Desde hace muchos años se advierte la necesidad de eliminar los hidrocarburos como fuente de energía y como combustible para alimentar el sistema actual de vida, de producción y de consumo en todo el planeta.
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Carta dirigida al Gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. La carta va suscrita por un total de 25 organizaciones, colectivos y redes del Estado de Guanajuato.
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por Otros Mundos AC
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
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En el presente sexenio Oaxaca es una de las entidades más amenazadas en el país por los efectos de los megaproyectos planeados para el estado y para el resto del Sur-Sureste. Los proyectos mineros siguen generando grandes conflictos socioambientales además de los proyectos de represas. El Oleoducto, la infraestructura eléctrica, los parques eólicos, la ampliación del puerto en Salina Cruz y el Canal Interoceánico que partirá al estado y que incluirá diez centros o polos de desarrollo maquilador tendrán consecuencias socio ambientales irreversibles.
Hay otros proyectos aledaños que impactan también en el territorio oaxaqueño como la Refinería Dos Bocas en Tabasco, la explotación petrolera en Veracruz, Chiapas y Tabasco; El Tren Maya en la Península de Yucatán que aumentaría el tráfico de mercancías y turistas; la ampliación de puertos y aeropuertos, entre otros, mantiene al estado de Oaxaca en el epicentro nacional de la reconfiguración territorial y geopolítica, donde el capital disputará los territorios a los Ejidos y Bienes Comunales, a los pueblos y sus culturas.
Todos estos megaproyectos demandan enormes cantidades de energía, agua, mano de obra barata, tierras, y otros insumos para el beneficio del comercio internacional. Es el ofrecimiento de todos los bienes comunes para beneficio de las grandes trasnacionales, entendiendo el ‘desarrollo’ como ofrecer trabajo mal pagado a los pobres, a la población indígena y campesina.
Será Oaxaca el estado rompefuegos de toda la región Mesoamericana donde una muralla de contención pretenderá cortar al país a la mitad para detener los flujos migratorios y trasladar las condiciones de pobreza y miseria de la frontera norte hacia el Istmo de Tehuantepec. Los diez polos de desarrollo serían ahora el nuevo “Matamoros” o “Reynosa”, como otros asentamientos maquiladoras de la frontera norte. Todo ello en un estado con altos índices de pobreza, de estrés hídrico, con los mayores índices de sismos y violencia, pero también de resistencia y lucha en defensa de los territorios.
Analicemos ahora las intervenciones que se han realizado en las Cuencas de Oaxaca con proyectos de represas, diques, bordos y derivadoras, con lo que se pretende enfrentar esta demanda en términos de agua y energía para alimentar el extractivismo en la región.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México existen actualmente 4 mil 462 presas, de las cuales 667 son grandes represas principalmente para la generación de energía eléctrica.1 En el caso de Oaxaca solo resalta la Presa Hidroeléctrica Miguel Alemán (Temascal) construida en 1955, y se ha priorizado en los últimos años la generación eólica con gigantescos parques en manos de trasnacionales extranjeras que han ocasionado fuertes conflictos socio ambientales. Estas serán las que se beneficiarán por la demanda de energía de los megaproyectos en la región, aunque desde hace años los gobiernos en turno han mantenido la intención de construir las represas hidroeléctricas Paso de la Reina y Río Verde, sobre las que el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) mantiene una fuerte resistencia en la defensa de uno de los ríos más caudalosos de Oaxaca. Sin embargo, existen otros tipos de presas e intervenciones sobre el agua superficial de las Cuencas.
Desde el año 1550 hasta el 2019 la CONAGUA ha logrado documentar2 la construcción en México de un total de 6,225 represas, derivadoras y bordos en todo el país a lo largo de estos 469 años, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. A estas se sumarán otras 112 “pequeñas” represas que el gobierno actual pretende construir entre 2018 y 2024 y repotencializar 64 represas de las ya existentes.3
En el caso de Oaxaca que representa el 4.8% del territorio nacional, a lo largo del periodo señalado, el agua superficial de sus cuencas ha sido intervenidas en sus ríos, arroyos y afluentes con 167 obras artificiales como son los bordos, los diques, las derivadoras y las represas para el almacenamiento de agua, riego e hidroeléctrica en 81 municipios que representan el 14.21% de total de 570 con los que cuenta la entidad oaxaqueña. Todas estas 167 obras representan el 2.6% del total del país.
