Las cifras sobre las represas en México varían según la fuente y los términos de referencia ya que en algunas ocasiones se toman en cuenta solo las hidroeléctricas. Pero las represas y los bordos es la obra física construida para almacenar o embalsar, desviar o contener el agua evitando el flujo natural de ésta. Además de generar electricidad tienen otras funciones como los usos agrícolas (irrigación), abastecimiento de agua a centros urbanos, para el control de avenidas e inundaciones, para relaves o jales de la minería, o para dotar de agua a alguna industria. Y existen de todos los tamaños: grandes, medianas, pequeñas, mini y micros. Se han asociado al “Desarrollo” y a la “Energía Limpia”, “Sustentable” y “Renovable”. Sin embargo, el Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000 y los siguientes 20 años desde entonces, comprueban que las represas generan más pobreza, accidentes y rupturas de represas. Han generado más de 80 millones de desplazados en el planeta, pueblos desaparecidos, cuencas secas, más inundaciones y terremotos, desaparición de biodiversidad y de ríos. Generan altos índices de Gases Efecto Invernadero y no son sustentables. Es una energía sucia. Por ello el movimiento antirepresas en el mundo va creciendo.
El discurso de que las represas representan energía renovable es una trampa. Lo que es renovable es el agua más no el modo de obtener energía a gran escala represándola. El Cambio Climático, la deforestación, la alteración del ciclo del agua entre otros factores no garantizan una precipitación pluvial estable. Las sequías e inundaciones inesperadas se agudizan.
En el Día Mundial contra las Represas y por los Ríos, hoy arranca una serie de actividades para denunciar la contaminación de represas, pasteras, countries y el agronegocio.
Represas, pasteras, barrios cerrados, agronegocio y sus tóxicos. Son algunas de las amenazas que sufren los ríos y humedales de Argentina. En el marco del Día Mundial contra las Represas y por los Ríos, hoy se inicia una serie de actividades en defensa de los ríos Paraná y Uruguay. Cientos de personas remarán desde Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe para confluir en mayo en Buenos Aires. “Los ríos y los humedales no son basureros, son dadores y portadores de vida, nuestra salud depende de ellos”, recordaron las más de cien organizaciones convocantes.
“Denunciamos la grave contaminación con agrotóxicos, plásticos, metales pesados y demás residuos peligrosos provenientes del vertido de actividades industriales, como asimismo la contaminación por vertido de efluentes cloacales crudos”, denuncia el comunicado que convoca a la “remada por los ríos”, actividad que comienza hoy en Misiones (Iguazú) y Entre Ríos (Concordia), con decenas de embarcaciones que, en un trabajo de postas, navegará durante dos meses hasta Tigre, donde confluirá en un gran festival.
Serán más de 40 postas en cinco provincias, en las que se sumarán más remadores y embarcaciones, y donde habrá jornadas de concientización, charlas abiertas y exposición de problemáticas locales. El Dorado, San Ignacio y Posadas son algunas de las ciudades de Misiones donde habrá actividades.
La provincia tiene largo historial del padecer represas. Desde Yacyretá, bautizado como “monumento a la corrupción”, hasta el sufrir de los miles de reubicados, que de ser pescadores y campesinos pasaron a ocupar barrios empobrecidos en grandes ciudades. Además de efectos sociales, las represas son cuestionadas desde hace medio siglo por sus consecuencias sanitarias y ambientales, muy lejos de ser “energía limpia”, como se publicitan.
“Exigimos la prohibición de construcción de represas en los ríos Paraná y Uruguay, como así también, de cualquier otro megaemprendimiento inmobiliario y/o construcción de industrias que amenacen la calidad de sus aguas y el equilibrio de los ecosistemas”, señala el segundo punto de la convocatoria de hoy, que llama a “salvaguardar y restaurar el carácter especial de los ríos y humedales, sus valor social, cultural, ecológico, escénico y turístico”.
