Movida Global por los Ríos y los Pueblos
📌El mito de la energía limpia.
Dams and Reservoirs Emit Greenhouse Gas Emissions. Hydropower is not clean energy.
Categoría: Documentos de consulta
La alternativa más firme que apoyan pobladores: El Zapotillo ni hoy ni mañana ni nunca, afirma Gabriel Espinoza, líder comunitario
19 septiembre, 2021
Por Mario Ávila //
Que la presa El Zapotillo no operará ni hoy, ni mañana ni nunca, es lo que daría certeza a los habitantes de las comunidades afectadas y que se tumbe, que se cancele, que se demuela la obra, es una de las alternativas más firmes que se han presentado entre las deliberaciones que toman los pobladores de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, según lo hizo saber el padre, Gabriel Espinoza, líder comunitario en la región.
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30 años del MAB, una mirada del economista y sociólogo Carlos Vainer
El profesor de la UFRJ, Carlos Vainer, cuenta la historia de su relación de colaboración y aprendizaje mutuo con el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB) desde que conoció la CRAB en Erechim (estado Rio Grande do Sul) hace 35 años
Publicado 15/09/2021 – Atualizado 15/09/2021
En 1971, con solo 22 años, fui liberado de la prisión de la dictadura militar y prohibido de entrar al país. Después del exilio en Chile, México y Francia, con la amnistía, regresé a Brasil e ingresé, en 1980, como profesor e investigador en el Programa de Posgraduación en Planificación Urbana y Regional, hoy Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional, de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ). Además de las clases y orientaciones, pasé a desarrollar una investigación sobre políticas migratorias en Brasil. Es decir, cómo, desde la independencia, el Estado brasileño concibió la distribución de las poblaciones en el territorio y cómo intervino para dirigir flujos, fijar o movilizar poblaciones.
Luego de estudiar por varios años cómo el Estado había impuesto sus concepciones de territorio y trabajo a migrantes extranjeros y trabajadores nacionales consideré que era hora de mirar la dimensión conflictiva de estos procesos y ver, en qué medida se desarrollaban resistencias y tentativas de contramovilidad o automovilidad (categorías tomadas del francés Jean-Paul de Gaudemar).
Alrededor de 1986, oí de colegas que estudiaban conflictos sociales en el campo, relacionados a la lucha de poblaciones que serían desplazadas forzosamente para dar lugar a la implantación de 25 grandes represas hidroeléctricas en la cuenca del río Uruguai. Era la Comisión Regional de Afectados por Represas del Alto Uruguai (CRAB, por sus siglas en portugués). Después de encontrar el nombre de un militante de la CRAB, con un colega gaucho, hice contacto y resolví conocer de cerca este movimiento. Entonces, yo y Federico Araújo, mi asistente de investigación para la época, fuimos para Porto Alegre, donde tomamos un autobús y desembarcamos en una mañana helada de 1987 en el terminal de Erechim, en el estado de Rio Grande do Sul.
Nuestro contacto nos había dicho que nos encontráramos con él en una iglesia, pues, en aquél día habría una asamblea de la CRAB. Y allá fuimos nosotros. Mientras las personas iban llegando con sus pancartas y ocupando el vasto salón de la iglesia, pudimos encontrar nuestro contacto y quedamos en conversar con él luego de terminar la asamblea, pues ésta ya iba a empezar.
El inicio de una relación duradera en Erechim
Afuera pasábamos frío, pero dentro de la iglesia el ambiente era caliente. Inmediatamente, Frederico y yo descubriríamos que aquella era una asamblea de mayor importancia: luego de años de luchas, Eletrosul había reconocido la CRAB como legítima representante de los afectados por las represas de Itá y Machadinho y aceptaron negociar un acuerdo. En aquella asamblea, los términos negociados con la Eletrosul serían presentados a los afectados para discusión y aprobación. Ese fue el primer acuerdo hecho con los afectados por la implantación de represas antes de su construcción. Nosotros llegábamos a Erechim en un día histórico.
Luego de iniciada la asamblea, alguién se levantó y cuestionó la presencia de «agentes de Eletrosul», proponiendo que estas personas se retirasen. El argumento era simple e irrefutable: si los afectados no podían asistir a las reuniones internas de la empresa, ésta tampoco debería poder asistir a las reuniones de los afectados. Luego de una rápida discusión, la propuesta fue aprobada por aclamación. En consecuencia, seis personas se levantaron y salieron. Frederico y yo entonces fuimos fuzilados por centenas de ojos que esperaban que hiciéramos lo mismo; al final, nadie nos conocía y nuestra cara, nuestra manera, nuestras ropas lucían más como de gente de la ciudad que del campo.
Confieso que pasamos momentos delicados e incómodos, sin saber muy bien qué hacer. En cierto momento fui hasta la mesa para pedir a nuestro contacto que, tan pronto fuera posible, explicara quiénes éramos; investigadores de la universidad que querían conocer mejor el movimiento y oir a los afectados. Y así sucedió, haciendo con que aquellas miradas de desconfianza e, inclusivo rabia, se transformacen en miradas amigables y acojedoras. En el intervalo del café, muchos se aproximaron para contar el sufrimiento de sus comunidades y la lucha que libraban. Y así tuvo inicio una larga trayectoria de investigación sobre las luchas de los afectados por represas, sobre política energética, y sobre impactos sociales y ambientales producidos por represas.
Pero no fue solamente nuestra investigación la que empezó ese día victorioso de 1987. Allí también se dio inicio a una historia de 35 años de colaboración que fue más allá de las investigaciones. Creamos, como parte del ETTERN (Laboratorio Estado, Trabajo, Territorio y Naturaleza), la Asesoría Técnica y Educacional, Medio ambiente y Represas (ATEMAB, por sus siglas en portugués) dirigida a la asesoría técnica y a dar apoyo al esfuerzo incansable del MAB para formar su militancia. Tal vez mi persona y los demás colegas que participamos de esto hayamos enseñado alguna cosa, pero puedo asegurar que aprendimos mucho más de lo que enseñamos. Frederico, yo y otros estudiantes de la ATEMAB ayudamos a organizar y participamos de la reunión de la Región Sureste y del I Encuentro Nacional de Afectados por Represas, realizado del 19 al 21 de abril de 1989, en Goiânia. Y allá estábamos, también, con un amigo y compañero, el antropólogo Aurelio Vianna, del CEDI, en el I Congreso Nacional de Afectados por Represas, en marzo de 1991, que marcó la fundación oficial del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB).
En este congreso, quedó establecido que el 14 de marzo sería celebrado como el Día Nacional de Lucha contra las Represas. Después, esta fecha se transformó en el Día Internacional de Lucha contra las Represas, por los Ríos y por la Vida, de acuerdo con la deliberación del I Encuentro Internacional de los Pueblos Afectados por Represas, realizado en Curitiba, en marzo de 1997.