En Oaxaca existen pequeñas presas o embalses comunales de captación de agua y para el riego amenazadas por la sequía o la contaminación, como son las presas El Estudiante y La Azucena. Sin embargo, se destacan 4 Grandes Presas que han generado fuertes impactos socio ambientales. En ellas, la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas fueron fuertemente reprimidas y sin ninguna acción de resarcimiento. Divisiones comunitarias, familiares y precarización de los desplazados fue el saldo de ellas.
Todas las 167 obras entre represas, bordos y derivadoras están ubicadas en regiones Sísmicas. La mayoría en Sismicidad Alta con un total 114, y en Sismicidad Media un total de 53. Por otro lado, Oaxaca registra alrededor del 25% de los sismos del país.
Entre los tres elementos claves que mantienen a las represas en la insustentabilidad en el territorio oaxaqueño son las inundaciones, las sequías y los sismos, factores que azotan el Estado.
Por un lado las tormentas tropicales han logrado que los embalses sean rebasados con las consecuentes inundaciones y afectaciones a las comunidades. Por otro lado, las sequías en Oaxaca han provocado los niveles más bajos de las presas lo que ha permitido ver las iglesias y cerros que originalmente habían quedado bajo el agua. Esta inestabilidad pluvial es una de las razones de la insustentabilidad de las represas.
Los constructores en Oaxaca de las intervenciones en los tipos de obras mencionados han sido diversos a lo largo de la historia, entre ellos Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Gobierno del Estado y gobiernos municipales, particulares; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que existió entre los años 2000 y 2018; la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que funcionó entre los años 1946 a 1976; la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) entre 1976 y 1994; la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).
De las 167 obras construidas en Oaxaca, CONAGUA solo tiene registro histórico de su fecha de construcción de 103 de ellas. Cabe señalar cómo entre las décadas de 1960 y 1979 se dieron el mayor número de las obras y de las mayores represas.
Todas las obras se han construido sobre más de 40 Ríos, entre ellos Tequisistlán, Ocotlán, Salado, Teotongo, Tejúpam, Río Verde, Atoyaquillo, Blanco, Calabaza, Chicapa, Coapa, Río de la Cantera o La Pita, Garcés, Río Grande, Huajuapan, La Bomba, La Raya, Las Cucharas, Los Perros, Mixteco, Negro o Grande de Huitzo, Papaloapan, Prieto, San Antonio, San Antonio Monteverde, San Bernardo, San Felipe, San Pedro, Santo Domingo, Tehuantepec, Tonto, Tsundaa, Yerolea, Zempoalatengo, Río de la Y, El Matadero, El Palenque, Río Grande, Morán y San Francisco.
También se han intervenido más de 60 Arroyos, entre otros, Arroyo de los Montes de Donají, El Estudiante, La Ciénega, La Pe, Piedra del Sol, Río Grande, La Concordia, Andaruca, Arenal, Blanca, de La Cruz, El Bayito, El Boquerón, El Cántaro, El Capitán, El Capulín, El Colorado, El Encinal, El Guatabo, El Nazareno, El Palenque, El Rincón, El Rito, El Sabino, El Salado, El Veinte, Expiación, Higo Macho, La Azucena, La Cruz, La Noria, La Pila, La Soledad, Las Ahumadas, Los Hornitos, Los Ocotitos, Los Sabinos, Monjas, Salado, San Juan, Vigoldi, Agua del Ramón, Agua del Ramón, Cañada de León, Cañada del Burro, Cañón del Veinte, El Alambrado, El Cajón, El Cantarito, El Cuajilote, El Guayabal, El Gusano, El Morón, El Saucito, El Sauz, El Ticulute, La Estancia Chica, Arroyo Seco, Yanee, Cañada de Agua, Cañada de la Palma, Cañada El Pedernal, Piedra del Muerto.
