó que la remada por los ríos surgió de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) Litoral, pero remarcó que sólo es posible por la enorme cantidad de organizaciones sociales y escuelas de kayak que trabajaron en conjunto. Explicó que todas actividades figuran en la página de Facebook “remada por los ríos”. También recordó la contaminación con agrotóxicos. Un estudio de 2017 del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata detectó plaguicidas en toda la cuenca del río Paraná: glifosato, endosulfán, clorpirifos y cipermetrina, entre otros. “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”, graficó Damián Marino, coordinador de la investigación.
Un punto fundamental que exigen es la “inmediata aprobación” de la ley de humedales. El macrismo había prometido aprobarla pero, luego de dos años en el Congreso y con media sanción, perdió estado parlamentario. Legislar la protección de humedales pone en foco a las actividades extractivas que atentan contra ellos: agronegocio, minería de litio (las salinas son humedales) y grandes emprendimientos inmobiliarios.
Paradas que se esperan masivas de la remada por los ríos son Campana, Escobar, Pilar y Tigre. Todos lugares asediados por countries. Diego Domínguez, de la cooperativa Isla Esperanza de Tigre e investigador del Conicet, afirmó que continúa el avance de las grandes inmobiliarias y millonarios en la zona del Delta bonaerense. Domínguez señaló que hay más de 10.000 hectáreas que las empresas se hicieron (o pretenden) violando derechos de isleños que viven en el lugar desde hace generaciones. También apuntó al rol de los gobiernos municipales, que “facilitan el accionar de las compañías y privatizan el Delta, las costas y los ríos”.
Misiones sin represas
La población misionera rechazó en 1996 mediante votación el proyecto Corpus (hidroeléctrica entre Argentina y Paraguay). En 2011 se aprobó la Ley IV-56, que establece la obligatoriedad de llamar a votación vinculante y obligatoria ante cada nueva represa. Desde hace una década está en carpeta la represa de Garabí (entre Brasil y Argentina), que inundará 40.000 hectáreas. Pero los sucesivos gobernadores misioneros desoyeron la ley. La Mesa Provincial No a las Represas organizó una votación popular en 2014. Participaron 120.000 misioneros y el 96 por ciento dijo no a las hidroeléctricas. Desde hace dos años la población de El Dorado (Misiones) se encuentra movilizada por la intención del Gobierno y una empresa china de represar los arroyos Piray Guazú y Piray Mini.
Los intereses políticos y económicos detrás de la construcción de generadores eólicos de energía son grandes, y sus acciones, ilegales, pero los pueblos se hacen fuertes para defender a sus territorios ancestrales del despojo.
Entre los comuneros que se oponen a la construcción del parque eólico en San Dionisio del Mar, “hay voluntad de luchar”, pese a que los enfrentamientos por el operativo policiaco estatal lanzado para romper su bloqueo los tiene con “nerviosismo” y “sentimientos encontrados”, relata Carlos Beas, de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
La primera semana de febrero, la solidaridad entre pescadores, campesinos y pobladores binnizá, ikoot y mestizos logró impedir el paso de más de 400 elementos de la policía estatal, que pretendían “ensangrentar al pueblo indígena de Álvaro Obregón, apoderarse de su campamento y custodiar a la empresa española Mareña Renovables que con golpes, sangre, violencia y amenazas pretenden despojar a los indígenas de sus territorios y lagunas de donde obtienen sus alimentos”, señala en un comunicado la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa del Territorio.
En estos momentos hay un amparo vigente que impide la construcción de la obra, además de que los pobladores tienen instalado un plantón para impedir el acceso de la empresa a sus tierras. El 31 de enero, Mareña Renovables amenazó públicamente con llevarse la inversión si no se le otorgaban garantías jurídicas para establecerse en San Dionisio del Mar, y dijo que se quedaría “si se aplicaba la ley”. Esa misma noche, el operativo policiaco sin orden judicial pretendió romper la resistencia de los pobladores, a quienes la empresa y el gobierno insisten en tachar de “grupo minoritario”.
Los enfrentamientos se sucedieron hasta el 2 de febrero. Los ikoot y binnizá denunciaron golpes, detenciones, maltratos e insultos por parte de la Policía Estatal, que arremetió lo mismo contra hombres que contra mujeres y niños. Los elementos policiacos se retiraron de Álvaro Obregón el 3 de febrero, y si intentan regresar ellos o los empleados de la empresa, “no se les permitirá el paso de ninguna manera”, puntualiza Beas, que informa que el plantón sigue en pie. Mareña Renovables contra los pueblos
En diez años de operaciones, las empresas eólicas construyeron en el Istmo, zona de fuertes vientos, 11 centrales generadoras de energía. Los pobladores de las tierras en las que se asentaron las siete empresas que gestionan los parques eólicos resienten el ruido y las afectaciones ambientales que ha traído esta industria.
Los comuneros ikoots y binnizá se oponen a que Mareña Renovables construya un parque eólico en sus territorios, que consideran sagrados y de donde obtienen sustento.
El proyecto de parque eólico de San Dionisio del Mar, sin haber pasado por el proceso de consulta previa libre e informada, pretende basarse en un contrato firmado en el 2004, con menos del 20 por ciento de asistentes a la asamblea de comuneros. Los dos estudios de impacto ambiental aprobados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), denuncian los opositores, falsean información sobre los impactos en el frágil ecosistema.
Los pobladores cuentan con un amparo vigente que ordena la suspensión de la construcción del parque por las violaciones al derecho de consulta a los pueblos afectados por parte de instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat, acusada de la misma omisión en la concesión de impacto ambiental para la construcción del Acueducto Independencia en territorio yaqui, en el norte del país), la Secretaría de Energía y el Consejo Regulador de Energía. “Cualquier entrada de la empresa y cualquier custodia que le haga el gobierno es una violación a esta disposición”, señala Beas.
El gobierno estatal y la empresa se han valido también del presidente municipal priísta, Miguel López Castellanos, desconocido por la población, y de golpeadores y sicarios para amedrentar a los pobladores. “Varios activistas tuvimos que salir de la región, y tenemos preocupación porque son sicarios conocidos los que están tras las amenazas”, apunta Carlos Beas.
Detrás de la represión y el hostigamiento contra los pobladores “hay un agrupamiento entre Francisco López García y Elías Cortés, diputados priístas, caciques del mismo partido, la empresa y funcionarios del estado de Oaxaca”, acusa Carlos Beas, aunque el principal instigador es Jonathan Davies, presidente del consejo de Mareña Renovables, precisa.
“El gobierno es parte del problema, ya perdió su papel de mediador”, señala Beas, y agrega que parte de los grupos de choque que se crearon con personas ligadas a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y al Partido de los Trabajadores. Además, “el gobierno ha utilizado a la policía como grupo de choque, como guardias blancas, para reprimir a la gente que está inconforme”, acusa el opositor. Por las amenazas anteriores y los sucesos del 31 de enero, 1 y 2 de febrero, los activistas solicitaron medidas cautelares para algunos de los amenazados, y Amnistía Internacional emitió una acción urgente llamando a resguardar la integridad física de los pobladores y activistas, a investigar las amenazas y a garantizar el proceso de consentimiento libre e informado de los pueblos. La solidaridad
Después del violento operativo policiaco, Mareña Renovables dijo que estaba dispuesta a “negociar” con los pobladores si éstos deponían su “actitud violenta”. Beas precisa que “la violencia ha partido siempre de ellos, pero con estas declaraciones quieren rectificar el impacto que hubo en la opinión pública por los ataques tan violentos contra la población de Álvaro Obregón”. El integrante de la Ucizoni señala que no se ve una voluntad del gobierno o de la empresa para crear condiciones de distensión. Sin embargo, los pueblos siguen adelante con su proceso de organización, indica Beas. “Aunque hay nerviosismo por las agresiones, hay un ambiente también de fiesta porque lograron expulsar a la policía y un gran espíritu de solidaridad entre las poblaciones afectadas por este proyecto”, agrega.
Las organizaciones locales llamaron a la realización de una caravana de solidaridad el 17 de febrero, cuya intención es “mantener el ánimo de las comunidades y llevar alimentos, porque las guardias que se hacen son prolongadas”, señala el luchador social. “La movilización sigue, siguen reuniones, acciones legales y haremos denuncias dentro y fuera del país”, indica Carlos. Aunque están conscientes de que hay poderosos intereses detrás del proyecto y que no será fácil, sigue el proceso de defensa. En los pueblos, finaliza Beas, “hay voluntad de seguir la lucha”. Comunicado de la Asamblea de Pueblos del Istmo ante la represión: No nos robarán la rabia ni el viento Fuente: http://desinformemonos.org/2013/02/marena-renovables-juego-sucio/
Delegaciones de comunidades campesinas e indígenas de Mesoamérica que enfrentan represas, líneas de transmisión, minerías, turismo de enclave y otros proyectos que afectan negativamente su vida y la naturaleza, realizarán el VI Foro regional en las comunidades del río Pacuare en setiembre del 2011.
La visión comercial para la explotación energética del agua en Mesoamérica, proyecta la construcción de hasta 406 represas, que producirían alrededor de 16.000 megavatios (Inventario de Infraestructura Mesoamericano, Conservation Strategy Fund, citado por León y Bonilla. 2008). Semejante propuesta es el más claro indicador de una visión mercantiliza de la vida que no respeta consideraciones de orden cultural, derechos de los pueblos, economías locales, ni los ecosistemas en cada una de las cuencas que serían destruidas e impactadas de manera irrecuperable. Queda claro que bajo esta noción de progreso, es imposible acercarse a la aspiración de la Comisión mundial de represas, en el sentido de que “…el “fin” que debe alcanzar cualquier proyecto de desarrollo es el mejorar de un modo sustentable el bienestar humano, es decir, producir un avance significativo en el desarrollo humano, sobre una base que sea viable económicamente, equitativa socialmente y ambientalmente sustentable” (Informe CRM. 2001).
En todo el mundo los proyectos hidroeléctricos son presentados como obras especializadas, pensadas, diseñas y construidas por grupos selectos de expertos, técnicos y científicos ajenos a las comunidades impactadas negativamente y hasta desaparecidas. Cada proyecto hidroeléctrico, PH, es asociado con “desarrollo” y se hace creer que es indispensable para el “progreso” del país y las comunidades en las que se construirá. Con este argumento muchas veces se logra ocultar los intereses empresariales detrás de las hidroeléctricas. Aun en proyectos estatales se ven favorecidos intereses corporativos pues muchos de los contratos para estudios previos, estudios de impacto ambiental, construcción, operación y distribución de electricidad, son adjudicados a empresas privadas locales o extranjeras. No menos cuestionable es la corrupción, tráfico de influencias y dudosos arreglos políticos para favorecer a empresarios ligados a los gobiernos.
Otra característica común de los PHs es que a las comunidades se les oculta la información que les daría la oportunidad real de saber qué es lo que se hará. La desinformación crea un estado de indefensión y siempre es la primera acción deliberada para que las comunidades no puedan ejercer una participación social efectiva frente a las hidroeléctricas, líneas de transmisión y otras obras asociadas. Es evidente que sin información no puede haber diálogo y mucho menos negociación sobre cualquier asunto de interés para las comunidades impactadas. Esto genera la línea de base para la manipulación y la exclusión, o para una participación funcional y controlada por los proyectistas.
Esa relación autoritaria se refuerza con el poderío económico que se despliega para una represa, y que posibilita desde la construcción de las obras como tapa del embalse, túnel, cada de máquinas, entre otras, hasta la “compra por necesidad” de las comunidades con caminos y pequeñas obras y arreglos de infraestructura, regalos de sacos de cemento, tarros de pintura, etc. No menos pesado para las comunidades es el cambio social generado por el aumento incontrolado del consumo local en hoteles, pequeños hospedajes y hasta casas, restaurantes, bares, la “explosión” de la prostitución, etc, durante la etapa constructiva. En todo caso, los negocios locales temporales, por más rentables que resulten para algunas personas, nunca compensan la descomposición social que la mayoría de las veces genera una hidroeléctrica, y que se prolongan indefinidamente. Los impactos negativos toman perfiles irrecuperables si se considera que el desarraigo por pérdida de terrenos, fincas, ya sea voluntariamente o por expropiaciones forzadas, convierten a familias y comunidades enteras, en poblaciones errantes y desamparadas. Otras comunidades que no necesariamente son impactas en la construcción de las represas, sufren sus impactos negativos y hasta el riesgo de desaparecer o migrar, dado que los ríos aguas debajo de una represa se convierten en focos de peligro inminentes y permanentes por los desfogues o apertura de compuertas. Los empresarios, ya sean públicos o privados, evaden su responsabilidad colocando simples rótulos que advierten sobre el peligro de crecidas “en cualquier momento”.
Si bien la electricidad es indispensable para la vida de la mayoría de las personas, el dilema es aceptar o no que todos los ríos sean represados. En este punto se contraponen 2 visiones: una es mercantilista y está basada en el crecimiento económico, el consumismo ilimitado y la acumulación de riqueza en pocas manos. La otra es una visión ética que concibe los ríos como elementos indispensables para la vida –social y natural- y promueve la planificación energética y de la hidroelectricidad en particular, sobre criterios técnicos, de responsabilidad y ética. En ese marco muchas comunidades impactadas negativamente por las represas están intentando tomar parte de la definición de cuál es el modelo energético que requerimos y podemos implementar; y dentro de este modelo, cuáles ríos pueden ser represados y cuáles no.
En muchos países la acción de las comunidades ante la imposición de proyectos se está convirtiendo en un ejercicio de participación efectiva, cuyos resultados se pueden resumir en la oposición a las represas en el río Pacuare. Según Martín Granados, un campesino de San Joaquín de Tuis, defensor del Pacuare “la represa sigue detenida gracias a que las comunidades no nos dejamos apabullar por el ICE –Instituto costarricense de electricidad- y los gobiernos. Si no nos hubiéramos plantado ya hubieran hecho lo que quieren, y mal hecho como lo estaban haciendo, abriendo trochas en las montañas a la par del río y metiéndose adonde fuera sin permisos y tratando de engañar a todo el mundo y en especial a los indígenas, que son la gente que más ocupan que les digan que sí”.
A las represas se suman las líneas de transmisión cuyos impactos también pueden ser letales para las comunidades y los ecosistemas. En todos los casos de PHs las líneas de transmisión locales, nacionales y regionales, tienen impactos ecológicos y sociales cuya magnitud llega a ser incluso igual de perniciosa a la construcción misma de los PHs. El mercado eléctrico centroamericano requiere la instalación de al menos 1.790 kilómetros de líneas de transmisión (http://www.eprsiepac.com/ruta_siepac_transmision_costa_rica.htm) y esto ha generado también un nuevo foco de tensión entre los proyectistas y las comunidades, pues ya muchas poblaciones se han enterados de los daños a la naturaleza y la salud humana, como aceleración de varios tipos de cáncer, que generan las líneas de alta tensión. Esto sucede mientras las autoridades gubernamentales, como el caso de Costa Rica, siguen sin atender los argumentos de las comunidades, como es el caso del cantón de Dota, basados en los argumentos científicos más actualizados.
En todos los países los PHs y sus líneas de alta tensión siguen generando conflictos sociales por la carencias de consultas, violaciones de derechos y, en última instancia, la imposición, con costos incluso de vidas humanas, pues muchas personas defensoras de los ríos y la naturaleza, ha sido asesinadas, sin que, sospechosamente, la justicia de cada país haya determinado quiénes son los responsables directos. Los casos de Bety Cariño en México y de indígenas en Colombia y Panamá, son sólo ilustraciones de la violación de derechos humanos fundamentales de información, organización, socio-culturales y finalmente de la vida misma.
Debate, organización y alternativas energéticas
Para muchas comunidades los Foros Mesoamericanos son el único espacio público sin restricciones para exponer su situación y para obtener el apoyo de organizaciones nacionales y regionales. Para garantizar que el foro sea un espacio sin mediatización, hemos propuesto que el objetivo general del mismo sea “Fortalecer los espacios de intercambio para la información, conocimiento y capacidad de gestión entre organizaciones sociales de comunidades Mesoamericanas que defienden sus ríos, sus derechos humanos, la naturaleza y la vida, ante la amenaza de represas y otros megaproyectos”.
Durante el VI Foro se facilitarán espacios para el intercambio de experiencias y aprendizajes entre comunidades que enfrentan procesos de construcción de represas en cualquier fase, se propiciará el intercambio de información y conocimiento de y entre las comunidades sobre los planes nacionales y regionales de construcción de represas y sus impactos ecológicos y sociales asociados, y se revisarán y evaluarán las oportunidades de organización que tienen las comunidades para la defensa de sus derechos. Igualmente importante en el foro será el objetivo de “Consolidar el debate regional sobre energías alternativas cuyas fuentes aseguren la protección de la naturaleza y los derechos humanos de los pueblos”. Sobre este último aspecto, es indispensable establecer que desde mucho antes de que el debate sobre posibles fuentes de energía alternativa y más o menos limpia, fuera tema de gobiernos, algunas agencias multilaterales y empresas transnacionales, ya era ampliamente discutido entre las organizaciones sociales. En general los gobiernos y las empresas energéticas, y sobre todo para las constructoras de represas, se han preocupado más por la propaganda que por las acciones concretas y sentido estricto, por establecer límites al crecimiento de la oferta y la demanda energética. Los mismos gobiernos y corporaciones que impulsan las represas, la minería, el aumento del ciclo petrolero y todo tipo de industrias extractivas, son los mismos que propician y discuten sobre las soluciones y fabrican y pagan el círculo mediático global y local sobre “desarrollo sostenible”. Entre otras creencias, científicamente comprobadas como falaces, los Phs son presentados como energía limpia y renovable, de tal forma que se siguen promoviendo sin atender sus negativos impactos sociales y ecológicos (ver entre muchas referencias Durán-Castro, Osvaldo “Represas y turismo en tres decretos contra Guanacaste”. www.ambientico.una.ac.cr, 197, febrero, 2010).
Nuevos debates y seguimiento
Durante la fase preparatoria del VI Redlar, que para PROAL-Amigos del Pacuare de Costa Rica inició desde la finalización del V Redlar-Boquete Panamá en abril del 2009, se ha perfilado un encuentro que permita abordar la amplia problemática que viven las comunidades, los impactos negativos en los ecosistemas, la urgencia de generar modelos y matrices energéticas que aseguren sustentabilidad y responsabilidad a largo plazo, las políticas, toma de decisiones, la participación de las comunidades en el contexto de la globalización y regionalización.
En síntesis, las organizaciones y comunidades participantes, tendrán la oportunidad de intercambiar sus vivencias y procesos de organización, informarse, compartir sus conocimientos y de generar propuestas, bajo los siguientes temas:
1. Derechos humanos y comunitarios ante los megaproyectos. Escenario global y visión mesoamericana. Derechos de los pueblos indígenas y legislación nacional.
2. Estrategias de participación social efectivas.
3. Megaproyectos en Mesoamérica: represas, líneas de transmisión, minería, petróleo, gas, falsas soluciones frente al cambio climático, marinas, etc.
4. Geopolítica de la naturaleza e inversiones en América Latina, acuerdos multilaterales, bilaterales y alianzas empresariales y gubernamentales.
5. Ecología de los ríos y naturaleza.
6. Modelos energéticos sustentables y revisión de demanda energética real de los pueblos.
En el Foro Mesoamericano se prestará especial cuidado al seguimiento de algunos de los mayores conflictos sociales y ecológicos generados por megaproyectos:
En México los PHs La Parota, Paso de la Reyna y la Yesca. Las Presas de abasto de agua Zapotillo y Arcediano, el campo eólico La Venta, y las luchas para resarcir a la población de El Cajón y Los Picachos.
En Guatemala los PH Xlalá, HidroXalbal, la minería a cielo abierto en San Marcos y la interminable lucha para resarcir y reinvindicar las víctimas de Chixoy.
En Honduras los megaproyectos de enclave turísticos Bahía de Tela, PH Patuca III, la Base militar Katski, la explotación petrolera de la plataforma marítima y los PHs El Tigre y Wancarque y otros en Atlántida y Valle de Sula. Las minerías Minas de oro en Comayagua y Montecillo.
El Salvador los PHs El Tigre, El Chaparral, El Cimarrón, Sensunapán II, la exploración minera en Texistepeque, Chalatenango, Cabañas y Morazán.
En Costa Rica los PH Diqués, la defensa del Pacuare y el Savegre, las líneas de alta tensión, las mimerías y todo tipos de proyectos invasores de los territorios indígenas, entre otros.
En Panamá, destrucción de la legislación de la autonomía de los pueblos, en un país con una vasta cultura originaria que incluye Gnobe, Buglere, Nasso, Emberá, Wounaan, Kuna, etc, y aún no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. Especial atención merece la situación en Bocas del Toro donde los PHs suman 15 de un total de 160 en todo el país, de los cuales 120 serían en Chiriquí. Panamá es un caso clarísimo de represión generada por PHs, pues según datos de organizaciones civiles, hasta 12 personas fueron asesinadas en junio del 2010.
En Colombia las represas Urrá 1 y 2 y la defensa de los derechos de los pueblos campesinos e indígenas, sistemáticamente desconocidos.
Un panorama global diseñado para el capital
Sin profundizar en el tema, debemos resumir que América Latina está viviendo un acelerado proceso de integración supeditada y desequilibrada en contra de las sociedades nacionales y de los pueblos en particular. Los recursos de la región como minerales, riqueza marina, biodiversidad y agua, están en la agenda de las principales empresas transnacionales y su control y apropiación están siendo facilitados a través de mecanismos como los acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multinacionales. De acuerdo con Lourdes María Regueiro Bello, se trata de consolidar la “seguridad energética” de los Estados Unidos, en el marco de un modelo en el que los gobiernos de la región aceptan ceder soberanía, desregular y abrir mercados (2008. Los TLC en la perspectiva de la acumulación estadounidense. Visiones desde el Mercosur y el ALBA. CEA-CLACSO), y, debemos agregar, construir alianzas entre grupos de poder locales con mega-empresas transnacionales, descuidando cada vez más los intereses y necesidades de los pueblos impactados negativamente por proyectos de minería, turismo de enclave, explotación comercial de la biodiversidad, y explotación del agua en todas sus formas, incluidas las represas.
En el IV Encuentro REDLAR, en Lorica, Colombia en 2008, se había concluido que “Las políticas energéticas impulsadas por los diversos gobiernos de Latinoamérica se basan en la construcción de numerosos megaproyectos hidroeléctricos que responden a una estrategia de crecimiento y “desarrollo” económico, social y político excluyente, de despojo y destrucción del patrimonio natural y de la vida en general, sin tener en cuenta los graves impactos que estos causan sobre la vida de la gente, la cultura y el territorio”.
Hasta ahora ese panorama no ha cambiado. La estrategia de acumulación global y regional, sigue propiciando un modelo de desarrollo excluyente y ajeno a las necesidades de las poblaciones y destructivo de la naturaleza. En ese contexto es que las comunidades de Mesoamérica participantes en el VI Redlar, buscaremos consolidar espacios de trabajo y proponer alternativas que aseguren la satisfacción de demandas tan importantes como la energía, pero nunca al costo de destruir la Tierra y de violentar los derechos de las personas.
Los pueblos indígenas del planeta venimos padeciendo despojos sistemáticos de nuestros territorios, situación que se está agudizando en el presente siglo, sin que los estados-nación y organismos financieros asuman el cumplimento de Convenios internacionales y declaratorias para frenar el saqueo territorial y los desplazamientos poblacionales. A partir del golpe de estado en Honduras, el poder legislativo ha emitido una serie de leyes dirigidas a fomentar un supuesto desarrollo, basado en la subasta territorial, sin tener en cuenta el derecho a la consulta que poseemos los pueblos indígenas en Honduras. El inconsulto Plan de Nación de la actual administración, se enfoca en un auge de los agrocombustibles; el cambio de matriz de producción energética apostando por una irracional destrucción de las cuencas hidrográficas; la entrega de franjas del territorio nacional a países o compañías extranjeras, bajo la modalidad de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED); y la implementación del Programa de Reducción de las Emisiones producidas por la Deforestación y la Degradación, conocido como REDD. La grave crisis en materia de derechos humanos, que se está dando en el Valle del Aguan como consecuencia de la palma africana y el modelo de plantación que se apoderó de esa fértil región del país, será replicado en otros confines de Honduras. El pasado mes de mayo, Toribio Aguilar, Presidente de la Comisión Especial que presentó la ley RED, anunció el inicio de una plantación de 70 mil hectáreas de palma aceitera, con capital norteamericano y un Fondo Hindu, en una supuesta región deshabitada. Hasta la fecha el manejo de la información sobre los proyectos contemplados bajo la Ley RED, ha sido manejado con secretividad por la elite de poder nacional, la que actúa conspirando contra los intereses y bienestar del pueblo, sin informar de forma fehaciente a los hondureños. A pesar de la cortina de humo con que los Diputados y el Ejecutivo han manejado la información referente a las RED, ha salido a flote en algunas declaraciones vertidas a los medios de comunicación, la inclusión de la Ciudad de Trujillo y el Río Sico, territorios que incluye a más de 20 comunidades Garífunas, las que paulatinamente serán desplazadas. Con los 47 decretos de concesiones de las cuencas hidrográficas emitidos en septiembre del año 2010 y la posterior aprobación en el mes de enero de este año, de las tres hidroeléctricas en el Río Patuca, el Congreso Nacional de Honduras entrega a familias y empresas relacionadas con la elite de poder, los ríos, siguiendo de esta forma los mandatos imperiales surgidos de la Cumbre de Energía efectuada en Washington en abril del año pasado. El proceso de sedimentación de las represas en condiciones óptimas es de un 1% al año. Apostar por las represas hidroeléctricas en un país donde la deforestación es sistemática, indica que el tiempo de vida útil no supera los 30 años, el cual es exactamente el lapso de las concesiones otorgadas. Muchos de los estudios de impacto ambiental de dichas represas, manejados por la Secretaria de Recursos Naturales (SERNA) poseen débiles referencias en cuanto al caudal ecológico, situación que generará la muerte de gran parte de los ríos de Honduras. Algunas de estas represas están recibiendo fondos de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y se encuentran ubicadas dentro de territorios de pueblos indígenas, los que nunca fueron consultados al respecto. Tal es el caso de la pretendida hidroeléctrica en la comunidad Garífuna de Masca, donde el Sr. Salomón López. Comisionado Nacional de Energía, sin haber consultado en ningún momento la comunidad, logró obtener fondos del MDL para la construcción de la represa. Las falsas soluciones al cambio climático -promovidas por Naciones Unidas y el Banco Mundial, entre otros organismos- se utilizan para fomentar despojos y desplazamientos entre los pueblos indígenas del planeta. Tanto los MLD como los REDD se han convertido en serias amenazas para los pueblos indígenas y campesinos que han cuidado de sus hábitats funcionales durante siglos. Hace algunas semanas salió a flote la información sobre la incorporación de Honduras a los REDD, programas que han generado desastres entre los pueblos desde Papua Nueva Guinea hasta el Perú. En Honduras ya están presionando a las comunidades Lencas, con el objetivo de apropiarse de su bosque. Están surgiendo vertiginosamente los denominamos piratas del carbono, individuos u Ongs inescrupulosos que sirven de intermediarios entre compañías contaminadoras y pueblos de la foresta tropical, para lucrarse de la venta de las cuotas de captura de carbono, al mismo tiempo que exigen un control sobre los territorios de los pueblos indígenas. Como ejemplo de la enorme estafa que se está gestando, se encuentra la demanda de un ciudadano australiano en contra del pueblo matses de la Amazonía peruana, ante la negativa de firmar un contrato de proyecto REDD. Al mismo tiempo que Honduras se vincula al programa REDD, existe una explosión de plantaciones de palma africana en el país, situación que aumentara el conflicto agrario, que se incremento a partir del año 1992, cuando se emitió la Ley de Modernización Agrícola. Existen en la actualidad alrededor de 200 mil hectáreas de palma africana y según versiones de la Embajada de Estados Unidos se pueden acomodar hasta 500 mil hectáreas de palma. En Honduras se están aplicando las tres R(s) del despojo: Red, REDD y Represas, con un singular beneficio para la elite dominante y una pesadilla territorial que afecta la gran mayoría de los sectores más marginados del país. La Ceiba, Atlántida, 30 de Agosto del 2011
Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) La Ceiba, Atlantida, Honduras http://www.ofraneh.org http://www.ofraneh.wordpress.com
En los últimos cincuenta años se han construido 40.000 grandes represas en el mundo. En sus inicios, estas obras tenían poca o ninguna oposición puesto que los objetivos planteados (dotar de energía eléctrica, prevenir inundaciones y aprovisionamiento de agua) aparecían como plausibles y legítimos. Sin embargo, desde la década de los setenta se comienza a evidenciar las graves consecuencias ecológicas, sociales y económicas que ocasionan estas construcciones.
Millones de viviendas quedaron bajo el agua de los reservorios y millones de personas perdieron sus tierras, bosques y otros recursos esenciales para su subsistencia. Muchos fueron reubicados, pero otros se vieron obligados a emigrar a las grandes ciudades, donde se agudizaron los problemas de pobreza, desempleo, violencia y carencia de servicios básicos.
Ecosistemas arruinados, comunidades desarraigadas y economías locales destruidas, constituyen razones suficientes como para que los afectados/as se organicen, luchen y cuestionan este tipo de obras. Es que éstos, comenzaron a constatar que los propósitos originales, en muchos casos, se cumplieron solo a medias.
En América Latina, poblaciones campesinas, pueblos indígenas y comunidades negras han sido impactados por las represas (o están a punto de serlo), como a continuación reseñamos.
Honduras y El Salvador
En la zona limítrofe entre El Salvador y Honduras se construye, a un costo de 1400 millones de dólares, la represa hidroeléctrica El Tigre para dotar de energía a los dos países. 14.000 familias deberán abandonar las tierras en las que han nacido y vivido por decenas de años, puesto que se tiene previsto inundar extensas áreas agrícolas y ganaderas.
Otro de los proyectos que se ejecuta en Honduras, el Patuca II, a cargo de la empresa Panda Patuca Power Company, afectará a la reserva indígena Tawahka y a la biósfera del Río Platano y a las comunidades del Corredor Biológico Mesoamericano, el que, por su riqueza natural, arqueológica, cultural y científica, ha sido declarado patrimonio de la humanidad.
Colombia
La represa hidroeléctrica de Urrá en el Departamento de Córdova, ubicada cerca a la costa del Caribe, afectará a tres mil indígenas Embera Katio que habitan en la cuenca alta del río Sinu.
Las comunidades indígenas no solo se quedarán sin su principal sustento alimenticio, la pesca, sino que perderán la comunicación fluvial con los centros de mercadeo. Con el llenado de las 7.400 hectáreas del embalse de Urrá, otras 10.000 personas de las orillas del medio y bajo Sinu que también viven de la pesca, perderán su principal fuente de ingresos.
En el financiamiento y construcción de esta represa tiene una fuerte incidencia el capital extranjero. En efecto, la empresa URRA S.A., de propiedad estatal -y próxima a ser privatizada- contrató a la firma sueca Skansa para la construcción y a la rusa Energomachiexport para dotación de la hidroeléctrica, en tanto que la financiación corrió a cargo del Nordik Investment Bank NIB de Suecia y del Export Develpment Corp. EDC de Canadá.
Los indígenas, tras la toma de la embajada sueca en 1996, lograron que la empresa URRA S.A., les reconociera, entre otras compensaciones, una participación en los ingresos por generación de energía eléctrica. Sin embargo, la empresa, por petición del Ministerio de Minas y Energía, se ha negado a cumplir el acuerdo, por lo que los indígenas interpusieron ante la Corte Constitucional una acción judicial de tutela para preservar sus derechos. Luego de conocer el caso, este organismo dispuso la suspensión provisional de la inundación del embalse.
La lucha indígena, que impulsa la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, se ha visto ensombrecida por la guerra sucia que protagonizan los grupos paramilitares: el 25 de agosto de 1998, luego de conocerse el fallo de la Corte, fue asesinado el anciano Alonso Domico Jarupia, líder de los Embera Katio. Igualmente, la sede la ONIC ha sido hostigada en forma permanente y sus asesores amenazados de muerte.
Chile
En Chile, las 6 represas en construcción en la cuenca superior del río Bío Bío, al sur del país, inundarán 22.000 hectáreas, provocando graves impactos en el ecosistema y en la vida económica, cultural y social de los 10.000 Mapuche-Pewenches que habitan la región.
Uno de estos proyectos, la central hidroeléctrica Pangue, ya ha sido ejecutada por intermedio de la empresa española ENDESA. Con el objeto de impedir la construcción de las otras cinco represas, los mapuches y grupos ecologistas llevan a cabo constantes movilizaciones y una campaña nacional e internacional con la que defienden «la madre tierra, la vida, la cultura, la flora, la fauna y el bien de la humanidad».
Argentina
«La destrucción del medio ambiente significa nuestra propia destrucción», es el lema de las comunidades que se oponen a la construcción de la represa hidroeléctrica Segunda Angostura en el Río Limay y Parque Nacional Nahuel Huapi, al sur de Argentina.
Este proyecto implicaría la desaparición del río Limay, desde su nacimiento hasta Segunda Angostura, y la transformación de los lagos naturales Nahuel Huapi, el Moreno y El Correntoso en embalses artificiales. De ponerse en marcha este proyecto, provocaría cambios en la flora y fauna, y en los patrones de comportamiento de las aguas subterráneas, de la erosión y acumulación de sedimentos.
Además de ello, la represa afectaría a las localidades de Bariloche, Villa La Angostura y Dina Huapi, que viven casi exclusivamente del turismo, ya que no solo se degradarían sino que desaparecerían las «materias primas» de la industria turística, es decir el valor paisajístico, el ambiente inalterado por el hombre y las áreas de pesca deportiva, que son precisamente los principales atractivos de la región.
Quienes se oponen a esta represa aducen que ésta no se justifica desde el punto de vista económico, pues aportaría niveles mínimos de energía al país, calculados en menos del 1% del consumo nacional.
Brasil
Actualmente se construyen 50 grandes hidroeléctricas, que afectan a 50.000 familias. El Estado brasileño tiene previsto ejecutar, hasta el año 2015, 494 nuevas hidroeléctricas, lo que provocará la expulsión de 250.000 familias.
La construcción de los grandes complejos hidroeléctricos se inició en Brasil en la década de los 70 con la finalidad de generar energía para el rápido proceso de industrialización. En ese entonces, se consideró necesario la expropiación de grandes áreas, y en un tiempo relativamente corto, poblaciones enteras fueron obligadas a abandonar sus viviendas, sus tierras y sus trabajos. Desde entonces, se han agudizado los conflictos sociales como la migración y el desempleo, fenómenos que ha ido acompañados con un proceso de pérdida de identidad y de las raíces culturales.
A medida que avanzaban las grandes construcciones, los afectados comenzaron a organizarse y a luchar. Las acciones regionales que se inician a comienzos los setenta, dieron un salto adelante en 1989, al conformarse una instancia de articulación nacional denominada Movimiento de Afectados por las Represas, MAB.
El MAB, desde entonces, ha conseguido algunos logros como la suspensión de la construcción de algunas represas, indemnizaciones justas y reasentamientos en nuevas áreas, en condiciones aceptables para vivir y producir.
Represas y capital
Los problemas relacionados con las represas se agravan con la propagación en todo el planeta de las políticas neoliberales y privatizadores que solo tienen en cuenta la «eficiencia» y los altos niveles de rentabilidad del capital internacional involucrado en las hidroeléctricas, ignorando las consideraciones de orden ecológico, social y étnico.
Mientras en los países desarrollados se toma conciencia sobre la naturaleza destructiva de las represas y disminuye su ejecución, en el sur del planeta estas obras continúan viento en popa. Cada año de los noventa, se construyeron en promedio 260 represas. «Un importante motivo -señala el MAB- para la construcción de las grandes represas en una escala tan grande es que los principales financistas mundiales (las agencias multi y bilaterales) continúan promoviéndolas como un espectáculo económico para los países en desarrollo y apenas se acuerdan de las evidencias de su pobre rendimiento. A despecho de los millones de dólares que invierten en las represas, estas agencias jamás hicieron un estudio completo y eficiente de los efectos ecológicos, económicos y sociales de las represas que financian».
Sociedad civil y Banco Mundial
ONGs ambientalistas, en reuniones llevadas a cabo en 1988, 1990 y 1992, plantearon la necesidad de hacer evaluaciones independientes y demandaron del Banco Mundial la moratoria de los financiamientos para este tipo de obras.
De igual forma, representantes de los pueblos afectados por las represas de 20 países, convocados por el MAB, se reunieron en marzo de 1997 en Curitiva, Brasil. Al término de este evento exigieron una moratoria en la construcción de las represas y el establecimiento de una comisión internacional que permita una evaluación y revisión de los grandes proyectos.
Las críticas de la sociedad civil condujeron a que el Banco Mundial iniciara, en 1995, una evaluación de las grandes represas financiadas por el Banco. En 1997, conformó una comisión mundial compuesta por 11 miembros, de los cuales 4 representaban a los pueblos afectados. El MAB, que en principio estuvo participando en estas reuniones, se retiró aduciendo que el interés del Banco Mundial era legitimar, con los criterios de la sociedad civil, las grandes construcciones, y que la comisión internacional, sin la participación de los pueblos afectados, estaba destinada al fracaso.
En el plano propositivo, el MAB señala que «hay muchas evidencias que sugieren que las necesidades supuestamente resueltas por las grandes represas, pueden ser satisfechas por otros medios. El agua para las áreas secas e inclinadas puede ser provista en forma más rápida, barata y equilibrada por pequeñas empresas que usen técnicas tradicionales o modernas, y aún que combinen ambas. Todos los países tienen un alto potencial de energía que puede ser optimizado a través del ahorro y la eficiencia. Los costos de la energía reaprovechada, especialmente del viento y el sol, que actualmente se está usando mucho para varios usos y áreas son menores que la hidroelectricidad». Buenos argumentos para reafirmar que, en el caso de las represas, el fin no justifica los medios.
Publicado en el Servicio Informativo Nº 283, ALAI, 11-11-1998, Quito.
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