El 14 de marzo era una fecha muy importante para mí, ya que el 14 de marzo de 1987 nació mi hija Alice. Y como resultado de esta coincidencia, durante muchos años, por las actividades del MAB en esta fecha yo no estaba en casa, sino en algún lugar del país, en algún encuentro, en alguna comunidad de afectados. En casa bromeaban diciendo que yo debía tener una familia en Erechim… Y, en cierta medida, sí la tenía. La hija de Luiz e Ivanei Dalla Costa, militantes de la CRAB y del MAB, que es médica hoy día, cuando comenzó a hablar me llamaba de «abuelo».
Sí, me siento parte de esta familia. Una familia un poco diferente de las demás, porque no fue construida por lazos de sangre, sino por la unidad y solidaridad en la lucha. Una familia que no solo busca el bienestar de sus miembros, sino de todo el pueblo trabajador de los campos y de las ciudades. Una familia que lucha por la justicia social y ambiental, por una sociedad igualitaria, sin opresión de clase, de raza o de género. Una familia que crece con la lucha del pueblo. Una familia que nació poco a poco, en Itaipu, a las orillas de los ríos Tucuruí, São Francisco y Uruguai, pero que hoy está en todo el país. Una familia que es también colombiana, mexicana, salvadoreña, latinoamericana y se reune en el MAR (Movimiento de Afectados por Represas).
Muchos de los que conocí al inicio de esta historia ya no se encuentran entre nosotros, pero sus hijos y nietos continúan la lucha. A los que se fueron, a mis hermanos y hermanas, sobrinos y sobrinas, primos y primas, compadres y comadres del MAB, felicidades por esos maravillosos años de lucha, de sufrimiento, es verdad, pero de esperanza siempre renovada.
Dos años sin Dilma Ferreira; conoce la trayectoria de la defensora del territorio amazónico
Dos años sin Dilma Ferreira; conoce la trayectoria de la defensora del territorio amazónico
Conoce un poco de la historia de la militante del MAB brutalmente asesinada el 22 de marzo de 2019 por Movimento dos Atingidos por Barragens
Publicado 15/09/2021 – Atualizado 15/09/2021
Este 22 de marzo se completan dos años desde que perdimos a nuestra compañera Dilma Ferreira Silva, militante del MAB en Pará. En su homenaje, una pequeña biografía, originalmente publicada en la cartilla Nuestra lucha es por la vida, basta de impunidad!, editada por el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB) en 2019.
«¡Las Marías somos nosotras! Nosotras somos las verdaderas Marías, guerreras, luchadoras que están ahí en el desafío de la lucha del día a día.» (Dilma Ferreira Silva, Encuentro Nacional de las Mujeres Afectadas por Represas, Brasilia, abril de 2011)
Dilma Ferreira Silva nació el 11 de febrero de 1972. Luchadora incansable, nunca se doblegó frente a las injusticias, ya que desde su lugar de nacimiento, en Esperantinópolis, en el estado de Maranhão, cultivó la esperanza; no esa del verbo esperar, sino esa del verbo esperanzar, tal qual nos enseñó Paulo Freire. Madre de una hija, tuvo como una de sus principales características la empatía con el sufrimiento de los más humildes. Fue una mujer llena de coraje en los momentos de lucha y al mismo tiempo bastante divertida.
En la búsqueda por mejores condiciones de vida para su familia y movida por las promesas de empleo devenidos de la construcción de las esclusas de la hidroeléctrica de Tucuruí, Dilma dejó Maranhão y se mudó para la ciudad del mismo nombre, en Pará. Fue a vivir en el barrio Palmares, una ocupación en la periferia, y pasó a enfrentar, en la propia piel, las contradicciones provocadas por la hidroeléctrica en el territorio: por un lado, la riqueza producida por una de las mayores plantas del país, por el otro, la miseria y la negación de derechos sufrida por los afectados, muchos de los cuales nunca tuvieron ningún derecho garantizado.
La hidroeléctrica de Tucuruí es uno de los tantos proyectos de infraestructura iniciados en la ditadura militar, en un momento en el que poco o nada se discutía acerca de las problemáticas de este tipo de «desarrollo». La planta pertenece a la estatal Eletronorte, es considerada la segunda más grande del país, con 8.370 MWh de potencia, y está localizada en el río Tocantis, a cerca de 300 km de distancia de Belém, capital del estado Pará.
Hasta hoy Tucuruí es un caso emblemático de violación de derechos humanos en la construcción de represas, conforme consta en el informe publicado por el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana sobre el tema, en 2010.
La lucha de Dilma
Dilma se comprometió con el MAB y pasó a denunciar las violaciones de los derechos de estas poblaciones históricamente negados por el Estado brasileño. En 2005, Dilma fue invitada a integrar la coordinación regional del MAB, en Tucuruí. Por destacarse en el trabajo junto a las familias afectadas, en especial con las mujeres, a partir de 2006 pasó a integrar también el colectivo de mujeres del movimiento.
La organización de los afectados en el MAB posiblitó algunas conquistas en la región, especialmente proyectos para generación de ingresos económicos. Dilma estuvo al frente del proceso de formación de una coperativa de creación y comercialización de peces. También organizaba la distribución de las cestas básicas para las familias que más necesitaban y colaboró con un proyecto de construcción de cisternas, conquistas de la lucha y de la organización del MAB en la región.
En 2011, Dilma Ferreira, como integrante de la coordinación del movimiento, participó del Encuentro Nacional de las Mujeres Afectadas por Represas, que reunió más de 500 mujeres en Brasilia. Fue allá que ella conoció su tocaya, la presidenta Dilma Rousseff. En la ocasión, Dilma Ferreira fue la responsable por entregar a la presidenta la agenda de reivindicaciones del movimiento, que pedía la creación de la Política Nacional de Derechos de los Afectados por Represas (PNAB, por sus siglas en portugués) y denunciaba los riesgos de la implantación de otra gran hidroeléctrica en la Amazonia, en Belo Monte. Esta agenda sigue sin ser atendida por el gobierno brasileño.
En el último período, Dilma vivía en el Asentamiento Salvador Allende, en la zona del municipio de Baião, también en el estado Pará. El asentamiento fue fruto de la ocupación de la Hacienda Piratininga por familias organizadas en la Vía Campesina. A partir de 2013, Dilma participó de ese proceso en la organización de las familias para garantizar esa conquista. Luego de hacerse efectivo el asentamiento, Dilma empezó a dedicarse al cultivo de la tierra y a la organización de un grupo de base del MAB en la localidad.
El crime: asesinaron nuestra compañera
Brasil carga consigo el peso de ser el país donde más defensores de derechos humanos son asesinados. En este contexto, es el mayor índice en relación a los militantes que ejercen un papel fundamental en la lucha por el derecho a la tierra, a la vivienda y al medio ambiente, y sobre todo en la Amazonia.
Dilma fue asesinada brutalmente en la madrugada del día 22 de marzo de 2019, dentro de su residencia, en el Asentamiento Salvador Allende, junto a su compañero, Claudionor Costa da Silva, y un amigo de la pareja, llamado Hilton Lopes.