La CONAGUA distingue 3 Regiones en las que han sido intervenido el agua superficial en Oaxaca con estas obras. Un total de 11 en la Región del Balsas, 13 en la Región Golfo Centro, y 143 en la Región Pacífico Sur.
Por otro lado, distingue las 16 Cuencas sobre las que se han intervenido con estas 167 obras: Río Atoyac-Paso de la Reina (26), Río Atoyac-Salado (21), Río Atoyac-Tlapacoyan (72), Río Espíritu Santo (1), Río Grande (2), Río Los Perros (2), Río Mixteco (13), Río Salado (11), Río San Antonio (9), Río Santo Domingo (1), Río Sordo-Yolotepec (3), Río Tehuantepec (2), Río Tequisistlán (1), Río Tlapaneco (1), Río Tonto (1), Río Verde (1).
Otra forma en que CONAGUA identifica geográficamente las intervenciones de los cuerpos de agua con estas 167 obras son por medio de las 5 Regiones Hídricas: Costa Chica de Guerrero (122), Tehuantepec (17), Papaloapan (16), Balsas (11) y Costa de Oaxaca (1).
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https://otrosmundoschiapas.org/el-escaramujo-101las-represas-en-oaxaca
En el presente sexenio Oaxaca es una de las entidades más amenazadas en el país por los efectos de los megaproyectos planeados para el estado y para el resto del Sur-Sureste. Los proyectos mineros siguen generando grandes conflictos socioambientales además de los proyectos de represas. El Oleoducto, la infraestructura eléctrica, los parques eólicos, la ampliación del puerto en Salina Cruz y el Canal Interoceánico que partirá al estado y que incluirá diez centros o polos de desarrollo maquilador tendrán consecuencias socio ambientales irreversibles.
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Chiapas alberga las regiones de mayor biodiversidad del país así como más del 30% del agua superficial del territorio mexicano con 92 mil hectómetros cúbicos, y una reserva de agua subterránea de 2,500 hectómetros cúbicos. Cuenta con 81 cuencas hidrográficas.
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Desde el año 1550 cuando se tiene registrado la primera en el estado de Guanajuato, hasta el 2018, a lo largo de 468 años, se han construido en México 6,225 represas y bordos, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. El 41.25% de los municipios del país han sido intervenidos a lo largo de su historia por algún tipo de represa. Entre los diez estados que más han sido intervenidos con represas se encuentran, por orden de importancia: Tamaulipas, Jalisco, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo y Nuevo León. La mayoría son del norte del país. Sólo hay tres estados que nunca han sido intervenido con represas: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Al menos 600 Ríos de México se han represado a lo largo de estos 468 años, sin tomar en cuenta otras corrientes de agua como son arroyos, escurrimientos, afluentes, barrancas, canales, cañadas, manantiales, derramaderos, entre otras.1
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Publicado 12/03/2020
Con una de las legislaturas más conservadoras de los últimos años, el avance del proyecto parece depender mucho más de la organización y movilización de los afectados que de la buena voluntad de los legisladores.
Por Leonardo Fernandes, del Colectivo de Comunicación del MAB
Foto: Lidyane Ponciano.
Episodios como las rupturas de las represas en Mariana (2015) y Brumadinho (2019) son lamentables ejemplos de la forma irresponsable como hasta los días de hoy son tratadas las poblaciones afectadas por represas en Brasil. Sin una norma que dé seguridad jurídica a los afectados y afectadas, estos quedan a merced de la interpretación del Poder Judicial sobre la amplitud de sus derechos.
Como ejemplo, un año después del crimen en Brumadinho, las poblaciones afectadas todavía luchan para conquistar una reparación financiera justa. Mientras en la cuenca del río Paraopeba, recién fue conquistado el derecho a las asesorías técnicas en los territorios, en Mariana y en toda la cuenca del río Doce, ese derecho no ha sido garantizado a todas las familias afectadas. La diferencia entre los dos casos solo se explica por el vacío legal que existe sobre los derechos de los afectados y afectadas por represas en Brasil.
