Comunicado del MAB | Cuenca del Río Doce: 6 anõs después, afectados continúam luchando por justicia

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Comunicado del MAB | Cuenca del Río Doce: 6 anõs después, afectados continúam luchando por justicia

Luego de seis años de la ruptura de la represa de Samarco, controlada por la Vale y por BHP Billiton, en Mariana (estado de Minas Gerais), afectados reclaman construcción de viviendas devastadas, remoción del desecho de los ríos y responsabilización criminal de los involucrados por Movimiento de afectados por represas

Publicado 06/11/2021 – Atualizado 06/11/2021

Distrito de Paracatu, en Mariana, destruido por el barro de Samarco. Photo Media Ninja

En el reasentamiento de Bento Rodrigues, apenas 10 viviendas de 244 fueron finalizadas después de casi 6 años. No existe plazo para la conclusión. No fue hecha la remoción del desecho de las áreas afectadas y las comunidades están conviviendo con él sin ninguna orientación ni cuidados. De las 21 personas denunciadas criminalmente por el Ministerio Público Federal (MPF), sólo cinco aún se encuentran en el proceso de investigación de las muertes, inundación y crímenes ambientales.

Este 5 de noviembre de 2021, se completan seis años de la ruptura de la represa de desechos minerales de Fundão, de propiedad de Samarco Mineração S.A, controlada por Vale y por BHP Billiton, dos de las mayores empresas mineras del mundo en la producción de mineral de hierro.

Esta ruptura provocó el derrame de 48,3 millones de metros cúbicos de lodo tóxico en la naturaleza, que recorrieron cerca de 650 Km desde Mariana (estado de Minas Gerais), hasta la desembocadura del río Doce, en el poblado de Regência, municipio Linhares (estado de Espírito Santo), esparciéndose por varias comunidades al norte y al sur de la desembocadura, contaminando buena parte del litoral capixaba. Afectó, por la secuencia, al arroyo Santarém, al río Gualaxo do Norte, al río Carmo y 100% del río Doce.

El Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués), en esta fecha, denuncia que la Vale continúa con todo el proceso en sus manos, inclusive siendo beneficiada por la actuación del Poder Judicial brasileño. A pesar de la gravedad de la situación, ya son más de 2 mil días sin reparación para los afectados. La impunidad es evidente. En la región, el lucro fue colocado por encima de la vida. El crimen se «renueva» cotidianamente en los lugares por donde pasa el lodo de injusticias.

Empresas cierran la puerta de entrada a la reparación

A pesar del pago en dinero para millares de afectados a través del Sistema Simplificado de Indemnización (Novel), pasados casi 6 años, las cláusulas del Acuerdo de Transacción y Ajuste de Conducta[i] (TTAC, por sus siglas en portugués) de 2016, no fueron completamente ejecutadas. De los 42 programas diseñados para la reparación, apenas 4 están en ejecución más avanzada, en los cuales hay mayor gasto de recursos. Son estos: a) registro de los afectados; b) el programa de indemnización; c) el programa de pago de ayuda financiera de emergencia y d) el programa de reconstrucción de villas.

Aún así, todavía hay, como mínimo, 60 mil registros sin finalización, lo que puede significar, aproximadamente, 200 mil personas esperando tener acceso a la puerta de la reparación. Para «resolver» el asunto, la Justicia Federal desfiguró el papel de la asesoría técnica, que tendría la tarea de acompañar este proceso, inclusive en su revisión completa para actualizar de forma correcta los registros de daños. En cambio, colocó un peritaje judicial vinculado al mercado financiero y sin cualquier conocimiento de la realidad social de la cuenca para revisar los registros. ¿Cómo hacer una reparación integral y justa si la puerta de entrada está cerrada para la mayoría de los afectados?

Agua y salud: derechos que el dinero no paga

Ruinas del Distrito de Paracatu, en Mariana (MG)

Hasta hoy, hay diversas comunidades con dificultad de acceso al agua. Muchas viviendas reciben agua de mala calidad, retiradas de pozos artesianos perforados por la Fundación Renova que presentan olor y coloración. La Justicia Federal reconoció, recientemente, el llamado «daño agua», que son R$ 2 mil por día en función del desabastecimiento provocado por el desecho mineral en el río, pero eso no resuelve la problemática profunda que tiene que ver con la calidad y confianza en aquello que llega a los grifos de millares de personas.

Como no fue hecha la remoción de los desechos minerales de las áreas afectadas, las comunidades están conviviendo con eso sin ninguna orientación ni cuidado. A lo largo de los años, sin ninguna respuesta u orientación de la Fundación Renova, las personas volvieron a usar la mayoría de las áreas afectadas alrededor de los ríos con plantaciones y pastaje. La recuperación del río es una reivindicación importante de los afectados a lo largo de la cuenca, para que puedan volver a hacer uso de él como fuente de renta, alimento y ocio. Sin embargo, no hay un plan claro para que eso suceda para las familias afectadas, con los plazos establecidos y con seguridad.

Como resultado, todavía existen diversos problemas de salud siendo relatados por la población, principalmente, de alergias respiratorias y de la piel. Para esas personas, no hay ninguna acción de la Fundación Renova que resuelva el problema. Los municipios afectados de la cuenca del río Doce elaboraron planes de acción en salud desde el 2019, pero apenas 2 (Mariana y Barra Longa) fueron aprobados por la Fundación Renova, para que la misma pueda financiar los costos. Del mismo modo, no existe la continuidad de los estudios de impacto a la salud por parte de la Renova, por lo que ya fue objeto de aplicación de multas por incumplimiento de acuerdo.

Vivienda y asesoría técnica: negación de lo básico

En cuanto a la reconstrucción de las comunidades afectadas hay una serie de incumplimientos de plazos, diversos de ellos establecidos por la propia empresa o por desición judicial. La última de ellas determinaba que, en febrero de 2021, deberían estar construidos los 3 reasentamientos propuestos en el plan de reparación. Los reasentamientos de Gesteira y Paracatu de Baixo no poseen ninguna de las 100 casas prometidas. En el reasentamiento de Bento Rodrigues sólo 10 viviendas de las 244 fueron finalizadas después de casi 6 años. No existe plazo para la conclusión de las obras.

En este contexto, la indemnización llegó a casi 50 mil personas por el Novel, pero el costo fue el de obligar a los afectados a dar «seguridad jurídica» a las mineras que tuvieron que renunciar a sus derechos, como la ayuda financiera de emergencia, y firmar una liquidación general de los daños. Al mismo tiempo, la forma de implementación del Novel prácticamente acabó con todo el sistema de participación colectiva organizada y centralizó la gestión en el individuo, que ahora transfiere el protagonismo para abogados particulares, algunos de estos quedando multimillonarios. Así, se creó un ambiente para desmovilizar tanto jurídica como políticamente el derecho a la asesoría técnica independiente. Y fue lo que la Justicia hizo.