El sospechoso de ser actor intelectual de las muertes es el hacendado Fernando Ferreira Rosa Filho, pero conocido como Fernandinho. Èl también es investigado por mandar a matar tres vigilantes que eran sus empleados y estaban insatisfechos con la realidad laboral a la cual Fernandinho los sometía. El crimen ocurrió en la víspera del asesinato de Dilma. Además de eso, dos meses antes, algunos campesinos dieron una entrevista al portal Amazônia Real y relataron que el acusado habría disparado contra un líder del Frente Nacional de Lutas de Campo e Terra. La víctima sobrevivió al ataque, pero el caso no fue investigado.
De acuerdo con las investigaciones y con los informes técnicos todavía en curso, Dilma fue amarrada, amordazada, torturada y se sospecha que también haya sido violada antes de tener su cuello cortado. Todos los indicios llevan a creer que el crimen practicado no fue simplemente una ejecución, sino un crimen de odio ejercido contra una mujer militante, que ocupaba legítimamente un terriorio de interés por parte del principal sospechoso.
El caso se tornó un enigma para el Estado y para los movimientos sociales por no haber noticias de conflicto agrario actualmente en la localidad, pues el asentamiento donde Dilma vivía ya había sido regularizado desde 2011. Aunque la tierra fuera pública, el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) pagó más de un millón de reais por 7.270,44 hectáreas al autoproclamado dueño. Sin embargo, diversos testigos denunciaron que el interés de Fernando Ferreira Rosa Filho era más específico: él tenía como objetivo construir una pista de aterrizaje clandestina para tráfico de drogas en el área del asentamiento.
Luego de la repercusión nacional e internacional del caso, el gobernandor de Pará, Helder Barbalho, ordenó la creación de una comisión de trabajo de la policia civil para investigar el caso. El delegado general Alberto Teixeira, a partir de lo que fue recogido en los informes policiales, cree que no era interesante para Fernandinho tener líderes sociales viviendo en las proximidades de su «negocio», así como también quería callar los empleados que amenazaban con poner una demanda en la Justicia del Trabajo.
La prisión de Fernandinho fue anunciada el día 26 de marzo, incluso antes de la captura de los ejecutores del crimen, cinco personas, de los cuales cuatro son hermanos. La rápida prisión del autor intelectual del crimen mostró que cuando hay voluntad política de los gobernantes, es posible resolver este tipo de crímenes. Los pistoleros contratados fueron Valdenir Farias Lima y los hermanos Marlon Alves, Cosme Francisco Alves, Alan Alves y Glaucimar Francisco Alves. Valdenir confesó haber participado en el crimen, así como también la participación de los hermanos y confirmó que el mandante de las muertes habría sido Fernandinho. De los ejecutores, dos están presos, dos fueron muertos y uno está forajido.
El asesinato de Dilma, Claudionor y Hilton es considerada la primera masacre por conflictos agrarios en el país en el año de 2019. El caso tuvo repercusión internacional y generó una ola de manifestaciones de solidaridad con la familia de Dilma y con el MAB. También dio luces sobre el aumento de la violencia contra defensores de derechos humanos, sobre todo en la Amazonia, en una coyuntura en la cual el propio gobierno brasileño ha sugerido que los criminales podrán contar con la impunidad.
Una vida de lucha para que las aguas sean para la vida y no para la muerte
El asesinato del Dilma es otro triste momento en la historia del MAB, que justamente el día 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Es también un caso más de violencia en el campo, autorizada por el discurso de odio y por el desprecio del actual gobierno federal.
Para los militantes del MAB y defensores de los derechos humanos, el asesinato de otra compañera más significa que, hacer la lucha popular por el derecho del pueblo se trata de una invitación a la donación de la vida por la causa de los trabajadores.
Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por los derechos de los afectados, en defensa de la vida y contra la privatización del agua. No nos callarán. Seremos como el agua, por más grande que sean los muros, jamás conseguirán detener nuestra fuerza.
¡Dilma Ferreira, presente, presente, presente!
Traducción: Ciro Casique Silva
Pueblos piden transición energética justa y respetuosa alejado de las corporaciones
Compartimos nota de prensa publicada en el Chiapas Paralelo el día de hoy. Seguimos en la campaña de recolección de firmas para adherirse a la Declaración por los Derechos de los Ríos y los Pueblos, para sumarse puede entrar en estos links:
Español https://chng.it/ngV7CMrSWx
Portugés https://chng.it/scNNkdxp6V
Inglés https://chng.it/fzpxz4wpPueblos piden transición energética justa y respetuosa alejado de las corporaciones
Chiapas Paralelo
- Por Redacción Yessica Morales
- 8 septiembre, 2021
Declaración por los Derechos de los Ríos y los Pueblos. Cortesía: Otros Mundos A. C.
*Enfatizaron que, no hay evidencia científica de la supuesta condición “sostenible” de las represas.
*La Red Latinoamericana de Afectadas/os por las Represas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua, invitaron a los pueblos, movimientos y organizaciones sociales defensoras de la vida a sumarse a la “Movida global por los ríos y los pueblos”.
Movimientos, colectivos y organizaciones* en la defensa de ríos y pueblos, declararon en el marco del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica realizado por la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) que, gobiernos y empresas buscan fortalecer sus inversiones nacionales y transnacionales a través de la hidroelectricidad, argumentan que es energía “verde, sustentable, limpia y socialmente responsable”.
Señalaron que, las hidroeléctricas provocan deforestación, alteración irreparable de los ecosistemas de los ríos, muerte de la fauna incluidos los peces, que son alimento para los pueblos, pérdida de biodiversidad, manglares y acuíferos, como la explotación indiscriminada, mercantilización y privatización del agua.
Aunado a ello, el desplazamiento forzado y violento de muchos pueblos del mundo que se quedaron sin agua para tomar, pescar y cultivar, además sus culturas y tejido social son destruidos.
Un informe de la IEA indica que la energía hidráulica tiene un papel clave en la consecución de los objetivos climáticos para 2050. Cortesía: Smart Grid
Las y los defensores indicaron que, muchas de las víctimas son los pueblos indígenas originarios, cuyos ríos y territorios son un botín para las corporaciones, asimismo, las represas provocan persecución, intimidación y asesinatos, como es el caso de Berta Cáceres, ocurrido el 02 de marzo de 2016 en Honduras.
Las represas también desatan una galopante corrupción y tráfico de influencias, que en muchos casos terminan en conflictos internacionales, expusieron los movimientos, colectivos y organizaciones.
Añadieron que la tecnología de las represas no favorece a la naturaleza, ni genera bienestar humano, pues su aporte al calentamiento global es indudable, ya que se basan en un modelo extractivo y de explotación ilimitada en los ecosistemas, esto acentúa las sequías e inundaciones, poniendo a millones de personas en riesgo permanente.
Por ello, desde los pueblos llamaron a una transición energética justa y respetuosa, que revise las condiciones e impactos de cada una de las tecnologías y tenga como prioridad el respeto de los derechos de la gente y los ríos.