Para terminar con esta situación y darle seguridad jurídica a los afectados, el Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por su sigla en portugués) construye desde hace décadas un proyecto de ley que puede garantizar los derechos de las poblaciones afectadas sea por la construcción de emprendimientos hidroeléctricos y de desechos de minería, o por la ruptura de esas estructuras.
Leandro Scalabrin, abogado y miembro del Consejo Nacional de Derechos Humanos CNDH, explica que la lucha del movimiento siempre ha pasado por garantizar los derechos de los afectados que nunca estuvieron previstos en ley. Él recuerda que en 1986 hubo un marco en la conquista de los derechos de los afectados, cuando se firmó un acuerdo entre el ministro de Minas y Energía de ese momento y los afectados del sur del país, para garantizar derechos, como el reasentamiento colectivo de las familias afectadas. Desde entonces, otras iniciativas tuvieron pequeños avances y grandes retrocesos, pero hasta los días de hoy no existe una legislación que trate el tema.
Scalabrin cuenta que con la privatización del sector eléctrico, en la década de los 90, la situación se agravó. Hasta que en el 2006, el CNDH creó una comisión especial para investigar las violaciones de derechos humanos en la construcción de represas en Brasil. El informe producido por la comisión terminó sirviendo de subsidio para que el MAB elaborara la primera propuesta de una Política Nacional de los Afectados por Represas.
Ese informe constató que uno de los problemas de violaciones de derechos de los afectados es que no había una ley que garantizara esos derechos. Y que dependía de la organización de los afectados en cada caso, en cada región, para conquistar más o menos derechos. Eso estaba provocando situaciones desiguales, a veces involucrando a una misma empresa, relató.
Poco a poco, a cada pequeña victoria de los afectados en sus territorios, se fue consolidando el proyecto de ley, hoy denominado Política Nacional de los Afectados por Represas (PNAB, por su sigla en portugués). El 25 de junio del 2019, el Proyecto de Ley (PL) fue aprobado en la Cámara de Diputados, luego de la conclusión de la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación) de Brumadinho. Desde entonces, el proyecto sigue parado en el Senado Federal, donde está bajo responsabilidad del senador de Minas Gerais, Carlos Viana.
La propuesta prevé, entre otras cosas, criterios para la definición del espectro de afectados, la responsabilidad de las empresas sobre las poblaciones afectadas, los parámetros para la reparación financiera y construcción de los reasentamientos colectivos y el reconocimiento de la necesidad de las llamadas asesorías técnicas para los territorios afectados por represas, responsables por el levantamiento de datos y el señalamiento de soluciones sustentables.
Tchenna Maso, de la coordinación nacional del MAB, cuenta como el proyecto enfrenta dificultades de avanzar en el legislativo, gracias a la fuerte presión que hacen las grandes empresas del sector eléctrico junto a los diputados y senadores.
Ellos (los empresarios del sector eléctrico) cuestionan mucho el nivel de participación que nosotros queremos para los afectados y afectadas en ese proceso, además de las propuestas un poco más radicales sobre los planes de desarrollo regional, destacó.
Con una de las más conservadoras legislaturas de los últimos años, el avance del proyecto pareciera depender más de la organización y movilización de los afectados, que de la buena voluntad de los parlamentarios. Y motivos no faltan para movilizarse. Iury Paulino, del colectivo de Derechos Humanos del MAB, explica los cambios que pueden darse en la vida de los afectados a partir de la aprobación de ese marco legal.
Significa decir que nosotros podemos tener un conjunto de leyes que van regular la actuación de las corporaciones, de las grandes empresas en estos emprendimientos. El texto establece un conjunto de valores y directrices que no dicen respeto solamente al derecho a la propiedad, sino contemplan el derecho a la vida, el derecho al territorio, el derecho al río, el derecho al agua, el derecho a la cultura.
Iniciativas locales
En el ámbito del Estado donde ocurrieron las dos más grandes tragedias socio ambientales del país relacionados a represas, Minas Gerais, también tramita en la Asamblea Legislativa la Política Estadual de los Afectados por Represas (PEAB, por su sigla en portugués), ya aprobada en primera vuelta. La propuesta ahora necesita pasar por una segunda vuelta de votación.