Entre Ríos, en la década del 90, frenó la construcción la llamada “represa del Paraná Medio”, que pretendía realizar un gran dique a la altura de la ciudad de Santa Fe y Paraná. El proyecto fue reflotado en los últimos.
La ONG Cauce (Cultura Ambiental Causa Ecologista) recordó la gravedad de otro megaproyecto: la Hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), que se extiende por 3400 kilómetros, desde Bolivia, pasando por Paraguay y Brasil, hasta Argentina. “Una hidrovía es una ‘autopista’ en el río. Pretenden realizar dragados para lograr mayor profundidad hasta rectificación de las curvas y remoción de formaciones rocosas. De realizarse, tendrá consecuencias irreversibles en el sistema de humedales y en las comunidades que viven a lo largo del mismo”, alertaron desde Cauce, que forma parte del colectivo de organizaciones Humedales sin Fronteras.
Gabriela Ferrer, del Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) de Santa Fe explicó que la remada por los ríos surgió de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) Litoral, pero remarcó que sólo es posible por la enorme cantidad de organizaciones sociales y escuelas de kayak que trabajaron en conjunto. Explicó que todas actividades figuran en la página de Facebook “remada por los ríos”. También recordó la contaminación con agrotóxicos. Un estudio de 2017 del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad de La Plata detectó plaguicidas en toda la cuenca del río Paraná: glifosato, endosulfán, clorpirifos y cipermetrina, entre otros. “El fondo de un río que desemboca en el Paraná tiene más glifosato que un campo de soja”, graficó Damián Marino, coordinador de la investigación.
Un punto fundamental que exigen es la “inmediata aprobación” de la ley de humedales. El macrismo había prometido aprobarla pero, luego de dos años en el Congreso y con media sanción, perdió estado parlamentario. Legislar la protección de humedales pone en foco a las actividades extractivas que atentan contra ellos: agronegocio, minería de litio (las salinas son humedales) y grandes emprendimientos inmobiliarios.
Paradas que se esperan masivas de la remada por los ríos son Campana, Escobar, Pilar y Tigre. Todos lugares asediados por countries. Diego Domínguez, de la cooperativa Isla Esperanza de Tigre e investigador del Conicet, afirmó que continúa el avance de las grandes inmobiliarias y millonarios en la zona del Delta bonaerense. Domínguez señaló que hay más de 10.000 hectáreas que las empresas se hicieron (o pretenden) violando derechos de isleños que viven en el lugar desde hace generaciones. También apuntó al rol de los gobiernos municipales, que “facilitan el accionar de las compañías y privatizan el Delta, las costas y los ríos”.
Misiones sin represas
La población misionera rechazó en 1996 mediante votación el proyecto Corpus (hidroeléctrica entre Argentina y Paraguay). En 2011 se aprobó la Ley IV-56, que establece la obligatoriedad de llamar a votación vinculante y obligatoria ante cada nueva represa. Desde hace una década está en carpeta la represa de Garabí (entre Brasil y Argentina), que inundará 40.000 hectáreas. Pero los sucesivos gobernadores misioneros desoyeron la ley. La Mesa Provincial No a las Represas organizó una votación popular en 2014. Participaron 120.000 misioneros y el 96 por ciento dijo no a las hidroeléctricas. Desde hace dos años la población de El Dorado (Misiones) se encuentra movilizada por la intención del Gobierno y una empresa china de represar los arroyos Piray Guazú y Piray Mini.
14 de marzo: Día internacional de lucha contra las represas, en defensa de los ríos y la vida
Publicado 14/03/2019
Celebrada por más de dos décadas en esta fecha, la lucha internacional de los afectados y afectadas ocurre este año en un contexto triste, luego de la ruptura de una nueva represa, que esta vez se llevó trescientas vidas en Brumadinho (Minas Gerais, Brasil), además de dejar miles de afectados en la cuenca del Río Paraopeba.El 14 de marzo es una fecha de lucha de los afectados y afectadas por represas en Brasil y en todo el mundo. Un día de lucha en defensa de la vida, de los derechos y para que exista una justa reparación a todas las familias víctimas de crímenes de empresas como Vale y Samarco.Con acciones en diversos estados y también en otros países a través del MAR (Movimiento de Afectados por Represas en Latinoamérica) los afectados por represas buscan denunciar la impunidad de las empresas criminales y exigen soluciones para las problemáticas en cada uno de los países, que en su mayoría no tienen leyes específicas para tratar el tema.