Ninguna fuente energética será sustentable mientras se destruya la Madre Tierra, se privaticen los bienes comunes y se concentre la riqueza despojando a los pueblos, acaparando gigantescos territorios y violentando los derechos de la naturaleza, y en especial los derechos de los ríos, indicaron los movimientos, colectivos y organizaciones.
Movida Global por los Ríos y Pueblos
Invitación a los y las defensoras de los ríos del planeta a la Movida Global Por los Ríos y Pueblos. Cortesía: REDLAR
La Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR) invitó a las y los defensoras de los ríos del planeta a la Movida Global por los Ríos y Pueblos, debido a que la IHA, organizó el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica.
Dicho evento se realizará del 7 al 24 de septiembre de 2021, en Costa Rica, país exhibido como ejemplo exitoso de energía “limpia y sostenible”, idea que se repite en su proyecto de Declaración de San José.
En respuesta al Congreso de la IHA, organizaciones en Costa Rica en coordinación con movimientos socioambientales y ecologistas de todos los continentes llevaran a cabo el Movimiento Global con el objetivo de crear un espacio alternativo de discusión y movilización en defensa de los ríos y los pueblos del planeta.
REDLAR señaló que, el Movimiento Global incluye las siguientes acciones para antes y después del Congreso: cada país generará un “Pronunciamiento nacional” ante las hidroeléctricas, estos serán reunidos en un compendio que compartirán con todos y todas.
Con base en la “Declaración Ríos Saludables para una Recuperación Justa y Verde”, esperan opiniones sobre: una moratoria global de nuevas hidroeléctricas, aumento de la inversión en energías renovables y almacenamiento de energía, nueva matriz energética y generación distribuida de manera democrática, y salvaguarda de áreas vulnerables y reconocimiento jurídico de derechos de los ríos.
Asimismo, la Red pidió a las y los participantes compartir su experiencia ante las hidroeléctricas en foros virtuales Inter países, también pueden hacer su pronunciamiento en audios y videos.
IHA viola los Derechos de los Ríos
Realizaron una acción pacífica en el pinteo de postes y muros para rechazar la construcción de más represas en Chiapas. Cortesía: Abejas de Acteal.
Otros Mundos A. C. y Amigos de la Tierra México dieron a conocer que, millones de personas en el mundo han sido despojados de sus viviendas y medios de vida por la construcción de las represas.
Al mismo tiempo, mencionaron que defensoras y defensores de los ríos, comunidades, agua, y ecosistemas, les ha arrebatado la vida en busca del supuesto desarrollo que conlleva la devastación, inundaciones, apropiación de territorios indígenas y campesinos, pérdida de bosques y biodiversidad.
Pese a todo ello, la IHA convocó al Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, donde pretende consolidar el discurso y políticas que favorezca la construcción de más represas, un negocio lleno de corrupción, bajo el argumento de que las represas son energía limpia, verde, sustentable, ecológica y con empresas constructoras “socialmente responsables”.
Sin embargo, indicaron que el agua de los ríos como fuente renovable no se hace sustentable con la tecnología del modelo extractivo que se le impone, en la actualidad las represas y su fuente de energía cada vez más intermitentes por el calentamiento global, son insustentables.
Los pueblos levantan su voz para manifestarse contra este modelo extractivo que viola los Derechos de la Naturaleza y en especial los Derechos de los Ríos, y evitar que sean intervenidos con el fin de mantenerlos vivos para darle vida al planeta, dijo Otros Mundos A. C. y Amigos de la Tierra México.
Es así como se suman a la llamada “Movida Global por los Ríos y los Pueblos” para exigir un alto a la construcción de las represas, muerte de los ríos y del planeta, e impulsar otras formas de vida con modelos de energías desde los pueblos, donde los Derechos de los Ríos y a la Vida están por encima de los intereses particulares y de lucro de las grandes corporaciones constructoras de represas.
*Movimientos, colectivos y organizaciones:
-Red Latinoamericana de Afectadas/os por las Represas y en Defensa de los Ríos, sus Comunidades y el Agua
-Federación Ecologista Costarricense
-Otros Mundos Chiapas
-Asociación Proyectos alternativos
-Amigos de la Tierra Costa Rica Ríos Libres-Costa Rica
-Ríos libres Turrialba-Costa Rica
-Mesa provincial Misiones-Argentina
-Grupo ecologista Cuña Pirú
Represas y mentiras sobre “energía verde”
Por Osvaldo Durán Castro , Sociólogo, profesor ITCR
Publicada originalmente el 11 febrero, 2020
En la improductiva Conferencia sobre cambio climático (COP25), realizada en diciembre 2019 en Madrid, España, escogieron a Costa Rica
En la improductiva Conferencia sobre cambio climático (COP25), realizada en diciembre 2019 en Madrid, España, escogieron a Costa Rica –o no sabemos si el Gobierno se ofreció– para realizar un Congreso Internacional de Hidroelectricidad, para el año 2021. Ese evento reafirmará la creencia infundada de que las represas son energía “limpia y verde”.
La existencia de más de 50.000 represas en el 60% o más de los ríos del planeta ha sido la causa de una destrucción incalculable de ecosistemas y vida social, que hasta ahora ni los Gobiernos ni las empresas privadas han asumido ni, mucho menos, pagado. Reparar los daños es simplemente imposible, aunque la multimillonaria burocracia técnica pagada por las constructoras invente todo tipo de argumentos y los exponga en los “estudios de impacto ambiental”, que casi sin excepción son aprobados por las oficinas o ministerios de ambiente de todos los países. De hecho, los costos de la destrucción no se calculan bien en la mayoría de los estudios. Se cuentan como impactos inevitables y se promete solventarlos con propuestas de “mitigación” que nunca, o casi nunca, se cumplen. ¿Cuál es el valor del agua, de los ríos, de los ecosistemas y de las comunidades asociadas con los ríos? Siempre son asuntos ocultos y no considerados.
Los impactos negativos de las represas y, particularmente, su condición de detonadoras del calentamiento global han sido investigados y difundidos, entre otras entidades, por International Rivers, entidad con todo tipo de créditos en esta materia. Desde Brasil hasta China –los países con más represas y con más proyectos en construcción y en espera–, los impactos son letales: producción de metano, calentamiento local y global, destrucción de ecosistemas en los cauces y en las cuencas enteras; además, se suman la persecución, judicialización y asesinato de muchas personas opositoras. En Brasil, las investigaciones estiman que al menos un cuarto de todas las emisiones de metano son generadas por las represas y otros estanques de agua, y que la acumulación de suciedad y contaminantes en las presas impide el ciclo de vida de los ríos. Estudios de universidades y organizaciones sociales en China, donde el enjambre de represas existentes y proyectadas es incontable, siguen denunciando la destrucción de los ecosistemas; igual que en América Latina, va en aumento el reclamo por la ausencia de consulta y participación de la gente, en muchos casos desplazada forzadamente y porque los estudios de impacto ambiental “casi siempre tienen lugar después de la construcción de presas individuales”. Todo confirma un comportamiento claramente irresponsable de los constructores de hidroeléctricas en cualquier parte del planeta. Las advertencias científicas y sociales en todos los países resumen que “destruir ríos empeorará la crisis climática”.
La época de las represas ya pasó en el mundo. No existe manera de justificarlas como energía “limpia”, “verde” o “renovable” a la luz de las evidencias de destrucción. El discurso oficial las defiende como “ambientalmente sostenibles”, precisamente porque ser “ambiental” consiste en regular y ajustarse a leyes y normativas, aunque la destrucción no se detenga. En Europa se habla de demolerlas para recuperar ecosistemas y economías locales. En Estados Unidos, la demolición es ya un proceso en marcha. En Costa Rica, los éxitos comunitarios del 2019, como la suspensión del PH Diquís del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la liquidación del PH San Rafael en Pérez Zeledón y el freno a los PH Bonilla 510/6.1 MW y PH Bonilla 1320/5.4 MW en Turrialba –los 3 de la constructora HSolís– demostraron sensatez por parte del MINAE (para los PH Bonilla sostenemos la alerta, pues el ICE y el MINAE no los han liquidado oficialmente). El reciente anuncio del ICE de no construir más represas, pareciera que reconoce la urgencia de detener la destrucción de los ríos y respetar los derechos de las comunidades, aunque no ha propuesto modificar la legislación actual. En ese contexto de algunos avances, el Congreso de Hidroelectricidad resulta un retroceso y una contradicción con lo que el MINAE y el ICE han firmado. Costa Rica ya debe iniciar su propia era de demolición de represas y encaminarse hacia un modelo energético inclusivo, justo y respetuoso de los ecosistemas y de la gente, superar el que hemos tenido hasta ahora: excluyente y destructivo. Esa sería la mejor señal que el país podría darle al mundo y no la de estimular una industria que agrava en todos los aspectos la crisis ecológica y social del planeta.
Si algo se puede sostener desde el mundo comunitario es que nunca, ni las empresas estatales ni las privadas, locales o transnacionales, han respetado los derechos de las personas, de las comunidades y de los ecosistemas. La historia de oposición a las hidroeléctricas es muy voluminosa en el mundo y, por supuesto, en Costa Rica. Todas las oportunidades que se ha logrado frenar temporalmente, condicionarlas o impedirlas han sido, exclusivamente, porque la gente organizada ha defendido sus derechos y ha logrado torcer el brazo de las entidades estatales y las empresas, tras incansables y desgastantes alegatos y disputas legales, técnicas y políticas. Los casos mencionados de suspensión del Diquís, la liquidación de los PHs San Rafael y el freno a los PH Bonilla 510 y Bonilla 1320 son la mejor muestra reciente de que si las personas no enfrentan a la institucionalidad y a las empresas sus derechos y los de los ecosistemas son simplemente arrasados.
Represas y mentiras sobre “energía verde”
Movida Global por los ríos y los pueblos. Osvaldo Durán-Castro de la REDLAR, repudia el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica que inicia hoy, y la falsa «responsabilidad social» de las corporaciones.
Osvaldo Durán 1 Movida Global Por Los Ríos y Los Pueblos. Escuchar audio en: https://www.radiosur.org.ar/noticia.php?id=13025 [Descargar]
Osvaldo Durán 2 Movida Global Por Los Ríos y Los Pueblos. Escuchar audio en: https://www.radiosur.org.ar/noticia.php?id=13025 [Descargar]
En respuesta al Congreso de la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica, organizaciones de Costa Rica, en coordinación con movimientos socioambientales y ecologistas de todos los continentes, llevan a cabo la “Movida Global Por Los Ríos y Los Pueblos” con el objetivo de crear un espacio alternativo de discusión y movilización en defensa de los ríos y los pueblos del planeta.
En el comunicado denuncian que “La narrativa común de la industria hidroeléctrica es que las hidroeléctricas sólo aportan bienestar y progreso. Pero para las comunidades que dependen de los ríos para obtener alimentos, ingresos, agua potable, recreación y valores culturales, esta promesa es falsa. En cambio, soportan la destrucción de ecosistemas y pueden verse obligados a trasladarse. Muchas inversiones nacionales y transnacionales para construir represas hidroeléctricas implican corrupción y son un medio de apropiarse de la riqueza a expensas de las comunidades afectadas.”
El sociólogo Durán Castro, integrante de la Federación Ecologista de Costa Rica, analizó el vínculo de estos proyectos hidroeléctricos con el modelo de economía basado no solo en el extractivismo, sino también en las llamadas economías de enclave, como se describen en un mercado globalizado, a las actividades productivas que se localizan en países subdesarrollados destinadas a la exportación y sin integrarse en el mercado local. A nivel ambiental, generan impactos ecológicos de la energía hidroeléctrica y destrucción de ecosistemas, con el agravante que suman las emisiones de carbono de las represas hidroeléctricas y el agravamiento del cambio climático. En lo social, con desplazamiento de poblaciones y despojo de territorios mayormente indígenas, así como la victimización, persecución y asesinato al los referentes que resisten a estos proyectos.
Desde Costa Rica se impulsó una contraparte a las empresas y a los gobiernos que participan del Congreso, ya que pretenderán mostrar modelos de hidroeléctricas como “ejemplo de energía limpia y sostenible”. Durán Castro se refirió también a trama de corrupción corporativa y financiera que existe detrás de estos megaproyectos, vinculados al endeudamiento de nuestros pueblos e hizo un llamado a que, localmente se “identifiquen a estas empresas y bancos” que tienen, finalmente, responsabilidad en la pérdida del control nacional y social-comunitario de los recursos hídricos y energéticos. Concluyó con el llamado a preguntarnos ¿energía para quién? ¿para qué?, antes de permitir que se radiquen estos megaproyectos.
Desde el documento conjunto, con base en la “Declaración Ríos Saludables para una Recuperación Justa y Verde”, se pide: una moratoria global de nuevas hidroeléctricas, el aumento de la inversión en energías renovables y almacenamiento de energía, procurar una nueva matriz energética y generación distribuida democráticamente, y la salvaguarda de áreas vulnerables y reconocimiento jurídico de derechos de los ríos.
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Comunicado | Equinox Gold quiere criminalizar a quien lucha por el agua
Comunicado | Equinox Gold quiere criminalizar a quien lucha por el agua
La minera Equinox Gold intenta prohibir a los afectados de realizar manifestaciones en la carretera que conecta Aurizona a Godofredo Viana, en Maranhão; MAB repudia el intento de criminalización de la lucha por derechos en la región. por Movimento dos Atingidos por Barragens
Publicado 09/07/2021 – Atualizado 22/07/2021
El Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués), viene públicamente a repudiar la conducta de la empresa canadiense Equinox Gold que, por medio de acciones judiciales, a través del cercenamiento a la libertad de expresión y a la libre manifestación, pretende intimidar y criminalizar a la integrante del MAB, Dalila Alves Calisto, así como a los liderazgos locales, Jonias Pinheiro, Daiane Lima, Maria Valdiene Teixeira y Maria Aldineia Teixeira, defensores de los derechos humanos en Aurizona, distrito del municipio de Godofredo Viana, en el estado de Maranhão.
En su demanda, la minera pide a la justicia del estado que prohiba a los afectados de realizar manifestaciones en la carretera que conecta Aurizona a Godofredo Viana. La empresa acusa a las protestas realizadas por parte de los afectados y afectadas el día 28 de abril de 2021 como actos ilegales y arbitrarios que violan los derechos constitucionales de la misma. La protesta a la que la minera se refiere tuvo una duración de más de 36 horas y contó con decenas de personas, afectados de Aurizona, que se manifestaban reclamando a la empresa el acceso al agua potable, de forma regular y de calidad para las familias, y que fuera instaurada una mesa de negociación entre los afectados, el MAB, la Defensoría Pública, la Equinox Gold y los gobiernos municipal y estadual para discutir los problemas emergentes e históricos de la población de Aurizona, causados por la actuación de la minera en la región.
La interrupción en el abastecimento de agua en Aurizona se dio luego de la ruptura de la represa Lagoa do Pirocaua, el día 25 de marzo de este año, que generó serios impactos sociales y ambientales, entre ellos la contaminación del reservorio Juiz de Fora que abastecía toda la población del distrito. En el documento, la minera llega a acusar los propios manifestantes de estar bloqueando la entrega de agua a los habitantes de Aurizona, en el intento de culparlos por la falta de agua en la comunidad.
El derecho a la información y participación; ambiente saludable; a la libertad de reunión, asociación y expresión, que constan en el informe del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH) de noviembre de 2010 [1], fueron sistemáticamente violados por Equinox Gold. Es inaceptable que la empresa permanezca impune frente a graves crímenes ambientales y denuncias de violaciones de derechos humanos. La lucha por el derecho al agua en Brasil no puede ser tratada como un crimen. Para el MAB está claro el intento de la minera de criminalizar la lucha popular y la organización de los afectados en la región.
El modelo vigente en Brasil de implementación de proyectos del capital, como es el caso de la minería, propicia de manera recurrente graves violaciones de derechos humanos y ataques a las poblaciones que luchan por mejorías, lo que refleja el contexto de violencia a la que los afectados y afectadas son sometidos en los territorios donde tales proyectos son desarrollados. En el caso de Aurizona, esa práctica de intimidar, criminalizar, descalificar y perseguir liderazgos locales ya es típica y sistemática por parte de Equinox Gold. Siempre que sucede algún tipo de protesta o manifestación en el distrito de Aurizona es común que la minera presente maniobras jurídicas para coaccionar e intimidar a líderes y liderezas con el propósito de frenar e impedir a la comunidad de ejercer sus derechos. Una de las liderezas que hace años sufre con ese contexto de criminalización es Daiane Lima, que está siendo indiciada en varias demandas presentadas por la empresa minera. Todos los procesos a los que Daiane responde en la justicia son relacionados a las luchas que siempre llevó a cabo por más derechos para Aurizona en detrimento de las actividades de Equinox Gold.
Desde la ruptura de la represa de la minera, diversos acuerdos fueron firmados por la empresa, que ésta sigue sin cumplirlos. Desde entonces, la mayoría de las residencias no tienen agua de forma permanente en los grifos. Hay días en los que no llega agua a las residencias y en otros casos el agua que llega posee una coloración negra y con un fuerte olor. Para el MAB esta acción de la minera Equinox Gold representa otro ataque más a la población de Aurizona, que ya sufre con la negación de empleos, explosiones que generan grietas en sus casas, con la ruptura de la represas y la falta de agua en la comunidad.
[1] MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. Violação dos Direitos Humanos na construção de barragens – síntesis del Informe de la Comisión Especial “Afectados por Represas” Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana. Disponible en: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/BibliotecaDigital/BibDigitalLivros/TodosOsLivros/Violacao-dos-Direitos-Humanos-na-construcao-de-barragens.pdf
Traducción: Ciro Casique Silva
Evidencias comunes en la ruptura de represas, apagones en Brasil y en los Estados Unidos
Evidencias comunes en la ruptura de represas, apagones en Brasil y en los Estados Unidos
Los desastres ambientales de grandes proporciones que han sucedido en los dos países evidencian las consecuencias de un modelo de actuación común de los agentes privados del mercado. por Caitlin Schroering do Comitê de Solidariedade ao Movimento dos Atingidos por Barragens nos EUA, Letícia Oliveira da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens
Publicado 14/07/2021 – Atualizado 14/07/2021
En abril de 2021, un lugar de almacenamiento de mina de fosfato amenazó con lixiviar material radioactivo hacia la Bahía de Tampa, en Florida; algunas semanas antes, una represa de mina de oro en Brasil se rompió, contaminando el lugar de abastecimiento de agua potable de 4.000 personas en el estado Maranhão. En febrero y marzo, habitantes de los estados Mississipi y Texas (EE.UU.) enfrentaron apagones de energía y falta de agua potable. En noviembre de 2020, en Brasil, el estado Amapá sufrió con la falta de energía eléctrica por 3 semanas, que afectó a 765 mil personas, durante la pandemia de la Covid-19. En Brasil, desde el año 2000 ya ocurrieron por lo menos 12 rupturas en represas, lo que en promedio sería una ruptura de represas a cada 2 años. En el estado Minas Gerais, el segundo en producción del mineral de hierro del país, fueron 7 rupturas de represas de residuos mineros en 13 años.
A primera vista, esos sucesos no parecen relacionados. Profundizando un poco más, sin embargo, podemos constatar algunas evidencias comunes en estos acontecimientos de la realidad. El colapso de represas, desastres de minería, la falta de agua y los apagones de energía no son solo desastres «naturales», sino resultados provocados por la acción de los agentes privados del mercado. Esas situaciones son el resultado de centenas de años de imperialismo y colonialismo, seguidos por décadas de reformas neoliberales con privatizaciones, especulación financiera desenfrenada, y falta de responsabilización y reglamentación por parte de las empresas y de los gobiernos.
Finanzas globales y minería
Globalmente, 85% del fosfato extraído es usado para hacer fertilizantes; el estado americano de Florida actualmente es responsable por 25% de la producción mundial de fosfato. Una de las mayores fábricas de fertilizantes del mundo existe en Pool County, Florida, de propiedad de Mosaic, la mayor empresa privada de fosfato del mundo. Inclusive frente a una masiva oposición popular, el gobierno local aprovó la expansión de las operaciones de las plantas. Una de las razones de esa oposición es que las minas de fosfato y las fábricas de fertilizantes producen un residuo denominado fosfoyeso, que es radioactivo. Mientras la industria de fosfato continúa haciendo lobby para usar esos residuos para construcción y material de construcción de carreteras, la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA) no recomienda su uso porque lo considera un material peligroso para la salud. Entonces, la industria lo almacena. Uno de esos lugares de almacenamiento de residuos, Piney Point, se tornó noticia internacional al inicio de abril, cuando el reservatorio de almacenamiento estaba en riesgo de colapso, y equipos de trabajo bombearon millones de galones de esa agua contaminada (radioactiva) en la Bahía de Tampa, un área ambientalmente precaria.
Como relató un artículo en The Guardian, el lugar tiene una larga historia de polución, aunque los propietarios del lugar hayan cambiado a lo largo de los años. El gobernador de la Florida, Rick DeSantis, anunció que está haciendo una planificación para cerrar Piney Point y limpiar el área afectada por el emprendimiento y sus consecuencias. El gobierno todavía quiere responsabilizar la empresa HRK Holdings, empresa que ahora posee un local. Pero la población del sitio tiene dudas acerca de si esa planificación será de hecho cumplida por el gobierno. La HRK Holdings posee accionistas en común con la empresa canadiense Xemplar, que explota una mina de uranio en Namibia.
Agua, energía y minería poseen relaciones estrechas en la producción y en la propiedad controladora. Los fondos financieros internacionales BlackRock y Vanguard, por ejemplo, detentan acciones de Equinox Gold, con sede en Canadá y también de la Vale S.A.. Blackstone detenta acciones (es el segundo mayor titular) de la Energy Transfer (Texas), discutido abajo. El mismo sistema financiero y los mismos actores corporativos están en juego: falta de medidas internacionales para responsabilizar las corporaciones, mecanismos financieros que permiten que las empresas de fachada sean esencialmente apátridas y no presten cuentas a nadie, las tornan difícil de responsabilizar.
Brasil es el segundo productor de mineral de hierro del mundo y el principal comprador de Brasil es China. El mineral de hierro fue el tercer producto más exportado por Brasil en 2019. Los dos estados con mayor producción de mineral de hierro en el país son Pará y Minas Gerais. Ambos estados sufrieron con recientes rupturas de represas de residuos mineros. La empresa responsable por las últimas dos rupturas de represa en Minas Gerais es Vale. La Vale es la segunda mayor empresa minera del mundo, con sede en Brasil, pero con capital siendo negociado en las principales bolsas de valores del mundo. Más del 45% de los accionistas de Vale son internacionales, incluyendo algunas de las mayores empresas de manejo de inversiones del mundo, con sede en los Estados Unidos. Por ejemplo, BlackRock y Capital Group, cada una, detenta cerca del 5% de las acciones en Vale, y el grupo Vanguard también posee acciones en la misma. La Vale ejecuta una maniobra llamada de triangulación, que es realizada por otras empresas también, a modo de reducir el pago de impuestos. Ella vende su producción de mineral de hierro en Brasil a su subsidiaria en Suiza, a precios más bajos que los del mercado y con eso paga bajos valores de impuestos en Brasil. Después, la Vale de Suiza revende el mineral para China a precio de mercado. Con esa maniobra Vale dejó de pagar al Estado brasileño US$ 12,4 billones de 2009 a 2015
La explotación de oro por la empresa minera Aurizona Mineração que integra el grupo canadiense Equinox Gold, en Maranhão existe desde 2010, pero las investigaciones minerales en esa región datan de la década de 1970 y la minería ilegal de oro existe allí desde el siglo XIX. El nombre Aurizona que es también el nombre de la comunidad donde se ejecuta la explotación de oro, significa «zona del oro». La empresa ya registra una recurrencia de problemas en sus operaciones. En 2014 hubo filtración del material del área de la zona minera que provocó una mortandad de peces, en 2018 hubo un deslizamiento de la pila de estéril, bloqueando carreteras e impactando una región de manglares y ahora en marzo de 2021 ocurrió la ruptura de la represa que afectó el lago de Juiz de Fora. Este lago es usado por la población de la comunidad de Aurizona para su abastecimiento de agua. Con la ruptura de la represa las personas de la comunidad están sin acceso al agua. Las cerca de 4 mil personas consiguieron que la empresa les suministrara agua, pero el agua ha venido con olor y coloración fuertes. La Equinox Gold es fruto de la fusión de varias empresas canadienses como Luna Gold y Trek Mining y la misma también posee relaciones con Pan American Silver, a través del presidente de ambas empresas.
Esas rupturas son intrínsecas del modelo de minería vigente. En plena crisis del capitalismo, para recuperar y elevar sus tasas de lucro, las empresas aumentan la producción de mineral cuando el valor del mineral de hierro en el mercado internacional sufre caída y reducen gastos con la manutención de las estructuras de contención de residuos. Las empresas gastan aún menos con seguridad, para garantizar la continuidad de los exorbitantes lucros. Así, con el aumento de la producción de mineral se produce también el aumento de la producción de residuos y el colapso de las represas. Con eso, al final de cada ciclo de aumento y caída del valor internacional del hierro, hay una gran probabilidad de un nevo desastre. Todas la empresas responsables por los desastres son empresas privadas pero es la población y el medio ambiente quien sufre los daños. Las empresas continúan teniendo un aumento de sus lucros, como es el caso de la Vale, que en 2 años luego de su ruptura en Brumadinho, tuvo una valorización de 119,8% en sus acciones.
Los fracasos de la privatización y la desregulación
En febrero de 2021, una tempestad de invierno barrió Texas, dejando 4 millones de personas sin energía en uno de los períodos más fríos de la historia reciente. Este no fue apenas un desastre «natural». El estado de Texas tiene un mercado desregulado, en el que los defensores prometieron suministrar energía más confiable y barata; sin embargo, en vez de eso, desde la década de 2004, las personas en verdad pagaron US$ 28 billones más. Texas es el único estado no conectado a las redes en otros estados. Los apagones en Texas fueron causados por la desregulación y privatización —el sistema internacional del neoliberalismo, que es promovido como una solución para los males del mundo, cuando la verdad es que los perpetró. Mientras que las personas sufrieron, y algunas hasta murieron— durante la tempestad de invierno, los ejecutivos de las empresas de combustibles fósiles se lucraron. Y las tarifas, en pleno apagón, llegaron a ser más caras, llegando a US$ 19 mil/MWh en estos lugares, un paraíso para el capital financiero que controla y especula estos negocios.
Aunque la tempestad de invierno y la caída de energía en Texas recibiesen atención nacional e internacional, menos atención fue atraída hacia los efectos del mismo frente de invierno en Mississippi. Debido a las caídas de energía en la capital de Mississippi, Jackson, los habitantes quedaron sin agua por un mes entero. Más de 82% de los residentes de Jackson son negros, el racismo y la falta de inversión del gobierno conllevaron a esta situación. Nuevamente: un desastre «natural» no es la raíz del problema. En vez de eso, una crisis de infraestructura alimentada por décadas de desregulación, austeridad y reformas neoliberales, junto con el racismo histórico y estructural, son la causa raíz. Más de US$ 743 billones son necesarios para reparar la infraestructura hídrica obsoleta en los Estados Unidos. El presidente Biden propuso un paquete de infraestructura de US$ 2 trillones para eliminar las tuberías de plomo y mejorar «la salud de los infantes y de las comunidades negras de nuestro país», de acuerdo con la página web de la Casa Blanca. Aunque ésta sea una buena noticia, también debemos ser cautelosos: hay esfuerzos (inclusive por parte de los demócratas) de usar este proyecto de ley para conceder licencia a la industria privada y promover las «alianzas público-privadas», que a su vez se probaron desastrozas para el pueblo, en cualquier país en el que ocurrieron.
Los Estados son cómplices de las empresas en esas violaciones de derechos, una vez que son ellos los responsables por fiscalizar las actividades de éstas. Pero el Estado bajo el dominio de la doctrina neoliberal sufre lo que llamamos de captura corporativa que no es más que la influencia directa que las empresas ejercen en las decisiones que deben ser tomadas por el poder público. La captura completa de las agencias reguladoras es la prueba de eso. Eso ocurre porque en la sociedad actual las grandes empresas tienen más poder que los Estados y negocian con ellas lo que ellos podrían dejar de ganar si actuaran contra los intereses de las empresas. En Brasil, los intereses de las empresas hacen que el Estado no se organice para fiscalizar las represas. No hay estructuras adecuadas y tampoco disponibilización de recursos necesarios para el área de fiscalización. La Agencia Nacional de Minería (ANM) debe fiscalizar 816 represas pero posee sólo un tercio de los técnicos necesarios para ejecutar las inspecciones en las estructuras y su presupuesto viene disminuyendo a cada año. Hoy, en Brasil son más de 45 represas en riesgo extremo, sin estabilidad probada. De ellas, 42 están en el estado Minas Gerais. En los EE.UU., la regulación de seguridad de represas también es dejada a los estados y no es regulada federalmente.
En Brasil, en 2021, la población sufrió con un gran racionamiento de energía eléctrica en todo el país. Ese apagón, como fue llamado, fue resultado del modelo neoliberal que fue implementado en el país en los años anteriores y que privatizó las empresas de energía, así como, redujo la planificación y la inversión del Estado hacia el sector eléctrico. El resultado fue un colapso nacional. En 2020, el estado Amapá sufrió con la falta de energía eléctrica. La empresa responsable era la española Isolux que cambió de nombre en 2019 para Gemini Energy, y no consiguió encontrar una solución para el problema de la falta de energía. Una estructura que debería tener una vida útil de 30 años, colapsó en menos de 10 años bajo control privado. Quien actuó para resolver la crisis energética en Amapá fue Eletrobrás, empresa estatal que el gobierno de Bolsonaro quiere privatizar. Bajo esa misma política neoliberal, el estado de São Paulo, en 2014, sufrió con la falta de agua debido a la lógica de la tasa de lucros máxima, en el menor tiempo y de gasto mínimo para garantizar la calidad del servicio. No es sólo falta de planificación y de inversión del gobierno en el sector, es la esencia de la lógica privada en los servicios públicos. Mientras la población racionaba agua en São Paulo, cerca de 500 grupos privados eran privilegiados con bajos precios para el agua, por la Compañía de Saneamiento del estado de São Paulo (Sabesp), entre ellos industrias, centros comerciales, condominios y grandes hoteles. En Brasil, el sector del agua y saneamiento es formado en su mayoría por empresas estatales (90%), pero la privatización se avecina con el aumento de las alianzas público-privadas en esa área.
Las fuentes de energia eléctrica en Brasil son en su mayoría (64%) de fuente hídrica. Esa fuente de energía es una de las que presenta menor costo de producción pero el precio pagado por el consumidor brasileño es uno de los más altos del mundo. Las altas tarifas de agua y energía son otra característica y consecuencia de la privatización. Para empeorar, el gobierno pretende privatizar lo que resta, efectivar la privatización de Eletrobrás que es la empresa estatal de energía del país. Hoy las hidroeléctricas de Eletrobrás venden energía a R$ 65,00 por Megawatt/hora, siguiendo las reglas de precios de mercado. Ese aumento en el valor de venta de energía será cobrado en las cuentas de los consumidores finales.
Todas esas situaciones muestran como bienes naturales que deberían estar al servicio de la población están, a decir verdad, siendo apropiados por las empresas privadas y siendo usados como mercancía para generación de lucro. Apagones, desastres en la minería, falta de agua, entre otros, no son eventos naturales. Todas esas situaciones relacionadas al agua, a la energía y a la minería tienen como origen el control privado de las empresas, formado por el capital financiero que dicta cuáles son las prioridades de las mismas: presentar altas tasas lucros para sus accionistas, altos rendimientos para los bancos y grupos financieros que invierten en ellas, siendo que muchos de esos grupos son comunes entre las empresas. Quien sufre con la prioridad de lucro de las empresas es la población más pobre, principalmente porque necesita pagar las altas tarifas, recibe servicios de baja calidad y ejecutados sin seguridad, que afectan áreas adyacentes y provocan contaminación ambiental. Los gobiernos aceptan esas situaciones y no consiguen fiscalizar ni castigar al estar orientados por una política neoliberal que estimula la relación corrupta entre estados y empresas. Es el Estado siendo capturado por el capital para servir a las empresas, como un agente al servicio de la clase dominante.
Mala para la mayoría del pueblo, esta realidad es común en los Estados Unidos, en Brasil y en el mundo. Cabe, entonces, a los afectados por esa realidad organizarse colectivamente para enfrentar todo ese aparato que se propone destruir sus formas de vida en nombre del capital.
Traducción: Ciro Casique Silva
Comunicado «Simón Pedro, siempre te recordaremos»
06/07/2021
El Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) expresamos nuestra indignación y tristeza por el asesinato del compañero Pedro Simón Pérez López, integrante de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, quien fue asesinado este cinco de julio en Los Altos de Chiapas.
Las organizaciones que hacemos parte del MAPDER conocemos a Pedro Simón y a su organización desde hace muchos años. Somos testigas y testigos del gran compromiso y corazón de Pedro por defender la tierra y el territorio, por denunciar el modelo privatizador del agua y de la energía, además del gran amor y compromiso con su organización.
Simón Pedro participó en varios encuentros nacionales y de Chiapas, siempre con la palabra firme en contra de las represas y a favor de los pueblos. Apoyó las luchas de Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Veracruz, entre otras. Se encontró con hermanos y hermanas de Guatemala y de distintos países para unirse a la lucha por los ríos libres. La organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal desde hace años son parte del MAPDER y de la celebración mundial del 14 de marzo, siempre comprometidas aún cuando sus territorios han sido devastados por múltiples violencias.
Este año el MAPDER ha perdido de manera violenta a varios integrantes defensores de los ríos y el territorio. Por lo que expresamos nuestra indignación y dolor.
A la familia de Simón Pedro enviamos un abrazo fuerte de parte de los y las defensoras de los ríos de distintos lugares del país.
Compañero Simón, siempre te recordaremos.
Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos.
MAPDER
Comunicado «Simón Pedro, siempre te recordaremos»