Otros proyectos similares también tramitan o son negociados en otros estados de la federación, como Bahia, Ceará y Rio de Janeiro. En Rio Grande do Sul, el actual gobernador del Estado, Eduardo Leite, revocó en el 2019 el Decreto nº 51.595, de 23 de junio del 2014, que instituía la Política de Desarrollo de Regiones Afectadas por Emprendimientos Hidroelétricos PDRAEH, y la Política Estadual de los Afectados por Emprendimientos Hidroelétricos PEAEH.
Empresarios eléctricos ya activaron su máquina de propaganda
Si las grandes empresas mineras o del sector eléctrico dedicasen todo el recurso que gastan con publicidad y reportajes pagos en los medios de información, seguramente la situación de las poblaciones afectadas por represas sería otra en Brasil. Recientemente, grandes vehículos de prensa publicaron un artículo escrito por dos expertas que solo hacen atacar la propuesta de la PNAB.
El artículo afirma, sin presentar datos precisos, que es innegable que el texto aprobado por la Cámara no representa una propuesta ejecutable, al menos para el sector eléctrico. La afirmación demuestra claramente cuál es el sujeto de derechos considerado por las expertas: las empresas del sector eléctrico.
Las expertas afirman aún que el texto de la PL es amplio y subjetivo, no permitiendo la delimitación precisa del espectro de los afectados. Y claro, cuestionan todo y cualquier dispositivo de la ley que permita la participación directa de los afectados y afectadas. Y finaliza promoviendo un verdadero terrorismo mediático, al afirmar que la propuesta debe incidir sobre el precio de la luz, ya que la reparación de las poblaciones afectadas generaría un costo a las empresas del sector eléctrico, por lo que concluyen, dicho proyecto, que busca garantizar el derecho de las poblaciones que sufren con la construcción o la ruptura de las represas, sería diametralmente opuesto al desarrollo nacional.
No queda dudas de que se trata de la activación de sus máquinas de propaganda, con el objetivo de defender únicamente a los intereses de los empresarios, sin importarse con los derechos de las poblaciones afectadas. Para el MAB, ningún proyecto de desarrollo del país puede ignorar el bienestar, la dignidad y la integridad del pueblo trabajador.
Proteger en forma permanente los ríos que aún fluyen libremente debe ser una pieza central en el plan de acción climático de cada país. Chile puede liderar el camino. Esta columna fue publicada en The New York Times.
Macarena Soler, Monti Aguirre y Juan Pablo Orrego
9 ene 2020
Los ríos de la Patagonia chilena bajan como cascadas desde las escarpadas montañas nevadas, ganando velocidad entre las rocas y cerros ondulantes, y llenando el ambiente de impresionantes tonalidades turquesas, azules y verdes. El Puelo. El Baker. El Pascua. El Futaleufú. Todos ellos son tan impresionantes y únicos como los paisajes que recorren. Pero estos ríos, como muchos otros en todo el mundo, se han visto amenazados por proyectos que quieren represar sus aguas para abastecer de electricidad a las ciudades y/o a operaciones mineras ubicadas a grandes distancias. Solo un tercio de los 177 ríos más importantes del mundo siguen fluyendo libremente, y solo 21 ríos que tienen más de 1.000 kilómetros de longitud mantienen una conexión directa con el mar.
Si queremos detener el cambio climático global, impedir la intoxicación de las fuentes de agua dulce y hacer lo necesario por todos aquellos que dependen de los ríos para sobrevivir, debemos devolver más ríos a su estado natural.
Por décadas, los ríos han sido un tema de conversación tardía en las discusiones globales sobre cambio climático, como las que recién concluyeron en Madrid este mes. De hecho, nuevas corrientes de financiamiento climático, como la Iniciativa de Bonos Climáticos, pronto estarán disponibles para proyectos hidroeléctricos a gran escala. Si bien las energías renovables y su financiamiento son parte importante de las soluciones climáticas, las represas hidroeléctricas NO son la solución.
La hidroelectricidad no es una tecnología limpia y verde, como se suele creer. Los ríos ayudan a regular un ciclo de carbono global cada vez más volátil, transportando material orgánico en descomposición de la tierra al mar, donde se deposita en el lecho marino. Esto extrae cada año unos 200 millones de toneladas estimadas de carbono del aire.
El científico Philip Fearnside, integrante del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, ha documentado que las grandes represas, sobre todo en ríos tropicales como el Amazonas, son verdaderas «fábricas de metano», emitiendo en algunos casos más gases de efecto invernadero que las centrales eléctricas a carbón. A principios de este mes en Madrid, 276 organizaciones de la sociedad civil que participaron en las conversaciones sobre cambio climático de las Naciones Unidas solicitaron que la Iniciativa de Bonos Climáticos excluya a las mega represas del financiamiento climático.
Las represas hidroeléctricas, cuando se construyen, inundan grandes áreas de vegetación, provocando descomposición y liberando dióxido de carbono, metano y óxido nitroso al ambiente. De hecho, consideradas en su conjunto, las represas hidroeléctricas emiten mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero al año, comparable a la industria de la aviación, que emitió más de 900 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 2018.
Pero el represamiento de ríos no solo afecta a los ecosistemas, sino que también a las personas. Más de 60 millones de personas en países en vías de desarrollo dependen de lagos y ríos para su sustento. Se calcula que unas 80 millones de personas ya han sido desplazadas por proyectos de represas en todo el mundo. Las Naciones Unidas estiman que alrededor de un millón de especies de animales y plantas están siendo amenazadas de extinción, al menos en parte por la construcción de represas, la contaminación de ríos, alteración de su cauce para la agroindustria y la sobrepesca.
Por más de una década, los ambientalistas chilenos hemos luchado contra proyectos de represas en el país. En 2006, Endesa propuso construir cinco mega represas en la región de Aysén, una de las áreas menos poblada de nuestro país y una de las más prístinas, la cual alberga una de las mayores reservas de agua dulce del mundo fuera de la Antártica y Groenlandia: Campos de Hielo Norte y Sur.
Nos referimos al controvertido proyecto HidroAysén, que habría inundado alrededor de 6.070 hectáreas de bosques para transmitir energía a ciudades tan distantes como Santiago y para alimentar la industria del cobre, que representa el 10 por ciento del PIB de nuestro país. Pero ¿a qué costo?
Un estudio realizado en 2009 por la Universidad de Chile señaló que no se requerían grandes proyectos de represas para satisfacer las futuras y crecientes necesidades de energía del país. Las comunidades amenazadas directamente por HidroAysén se organizaron, salieron a la calle miles de personas en diferentes ciudades con pancartas contra el proyecto, otras decenas de miles firmaron peticiones, y los ambientalistas desafiamos las represas presentando diferentes causas en tribunales.
A pesar del entusiasmo inicial del gobierno por dar luz verde a HidroAysén, el Comité de Ministros suspendió el proyecto en 2014, reconociendo los impactos significativos que tendría sobre una de las regiones más emblemáticas de Chile.
El movimiento actual para proteger los ríos libres de la Patagonia se apoya en la «Wild and Scenic Rivers Act» (Ley de ríos salvajes y escénicos) de los Estados Unidos, aprobada en 1968, la cual protege 13,413 millas de 226 ríos que fluyen libremente en 41 Estados y Puerto Rico.
Varias organizaciones chilenas estamos trabajando en la elaboración de un proyecto de Ley Ríos Salvajes, lo que sitúa a Chile a la vanguardia de los países que utilizan las protecciones fluviales como un medio para adaptarse y contrarrestar el cambio climático.
Nuestros esfuerzos también se han visto impulsados por acontecimientos recientes que han significado el otorgamiento de derechos legales a ríos en Nueva Zelanda y Bangladesh. Varias organizaciones internacionales, entre ellas Rivers Without Boundaries y World Heritage Watch, contribuyeron al informe «Heritage Dammed» (Patrimonio Embalsado), publicado en junio, el cual solicita que los ríos reciban el mismo reconocimiento y protección que los Sitios declarados como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Esto podría otorgarle a los ríos más preciados del mundo – entre ellos entre ellos el Nu-Salween y el Tigris – una protección legal permanente contra el represamiento, la contaminación y la alteración de sus cauces.