Esta es una fecha en que los afectados también luchan en defensa del agua y de los ríos. Cuencas hidrográficas enteras, como las del Río Doce y el Paraopeba están contaminadas y el ecosistema destruido por la acción de empresas que ponen el lucro por encima de la vida.En esta jornada de lucha, el Movimiento de Afectados por Represas (MAB) de Brasil denuncia los crímenes de la Vale en Brumadinho y Mariana nacional e internacionalmente. Exigimos seguridad en áreas con represas que están notoriamente amenazadas de rompimiento y para evitar nuevos desastres exigimos la construcción de Planes de Seguridad de las Represas que sean adecuados, eficientes, y cuenten con la plena participación de afectados y afectadas.
Basta de impunidad
El asesinato de la Concejala carioca y activista de Derechos Humanos Marielle Franco completa un año en este mismo día. Marielle fue cobardemente asesinada por su lucha, y hasta hoy la sociedad brasileña quiere saber: ¿Quién mandó a matar a Marielle? Tristemente, este escenario indignante se extiende también a otras luchadoras de los pueblos, como la líder comunitaria hondureña Berta Cáceres, asesinada por luchar contra la construcción de la represa de Agua Zarca en territorio indígena Lenca, y Nilce de Souza Magalhães, nuestra Nicinha, brutalmente asesinada en el estado brasileño de Rondonia, en la región de la hidroeléctrica de Jirau.¡Nuestra jornada de lucha es por la vida!
En Chile no existe un marco legal «orientado a la protección integral y eficaz» de sus recursos hídricos, aseguran las organizaciones ambientalistas impulsoras de la nueva ley. En este sentido, consideran que es urgente elaborar «una legislación que resguarde su valor natural, cultural y recreativo para el disfrute de las generaciones presentes y futuras (…) Esto no es una sutileza, es una necesidad”.
En Chile, menos del 1% de los ríos del país están protegidos, y para contrarrestar esa situación organizaciones ambientalistas lanzaron la propuesta llamada “Ley Ríos Salvajes” que tiene como objetivo la protección y restauración de los cauces y sus tramos en Chile, relevando su importancia sociocultural, ecológica, salvaje y turística.
La iniciativa, que busca promover en el país la participación política y pública en torno a la protección de los ríos, pretende «introducir herramientas de gestión orientadas a preservar, conservar y restaurar los ríos, sus recursos naturales, ecosistemas asociados y el patrimonio cultural del que forman parte; impulsando un desarrollo productivo y de servicios amigables con el medio ambiente», comentó Macarena Soler, abogada y fundadora de Geute Conservación Sur.
Actualmente, en Chile no existe legislación orientada a la protección integral y eficaz de los ríos. El cuerpo legal que, de cierta forma, trata de hacerlo es la Ley N.º 20.017 de 2005, que tiene como finalidad preservar el recurso para el abastecimiento de la población, por no existir otros medios para obtener agua.
Sin embargo, hasta la fecha solo 12 ríos de los 1251 del país, cuentan con “Reserva de Agua” por circunstancias excepcionales y por interés nacional, mediante el Decreto Supremo del Presidente de la República, según el inventario público de la Dirección General de Agua (DGA/2014).
“Ahora es el momento para generar una protección permanente de los ríos. Esto no es una sutileza, es una necesidad”, remarcan las organizaciones ambientales que proponen la Ley de Ríos Salvajes en Chile.