Sólo Mariana, Barra Longa, río Doce y Santa Cruz do Escalvado tuvieron derecho a la asesoría técnica garantizada. Los otros afectados de los más de 40 municipios impactados fueron desatendidos. El día 4 de octubre, la Justicia Federal, atendiendo casi todos los pedidos de las empresas, acabó con el concepto y el objetivo inicial de la asesoría técnica, prohibiendo casi todas las tareas técnicas previstas inicialmente, que son derechos ya conquistados. En la decisión aparecen, al menos, 12 prohibiciones e impedimentos para el trabajo de los equipos. Y cualquier estudio pedido por la comunidad sólo será hecho si el juez lo autoriza después de consultar a las mineras en el proceso.

Para empeorar, la Justicia quiere dificultar el trabajo presencial de las entidades elegidas con las comunidades. Según la decisión «las Asesorías Técnicas deben PRIORIZAR la utilización de los medios de comunicación virtuales (plataformas digitales, revistas virtuales, “lives”, YouTube, WhatsApp), REDUCIENDO Y/O EXCLUYENDO, la utilización de instrumentos físicos de comunicación.»

¿Qué Justicia es esta que da con una mano y quita con la otra? Una Justicia que facilita el pago individual en dinero, al mismo tiempo que desmonta todo un proceso colectivo, dificulta estudios independientes, criminaliza los movimientos sociales, disemina desconfianzas infundadas en organizaciones sin fines de lucro, reconocidas por su trabajo junto a los afectados por represas y fortalece la posición de las mineras en la cuenca.

¡Seis años después, continuamos en lucha por la justicia!

Exigimos que el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) demuestre que quiere hacer la justicia actuar en favor de los intereses de las víctimas y no de los criminales. La mesa de renegociación para un nuevo acuerdo «definitivo» entre gobiernos y empresas que está en curso con el involucramiento de varias instituciones necesita acoger verdaderamente los afectados, o será sólo un espacio más de difusión mediática de una iniciativa que resultará en ningún objetivo para la reparación de los daños colectivos en la cuenca, sino apenas fortalecer los intereses de las mineras. Audiencia Pública online no es participación. Queremos participar decidiendo conceptos y política, y teniendo derecho a instrumentos independientes de seguimiento, estudios y recolección de datos.

Partiendo de esta premisa, proponemos las siguientes acciones:

  1. Derecho a la Asesoría Técnica Independiente, conforme al acuerdo firmado en 2017.
  2. Modificaciones en el NOVEL, con el propósito de la li            quidación final y de cierre del registro.
  3. Fondo para proyectos colectivos de los afectados.
  4. Fondo social para los afectados por represas de Minas Gerais y Espírito Santo.
  5. Programa de Transferencia de Renta para combatir la pobreza agravada por la propia ruptura a lo largo de los años.
  6. Nueva gobernanza, menos burocrática y más próxima de los territorios.
  7. Acciones prioritarias para las mujeres y población afrodescendiente afectada.
  8. Continuidad de los estudios ambientales y la no finalización de la agenda ambiental en este acuerdo.
  9. El valor del acuerdo debe estar basado en el valor de R$ 155 mil millones de la acción inicial hecha por el Ministerio Público Federal (MPF).
  10. Conquistas y avances en el acuerdo en Brumadinho como punto de partida de las negociaciones.

3 años de Brumadinho

En este año, caminamos en solidaridad y organización con la cuenca del río Paraopeba y con los afectados del crimen en Brumadinho, que el 25 de enero de 2022, completará 3 años. Nuestras luchas son las mismas. Nuestras agendas buscan el mismo objetivo y los violadores de nuestros derechos actúan de la misma manera. Compartimos el drama de ver la Justicia dejar impunes a los responsables de las más de 290 muertes en los dos crímenes. En el río Doce, de la acción de las 21 personas denunciadas criminalmente por el Ministerio Público Federal (MPF) solo cinco todavía se encuentran en el proceso que investiga las muertes, inundación y crímenes ambientales. La Justicia Federal entendió que las 19 muertes en 2015 no fueron homicidios.

Mientras tanto, en el Paraopeba, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), aceptó el argumento burocrático por la defensa de que la tragedia afectó sitios arqueológicos, que están bajo responsabilidad de la Unión. Por lo tanto, la competencia jurídica cambia y la acusación vuelve al punto de partida.

Somos las víctimas de crímenes bárbaros que están lejos de una correcta solución y también de una Justicia que está al servicio de aquellos para quienes el crimen compensa. Hoy, más que víctimas, somos también un pueblo en lucha dispuesto a colocar la vida por encima del lucro. De cabeza erguida, seguiremos movilizados, por un año más, para denunciar la violencia de las grandes corporaciones, la impunidad, la complicidad de los gobiernos y del Poder Judicial.

Anunciamos aquí, como afectados de las cuenca del Paraopeba, del río Doce y del litoral capixaba, que seguiremos en marcha, en lucha, hasta que nuestra región deje de sufrir de la «maldición de la abundancia» de agua, minerales, tierra, petróleo. Hasta que nuestras riquezas sean compartidas entre nosotros, pueblo brasileño, para que ningún infante despierte sin saber si tendrá comida o educación, hasta que seamos una patria soberana, independiente y de control popular capaz de garantizar todos los derechos y reparaciones plenas para todos y todas

*Traducción: Ciro Casique Silva


*Nombre original del documento en portugués: Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC).

10 años encubriendo el envenenamiento de niños: cómo ocultó México la contaminación de un río por transnacionales

Julio Rios @julio_rios

En la categoría de REPORTAJE el el Premio Nacional de Periodismo @CCPNPMex es para @manuelhborbolla

10 años encubriendo el envenenamiento de niños: cómo ocultó México la contaminación de un río por transnacionales

Publicado originalmente: 23 ene 2020 13:00 GMT

El Gobierno de Jalisco mantuvo en secreto por casi una década un informe que muestra altas concentraciones de cadmio, mercurio, arsénico, plomo en menores de 12 años, mientras empresas como Hershey´s, Honda y Nestlé siguen vertiendo tóxicos al agua con la complacencia de las autoridades.

10 años encubriendo el envenenamiento de niños: cómo ocultó México la contaminación de un río por transnacionales
Contaminación en el río Santiago, estado de Jalisco, México.Manuel Hernández / RT

El Estado mexicano ocultó durante 10 años un estudio que demuestra cómo las industrias llevan décadas envenenando a niños, jóvenes y adultos de varios pueblos, ubicados en la región de Jalisco, a través de los desechos tóxicos que arrojan en el considerado el «río más contaminado de México».

Así lo revela una investigación realizada por RT, en la que se documenta la manera en que industriales mexicanos y extranjeros han sido beneficiados por el gobierno pese a la catástrofe ambiental que ha provocado una epidemia de enfermedades entre pobladores de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.

El informe se hizo público este mes de enero, luego de que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco mantuviese durante nueve años bajo reserva, y mediante un acuerdo de confidencialidad, un estudio realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el que se observa una alta concentración de metales pesados en el cuerpo de niños que habitan pueblos a orillas del río Santiago.

«Los resultados de la población infantil respecto a los tóxicos ambientales, mostraron altas prevalencias de exposición a cadmio (77 %), a compuestos orgánicos persistentes totales (74 %), a mercurio (60 %), al ácido trans-mucónico (benceno, con 43 %), así como a plomo (35 %) y arsénico (30 %)», señala el informe al que tuvo acceso este medio, y que lleva por título: ‘Propuesta metodológica para la implantación de una batería de indicadores de salud que favorezcan el establecimiento de programas de diagnóstico, intervención y vigilancia epidemiológica en las poblaciones ubicadas en la zona de influencia del proyecto de la presa de Arcediano en el estado de Jalisco’.

Contaminación en el río Santiago, estado de Jalisco, México.Manuel Hernández / RT

El estudio fue realizado en 330 niños de las localidades de El Salto, Puente Grande, Tonalá, Juanacatlán, La Cofradía y Jardines de la Barranca, ubicadas a las afueras de la ciudad de Guadalajara, la segunda urbe más grande de México.

Sin embargo, al tratarse de una muestra representativa, los autores del documento estiman que más de la mitad de la población total de dichas comunidades registra niveles de envenenamiento por metales muy por encima de los estándares médicos. 

De acuerdo con expertos consultados, las altas concentraciones de cadmio encontrados en la orina de casi el 80 % de los niños puede derivar en casos de insuficiencia renal crónica. También se encontró que las altas concentraciones de benceno habían generado un importante daño cognitivo en algunos de los infantes analizados.

Esto significa que el Gobierno de Jalisco tenía conocimiento de la situación desde hace casi una década y no hizo nada para revertir el problema, a pesar de los insistentes reclamos de la población y la mortandad silenciosa que se vive en la región, como consecuencia de la alta exposición al agua contaminada.

Una dinámica perversa alentada por las millonarias ganancias que generan empresas trasnacionales y gobernantes que privilegian las inversiones privadas por encima de la salud de la gente.

«Tiene veneno»

«Sientes que vas a morir», dice Mairo, un niño de 8 años, quien se acerca curioso a ver cómo documentamos la contaminación del río Santiago en un predio cerca de la presa de El Ahogado, en el municipio de El Salto, una de las zonas más afectadas por la contaminación.

«¿Te has metido al río?», le pregunta Enrique Enciso, activista integrante de la organización Un Salto de Vida, quien nos acompaña en un recorrido para observar cómo la espuma tóxica y hedionda se acumula en el caudal, a pesar de que a pocos metros se encuentra una planta tratadora de agua, que instaló el Gobierno federal hace ya varios años, con la intención de remediar la catástrofe ambiental que se respira en el lugar.

«Tiene veneno», responde el niño. «Yo me metía antes. Mis amigos se metían y murieron. Se metieron allá y tomaron agua», cuenta el pequeño. «Ya tiene mucho que no me meto», agrega.

Mairo, de ocho años, frente a un río contaminado y con el corredor industrial al fondo, en El Salto, Jalisco, México, enero de 2020.Manuel Hernández / RT

A lo lejos se observan algunas fábricas que forman parte de El Castillo, una zona ubicada en el corazón del complejo industrial construido en El Salto. Esta zona experimentó un despegue a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por México, EE.UU. y Canadá, que entró en vigor en 1994 y marcó desde entonces la agenda económica neoliberal impulsada entre estos países. 

Mairo dice que suele venir a este páramo para cuidar vacas. Su familia vive cerca. Al igual que muchos niños de la localidad, ha tenido contacto con el agua y la espuma cargada de químicos que, a la larga, han demostrado ser mortales para los habitantes de la región.

El río «más contaminado»

El 14 de febrero de 2008, el pequeño Miguel Ángel López Rocha murió en un hospital de Jalisco tras haber caído en el río Santiago. Los médicos encontraron que el menor tenía en la sangre niveles de arsénico 400 % más altos que el máximo permisible.

El suceso detonó la molestia de los habitantes de El Salto y Juanacatlán, que desde entonces emprenden una batalla jurídica y política para tratar de remediar los daños ocasionados por la presencia de tóxicos en el agua entubada que llega a las casas.

Así, algunos activistas y académicos han denominado al río Santiago como el «río más contaminado de México», debido a la alta concentración de metales pesados provenientes de la industria química, automotriz, textil y de alimentos asentada en la zona.

Un estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), realizado en 2012, señala que se vierten «un total de 507,5 toneladas de contaminantes convencionales diariamente» en estas aguas.

Un proceso de devastación donde la instalación de un corredor industrial ha jugado un papel central.

Complejo industrial en El Salto, Jalisco, México.Manuel Hernández / RT

«El deterioro de la calidad del agua del río Santiago se aceleró a finales de la década de los años setenta por la contaminación ambiental en las zonas de Juanacatlán y El Salto, debido a la creación de las zonas industriales», señala el estudio.

Entre 2009 y 2011, el IMTA encontró 1.090 sustancias químicas en el río, incluyendo altas concentraciones de metales pesados como cadmio, cobre y mercurio, además de otras sustancias peligrosas como nonilfenol, el octilfenol etoxilado y el tetracloroetileno.

De acuerdo con el inventario de Descargas del Estado de Jalisco de la Gerencia Regional de la Comisión Nacional del Agua, 266 de las 280 zonas de descarga de aguas residuales de todo el estado están ubicadas a orillas del río Santiago.

¿Cuáles son las industrias contaminantes?

Pero a pesar de que el IMTA documentó más de 500 toneladas de contaminantes vertidos al río diariamente, los registros oficiales en México presentan un subregistro importante que impide conocer puntualmente el daño cometido por cada una de las industrias asentadas en la región de El Salto.

Esto, aun cuando en la lista de contaminantes figuran varias empresas trasnacionales provenientes de países como EE.UU., Japón, Alemania, Francia y Suiza.

De acuerdo con el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, de 2004 a 2018 las industrias asentadas en El Salto arrojaron 22 toneladas de contaminantes tóxicos y metales pesados al agua, solamente dentro del municipio de El Salto. También se han registrado emisiones por al menos 1.806 millones de toneladas de gases tóxicos en la zona. 

Los datos oficiales, consultados por este medio, revelan que la empresa que registra los mayores niveles de contaminación es Zoltek, una compañía estadounidense especializada en la comercialización de fibra de carbón. Tan solo de 2010 a 2013, la compañía vertió al Río Santiago al menos 16,5 toneladas de metales pesados como cadmio, plomo, cianuro y níquel, entre otros.

En la lista de contaminantes aparecen otras empresas trasnacionales como la fábrica estadounidense de chocolates Hershey’s, que derramó altos niveles de plomo. También figuran la automotriz Honda y la compañía de químicos Quimikao, ambas oriundas de Japón. Estas tres empresas han arrojado al menos 1,2 toneladas de tóxicos a las aguas del río Santiago.

Otras firmas que aparecen en la lista son la compañía alemana de autopartes ZF Suspension y la francesa Virbac, especializada en la fabricación de alimento para animales.

La extinta empresa mexicana de toallas y telas, Hilasal Mexicana, figura también entre las más contaminantes de las últimas décadas.

Otras regiones de la cuenca

A pesar de que El Salto cuenta con el principal corredor industrial, las fábricas se extienden a otros municipios de la cuenca Lerma-Santiago, desde el nacimiento del río Santiago en el lago de Chapala, abarcando los municipios de Zapotlanejo, Poncitlán y Ocotlán.

Entre las empresas asentadas en esta zona destacan la compañía suiza de alimentos Nestlé, que arrojó al menos 82,6 kilogramos de contaminantes al agua de 2018 a 2013, principalmente níquel y cromo.

Otra empresa que destaca es la tequilera mexicana Casa Cuervo, uno de los principales productores a nivel mundial de la emblemática bebida alcohólica, compañía que vertió al menos 9,9 toneladas de tóxicos como níquel, cromo, cadmio y mercurio durante 2018 y 2012.

También figuran la química mexicana Grupo Celaense, con 1,92 toneladas de metales pesados en la última década de la que se tiene registro (2018-2008). 

Nuevo corredor industrial

A pesar de que el Estado mexicano cuenta con datos sobre los daños ocasionados por el derrame de contaminantes sobre el río Santiago, las sanciones contra las empresas responsables de contaminar el caudal han sido mínimas.

De 2013 a 2018, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó 2.065 visitas de inspección y verificación a empresas ubicadas en la cuenca del río Santiago. De dichas inspecciones, no se detectaron irregularidades en 735 casos, hubo faltas menores en 1.296 y apenas se clausuraron 34 instalaciones supervisadas (16 de manera parcial y 18 totales), así como multas por un total de 31,5 millones de pesos (1,6 millones de dólares).

Protesta de Greenpace en el río Santiago en marzo de 2012.Alejandro Acosta / Reuters

Una cifra que contrasta con los cerca de 20.000 millones de dólares anuales de ganancias que reporta la Asociación de Industriales de El Salto (AISAC).

En octubre pasado, los industriales y el Gobierno de Jalisco firmaron un acuerdo para remediar la contaminación del río, sin que hasta el momento se hayan establecido sanciones concretas contra las empresas responsables de intoxicar uno de los afluentes de agua más importantes de la región.

«Este es un pacto por el medio ambiente, enfocado en el saneamiento de la cuenca del Río Santiago, donde los industriales ubicados en El Salto tienen mucha influencia, dado que las descargas de agua eventualmente van a dar a este río. Es un acuerdo voluntario que establece algunos compromisos en temas de gestión ambiental. Tenemos el potencial de limpiarlo, es una responsabilidad enorme, una deuda que tenemos con toda la población del estado de Jalisco», dijo el Secretario de Desarrollo Económico, Ernesto Sánchez Proal.

A pesar de los daños a la salud y la falta de controles administrativos para impedir que las empresas sigan desechando contaminantes al agua, el Gobierno de Jalisco anunció en diciembre de 2019 la apertura de otro nuevo parque industrial en El Salto, que contará con una inversión de 110 millones de dólares.

En tanto, los niños siguen siendo envenenados con metales pesados en la sangre, mientras este modelo industrial, que busca maximizar ganancias a costa de la salud de la población, continúa funcionando con la complacencia de los tres niveles de Gobierno en México.

Manuel Hernández Borbolla

https://actualidad.rt.com/actualidad/340761-envenenamiento-ninos-mexico-rio-contaminacion-trasnacionales

La Movida Global por los Ríos y los Pueblos frente al mito de la hidroelectricidad como energía “limpia y sostenible”

OPINIÓN

Por Alberto Gutiérrez Arguedas , Geógrafo, docente e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR)

2 noviembre, 2021

Publicado en:https://semanariouniversidad.com/opinion/la-movida-global-por-los-rios-y-los-pueblos-frente-al-mito-de-la-hidroelectricidad-como-energia-limpia-y-sostenible/

ntre los días 7 y 24 de setiembre de 2021 se llevó a cabo el Congreso Mundial de Hidroelectricidad. En principio, Costa Rica iba a funcionar como sede del Congreso, sin embargo, finalmente el mismo se desarrolló de manera virtual.  Dicho evento es organizado por la Asociación Internacional de Hidroelectricidad (IHA), una agencia que representa y reúne a diferentes actores de la industria hidroeléctrica global, cuyo principal objetivo es promover e impulsar el desarrollo de este tipo de energía alrededor del mundo. De acuerdo con la página web oficial, el Congreso “reúne a líderes intelectuales, responsables de la toma de decisiones e innovadores de todo el planeta”, los cuales “explicarán por qué es urgente realizar inversiones en este momento para desarrollar la infraestructura energética inteligente, resistente y limpia del futuro”. Además de ser un espacio de reunión y articulación de gobiernos, empresas, grandes ONG y organismos internacionales, el Congreso tiene como propósito hacer propaganda y dar legitimidad ideológica a la industria hidroeléctrica, la cual es promocionada como una fuente de energía “limpia y sostenible”, en el contexto de la crisis climática. Las propuestas y perspectivas de este sector quedaron plasmadas en un documento titulado la Declaración de San José sobre Hidroelectricidad Sostenible.

No es casualidad que Costa Rica haya sido propuesta como sede de este evento. En las últimas décadas este país ha ganado notable visibilidad y prestigio internacional como un supuesto ejemplo en materia de gestión ambiental y sustentabilidad, dentro del cual ocupa un lugar central el tema energético. Para ser más precisos, Costa Rica se ha convertido en una vitrina mundial del capitalismo verde, el cual podemos definir como una corriente o paradigma de pensamiento ambiental que busca hacer compatible la cuestión ecológica con la economía de mercado capitalista. Según esta perspectiva, es posible proteger el ambiente y revertir la crisis climática sin cambiar el modelo de desarrollo dominante, que tiene como fundamentos la acumulación de capital, el crecimiento económico ilimitado y la privatización de bienes públicos y comunes. Los agentes detrás de este discurso son los mismos que se reúnen en este Congreso: organismos internacionales, think tanks, gobiernos nacionales y asociaciones de negocios, los cuales han logrado exitosamente desviar la atención de las verdaderas causas y responsables de la crisis climática y ecológica, a través de conceptos de moda y sin rigor científico, como “desarrollo sostenible” o “crecimiento verde”.

Desde la perspectiva del capitalismo verde y el ambientalismo de mercado, se habla de energías “limpias y sostenibles” como sinónimo de energías renovables, es decir, aquellas que no provienen de combustibles fósiles. Esta es una definición bastante imprecisa, pues las energías renovables también pueden provocar impactos sociales y ambientales negativos, como lo es el caso de la hidroelectricidad. Tal como consta en una amplia documentación a nivel mundial, las represas hidroeléctricas han provocado graves daños socioambientales, entre los que se puede mencionar: modificación abrupta en los caudales, sedimentación, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua, desplazamiento de comunidades, pérdida de tierras para uso agrícola y pesquero, acaparamiento y privatización de las aguas, entre otros. Inclusive, contrario a lo que se pensaba hasta hace poco, se ha observado que los embalses hidroeléctricos contribuyen al calentamiento global, debido a la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo metano, mucho más potente que el dióxido de carbono. Para completar el cuadro, en muchas ocasiones el impulso de proyectos hidroeléctricos ha venido acompañado de represión, persecución e inclusive asesinatos de activistas ecologistas y comunitarios/as que defienden sus ríos y sus territorios. Por lo tanto, está muy lejos de ser una energía verdaderamente limpia.

En el caso de Costa Rica, el país se ha posicionado en la última década como un “referente” en esta materia, debido a que posee una matriz de generación de energía eléctrica basada mayoritariamente en fuentes renovables, en donde ocupa un lugar central la hidroelectricidad. Si bien las represas han jugado un papel importante en la vida nacional, el cual es justo reconocer, también han provocado una serie de impactos socioambientales negativos, que han suscitado la conformación de una multiplicidad de resistencias comunitarias y de un movimiento social en defensa de los ríos a escala nacional. Además del daño que este tipo de obra provoca sobre los ríos, ecosistemas y sobre las estrategias de reproducción de la vida en las comunidades, en Costa Rica las represas hidroeléctricas han sido un botín a partir del cual un conjunto de empresas privadas se han asegurado negocios millonarios, provenientes de una masiva transferencia de recursos públicos. Desde las leyes de cogeneración de los años 1990 hasta la fecha, la presión privatizadora ha sido constante, como lo podemos ver actualmente a través del trámite de varios proyectos de ley impulsados por el gobierno, que buscan ampliar los privilegios al sector privado en este campo (expedientes No. 22.601 y 22.606), poniendo en riesgo un sistema eléctrico nacional público y de acceso casi universal, construido a lo largo de décadas. Por lo general, el discurso de las energías “limpias y renovables”, a nivel nacional e internacional, viene de la mano con una perspectiva privatizadora.

Frente a esta coyuntura, se ha conformado la Movida Global por los Ríos y los Pueblos, una iniciativa surgida desde un conjunto de organizaciones y movimientos socioambientales, tanto de Costa Rica, como de otros países de Centroamérica, Latinoamérica y el resto del mundo, como una respuesta crítica al Congreso Mundial de Hidroelectricidad. El principal objetivo de la Movida ha sido denunciar y visibilizar la injusticia socioambiental que caracteriza a la industria hidroeléctrica global, así como problematizar el discurso tendencioso e incoherente de la hidroelectricidad como energía “limpia y sostenible”, tal como ha sido planteado desde el capitalismo verde. Para ello, durante las últimas semanas se han facilitado espacios de encuentro e intercambio de experiencias y conocimientos en relación con este tema, desde la perspectiva de los pueblos que defienden sus ríos y/o que han sido agraviados por este tipo de proyectos. Al calor de la Movida, se han compartido y socializado una gran cantidad de materiales, tanto escritos como audiovisuales, los cuales nos relatan, desde diferentes partes del mundo, cómo las represas hidroeléctricas han provocado graves secuelas en sus territorios y sus comunidades, a partir de las propias voces de sus protagonistas.

Asimismo, más allá de las luchas en defensa de los ríos y los territorios frente al extractivismo hidroeléctrico, a través de la Movida se ha procurado abrir un diálogo y una reflexión alrededor de la posibilidad de construir alternativas de producción y gestión de la energía, desde la perspectiva de los bienes comunes. Frente un problema tan grave y complejo como la crisis ecológica y climática, las energías renovables podrían representar una valiosa alternativa, sin embargo, esta se torna insuficiente —e inclusive, contraproducente— si no se revisan al mismo tiempo el modelo de desarrollo, los patrones de consumo y las relaciones de poder dominantes, que han colocado al planeta y la humanidad en riesgo. Una transición energética verdaderamente justa no se trata solamente de sustituir fósiles por renovables, sino que implica otras formas de organizar, producir y consumir energía, menos oligopólicas y más comunitarias, menos consumistas y más modestas.

Si desea informarse o participar en la Movida Global por los Ríos y los Pueblos, puede buscar la página de Facebook (https://www.facebook.com/movidaglobal/).

Represas costosas en ríos secos: la estrategia para enfrentar el cambio climático

El cambio climático obliga a tomar decisiones políticas para adaptarse y mitigar el impacto. En Mendoza apuestan a construir represas, pero la falta de financiamiento y de actualización de los estudios demoran los procesos. ¿Conviene ese camino?

Pablo Icardi

Pablo Icardi domingo, 17 de octubre de 2021 · 09:18 https://b6035d29beeeabb75eb65321fec5a601.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Los ríos de Mendoza tendrán un año más de sequía, superando la década de escasez de agua. La provincia es vulnerable al cambio climático y hay dos palabras clave para el presente y el futuro: mitigación y adaptación. Pues Mendoza ha tomado un camino en materia hídrica: construir grandes reservorios de agua a través de represas en los ríos. Es la misma estrategia de antes, pero con nuevas dificultades. Se trata de obras costosas para contener ríos que cada vez traen menos agua. Portezuelo del Viento, Los Blancos, El Baqueano, Uspallata, Cordón del Plata. Esos son algunos de los proyectos que están en evaluación o por ejecutarse, aunque por ahora solo uno tiene financiamiento asegurado. 

Aunque hay discusiones de alto nivel sobre la conveniencia o no de las grandes represas, sí existe consenso en que es una estrategia buena para aprovechamientos multipropósitos. Pero en la provincia hay otra variable más relacionada con lo humano y la gestión del recurso. Es decir, no alcanza sólo con construir una represa, sino todas las obras secundarias que se requiere  y cómo se administran.

El ejemplo más tangible es Potrerillos. La represa va a cumplir 20 años y nunca se terminó el plan de gestión «aguas abajo» para, por ejemplo, amortiguar el impacto de las aguas claras, mejorar la gestión del riego y, sobre todo, de consumo humano en el área urbana. De hecho hoy la presión sobre el recurso disponible en el Gran Mendoza impacta más que la propia escasez. Los proyectos de regulación del Río Mendoza datan de 1920, recién en 2001 se inauguró el primer dique y los otros no se ejecutaron. El río trae menos agua, la población y las actividades humanas que presionan sobre ese recurso crecieron de manera enorme. En el pronóstico de escurrimiento para la temporada se prevé una disponibilidad de 820 hm3, pero hay que restarle 250 hm3 que ya están «comprometidos»  por la presión urbana. Por eso la disponibilidad real es mayor y hay una «sequía extrema» de hecho. 

Potrerillos es un dique chico, que almacena agua de manera estacional, es decir para una temporada de poca agua. «Si no estuviera el Dique la situación sería dramática», aseguran. Es decir, cumplió la primera parte de los objetivos. Pero incluso el propio Potrerillos ya tiene otros impactos, además de la presión, porque disminuyó su capacidad de almacenamiento en más de un 10% por los sedimentos. Originalmente tenía una capacidad de 452 hectómetros cúbicos. Y ahora no llega a los 390 hm3 en su llenado total.

Diques y demoras

Portezuelo del Viento es la «gran obra» que el Gobierno busca ejecutar. Tiene financiamiento asegurado, pero hay problemas técnicos para la adjudicación y otros inconvenientes ambientales, políticos y jurídicos que la pueden demorar. Portezuelo va a regular el Río Grande, un curso de agua subutilizado por Mendoza y que tiene pocas hectáreas afectadas. De hecho el principal uso tiene que ver más con las industrias extractivas (petróleo y minería). El volumen del embalse sería casi cuatro veces el de Potrerillos y se cree que podría beneficiar más a las provincias vecinas abasteciendo con un caudal constante al río Colorado. El Gobierno comenzó tímidamente a analizar la posibilidad de que, una vez hecho el dique, se ejecute el trasvase de agua al río Atuel para aprovechar mejor y nutrir a ese curso de agua que está exprimido.

Pero el Río Grande no está exento de los problemas estructurales. Este año será el que más impacto tendrá por la sequía y arrastra varias temporadas muy por debajo de su promedio. Está previsto que sufra una «sequía extrema» porque traerá solo el 40% de su volumen histórico.

Portezuelo generaría un enorme lago con más de 1000 hm3 de volumen.

El tema fue tomado por quienes buscan desalentar la realización de la obra por la relación «costo – beneficio»: creen que por el cambio climático, la represa tardará menos en llenarse y que podría producir menos energía de la calculada. No es un tema menor ese análisis pues el principal objetivo de Portezuelo es la generación de energía para venderla, que produzca regalías y que ese dinero sea usado para financiar otras represas. El círculo «virtuoso» que se prevé y que fue ejecutado en otras provincias, como San Juan. Suarez asegura que adjudicará la obra al único oferente (el consorcio Malal Hue), aunque luego deberá firmar el contrato y esperar que la Corte Suprema no frente nada ante las demandas de La Pampa. Todo indica que Suarez podría adjudicarla, pero no será quien la vea en ejecución. 

Portezuelo costará, sin contar mayores costos, más de 1000 millones de dólares. Todo el plan de obras del Departamento General de Irrigación para mitigar el Cambio Climático está presupuestado en 280 millones de dólares aproximadamente. 

Otro de los planes del Gobierno es la ejecución de la represa El Baqueano, en el río Diamante. Se trata de un curso de agua ya regulado por dos represas y cuyo nuevo proyecto está en estudio, pero sin financiamiento. El Diamante también está en caída en cuanto al volumen de agua y por eso la represa que se sumaría a Los Reyunos y Agua del Toro agregaría otro «reservorio». Claro, se redefine todo, pues los proyectos originales son de hace más de 40 años. 

El Río Diamante tendría otro dique.

El Río Mendoza también tendría al menos un dique más (originalmente se pensó un sistema de tres embalses). El proyecto que desarrolla el Gobierno es la represa Uspallata, cerca de la villa homónima. Está en proceso de licitación el paquete de estudios ambientales y sociales para elaborar el proyecto que pondría el segundo embalse, con dimensiones mayores a las de Potrerillos y que serviría para contener parte de los sedimentos, además de generar energía y tener otro lago. Nuevamente el tema tiempos y financiamiento juega un papel clave: los proyectos datan de casi un siglo, aunque hace 40 años se estudió más profundamente. La realidad ambiental, principalmente hidrológica, era otra. Ahora se busca encarar nuevos estudios. La realización de esa obra es hoy una quimera por falta de recursos. El proyecto Los Blancos, en el Río Tunuyán superior, llegó a ser anunciado y hasta licitado. Pero no existe ni siquiera a nivel de proyecto aún. Mucho menos existen los recursos para hacerlo. 

El último dique se inauguró hace 20 años, pero su funcionamiento pleno fue posterior y aún no se termina el plan de optimización. A ese ritmo, el sistema de adaptación al cambio climático y de aprovechamiento de los ríos para generar energía puede demorar más de lo que la necesidad demanda. 

https://www.mdzol.com/politica/2021/10/17/represas-costosas-en-rios-secos-la-estrategia-para-enfrentar-el-cambio-climatico-193854.html?fbclid=IwAR0SDz6rmnhND4p05cx49z_QdC-TxX-f-9wLK-7BfNWTCI9SJCZrXI7ELF4

Climate Change is Elevating the Financial Risks of New Hydropower

 

Mekong dry Climate Justice November 2, 2021

by Justin Muhl and Josh Klemm

As delegates converge at COP26 in Glasgow this week, many are promoting the notion of hydropower as central to weaning our energy systems off of fossil fuels. Yet hydropower generates significant greenhouse gases, particularly methane, and is one of the most vulnerable energy technologies to the impacts of climate change.

Climate change is driving increasingly severe weather events, from devastating floods in Europe and China, to prolonged drought in the western U.S. and Brazil. Hydropower relies on river flows and so is particularly exposed to these effects, which are only expected to become more serious over time. In recent years, we have seen countries from Brazil to Zambia grapple with the effects of years-long droughts on hydro-dependent energy systems. The economic impacts of losing power at just the time it is most needed have already been significant.

The increasing unpredictability of hydropower as a result of climate change poses real challenges to energy planners tasked with managing electricity grids, and real risks for financiers in the energy sector. This is discussed in a new briefing paper on the impacts of climate change for the financial viability of new hydropower projects.

The paper draws on some of the latest scientific research, recent accounts of climate-related impacts on hydropower, as well as analysis of five in-depth cases using the Riverscope assessment tool. Developed by TMP Systems, Riverscope is the first comprehensive tool to assess often-overlooked environmental and social risks and connect them quantitatively to the commercial performance of hydropower projects. It uses geospatial analysis and a robust quantitative methodology to evaluate commercial risk in the hydropower sector.

Using Riverscope assessments as a baseline, the briefing paper finds that even relatively modest climate impacts on hydropower generation would have a detrimental impact on project finances. In the case of the proposed Koukoutamba dam in Guinea, for example, an average 5% annual reduction in output would lead to a Net Present Value (NPV) loss of $110 million. The same climate scenario amounted to an average loss of $189 million across the cases examined. This would make power from these projects prohibitively expensive and risky for financiers, and would further dampen their cost competitiveness against readily available solar options.

As the graph below indicates, these climate impacts would lead to an 11% increase in the Levelized Cost of Electricity (LCOE) from original projections. This means that even if Koukoutamba were online today, local solar options would already be cheaper per kilowatt hour. But by 2025, the earliest possible point of operation, this added climate exposure would make Koukoutamba 25% more expensive than local solar alternatives. Such financial impacts of climate change on large hydropower projects are likely to grow over time as climate impacts worsen.

Some key takeaways from the climate assessment include:

  • Hydropower is a contributor toward climate change. Tropical reservoirs are known for their considerable GHG emissions which directly contribute to global warming, while hydropower indirectly contributes to climate change through deforestation.
  • Increasingly unpredictable climate impacts could directly affect the output of hydropower plants during periods of drought, while climate-induced flooding can add to construction delays and cost overruns, as well as threaten dam safety.
  • Energy planning needs to be more systematic in its approach to account for the climate and cumulative impact of dams, amongst other environmental, social and commercial factors.
  • Much more extensive efforts are needed to exhaust alternative options before dams are developed, and much better monitoring and regulatory systems are needed to avoid the worst climate impacts of hydropower.

As the briefing paper demonstrates, large hydropower is not necessarily an effective weapon in the climate fight, but is rather a growing chink in the armor. As the climate crisis continues to take hold, and given that hydropower is directly reliant on water regimes, large dams will only become more vulnerable to climate extremes. Both the financial and climate justifications for promoting hydropower do not hold water, and as negotiations get underway in Glasgow, policymakers should take note.

Justin Muhl is an Associate at TMP Systems. Josh Klemm is the Policy Director at International Rivers.

Featured photo: Dried up Mekong River in Thailand by Khong Jiam See All Blog Posts

New research shows hydro dams are not as clean as we thought

by Opinion Contributor

October 26, 2021

In this June 22, 2010 file photo, the Jean-Lesage hydro electric dam generates power along the Manicouagan River north of Baie-Comeau, Quebec. Credit: Jacques Boissinot / The Canadian Press via AP

The BDN Opinion section operates independently and does not set newsroom policies or contribute to reporting or editing articles elsewhere in the newspaper or on bangordailynews.com.

Bradford H. Hager is the Cecil and Ida Green Professor of Earth Sciences at MIT, where he does research on reducing greenhouse gas emissions. He lives in Mercer.

I once believed that all hydropower is clean. But recent research shows clearly that some hydropower is not. Unfortunately, the intuitively appealing notion that Québec can export clean power to Massachusetts and New York, as well as decarbonize Québec, no longer holds up to rigorous analysis. In light of recent peer-reviewed research it is clear that NECEC is unlikely to reduce global carbon emissions and may well increase them.

We now know that there is a huge range in greenhouse gas emissions of hydro reservoirs. Reservoirs in deep, narrow valleys, as in Switzerland, provide clean power. Shallow reservoirs flooding vast forests, as in Brazil and Québec, do not. This makes sense. Between 1971 and 2011, Hydro Québec flooded thousands of square miles of forestland, killing the trees that had been removing carbon from the atmosphere. These flooded trees and soil decay, releasing substantial CO2 and methane for decades.  

The Maine Public Utilities Commission conclusion that the New England Clean Energy Connect would prevent the release of over 3 million metric tons of greenhouse gas every year ignores the peer-reviewed science, from both independent and Hydro Québec scientists, that all of Hydro Québec’s reservoirs emit CO2 and methane. Instead, the PUC based its conclusion on the report of a consulting company, hired by Central Maine Power Co., that said that the power that NECEC would provide is emission-free. Although Hydro Québec has not corrected the PUC conclusion, it does acknowledge that there are substantial emissions from some of their reservoirs, particularly newer ones, but says that excess emissions from the decay of flooded vegetation go away after a few years.  Hydro Québec’s own measurements contradict that claim, and recent research  concludes that climate damaging emissions from the decay of flooded organic material may continue for over 50 years. Consider our experience in Maine: Logs continue to decay slowly at the bottoms of rivers half a century after the log drives ended.

Another worrisome change in our understanding of Hydro Québec’s emissions concerns methane, a greenhouse gas that has a warming effect 85 times greater than that of CO2 over the 20-year timescale important for climate change. Hydro Québec claims that methane is an issue for tropical reservoirs, but not their northern ones. Yet a paper published this year, co-authored by a Hydro Québec scientist, estimates that their methane emissions have a climate impact that is significantly greater than their already substantial CO2 emissions.

The most frustrating part of the discussion regarding the NECEC, including its permitting reviews, is that it considers only local greenhouse gas emission reduction. Climate science clearly shows that global warming results from total, not local, emissions. Merely shifting emissions from Massachusetts to Canada or elsewhere does not help the climate. Québec has surplus capacity during times of unusually high water, and in the winter it has sometimes needed to import power from neighboring provinces. Power generated by burning coal in the neighboring province of New Brunswick is much dirtier than the gas-generated power in Massachusetts that NECEC would replace. Using Québec’s hydropower to replace New Brunswick’s coal would be far more effective in fighting climate change than exporting it via the NECEC would be.

We urgently need solutions to the climate crisis, but they must be scientifically sound. We now know much more about carbon emissions from hydro than was known when Maine issued permits for the NECEC. The emissions from new reservoirs (Hydro Québec states it is not planning any now) are nearly as large as those of natural gas power plants, and five to 20 times those of solar and wind. Let’s try to ensure that wind and solar, which are both cheaper and much cleaner than new hydro, are the low carbon power sources of the future. We must not allow Hydro Québec to lock in infrastructure that would delay development of local wind and solar and set back the vital agenda to solve climate change.

Una breve historia gráfica sobre el crimen de nuestra compañera Berta Cáceres

#JusticiaParaBerta| Una breve historia gráfica sobre el crimen de nuestra compañera Berta Cáceres, por @reporterosdeinv con ilustración de @ALLANMCDONALD

VER HISTORIETA EN: https://www.reporterosdeinvestigacion.com/wp-content/uploads/2021/09/COMIC-BERTHA-CACERES-con-audios.pdf

Justicia ambiental en peligro: caso del Río Sensunapán

6 octubre, 2021

El 7 de junio de 2021, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, decretó una serie de medidas cautelares que, entre otros aspectos, ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), no otorgar el permiso ambiental de ubicación y construcción a la empresa Sensunapán S.A. de C.V. para la ejecución del proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II”.

La medida cautelar va encaminada a proteger el Río Sensunapán, en Nahuizalco, Sonsonate, ante los previsibles daños al medio ambiente los cuales, además, serían irreversibles. El 4 de octubre de 2021, se recibió la notificación que la mencionada empresa ha solicitado a la Cámara Ambiental la nulidad absoluta de la medida cautelar. Es decir, la empresa busca continuar con el procedimiento administrativo de solicitud de permiso ambiental y dejar sin efecto la importante sentencia de medidas cautelares que se lograron.

Esta solicitud –pero sobre todo la eventual resolución- representa un riesgo para la justicia ambiental en nuestro país, especialmente en un contexto donde se ha vulnerado la independencia judicial a través de la Reforma a la Ley de la Carrera Judicial, aprobada el 31 de agosto de 2021, con la cual se han purgado de forma arbitraria a jueces y magistrados con 60 años o con más de 30 años de servicio.

La decisión legislativa ha derivado, además, en traslados de jueces y magistrados, entre ellos el del Magistrado de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, Samuel Lizama, quien otorgó las medidas de protección al Río Sensunapán, esto pone en peligro lo que se ha alcanzado hasta hoy. Además, se trasladó a la magistrada de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, Cesia Romero, una funcionaria independiente que ha velado por los intereses ambientales; en lugar de ellos se ha nombrado a personas que sin duda alguna con este caso serán puestos a prueba y permitirá saber si estos cambios son justamente para beneficiar a inversores por sobre el derecho ambiental y social.

Como pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos y ambientales, consideramos que es indispensable que se siente un precedente judicial encaminado a priorizar los intereses de la población, por sobre los intereses particulares del titular de este proyecto que insiste en ejecutar una obra que traerá consecuencias negativas al medio ambiente.

Ante una situación de incertidumbre judicial, no nos queda más que pedir a los nuevos jueces de la Cámara Ambiental no sucumbir ante los intereses extractivistas de la empresa privada y que, en cambio, resuelvan apelando a su independencia e integridad en pro de la protección del medio ambiente y los derechos de la población.

Pedimos a los nuevos magistrados de la Cámara Ambiental que, ante sus primeros oficios, no se genere un antecedente de impunidad ambiental, anulando las medidas de protección impuestas, las cuales son sin precedentes y en beneficio del pueblo salvadoreño.

San Salvador, 6 de octubre de 2021

6 octubre, 2021

El 7 de junio de 2021, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, decretó una serie de medidas cautelares que, entre otros aspectos, ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), no otorgar el permiso ambiental de ubicación y construcción a la empresa Sensunapán S.A. de C.V. para la ejecución del proyecto “Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco II”.

La medida cautelar va encaminada a proteger el Río Sensunapán, en Nahuizalco, Sonsonate, ante los previsibles daños al medio ambiente los cuales, además, serían irreversibles. El 4 de octubre de 2021, se recibió la notificación que la mencionada empresa ha solicitado a la Cámara Ambiental la nulidad absoluta de la medida cautelar. Es decir, la empresa busca continuar con el procedimiento administrativo de solicitud de permiso ambiental y dejar sin efecto la importante sentencia de medidas cautelares que se lograron.

Esta solicitud –pero sobre todo la eventual resolución- representa un riesgo para la justicia ambiental en nuestro país, especialmente en un contexto donde se ha vulnerado la independencia judicial a través de la Reforma a la Ley de la Carrera Judicial, aprobada el 31 de agosto de 2021, con la cual se han purgado de forma arbitraria a jueces y magistrados con 60 años o con más de 30 años de servicio.

La decisión legislativa ha derivado, además, en traslados de jueces y magistrados, entre ellos el del Magistrado de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, Samuel Lizama, quien otorgó las medidas de protección al Río Sensunapán, esto pone en peligro lo que se ha alcanzado hasta hoy. Además, se trasladó a la magistrada de la Cámara Ambiental de Segunda Instancia, Cesia Romero, una funcionaria independiente que ha velado por los intereses ambientales; en lugar de ellos se ha nombrado a personas que sin duda alguna con este caso serán puestos a prueba y permitirá saber si estos cambios son justamente para beneficiar a inversores por sobre el derecho ambiental y social.

Como pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos y ambientales, consideramos que es indispensable que se siente un precedente judicial encaminado a priorizar los intereses de la población, por sobre los intereses particulares del titular de este proyecto que insiste en ejecutar una obra que traerá consecuencias negativas al medio ambiente.

Ante una situación de incertidumbre judicial, no nos queda más que pedir a los nuevos jueces de la Cámara Ambiental no sucumbir ante los intereses extractivistas de la empresa privada y que, en cambio, resuelvan apelando a su independencia e integridad en pro de la protección del medio ambiente y los derechos de la población.

Pedimos a los nuevos magistrados de la Cámara Ambiental que, ante sus primeros oficios, no se genere un antecedente de impunidad ambiental, anulando las medidas de protección impuestas, las cuales son sin precedentes y en beneficio del pueblo salvadoreño.

San Salvador, 6 de octubre de 2021


Defender los ríos “no es una disputa técnica, es una disputa ética y política”

Entrevistas 22 de septiembre | 2021

Defender los ríos “no es una disputa técnica, es una disputa ética y política”

Movida global por los ríos y pueblos denuncia el falso discurso de las hidroeléctricas como energía limpia y llama a una transición energética justa

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Del 7 al 24 de setiembre se realiza el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica en Costa Rica, organizado por la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica y apoyado por el gobierno del país. Como respuesta a esta actividad organizaciones ecologistas costarricenses, del resto de América Latina y del mundo iniciaron la campaña Movida global por los ríos y los pueblos, un espacio alternativo de discusión y movilización en defensa de los ríos y los pueblos del planeta.

Radio Mundo Real entrevistó a Osvaldo Durán Castro de la Red latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua (REDLAR) para conocer sobre esta movida que denuncia las falsedades en las narrativas corporativas respecto a la energía hidroeléctrica “limpia, verde y sostenible”. Además, llaman a una urgente transición energética justa y respetuosa, que tenga como prioridad el respeto de los derechos de los pueblos y los ríos.

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