Es importante recalcar que los primeros países en participar en el boom de la construcción de represas han empezado a desmantelar o dejar parcialmente fuera de funcionamiento sus represas. En Estados Unidos se han removido más de 1.600 represas obsoletas. El actual plan quinquenal de desarrollo económico y social en China incluye un esfuerzo por reconectar ríos, revirtiendo años de construcción de represas sin control que contribuyeron a la desaparición de más de la mitad de los 50.000 ríos del país.
En Chile nos estamos organizando para proteger los ríos de un destino similar, ya que cambiarán irrevocablemente si el gobierno chileno no les otorga una protección legal permanente. Si la comunidad global se preocupa por el clima, entonces debemos hacerlo mucho mejor para proteger nuestros ríos.
* Macarena Soler es la fundadora de Geute Conservación Sur (@Fundacion_Geute). Monti Aguirre es la Coordinadora del Programa de International Rivers para Latinoamérica (@intlrivers). Juan Pablo Orrego es el presidente de Ecosistemas (@riosvivos) y en 1997 recibió el Goldman Environmental Prize.
https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/conservemos-nuestros-rios-salvajes/968096/
Permanent protections for free-flowing rivers need to be a centerpiece of every country’s national climate action plan. Chile can lead the way.
Dec. 29, 2019
By Macarena Soler, Monti Aguirre and Juan Pablo Orrego
Ms. Soler is the founder of Geute Conservación Sur, Ms. Aguirre is the Latin America program coordinator of International Rivers and Mr. Orrego is the president of Ecosistemas.
The rivers of Chilean Patagonia cascade from snow-capped mountains through sheer rock facades and rolling hills, radiating bright turquoise, deep blues and vivid greens. The Puelo. The Pascua. The Futaleufú. Each is as breathtaking and unique as the landscape it quenches.
But these rivers, like many worldwide, have been threatened by dam projects that aim to provide power for distant cities and mining operations. Only one-third of the world’s 177 longest rivers remain free flowing, and just 21 rivers longer than 1,000 kilometers (621 miles) retain a direct connection to the sea.
If we are to arrest global climate change, prevent the toxifying of freshwater sources and do right by all those who depend on rivers for survival, we must return more rivers to their natural state.
For decades, rivers have been an afterthought in global climate talks, like the ones that concluded in Madrid this month. New streams of climate finance, like the Climate Bonds Initiative, may soon be available to large-scale hydropower projects. While renewable energy and its financing are an important part of climate solutions, hydropower dams are not the answer.
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Hydropower is not a clean, green technology. Rivers help regulate an increasingly volatile global carbon cycle by transporting decaying organic material from land to sea, where it settles on the ocean floor. This draws an estimated 200 million tons of carbon out of the air each year.Climate Fwd A new administration, an ongoing climate emergency — and a ton of news. Our newsletter will help you stay on top of it. Get it sent to your inbox.
As an Intergovernmental Panel on Climate Change scientist, Philip Fearnside, has documented, large dams, especially on tropical rivers like the Amazon, are “methane factories,” emitting in some cases more greenhouse gases than coal-fired power plants. This month in Madrid, 276 civil society groups attending the United Nations climate talks called on the Climate Bonds Initiative to exclude hydropower from climate financing.
Hydroelectric dams, when they are built, flood large areas of vegetation. This fuels decomposition and releases carbon dioxide, methane and nitrous oxide. Considered as a whole, hydroelectric dams emit a billion tons of greenhouse gases per year. This is comparable to the aviation industry, which emitted over 900 million tons of greenhouse gases in 2018.
Damming rivers affects both people and ecosystems. More than 60 million people in developing countries depend on lakes and rivers for their livelihoods. An estimated 80 million people have already been displaced by dam projects worldwide. The United Nations estimates that around one million animal and plant species are threatened with extinction, at least in part because of damming, river pollution, diversion for industrial agriculture and overfishing.
For more than a decade, Chilean environmentalists have been fighting dam projects. In 2006, the Chilean energy corporation Endesa proposed to build five major dams in the Aysén region, a sparsely populated area in the south of Chile that is home to one of the world’s largest ice fields outside of Antarctica and Greenland.
Broadway Is Back! A Guide to Shows, Tickets and Covid Protocols.Carl Nassib Made History, but Also a Big PlayThe Covid Crisis Is Now a Garbage Crisis, Too
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This dam project, called HidroAysén, would have flooded nearly 15,000 acres of forests to transmit power to distant cities and to fuel the country’s copper industry, which accounts for as much as 10 percent of Chile’s G.D.P. But at what cost?
A 2009 study by the University of Chile found large dam projects unnecessary to meeting the country’s future and growing energy needs. Communities threatened by HidroAysén organized. Across Chile, thousands of people took to the streets in more than a dozen cities. Environmentalists challenged the proposed dams in courts.
In spite of the government’s initial eagerness to greenlight HidroAysén, the Committee of Ministers scuttled the project in 2014, in recognition of the significant impacts the project would have had on one of Chile’s most iconic regions.
The current movement to protect Patagonia’s free-flowing rivers stands on the shoulders of the United States Wild and Scenic Rivers Act, passed in 1968, which protects 13,413 free-flowing miles of 226 rivers in 41 states and Puerto Rico.
Several Chilean organizations are working on Ley Ríos Salvajes, a campaign to create a wild rivers law. This places Chile at the forefront of countries using river protections as a means of adapting to and offsetting climate change.
Our efforts are also buoyed by recent developments that have seen legal rights granted to rivers in New Zealand and Bangladesh. Many international organizations, among them Rivers Without Boundaries and World Heritage Watch, contributed to the “Heritage Dammed” report, published in June, which calls for rivers to receive the same recognition and protection as the UNESCO World Heritage Sites they nourish.
This could grant renewed protections for some of the world’s most cherished rivers — among them the Nu-Salween and the Tigris — permanent legal protection from damming, diversion and pollution.
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Countries that were the first to participate in a dam-building boom have started to dismantle or partly decommission their dams. In the United States, over 1,600 obsolete dams have been removed. The current five-year plan for economic and social development in China includes an effort to reconnect rivers, reversing years of unchecked dam construction that has contributed to the disappearance of more than half of the country’s 50,000 rivers.
We are organizing to protect Chilean rivers from a similar fate. Rivers will be irrevocably changed if the Chilean government doesn’t grant them permanent legal protection. If the global community cares about the climate, it needs to do a lot better by its rivers.Read more about waterOpinion | Meera SubramanianIndia’s Terrifying Water CrisisJuly 15, 2019Opinion | Michael Sainato and Chelsea SkojecBottled Water Is Sucking Florida DrySept. 15, 2019Opinion | Mike Joy and David LarsenThe Incontinent Cows of Middle-earthAug. 15, 2019
Macarena Soler is the founder of Geute Conservación Sur (@Fundacion_Geute). Monti Aguirre is the Latin America program coordinator of International Rivers (@intlrivers). Juan Pablo Orrego is the president of Ecosistemas (@riosvivos) and a 1997 recipient of the Goldman Environmental Prize.
The Times is committed to publishing a diversity of letters to the editor. We’d like to hear what you think about this or any of our articles. Here are some tips. And here’s our email: letters@nytimes.com.
Follow The New York Times Opinion section on Facebook, Twitter (@NYTopinion) and Instagram.A version of this article appears in print on Dec. 30, 2019, Section A, Page 15 of the New York edition with the headline: Keep Our Rivers Flowing Freely
21 noviembre 2019
En la región de los Altos de Jalisco el agua se ha convertido en un recurso geoestratégico que viene siendo acaparado por las grandes empresas del Bajío. Las presas son el medio a través el cual se logra dicho control.
Tan sólo en el Río verde y sus afluentes, en donde ya hay presas construidas, existen varias en proyecto de las cuales dos se encuentran en construcción. Una de ellas es la presa El Zapotillo, que junto con el acueducto que pretende llevar agua a la ciudad de León, son obras financiadas por una asociación público-privada para saciar la sed de unos cuantos empresarios.
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