Un bien público
Para Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, avanzar hacia una protección legislativa «es un imperativo vital». “En nuestro país urge una ley integral y eficaz orientada a la protección específica de los ríos, en un contexto donde su situación es dramática. De norte a centro sur del país la mayoría de los ríos están en proceso de muerte bioecológica, donde todas las especies de peces de agua dulce están en peligro de extinción, afectadas por una multiplicidad de sectores industriales, hidroeléctricos, de aguas servidas, con trasvases de cuencas a cuencas, entre otros», denunció.
En este sentido, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram, comentó sobre la propuesta que “una ley de este tipo, que valora las aguas en sí mismas, agregándole una perspectiva ecológica, ecosistémica y de bien público, incorporaría a la legislación una visión sobre aguas que hoy no existe, la que normalmente se ha incorporado a los usos productivos tradicionales tales como minería, acuicultura, sector silvoagropecuario y energético».
Asimismo, en el contexto de las crisis ambientales a nivel mundial, la coordinadora para Latinoamérica de International Rivers, Monti Aguirre, comentó que «los movimientos para proteger los ríos a menudo son locales, pero las consecuencias de fallar en su protección son globales: desplazamiento, pobreza, inseguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad y una calidad de agua paupérrima en el planeta».
Dado este complejo escenario global, es que las organizaciones ambientales consideran urgente tomar las medidas legislativas correspondientes para preservar «ríos saludables y agua limpia», como una «visión de cooperación más allá de las fronteras», describió Aguirre.
Menos del 1% de los ríos del país están protegidos; urge legislación que resguarde su valor natural, cultural y recreativo para el disfrute de generaciones presentes y futuras.
La propuesta de “Ley Ríos Salvajes” que impulsan organizaciones ambientales busca salvaguardar y restaurar el carácter especial de los ríos y tramos de ríos de Chile, sus valores: social, cultural, ecológico, salvaje, escénico y turístico, al mismo tiempo que reconoce su potencial para todos sus servicios, usos y desarrollo económico apropiado.
Inspirados en la “Ley de Ríos Salvajes y Escénicos” aprobada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1968 en Estados Unidos de Norte América (Ley Pública 90-542), buscan fomentar en el país la gestión fluvial que cruza las fronteras políticas y promueve la participación pública en el desarrollo de objetos para la protección.
Macarena Soler, abogada y fundadora de Geute Conservación Sur, sobre la iniciativa explicó “nuestro objetivo es promover una ley que introduzca herramientas de gestión orientadas a preservar, conservar y restaurar ríos y tramos de ríos, sus recursos naturales, ecosistemas asociados y el patrimonio cultural del que forman parte. Impulsando un desarrollo productivo y de servicios amigables con el medio ambiente. Los ríos cumplen funciones esenciales para la preservación de los ecosistemas, así como de la cultura e incluso de resguardo de valores espirituales. Son parte importante del paisaje y de la vida. Justamente por su belleza y riqueza natural es que buscamos que sean protegidos por el Estado de Chile”.
El cuidado de los afluentes es menester de diversos líderes de organizaciones que se dedican a la protección del medio ambiente, tal es el caso de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram, quien sobre la propuesta comentó “una ley de este tipo, incorporaría a la legislación una visión sobre aguas que hoy no existe, la que normalmente se ha incorporado a los usos productivos tradicionales tales como minería, acuicultura, sector silvoagropecuario y energético; valorando las aguas en sí mismas, agregándole una perspectiva ecológica, ecosistémica y de bien público de las aguas continentales”.
En un contexto de calentamiento global la protección de las aguas cruza todas las fronteras. Monti Aguirre, coordinadora para Latinoamérica de International Rivers, se sumó a esta iniciativa y sobre el panorama global expuso “los movimientos para proteger los ríos a menudo son locales, pero las consecuencias de fallar en su protección son globales: desplazamiento, pobreza, inseguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad y una calidad de agua paupérrima en el planeta. Ríos saludables con áreas de inundación intactas son nuestra mejor defensa en contra de las grandes inundaciones y sequías, consecuencias del cambio climático. Los ríos y el agua limpia nos presentan una visión de cooperación más allá de las fronteras”.
En Chile no existe legislación orientada a la protección integral y eficaz de los ríos. El cuerpo legal que, de cierta forma, trata de hacerlo es la Ley N.º 20.017 de 2005 que tiene como finalidad reservar el recurso para el abastecimiento de la población, por no existir otros medios para obtener agua. Pero hasta la fecha solo 12 ríos, de los 1251 del país, cuentan con “Reserva de Agua” por circunstancias excepcionales y por interés nacional, mediante Decreto Supremo del Presidente de la República, según el inventario público de la Dirección General de Agua (DGA/2014).
Para Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, la protección legislativa es un imperativo vital. “En nuestro país urge una ley integral y eficaz orientada a la protección específica de los ríos, en un contexto donde su situación es dramática. De norte a centro sur del país la mayoría de los ríos están en proceso de muerte bioecológica, donde todas las especies de peces de agua dulce están en peligro de extinción, afectadas por una multiplicidad de sectores industriales minero, agroindustrial, hidroeléctrico, de aguas servidas, con trasvases de cuencas a cuencas, etc.”
“Debemos ver a las cuencas y ríos fluviales como los órganos vitales de la biósfera que entregan innumerables funciones ecosistémicas, que redundan en múltiples servicios ambientales para la humanidad” puntualizó Orrego.
“Ahora es el momento para generar una protección permanente de los ríos. Esto no es una sutileza, es una necesidad” finalizaron desde las organizaciones ambientales que proponen la Ley de Ríos Salvajes en Chile.
Esta publicación es el resultado de una investigación que la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (hic-al) y Oxfam México, en diálogo con el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (mapder), solicitaron al colectivo Geocomunes en vista del examen al cual México sería sometido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (cdesc). Este organismo internacional tuvo la tarea de analizar los informes periódicos V y VI (que deberían haberse remitido en 2012) sobre el cumplimiento de las observaciones que dirigió al Estado mexicano en 2006 conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en el país desde 1981. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, numerosas organizaciones y redes de la sociedad civil decidieron articularse para elaborar un informe paralelo que, con el fin de contribuir a la tarea de supervisión del cdesc, le ofreciera a sus funcionarios datos alternos sobre la situación que guardan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país y en torno a los obstáculos y retrocesos que su ejercicio enfrenta, e incluso les propusiera recomendaciones para que las dirigieran al gobierno de México.
El presente documento expone los resultados de una investigación sobre el desplazamiento de personas a consecuencia de la construcción de obras de infraestructura hidráulica e hidroeléctrica en México y el periodo 2006-2016. Su objetivo principal fue proporcionar información estadística al informe alternativo que la sociedad civil entregó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (cdesc).
En esta introducción se revisa críticamente el discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo, y se presenta una caracterización general de las presas construidas durante los siglos xx y xxi para diferenciarlas en términos de sus dimensiones, sus aprovechamientos y la magnitud de sus impactos.
El segundo capítulo describe la metodología diseñada para el análisis de las presas y de sus afectaciones sociales. Como allí se menciona, os datos empleados provinieron principalmente de documentos oficiales publicados por dependencias federales durante los sexenios encabezados por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Como gran parte del trabajo consistió en la caracterización de las obras de infraestructura hídrica, en el tercer capítulo se presentan los rasgos básicos de las 259 presas levantadas en el periodo 2006-2016: ubicación, altura de la cortina, capacidad de almacenamiento, usos del agua y promoventes.
El capítulo continúa con la descripción general de las 35 presas seleccionadas para el análisis, de capacidad mayor de 0.5 hectómetros (hm3), y en su última parte se enuncian las afectaciones sociales derivadas de los desplazamientos. Finalmente, en el cuarto capítulo, a modo de conclusiones se aporta una reflexión sobre los principales hallazgos de la investigación.
