Comunicado | No a las represas de Garabi-Panambi: Bolsonaro quiere retomar proyecto en el río Uruguay
El proyecto estaba suspendido desde 2015, el próximo miércoles, 28 de abril, el asunto vuelve a la agenda con el gobierno queriendo retomar la construcción; afectados se oponen por Movimento dos Atingidos por Barragens – Rio Grande do Sul
Publicado 28/04/2021 – Atualizado 14/05/2021
Es con profunda indignación que nosotros, el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués), informamos sobre la ofensiva del gobierno de Bolsonaro que pretende retomar el proyecto del Complejo Hidroeléctrico Binacional Garabi-Panambi, ubicado en el río Uruguay, entre Brasil y Argentina.
El próximo miércoles, 28 de abril, será juzgado, en el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4), un recurso de apelación introducido por el IBAMA, Electrobrás y União contra la decisión que impide los estudios del Complejo Hidroeléctrico Garabi-Panambi.
En el caso de que sea construido, será el mayor complejo hidroeléctrico de América Latina, poseyendo un área de inundación de más de 99 mil hectáreas (un área mayor que la de la Central Hidroeléctrica de Belo Monte), afectando directamente a cerca de 12.600 personas de 19 municipios brasileños, en las regiones de Celeiro, Missões y Fronteira Noroeste, en el estado Rio Grande do Norte, además de 16 municipios argentinos en las provincias de Misiones y Corrientes. El número de afectados pueden ser aún mayor, superando las 20 mil personas, si consideramos las distorsiones y omisiones presentes en los estudios disponibles.
En el Parque Estadual do Turvo, una de las principales áreas de preservación ambiental del estado Rio Grande do Sul, se encuentra el Salto do Yacumã del río Uruguay, donde pueden haberse inundado unas 60 hectáreas del área y con ello podría haber desaparecido el salto.
El proyecto data de la época de los años 80, consiste en dos presas; siendo que, Garabi se localiza en los municipios Garruchos (de Brasil y Argentina) y Panambi entre los municipios de Alecrim (Brasil) y Panambi (Argentina).
En los últimos 10 años, el proyecto fue retomado y, a partir de la lucha de los afectados y aliados, en 2015, la 1ª Vara de la Justicia Federal de Santa Rosa emitió una liminar que suspendía la continuación de los estudios.
Infelizmente, el gobierno de Bolsonaro se moviliza para retomar el proyecto. El juicio ocurrirá el próximo miércoles, 28 de abril, de forma virtual, negando el derecho básico de la población afectada a estar informada y a la garantía de plena participación en las decisiones.
El gobierno de Bolsonaro, en vez de insistir en este proyecto, debería hacer efectivas las urgentes medidas de protección a la vida del pueblo, que sufre con los altos índices de desempleo, hambre y miseria junto al aumento de las muertes causadas por la COVID-19.
Además, Brasil no necesita de nuevas hidroeléctricas porque posee, actualmente, más de 30% de energía excedente en territorio nacional. Lo que justifica la construcción de nuevas represas es el interés de los grupos económicos (multinacionales y bancos; capital financiero) que divisan en el sector hidroeléctrico la posiblidad de extraer altas tasas de lucro, con energía producida a un bajo costo por medio del agua, y vendida en función del precio del petróleo o del carbón.
Vale destacar que, en Brasil, producimos la energía más barata, pero paganos la 5ª tarifa más cara del mundo. Esta codicia por el lucro castiga diariamente al pueblo brasileño.
El modelo energético brasileño es injusto, autoritario y viola sistemáticamente 16 derechos fundamentales, como señala la relatoría de 2010 del CDDPH (Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana).
Frente a esto, el MAB convoca a toda la sociedad brasileña y argentina a sumarse a la lucha contra esta acción del gobierno de Bolsonaro, que obedece a las empresas multinacionales de la energía y que quieren apropiarse de nuestras riquezas naturales para extraer altas tasas de ganancia a costa de la violación de derechos y de los impactos socioambientales.
No necesitamos de este tipo de desarrollo excluyente e injusto, defendemos la vida y un otro modelo energético y de desarrollo, en el cual el agua y la energía sirvan para la soberanía de los pueblos y no para los banqueros y las multinacionales.
¡Fuera, Bolsonaro! Presidente genocida y entreguista de las riquezas del pueblo brasileño. El lucro no puede estar por encima de la vida.
En el Día Internacional de Lucha contra las Presas, este 14 de marzo, organizaciones y comunidades integrantes del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), expresaron su rechazo a la Ley de la Industria Eléctrica, porque sigue promoviendo esos vasos como “energía limpia”.
Advirtieron que priorizar las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podría motivar la reactivación de proyectos que actualmente se encuentran suspendidos o impulsar otros nuevos. En un comunicado, Mapder mencionó al proyecto hidroeléctrico Puebla 1 en comunidades totonacas, que pretende beneficiar a Walmart, Suburbia, Vips, entre otras empresas, además de 16 mini hidroeléctricas en el Río Bobos Nautla en Veracruz.
También los planes de las presas hidroeléctricas La Parota en Guerrero, Las Cruces en Nayarit, “Paso de la Reina” y el Proyecto Hidroeléctrico Río Verde, en Oaxaca. Actualmente, indicó, a nivel nacional hay 29 hidroeléctricas que cuentan con permisos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y que se encuentran en fase de construcción o de planeación. Señaló que durante los últimos 20 años se evitó la imposición de grandes proyectos de presas, pero persiste aún la amenaza de destrucción ecológica, cultural y social a los pueblos afectados por proyectos.
A ello se suma la criminalización y hostigamiento a defensores de los ríos ha sido una constante en el país, y este año sin haber transcurrido tres meses, fueron asesinados Fidel Heras Cruz defensor comunitario y autoridad agraria, integrante del Copudever en Oaxaca y Miguel Vázquez Martínez integrante de la Alianza de Comunidades del Río Bobos Nautla en Tlapacoyan, Veracruz.
Dos años del crimen de la Vale en Brumadinho: MAB denuncia acuerdo sin participación de los afectados
La empresa difunde propaganda en la que dice estar resolviendo los problemas de los afectados, pero la verdad es que está ganando tiempo para minar la capacidad de lucha del pueblo y sacar a Brumadinho de los noticieros por Movimento dos Atingidos por Barragens
Publicado 27/01/2021 – Atualizado 27/01/2021
“El único objetivo de la Vale es el lucro por encima de la vida. En la región de Brumadinho, la empresa, a cualquier costo, actúa con el propósito de no pagar por sus crímenes. Quiere evitar nuevos gastos en la reparación de los derechos violados. Al mismo tiempo, quiere continuar explotando minerales en Minas Gerais, enviándolos fuera del país sin pagar el mínimo de los impuestos”
Para conseguir tales objetivos, la Vale utiliza diversas estrategias, desde la subyugación de gobiernos, parlamentarios, el Poder Judicial, órganos del gobierno y demás estructuras jurídicas institucionales, hasta la desorganización de la población y el debilitamiento de su capacidad de lucha por medio de la cooptación de los afectados, afectadas y liderazgos populares, aunado a la constante divulgación de noticias falsas.
Existe también una estrategia ideológica de comunicación, con propagandas dirigidas a la sociedad y a los accionistas para ocultar la realidad del pueblo y burlar los hechos verdaderos.
La empresa difunde propaganda en la que dice estar resolviendo los problemas de los afectados, pero la verdad es que está ganando tiempo para minar la capacidad de lucha del pueblo y sacar a Brumadinho de los noticieros.
En la práctica, lo que la Vale está haciendo es, a través de su poder económico, controlar política e ideológicamente para dominar el territorio y con ello continuar garantizando altos lucros para el sistema financiero, para banqueros y fondos de inversiones internacionales; sus propietarios actuales.
La población de la cuenca del río Paraopeba y el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués) fueron sorprendidas el día 22 de octubre de 2020, en el silencio de la noche, con la noticia de que la empresa Vale S.A., el gobierno del estado de Minas Gerais e instituciones de la Justicia estaban realizando un gran acuerdo clandestino que decidía el futuro de las indemnizaciones y la vida de los afectados en la región.
Este acuerdo es un escándalo, porque decide sobre el proceso de reparación, como resultado de la ruptura de la represa de Córrego do Feijão, en Brumadinho, de forma descarada, sin la participación de las personas afectadas y contando además con la protección del deber de sigilo jurídico bajo la decisión de juezes y fiscales.
El acuerdo global involucra a la Vale, el gobierno de Minas, las defensorías y ministerios públicos, además de la Fiscalía General de la Unión.
Inicialmente, contemplaba un proceso judicial por el valor total de R$ 54 mil millones que incumbía a dos demandas: una de R$ 26 mil millones, que corresponde a los daños económicos sufridos por el estado y otra de R$ 28 mil millones que corresponde a los daños morales y sociales colectivos; a la comunidad.
La empresa Vale propuso pagar un total de R$ 21 mil millones, siendo el “techo global” de pagos unos R$ 16,45 mil millones, que incluiría la realización de obras en Belo Horizonte, ubicada a 60 kilómetros de distancia de Brumadinho, R$ 3 mil millones previstos para la recuperación ambiental, además de los R$ 2,2 mil millones ya usados en indemnizaciones para cerca de 8 mil afectados. Una parcela mil millonaria también sería distribuida al Poder Judicial para que coordinasen acciones en el llamado “sector terciario”.
Esta propuesta de la empresa plantea un reducir para menos de la mitad del valor total de las dos demandas. El hecho concreto es que el acuerdo no permite la participación efectiva de los afectados y afectadas. O sea, las víctimas siguen excluidas, mientras que los señores dueños del poder quieren lucrarse por encima del crimen y de la vida de millares de afectados por la fechoría de la Vale.
Los afectados y afectadas reivindican que las discusiones sobre la reparación de daños no atienden las cuestiones de emergencia (pago de emergencia, suministro de agua, indemnizaciones, entre otros) que garantizarán las condiciones de vida hasta la reparación integral.
Los afectados no están contra el acuerdo, pero, tratándose de la vida del pueblo, deben ser protagonistas en cualquier acuerdo que trate sobre el futuro de sus vidas y de la definición de un valor justo en la reparación de daños, este debe ser un derecho asegurado; poder participar de las decisiones.
El acuerdo es una jugada de la empresa criminal, al colocar para un Estado financieramente fallido la posibilidad de recaudar algunos miles de millones a “nombre de los afectados”, que representan algunos pocos meses del lucro líquido de la empresa, a cambio de la condonación total del pasivo debido por la propia incompetencia en el manejo de la represa de la Mina Córrego do Feijão, en Brumadinho. Así la empresa deja de ser la responsable por la reparación de los derechos de las víctimas, pasando la responsabilidad al Estado.
Se nota que la justicia no se ha mostrado un instrumento efectivo para la reparación integral de los daños, del acceso a la justicia y que no garantiza los derechos de las víctimas.
El Poder Judicial poco conoce de los casos y las necesidades reales y urgentes de los afectados en las localidades. Además de eso, las mineras poseen un enorme aparato jurídico a través de sus innúmeros escritorios de abogacía.
Eso conduce a una fuerte incisión jurídica en recurrir a las decisiones, lo que permite que el aplazamiento de determinaciones definitivas privilegie a quien tiene las mejores condiciones, en este caso, las empresas. De esa forma, esto conlleva a la morosidad en la reparación tanto del medio ambiente como de las víctimas, pues las sobrecarga con un tiempo procesual muy largo.
Así como en la cuenca del río Doce, nuevamente un acuerdo fue construido sin la participación de la población afectada, bajo el pretexto de que la conciliación es la mejor y más rápida forma para la resolución del proceso.
Sin embargo, denunciamos aquí que la celeridad atiende solamente a los objetivos del gobierno del estado de Minas Gerais y de la empresa Vale, sin que eso garantice los derechos de los afectados, especialmente el derecho a la participación.”
Colectivos y organizaciones en defensa de los ríos y resistencias a proyectos extractivistas en México y el mundo realizaron la Jornada de Celebración y Acción: “Por Ríos Libres de Represas, Tóxicos y Extractivismo” para exigir el respeto al derecho humano al agua y su saneamiento.
La comunidad de Temacapulín, quien lleva 26 años resistiendo ante la presa El Zapotillo, fue elegida como sede del Tercer Encuentro Mundial de Afectadxs por las Represas y sus Aliadxs en 2010; en aquel año recibió a comunidades de 54 países que defienden sus ríos, el agua, los derechos humanos y sus territorios de megaproyectos extractivos.
Por Eric Sandoval / @eric20san
“Cada comunidad, pueblo, en México, en América Latina y en el mundo que están viendo esto ya sea en vivo o en su repetición: realmente hay que unirnos para defender los territorios, defender las culturas, defender los ríos y defender este planeta que está llamándonos la atención diciendo: es momento de cambiar el modelo”, mencionó Marco von Borstel para abrir el evento por el Décimo Aniversario del Tercer Encuentro Mundial de Afectadas y Afectados por las Represas que celebró en 2010 en Temacapulín, Jalisco.
A través de un posicionamiento que fue leído en directo por el live de Facebook, 320 personas de 54 países se manifestaron en contra de las represas destructivas, apoyando a las y los activistas en defensa por el uso ecológico del agua, la administración y producción justa de energía, la autodeterminación de los pueblos, la defensa del territorio, la justicia ambiental y climática, y el respeto a los derechos humanos.
“Temaca debe vivir, su lucha es nuestra lucha”, se declaró en el posicionamiento.
Así mismo, expresaron su solidaridad con los pueblos que actualmente se ven afectados por las inundaciones provocadas por el desfogue de represas en distintos estados de México, señalando también que el planeta ha desatado su furia por los malos tratos que le hemos dado: “Rechazamos la política desenfrenada de construcción”, mencionaron las y los participantes.
Este evento que conmemora los 10 años del Tercer Encuentro Mundial de Afectadxs por las Represas y sus Aliadxs arrancó este 7 de diciembre de manera virtual y tendrá una duración de tres días.
Colectivos y organizaciones en defensa de los ríos y resistencias a proyectos extractivistas en México y el mundo realizaron la Jornada de Celebración y Acción: “Por Ríos Libres de Represas, Tóxicos y Extractivismo” para exigir el respeto al derecho humano al agua y su saneamiento.
La comunidad de Temacapulín, quien lleva 26 años resistiendo ante la presa El Zapotillo, fue elegida como sede del Tercer Encuentro Mundial de Afectadxs por las Represas y sus Aliadxs en 2010; en aquel año recibió a comunidades de 54 países que defienden sus ríos, el agua, los derechos humanos y sus territorios de megaproyectos extractivos.
Por Eric Sandoval / @eric20san
“Cada comunidad, pueblo, en México, en América Latina y en el mundo que están viendo esto ya sea en vivo o en su repetición: realmente hay que unirnos para defender los territorios, defender las culturas, defender los ríos y defender este planeta que está llamándonos la atención diciendo: es momento de cambiar el modelo”, mencionó Marco von Borstel para abrir el evento por el Décimo Aniversario del Tercer Encuentro Mundial de Afectadas y Afectados por las Represas que celebró en 2010 en Temacapulín, Jalisco.
A través de un posicionamiento que fue leído en directo por el live de Facebook, 320 personas de 54 países se manifestaron en contra de las represas destructivas, apoyando a las y los activistas en defensa por el uso ecológico del agua, la administración y producción justa de energía, la autodeterminación de los pueblos, la defensa del territorio, la justicia ambiental y climática, y el respeto a los derechos humanos.
“Temaca debe vivir, su lucha es nuestra lucha”, se declaró en el posicionamiento.
Así mismo, expresaron su solidaridad con los pueblos que actualmente se ven afectados por las inundaciones provocadas por el desfogue de represas en distintos estados de México, señalando también que el planeta ha desatado su furia por los malos tratos que le hemos dado: “Rechazamos la política desenfrenada de construcción”, mencionaron las y los participantes.
Este evento que conmemora los 10 años del Tercer Encuentro Mundial de Afectadxs por las Represas y sus Aliadxs arrancó este 7 de diciembre de manera virtual y tendrá una duración de tres días.
En este evento que es organizado por los colectivos: Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; Movimiento Mexicano de Afectadxs por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER); Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) y Colectivo de Abogadxs, se habló de los logros que han ayudado a detener la construcción de represas, además de las luchas que han dado para proteger los ríos mediante proyectos que buscan generar condiciones para su reasentamiento.
También celebraron la capacidad de autosuficiencia que han generado estos movimientos durante su lucha por la repartición y protección de agua, la producción de energía sustentable, el saneamiento de aguas y la protección contra inundaciones extremas.
“Siempre el interés de los pueblos antes que el de compañías nacionales y trasnacionales”, puntualizaron.
Además condenaron la construcción de proyectos extractivistas que sólo violan los derechos humanos de los pueblos, represan los ríos, inundan las selvas, exterminan especies, saquean y explotan a los pueblos originarios de las regiones y sus territorios.
“Nuestros muertos y perseguidos cuentan una triste historia de la violencia de las construcciones de represas, pero también de la resistencia heróica de los pueblos afectados y de su firme decisión de llevar la lucha por un nuevo modelo de usar el agua, y de la producir y utilizar la energía al servicio de los pueblos”, enfatizaron.
Como demandas, el grupo de movimientos organizaciones y colectivos mencionó:
Reafirmamos los principios y demandas de las declaraciones de Curitiba, Irras y Salai.
Nos oponemos a la construcción de todas las represas social y ambientalmente destructivas.
Nos oponemos a la construcción de cualquier represa que no haya sido aprobada por los pobladores afectados.
Gobiernos, instituciones financieras y corporaciones deben someter todas las decisiones sobre represas a la aceptación pública y consentimiento informado por los afectados y afectadas.
Los servicios prestados por las represas existentes deben ser optimizados, el daño social y ambiental minimizado y reparado, compensado ante la construcción de cualquier nuevo proyecto.
Respeto total al conocimiento y manejo tradicional de los territorios, de los pueblos indígenas y tribales, comunidades tradicionales y campesinos, y de sus derechos colectivos a la autodeterminación y libertad.
Las reparaciones deben ser entregadas y negociadas a las millones de personas que han sufrido a causa de las represas.
Constructores y beneficiarios de las represas son los que deben pagar los costos de las reparaciones.
Deben ser promovidos programas y planes de recuperación de desarrollo económico y social de las poblaciones afectadas bajo control popular.
Rechazamos la militarización de nuestros territorios, exigimos el cese del uso de toda forma de violencia, intimidación contra las personas amenazadas y afectadas por represas y organizaciones que se oponen a las mismas.
La equidad de género debe ser respetada en todas las políticas, programas y proyectos sobre agua y energía.
Deben realizarse acciones, incluyendo, el desmantelamiento para restaurar los ecosistemas y los estilos de vida que han sido dañados por las represas.
Rechazamos la privatización de los sectores de energía y agua.
Estas y más exigencias expresadas por este grupo de movimientos activistas puedes escucharlas en este enlace:
Este encuentro cuenta con la participación internacional de movimientos y luchas internacionales en defensa de los ríos como: Ríos Internacionales; Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB); Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR); Red Vida; Movimiento de Afectados por Represas en Latinoamérica (MAR); Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA); Movimiento Mexicano contra la Minería (REMA); Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST).
Puedes seguir las actividade de este encuentro a través de las redes sociales del IMDEC A.C., MAPDER, REDLAR e International Rivers; los temas que se desarrollarán serán la defensa del territorio en la Sierra Norte de Puebla; la gestión comunitaria del agua; la criminalización de los defensores del agua; entre muchos otros que podrás ver a través de la pantalla.
Injusticia en la cuenca del río Doce: 5 años sin reparación para los afectados; lea la nota del MAB
Somos las víctimas de un crimen bárbaro que está lejos de una solución correcta, pero también somos un pueblo en lucha dispuesto a batallar y colocar la vida por encima del lucro por Movimento dos Atingidos por Barragens
Publicado 05/11/2020
El crimen de Samarco, Vale, BHP Billiton destruyó cerca de 670 km de extensión del Río Doce y parte del litoral del estado de Espírito Santo, hace cinco años. Cerca de 500 mil personas fueron afectadas con el rompimiento de la represa de Fundão, en Mariana, y siguen sin derechos ni reparación. Las personas perdieron las casas, el trabajo, el ingreso económico, el acceso al agua y vieron deteriorada su salud. Muchas vidas fueron destruidas.
Centenas de familias aún siguen viviendo en casas alquiladas porque, luego de cinco años, la empresa no reasentó y no reparó las familias con nuevas viviendas y lugares de trabajo adecuados.
El sistema de justicia y las estructuras del Estado están cada vez más cautivos y dominados, actuando como sirvientes de las empresas internacionales que dominan la región.
En este día, el Movimiento de los Afectados por Represas denuncia que la Vale es injusta. Injusta porque son cinco años sin reparación adecuada en lo que respecta a los derechos de las familias que fueron afectadas a lo largo de la cuenca del río Doce y del litoral de Capixaba. Injusta porque el Poder Judicial está en manos de las mineras, actuando contra el pueblo afectado para proteger los extraordinarios lucros del gran capital.
A pesar de la gravedad de la situación, llegamos a media década sin reparación de derechos de los afectados. La impunidad es evidente. En la región, el lucro fue colocado por encima de la vida. El crimen se “renueva” cotidianamente en los lugares por donde pasa el “lodo tóxico” de las injusticias.
Ya no hay una salud adecuada entre las víctimas. En el caso de las mujeres, los estudios han revelado que ellas no están siendo reconocidas como afectadas; producto del formato de los registros, por lo que, son verificados aumentos de enfermedades reproductivas, violencia doméstica y alcoholismo, como efectos colaterales de los daños y la desestructuración del trabajo en las comunidades.
El lodo tóxico trajo la pérdida de lugares de trabajo e ingresos económicos. Sectores como el de la pesca fueron completamente afectados. Hasta hoy no existe en curso ningún programa de reestructuración productiva y económica para las familias. Al contrario, las que reciben “ayuda de emergencia” se hicieron dependientes, no habiendo por parte de las empresas ninguna política de transición, apenas anualmente la amenaza de cortar dicha ayuda.
Muchas indemnizaciones fueron pagadas de forma insuficiente, el dinero no resolvió problemas de puestos y locales de trabajo y tampoco de vivienda. En resumen, el crimen empobreció las familias y profundizó su dependencia.
Mientras los derechos son negados, en el último trimestre de 2020 Vale duplicó sus lucros, que fueron anunciados por el monto de R$ 15 mil millones. A pesar del lucro extraordinario, la empresa no permitió finalizar ninguno de los tres reasentamientos con los que se había comprometido, no atendió las 10 comunidades que reivindican derecho a la vivienda y tampoco cumplió con los acuerdos pactados con gobiernos e instituciones de la justicia.
Una nueva guerra de informes técnicos, expertos y negociaciones es puesta en campo, bajo una compleja arquitectura corporativa de artimañas de dominación y manipulación.
En marzo de 2016, gobiernos y empresas anunciaron un “gran acuerdo” de gabinete, sin participación de los afectados, que estimaba gastar cerca de R$20 mil millones en soluciones. En ese acuerdo, los estados transfirieron su responsabilidad de la gestión del crimen a una fundación privada, creada, organizada y administrada por las empresas propietarias de Samarco: la Fundación Renova.
Pasada media década, la Fundación Renova no fue capaz de concluir siquiera el programa previo e inicial del registro de las familias. Se reveló un mecanismo de protección del lucro de Samarco, Vale y BHP Billiton, además de un instrumento para dejar cautivas y dominar estructuras estratégicas de gobiernos y del Estado, así como violar e impedir la correcta solución de los derechos de los afectados por represas.
Buena parte de los fondos usados, estimados en R$10 mil millones por la fundación, son destinados a propaganda engañosa, noticias falsas, cooptación, desorganización del pueblo, manipulación y negación de derechos a las víctimas del crimen de Samarco.
De cerca de 95 mil registros y solicitudes, solo 19 mil personas reciben la ayuda económica de emergencia, aún así, con la pesca y la agricultura comprometidas en muchas partes de la cuenca, hasta hoy.
Con la parcela estratégica del Poder Judicial dominado, el conflicto a cada año fue siendo más judicializado. El poder decisorio se concentró en las manos de un juíz federal, que actua como agente servil de la empresa criminal, actúa para defender a la empresa y manipular las familias afectadas. Hasta hoy, no hubo ninguna responsabilización penal por la muerte de las 19 personas, o inclusive por los demás crímenes. No fueron pagadas y mucho menos solucionadas las multas debidas, tanto por los daños ambientales como por la morosidad de la Fundación Renova.
La desigualdad de poderes entre afectados y empresas se profundiza a cada día. Media década y muy poco fue resuelto en la vida de los afectados. La Fundación Renova apuesta a la táctica de división del pueblo y a la dilatación de la solución.
Las personas ya no tienen tiempo para esperar una adecuada reparación integral y quedan vulnerables frente a acuerdos desiguales para poder sobrevivir en un territorio en el que la empresa domina las estructuras de decisiones por medio de un complejo esquema de cooptación de líderes y liderezas, captura corporativa de gobiernos y del propio sistema de justicia.
Las empresas montaron un poderoso esquema de dominación que privilegia los privilegiados y penaliza las personas que fueron afectadas por el crimen de Samarco.
Los crímenes en Brumadinho, Mariana, Congonhas, Ouro Preto, Macacos y tantos otros territorios, nos muestra que los rompimientos de represa no son una fatalidad, una casualidad; son intrínsecos al modelo perverso de explotación de minerales en Brasil.
A pesar de toda la injusticia, afectados y afectadas de toda la cuenca resisten y reafirman el compromiso de seguir luchando hasta la resolución de todos los problemas que Samarco, la Fundación Renova, Vale, BHP Billiton y sus accionistas causaron y vienen causando al pueblo de esa región.
Somos las víctimas de un crimen bárbaro que está lejos de una justa solución, pero somos también un pueblo en lucha dispuesto a batallar y colocar la vida por encima del lucro. No conseguirán callar el poder del pueblo afectado. De cabeza erguida seguiremos organizándonos y mobilizándonos un año más, para denunciar la violencia de las grandes corporaciones, la impunidad, la complicidad de los gobiernos, de los falsos profetas y representantes de turno.
Anunciamos aquí, como afectados y afectadas de la cuenca del Río Doce y del litoral de Capixaba, que seguiremos en marcha, en lucha, por varias décadas más. Hasta que nuestra región deje de sufrir por la “maldición de la abundancia” de agua, minerales, tierra y petróleo. Hasta que nuestras riquezas sean compartidas entre nosotros como pueblo brasileño, para que ninguna niña o niño nuestro despierte sin saber si tendrá comida o educación, hasta que seamos una patria soberana, independiente y de control popular capaz de garantizar todos los derechos y reparaciones plenas para todos y todas.
¡Agua y energía con soberanía, distribución de la riqueza y control popular!
COPINH – Los asesinos mantuvieron comunicación a través de una cadena compartimentada que llegaba hasta los más altos rangos de la directiva de la empresa cuya represa ella había estado protestando.
Los mensajes de texto y Whatsapp muestran que la conspiración contra Berta Cáceres involucró a los más altos rangos de la empresa cuya represa había estado protestando.