Notícias

No hay tiempo que perder: MAB exige aprobación urgente de la Política Nacional de los Afectados por Represas – PNAB

Con una de las legislaturas más conservadoras de los últimos años, el avance del proyecto parece depender mucho más de la organización y movilización de los afectados que de la […]

Publicado 12/03/2020

Con una de las legislaturas más conservadoras de los últimos años, el avance del proyecto parece depender mucho más de la organización y movilización de los afectados que de la buena voluntad de los legisladores. 

Por Leonardo Fernandes, del Colectivo de Comunicación del MAB

Foto:  Lidyane Ponciano.

 Episodios como las rupturas de las represas en Mariana (2015) y Brumadinho (2019) son lamentables ejemplos de la forma irresponsable como hasta los días de hoy son tratadas las poblaciones afectadas por represas en Brasil. Sin una norma que dé seguridad jurídica a los afectados y afectadas, estos quedan a merced de la interpretación del Poder Judicial sobre la amplitud de sus derechos.

 Como ejemplo, un año después del crimen en Brumadinho, las poblaciones afectadas todavía luchan para conquistar una reparación financiera justa. Mientras en la cuenca del río Paraopeba, recién fue conquistado el derecho a las asesorías técnicas en los territorios, en Mariana y en toda la cuenca del río Doce, ese derecho no ha sido garantizado a todas las familias afectadas. La diferencia entre los dos casos solo se explica por el vacío legal que existe sobre los derechos de los afectados y afectadas por represas en Brasil.

 Para terminar con esta situación y darle seguridad jurídica a los afectados, el Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por su sigla en portugués) construye desde hace décadas un proyecto de ley que puede garantizar los derechos de las poblaciones afectadas sea por la construcción de emprendimientos hidroeléctricos y de desechos de minería, o por la ruptura de esas estructuras.

 Leandro Scalabrin, abogado y miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos – CNDH, explica que la lucha del movimiento siempre ha pasado por garantizar los derechos de los afectados que nunca estuvieron previstos en ley. Él recuerda que en 1986 hubo un marco en la conquista de los derechos de los afectados, cuando se firmó un acuerdo entre el ministro de Minas y Energía de ese momento y los afectados del sur del país, para garantizar derechos, como el reasentamiento colectivo de las familias afectadas. Desde entonces, otras iniciativas tuvieron pequeños avances y grandes retrocesos, pero hasta los días de hoy no existe una legislación que trate el tema.

 Scalabrin cuenta que con la privatización del sector eléctrico, en la década de los 90, la situación se agravó. Hasta que en el 2006, el CNDH creó una comisión especial para investigar las violaciones de derechos humanos en la construcción de represas en Brasil. El informe producido por la comisión terminó sirviendo de subsidio para que el MAB elaborara la primera propuesta de una Política Nacional de los Afectados por Represas.

 “Ese informe constató que uno de los problemas de  violaciones de derechos de los afectados es que no había una ley que garantizara esos derechos. Y que dependía de la organización de los afectados en cada caso, en cada región, para conquistar más o menos derechos. Eso estaba provocando situaciones desiguales, a veces involucrando a una misma empresa”, relató.

 Poco a poco, a cada pequeña victoria de los afectados en sus territorios, se fue consolidando el proyecto de ley, hoy denominado Política Nacional de los Afectados por Represas (PNAB, por su sigla en portugués). El 25 de junio del 2019, el Proyecto de Ley (PL) fue aprobado en la Cámara de Diputados, luego de la conclusión de la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) de Brumadinho. Desde entonces, el proyecto sigue parado en el Senado Federal, donde está bajo responsabilidad del senador de Minas Gerais, Carlos Viana.

 La propuesta prevé, entre otras cosas, criterios para la definición del espectro de afectados, la responsabilidad de las empresas sobre las poblaciones afectadas, los parámetros para la reparación financiera y construcción de los reasentamientos colectivos y el reconocimiento de la necesidad de las llamadas “asesorías técnicas” para los territorios afectados por represas, responsables por el levantamiento de datos y el señalamiento de soluciones sustentables.

 Tchenna Maso, de la coordinación nacional del MAB, cuenta como el proyecto enfrenta dificultades de avanzar en el legislativo, gracias a la fuerte presión que hacen las grandes empresas del sector eléctrico junto a los diputados y senadores.

 “Ellos (los empresarios del sector eléctrico) cuestionan mucho el nivel de participación que nosotros queremos para los afectados y afectadas en ese proceso, además de las propuestas un poco más radicales sobre los planes de desarrollo regional”, destacó.

 Con una de las más conservadoras legislaturas de los últimos años, el avance del proyecto pareciera depender más de la organización y movilización de los afectados, que de la buena voluntad de los parlamentarios. Y motivos no faltan para movilizarse. Iury Paulino, del colectivo de Derechos Humanos del MAB, explica los cambios que pueden darse en la vida de los afectados a partir de la aprobación de ese marco legal.

 “Significa decir que nosotros podemos tener un conjunto de leyes que van regular la actuación de las corporaciones, de las grandes empresas en estos emprendimientos. El texto establece un conjunto de valores y directrices que no dicen respeto solamente al derecho a la propiedad, sino contemplan el derecho a la vida, el derecho al territorio, el derecho al río, el derecho al agua, el derecho a la cultura”.

Iniciativas locales

En el ámbito del Estado donde ocurrieron las dos más grandes tragedias socio ambientales del país relacionados a represas, Minas Gerais, también tramita en la Asamblea Legislativa la Política Estadual de los Afectados por Represas (PEAB, por su sigla en portugués), ya aprobada en primera vuelta. La propuesta ahora necesita pasar por una segunda vuelta de votación.

 Otros proyectos similares también tramitan o son negociados en otros estados de la federación, como Bahia, Ceará y Rio de Janeiro. En Rio Grande do Sul, el actual gobernador del Estado, Eduardo Leite, revocó en el 2019 el Decreto  nº 51.595, de 23 de junio del 2014, que instituía la Política de Desarrollo de Regiones Afectadas por Emprendimientos Hidroelétricos – PDRAEH, y la Política Estadual de los Afectados por Emprendimientos Hidroelétricos – PEAEH.

 Empresarios eléctricos ya activaron su máquina de propaganda

 Si las grandes empresas mineras o del sector eléctrico dedicasen todo el recurso que gastan con publicidad y reportajes pagos en los medios de información, seguramente la situación de las poblaciones afectadas por represas sería otra en Brasil. Recientemente, grandes vehículos de prensa publicaron un artículo escrito por dos “expertas” que solo hacen atacar la propuesta de la PNAB.

 El artículo afirma, sin presentar datos precisos, que “es innegable que el texto aprobado por la Cámara no representa una propuesta ejecutable, al menos para el sector eléctrico”. La afirmación demuestra claramente cuál es el sujeto de derechos considerado por las “expertas”: las empresas del sector eléctrico.

 Las “expertas” afirman aún que el texto de la PL es “amplio y subjetivo”, no permitiendo la delimitación precisa del espectro de los afectados. Y claro, cuestionan todo y cualquier dispositivo de la ley que permita la participación directa de los afectados y afectadas. Y finaliza promoviendo un verdadero terrorismo mediático, al afirmar que la propuesta “debe incidir sobre el precio de la luz”, ya que la reparación de las poblaciones afectadas generaría un “costo” a las empresas del sector eléctrico, por lo que concluyen, dicho proyecto, que busca garantizar el derecho de las poblaciones que sufren con la construcción o la ruptura de las represas, sería diametralmente opuesto al “desarrollo nacional”. 

 No queda dudas de que se trata de la activación de sus máquinas de propaganda, con el objetivo de defender únicamente a los intereses de los empresarios, sin importarse con los derechos de las poblaciones afectadas. Para el MAB, ningún proyecto de desarrollo del país puede ignorar el bienestar, la dignidad y la integridad del pueblo trabajador.