1.1 El discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo
En este apartado se reúnen los argumentos utilizados para justificar el emprendimiento de programas y proyectos de desarrollo en los dos periodos de gobierno mencionados y se señalan las presas que la federación ha reconocido como prioritarias.
Con los Planes Nacionales de Desarrollo (pnd) se rigen las políticas federales durante cada sexenio. En los correspondientes al periodo en estudio se observa que el discurso de la sustentabilidad ambiental fue asumido como un principio del desarrollo, por lo cual plantean el impulso de energías limpias y renovables a fin de atenuar y contrarrestar los efectos adversos del cambio climático. En cuanto a los sectores hidráulico e hidroeléctrico, reiteran la importancia de avanzar en la gestión del recurso agua mediante el incremento de la eficacia en el manejo de las presas, lo que conllevaría (supuestamente) una mayor dotación del líquido a la población.
En el discurso oficial, uno de los argumentos más recurrentes para respaldar los proyectos de infraestructura hidráulica es la necesidad de proveer de recursos hídricos a determinadas poblaciones, apelando en algunos casos al derecho humano al agua. Tal intención se presenta como el eje de la gestión del agua en un contexto de creciente incorporación del sector privado en el manejo de los recursos hídricos e hidroeléctricos, recomendada por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Conagua, 2014).
Esta transformación en el diseño y la gestión de la infraestructura hidráulica se manifiesta en políticas públicas que de manera reiterada esgrimen la imperiosa necesidad de fortalecer la productividad y la competitividad de las distintas regiones de México de cara a un escenario global en constante dinamismo y en el que la competencia y el libre mercado son el único camino para el desarrollo. Se asume, por lo tanto, que el Estado mexicano debe seguir los lineamientos de corte neoliberal y tomar por sentado que “el rol que juegan los gobiernos debe ser para eliminar obstáculos, fomentar la orientación hacia mercados o sectores estratégicos, la desregulación y la coordinación entre diversos agentes y órdenes de gobierno” (pr, 2013: 17).
Otros documentos que aportan datos y elementos para comprender el discurso oficial son los Programas Nacionales de Infraestructura (PNI), que incluyen la descripción de los principales proyectos en los rubros de infraestructura hidroagrícola y control de inundaciones. El PNI 2007-2012 (pr, 2007) destaca las presas:
1. El Cajón, Nayarit. 2. La Yesca, Nayarit. 3. Santa María, Sinaloa. 4. Picachos, Sinaloa. 5. El Carrizo, Jalisco. 6. El Naranjo, Jalisco. 7. Francisco J. Múgica, Michoacán. 8. El Yathé, Hidalgo.
En el PNI 2014-2018 (pr, 2014a, b y c) se subraya la supuesta necesidad de acordar inversiones conjuntas entre los sectores público y privado, e incluso se habla de una democratización del agua en la cual quedarían insertos los proyectos de infraestructura hidráulica. Asimismo, se pone énfasis en la región sureste, en la que se pretende aprovechar la abundancia de recursos naturales en un contexto de poco desarrollo de la infraestructura.
Los principales proyectos que señala el PNI 2014-2018 no coinciden del todo con los del PNI 2007-2012, pues indica los siguientes:
1. Nuevo Guerrero (La Parota), Guerrero. 2. Aprovechamiento hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina, Oaxaca. 3. Las Cruces, Nayarit. 4. Central hidroeléctrica Chicoasén II, Chiapas. 5. Tenosique, Tabasco y Chiapas. 6. Presa de almacenamiento La Maroma, San Luis Potosí. 7. Chiapan (Angostura II), Chiapas. 8. La Yesca U1 y U2, Nayarit. 9. La Palma, Baja California Sur. 10. La Higuerilla (Alberto Andrés Alvarado Arámburo), Baja California Sur. 11. Piedras Azules, Chihuahua. 12. Rocheachi, Chihuahua. 13. El Yathé, