Nosotras y nosotros afectadas/os por represas, representantes de pueblos que luchan en 19 países de América y Uganda en África, nos encontramos en la Universidad de Panamá entre los días 24 al 27 de septiembre de 2019 para evaluar y actualizar el proceso político y organizativo del Movimiento de Afectados por Represas – MAR- en su tercer aniversario.
Nos encontramos ante un nuevo orden mundial que se caracteriza por la disputa de hegemonía entre Estados Unidos y China. Percibimos la restauración del poder oligárquico y militar, la captura de los Estados por parte del poder corporativo mafioso que despoja nuestros territorios, asimismo el retorno de la extrema derecha fascista al poder, que sin duda constituye una clara amenaza a los procesos democráticos y a la libre determinación de los pueblos. Esta tendencia profundiza las violaciones sistemáticas a nuestros derechos fundamentales, la militarización, la represión y el despojo de los bienes naturales comunes estratégicos. Cabe a nosotros la resistencia activa.
Evaluamos la importancia histórica de la construcción del MAR – como Movimiento autónomo, de lucha, con rostros regionales que contribuyen a la resistencia en prácticamente todo el continente. La importancia que tuvo en el último período el proceso de formación de militantes de nuestra organización, a partir de estudios de la realidad latinoamericana. El intercambio de experiencias, la convivencia fraterna entre las diversas organizaciones de afectadas y afectados con nuestros aliados en cada país, muestran vitalidad y compromiso con los cambios sociales necesarios en el Continente.
Reconocemos también la necesidad de dar saltos de calidad en nuestra organización para que podamos enfrentar los desafíos del tiempo que vivimos.
La lucha por una sociedad alternativa, por un proyecto energético popular y por los derechos de las /los afectadas/os con soberanía de los pueblos, son retos que ratificamos y queremos construir.
A partir de estos desafíos, reafirmamos nuestros compromisos de fortalecer los movimientos con carácter nacional, el trabajo de base y la militancia con mayor participación de mujeres y jóvenes. En este sentido, visualizamos el MAR como referente de articulación y lucha continental, de la necesidad de construcción de alianzas estratégicas para avanzar con las transformaciones estructurales, superar el sistema capitalista excluyente y patriarcal por una nueva sociedad justa y equitativa.
En este histórico Encuentro Continental, participaron procesos organizativos de Estados Unidos y Canadá, e invitamos a los demás países que no están organizados junto al MAR a integrarse y que puedan contribuir para esta construcción continental desde los esfuerzos colectivos en sus territorios.
Rechazamos las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos que dificultó la presencia de representantes de Venezuela en nuestro Encuentro, al igual que la arbitrariedad en la aplicación de protocolos migratorios en Panamá, abiertos a criterios de racismo, clasismo y tráfico de influencias en el Aeropuerto lo cual impidió la entrada de 5 adultos y 1 niño procedentes de Honduras que aun cumpliendo los requerimientos fueron deportados de forma inexplicable a pesar de mostrar documentación, boleto de regreso a su país e invitación al Encuentro Continental en la Universidad de Panamá. Con nuestra lucha y organización hemos de superar estos momentos de violencia y persecución política contra nuestros pueblos hermanos.
En Río Grande do Sul, el gobernador derogó un decreto que instituía políticas fundamentales para el desarrollo de las poblaciones que padecen las severas consecuencias de los emprendimientos hidroeléctricos.
12 noviembre, 2019
Por Sergio Alvez * | El gobierno estadual de Río Grande do Sul, encabezado por el gobernador Eduardo Leite (PSDB), derogó el pasado 4 de noviembre, el Decreto 51.595/14, que instituía la Política de Desarrollo de las Regiones Afectadas por Emprendimientos Hidroeléctricos (PDRAEH) y la Política Estadual de Afectados por Emprendimientos Hidroeléctricos (PEAEH).
Juez federal Miguel Arroyo Herrera dicta sentencia contra los derechos de los pueblos indígenas totonacos, favoreciendo a las empresas Comexhidro, Walmart, Suburbia, Vips, Waldos impulsoras del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.
Ciudad de Puebla, 16 de octubre de 2019
Las organizaciones que conformamos el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), en reunión nacional convocada ante el riesgo de que se profundice la criminalización a defensores totonacos de la sierra norte de Puebla en defensa del río Ajajalpan y su territorio contra el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, manifestamos nuestra total reprobación a la decisión del JuezMiguel Arroyo Herrera quien en sentencia emitida el pasado viernes 11 de octubre favorece los intereses económicos de grandes empresas como Walmart, Suburbia, Vips, Waldos violentando los derechos del pueblo totonaco en beneficio de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.
Es sumamente grave que el Juez Arroyo haya decidido negar el reconocimiento a las comunidades totonacas quejosas de sus derechos a la tierra y al territorio, a la libre determinación, al consentimiento, al agua y al medio ambiente sano, avalando el argumento de que es un proyecto de utilidad pública y validando una simulación de consulta coordinada por la Secretaría de Energía en el año 2015, hecho denunciado por las comunidades totonacas en su momento. Según el juez, el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que pretende desarrollar la empresa Deselec 1, filial de Comexhidro, no causará afectación alguna a las comunidades demandantes, ello a pesar de que el Peritaje oficial de biología e impacto ambiental elaborado por PGR, establece que la hidroeléctrica que incluye dos embalses y una cortina de 45 metros de altura, tendría impactos irreversibles en el medio ambiente tales como la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos así como deforestación por la remoción de vegetación forestal. Es inaceptable que en su sentencia el Juez omita analizar las afectaciones señaladas en dicho peritaje, retomando únicamente, la información ofrecida por la empresa y por las autoridades demandadas que aseguran que no habrá impactos negativos.
Son sólidos y abundantes los estudios científicos que demuestran los graves impactos sociales y ambientales que las grandes represas provocan y los cuáles organizaciones especializadas como la Comisión Mundial de Represas y la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA) han informado.
Como MAPDER denunciamos que el proceso legal estuvo lleno de irregularidades tales como la presentación de documentos por parte de terceros interesados con nombres de personas muertas, firmas falsificadas y entregadas al juez federal avalando la aceptación del proyecto sin el conocimiento de los firmantes. Expedientes perdidos en el juzgado y una actitud irrespetuosa y discriminatoria del juez cuando representantes de las comunidades fueron a exponerle su caso, descalificando sus conocimientos y preocupaciones sin ofrecerles siquiera sentarse durante la reunión. Descalificaciones del juez hacia las organizaciones que acompañaron el proceso evidenciaron que su posición nunca fue imparcial.
Hacemos del conocimiento público que la sentencia dictada por el juez Arroyo eleva el riesgo de que se profundice la criminalización hacia los defensores y defensoras del río Ajajalpan de las comunidades de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán de la Sierra Norte de Puebla y de que se profundice la división comunitaria, estrategia que la empresa Comexhidro, acusada de violar derechos humanos cuando pretendía desarrollar el proyecto Cerro de Oro en Oaxaca, ha promovido en las comunidades, además de cometer abusos como la compra de terrenos en San Mateo Tlacotepec pagando 70 centavos por metro cuadrado de terreno.
Denunciamos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por haber otorgado una concesión de agua a la empresa Deselec 1 Comexhidro por 11,000 litros de agua por segundo, violentando con ello el derecho al agua de las comunidades campesinas indígenas.
Nos solidarizamos con la lucha de las comunidades indígenas totonacas opuestas a la imposición del proyecto Puebla 1 y unimos nuestra voz a la exigencia de cancelación de dicho proyecto que únicamente beneficia a grandes transnacionales a costa de la destrucción del territorio totonaco y de la ruptura del tejido social comunitario. Permitir la imposición de la hidroeléctrica Puebla 1 demostraría que el gobierno federal y estatal son sólo una continuidad del modelo económico extractivo que pone en riesgo la vida del pueblo mexicano respondiendo a los dictados del gran capital transnacional.
Responsabilizamos al Poder Judicial de las consecuencias de su decisión y exigimos a los gobiernos municipales de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, así como al gobernador del Estado de Puebla, proteger la seguridad y las vidas de los defensores y defensoras del río Ajajalpan.
¡RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), Guerrero
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa de Río Verde (COPUDEVER), Oaxaca
Consejo Tiyat Tlali en defensa del territorio, Puebla
Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi, Puebla
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambienta (LA VIDA), Veracruz
Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (PUCARL), Veracruz
Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Jalisco
Consejo Indígena Nayerhi, Nayarit
Grupo Ecológico Manglar, A.C.
Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)
Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (EDUCA)
La Comisión Nacional del Agua posibilita dar concesiones a discreción por internet para explotar el agua de ríos, manantiales y pozos. Desde 2018, cuando Peña Nieto levantó la veda a 10 cuencas, se han otorgado casi mil concesiones sin informar a las comunidades locales
Entrevista a Daina Hernández de COPINH y Koritza Ortez del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia de Honduras.
Durante el último día del Primer Encuentro Continental del Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica (MAR) en Panamá, Radio Mundo Real entrevistó a Daina Hernández del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y Koritza Ortez del Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ) de Honduras.
Ambas dialogaron con María Selva Ortiz, de REDES-Amigos de la Tierra Uruguay para RMR, sobre la coyuntura hondureña.
Compartimos el primer número del boletín «El Zanate» una producción de Otros Mundos sobre las represas y sus impactos, financiado con apoyo de la fundación Rosa Luxerburgo.
Esperamos les sea muy útil en sus resistencias y luchas.
Este manual fue publicado bajo la licencia Creative Commons. Pueden reproducirlo libremente, siempre y cuando mencionen los créditos y no lo comercialicen.
“Esta publicación es financiada con recursos de la RLS con fondos del BMZ. El contenido de la publicación es responsabilidad exclusiva de Otros Mundos AC y no refleja necesariamente una posición de la RLS.”
Encuentro continental de afectados por represas reúne 21 países
Por la agua, la energía y la soberanía de los pueblos, estos son los temas del 1er Encuentro Continental de Afectados por Represas que se llevará a cabo en Panamá […]
Publicado 24/09/2019
Por la agua, la energía y la soberanía de los pueblos, estos son los temas del 1er Encuentro Continental de Afectados por Represas que se llevará a cabo en Panamá entre el 24 y el 27 de septiembre, organizado por el Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica y el Caribe (MAR) y organizaciones aliadas. El encuentro reúne a afectados por represas, proyectos minero-energéticos, trabajadores del sector energético y organizaciones aliadas de 21 países de todo el continente americano, además de invitados de otras partes del mundo.
El encuentro tiene por objetivo principal evaluar el proceso de construcción del MAR en América Latina, analizar la coyuntura latinoamericana y reafirmar la resistencia en los territorios contra las represas.
Sonia Mara del Movimiento Afectados por Represas de Brasil (MAB), plantea que reunir a los afectados por represas de Latinoamérica es organizar la resistencia y la lucha de los principales territorios que contienen las mayores reservas de agua y energía, y al mismo tiempo la producción de alimento para el mundo.
Por su parte, Juan Pablo Soler del Movimiento Ríos Vivos de Colombia comentó que a Panamá han llegado al llamado de articulación 21 países de América Latina, con acompañamiento de delegadas de Estados Unidos, Canadá y Uganda para seguir fortaleciendo la articulación internacional.
En el contexto de este encuentro continental, se desarrollará un seminario académico abierto a la comunidad de Panamá, denominado Por Agua, Energía y Soberanía de los Pueblos el día miércoles 25 a las 18.00 hrs. en el salón José Dolores Moscote de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá.
Nuestra lucha es contra la apropiación privada de todas nuestras riquezas, sentencia Sonia Mara antes de comenzar el encuentro.
Movimiento Afectados por Represas de América Latina (MAR)
Creado en el 2016, el Movimiento de Afectados por Represas de América Latina (MAR), surge en un contexto de intensificación de las violaciones de derechos de las poblaciones afectadas y propone una articulación regional para unificar las luchas, compartir experiencias de resistencias en nuestros territorios y fortalecer organizaciones nacionales de campesinos, afectados por represas y mega-proyectos en 12 países: México, Colombia, Brasil, Chile, Honduras, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Argentina, Perú, Paraguay y Cuba.
Bangladeshi commuters use boats to cross the Buriganga River in the capital Dhaka in 2018. In July, Bangladesh’s top court granted all the country’s rivers the same legal rights as humans. Munir Uz Zaman/AFP/Getty Images
In early July, Bangladesh became the first country to grant all of its rivers the same legal status as humans. From now on, its rivers will be treated as living entities in a court of law. The landmark ruling by the Bangladeshi Supreme Court is meant to protect the world’s largest delta from further degradation from pollution, illegal dredging and human intrusion.
«In Bangladesh, the river is considered as our mother,» says Mohammad Abdul Matin, general secretary of Bangladesh Poribesh Andolon, a Dhaka-based environmental group. As Bangladesh sits where three major rivers converge and empty into the Bay of Bengal, nearly 100% of its land is delta land, he tells NPR.
Following the ruling, anyone accused of harming the rivers can be taken to court by the new, government-appointed National River Conservation Commission. They may be tried and delivered a verdict as if they had harmed their own mother, Matin says.
«The river is now considered by law, by code, a living entity, so you’ll have to face the consequence by law if you do anything that kills the river,» Matin says.
What is environmental personhood?
The river is now considered by law, by code, a living entity, so you’ll have to face the consequence by law if you do anything that kills the river.
Mohammad Abdul Matin, general secretary of Bangladesh Poribesh Andolon
Bangladesh follows a handful of countries that have subscribed to an idea known as environmental personhood. It was first highlighted in essays by University of Southern California law professor Christopher D. Stone, collected into a 1974 book titled Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects. Stone argued that if an environmental entity is given «legal personality,» it cannot be owned and has the right to appear in court.
«That means … an owner has the right to modify their features, their natural features, or to destroy them all at will,» Aguirre says.
The idea of environmental personhood turns that paradigm on its head by recognizing that nature has rights and that those rights should be enforced by a court of law. It’s a philosophical idea, says Aguirre, with indigenous communities leading the charge.
«Many indigenous communities recognize nature as a subject with personhood deserving of protection and respect, rather than looking at it as a merchandise or commodity over which are property rights should be exercised,» she says.
And the movement is growing, she says, though with variations.
In 2008, Ecuador became the first country to enshrine the legal rights of nature in its constitution. Bolivia passed a similar law in 2011. Meanwhile, New Zealand in 2017 became the first country to grant a specific river legal rights, followed by the Indian state of Uttarakhand. This year, the city of Toledo, Ohio, passed what is known as the Lake Erie Bill of Rights to protect its shores, making it one of several U.S. communities to have passed legislation recognizing the rights of nature.
Yet, the idea of what these laws hope to accomplish is where the similarities stop, as their legal bases and the range of socio-environmental and economic problems they’re meant to solve vary from country to country. Many of the laws have also been met with resistance from industry, farmers and river communities, who argue that giving nature personhood infringes on their rights and livelihoods.
A disjointed movement
This inconsistent patchwork of approaches has inevitably led to difficulties in enforcement, says Erin O’Donnell, an academic fellow at the University of Melbourne Law School in Australia.
«It becomes everybody’s responsibility and then, possibly, nobody’s responsibility,» she tells NPR. «So thequestion of enforcement then becomes who actually has the funding, usually, to run a lawsuit. Lawsuits are very expensive.»
In a 2018 study co-authored with Julia Talbot-Jones, O’Donnell shows that the onus of enforcement will fall on whoever is deemed the guardian of the waterway. And that can be anyone from a court-appointed body to the government itself — which may have chosen not to participate in environmentally friendly practices in the past — to nongovernmental organizations.
But when the construction company didn’t comply with the court’s ruling, «the NGO could not afford to run a second case,» says O’Donnell.
What’s more, the trans-boundary nature of rivers makes enforcement inherently difficult. This issue has come up in India, where the high court in Uttarakhand state in 2017 recognized the Ganges and Yamuna rivers as legal persons because of their «sacred and revered» status. The court named the state government as their guardians.
Soon after, the state government appealed to the Indian Supreme Court, arguing «that their responsibilities as guardians of the rivers were unclear because the rivers extended well beyond the border of Uttarakhand,» says O’Donnell. https://www.youtube.com/embed/DOgwpn3O_SI?rel=0
New Zealand media announces the settlement of the country’s longest-running case, in which the government recognizes the Te Awa Tupua, a river on the North Island, as an ancestor of the local Maori tribes, the Whanganui. Te Karere TVNZ YouTube
«So they felt they had a jurisdictional problem, and secondly, because of the way the court constructed legal personality in that case, they were extremely concerned that as guardians, they would be held responsible for the actions of the river,» O’Donnell says.
Trans-boundary issues are also a concern for the newly-minted Bangladesh law, as nature activists in Dhaka tell NPR that they know they can’t force neighboring countries, such as India, to comply with the new law.
There is, however, one place where legal rights were given to a river with buy-in from both the government and its people, O’Donnell says: New Zealand.
A spectrum of results
When New Zealand granted the Te Awa Tupua, a river on the North Island, the same legal status as a person, the government did so by recognizing it as an ancestor of the local Maori tribes, the Whanganui.
The Whanganui «have a famous saying which says in English, ‘The river flows from the mountain to the sea. I am the river. The river is me,’ » says Chris Finlayson, a former New Zealand attorney general who was in charge of negotiating with indigenous groups from 2008 to 2017.
As the law appoints two guardians to act on behalf of the river — one from the New Zealand government, the other from the Whanganui iwi, or Maori group — it is unique in that it legally binds the river to the tribe, Finlayson says.
In other words, harming the river is tantamount to harming the tribe itself. And while no lawsuits have been filed on behalf of the river since the legislation was passed, Finlayson says he can already see behavioral changes taking place. A local district council, for example, reached out to consult the river guardians ahead of introducing plans to build a bike path that would stretch over the river.
Finlayson says the most difficult part in passing the legislation was getting New Zealand’s European-descendant majority «to see the world through Maori eyes.»
«Maori make up 15% of the population,» Finlayson says. «And so the presence of the various stakeholders who have legitimate interests in the [Whanganui] river need to also be recognized.»
The ordinance’s constitutionality was immediately challenged by a farm in a federal lawsuit. The farm argued the ordinance made it vulnerable «to massive liability» when it fertilizes its fields «because it can never guarantee that all runoff will be prevented from entering the Lake Erie watershed.» Then the state of Ohio joined that lawsuit, arguing it — not the citizens of Toledo — has the «legal responsibility» for environmental regulatory programs.
«What’s interesting is the state of Ohio intervening on behalf of the polluter, not on behalf of the people who passed the law,» says Tish O’Dell, the Ohio community organizer for the Community Environmental Legal Defense Fund.
The lawsuit is ongoing, though O’Dell predicts the ordinance will ultimately be overturned.
«But what I would say to people is it doesn’t matter what happens in the courts in Toledo with this case, because the genie has been let out of the bottle. And as hard as they want to try to put it back in, the people shouldn’t let them,» O’Dell says. «I mean, we have to change our environmental protection in this country and across the world, because obviously what we’re doing isn’t working.»
Desde 1879 en León, Guanajuato, la fábrica textil “La Americana” instaló una planta termoeléctrica a base de leña, la primera unidad generadora de energía eléctrica en México. Sin embargo, es hasta 1882 que se usó por primera vez en el mundo una corriente de agua para generar hidroelectricidad en Inglaterra, Estados Unidos y Francia.
En México se generó hidroelectricidad por primera vez en 1889 en Batopilas, Chihuahua.1 Sin embargo, otra fuente considera que es en los alrededores de Orizaba, Veracruz, que se instaló la primera unidad hidroeléctrica en 1883 en la fábrica textil de San Lorenzo, y que a finales de esa década había en México alrededor de 50 instalaciones termoeléctricas y 10 hidroeléctricas. Pero es hasta 1888 que la planta hidroeléctrica de Echeverría, aprovechando la caída del agua del Río Atoyac en Puebla, es considerada la primera unidad central de producción hidroeléctrica de una compañía eléctrica en México para el servicio público, que contaba con una presa a todo lo ancho del río Atoyac, una cortina de mampostería de piedra de 90 metros de largo y producía una caída de 10 metros de altura. A 180 mts de la cortina se ubicó la casa de máquinas y se trasvasaba por un acueducto de 42 pulgadas hacia la turbina doble tipo Leffel de eje horizontal con capacidad de 180 caballos.2
Sin embargo, al referirnos a todo tipo de represas y bordos, desde el año 1550 hasta el 2018 la CONAGUA ha logrado documentar que a lo largo de 468 años se han construido un total de 6,225 represas y bordos en todo el país. La primera registrada es en 1550 en el estado de Guanajuato.
Las represas son asociadas al concepto de “desarrollo”. Y últimamente se le asocia a la “energía limpia”, “sustentable”, “verde” o “renovable”. Sin embargo, no se dice que el costo socio ambiental ha sido de tal magnitud que ha generado movilizaciones históricas en México, en toda América Latina y en el mundo. Más de 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas en todo el planeta donde pueblos, ciudades y culturas quedaron sepultadas bajo el agua en el nombre del “desarrollo”. Pero ¿“desarrollo” para quién?
En México, lo común en torno a la construcción de las represas han sido los engaños a la población, el desplazamiento forzoso e incluso con violencia, las promesas incumplidas y una mayor pobreza de los desplazados. Pero hay otro tipo de saldos como el endeudamiento de los gobiernos, el aumento en los costos de la construcción, prolongación de los tiempos de construcción, modificaciones a última hora de las especificaciones del proyecto como el aumento del tamaño de la cortina y más tierras inundadas; pero también asesinatos, divisiones comunitarias y familiares, pérdidas de cosechas, ríos que terminaron secos, corrupción y chantajes a las comunidades y a sus autoridades locales; desinformación o información sesgada, mentiras y contradicciones en la información, incursión con maquinaria pesada de manera ilegal, compras de tierras a alto costo para provocar avalancha de venta, presiones a ejidatarios y comuneros, ilegales actos de procesos agrarios, pérdida de medios de vida de las poblaciones afectadas directa e indirectamente, entre otros pasivos sociales y ambientales.
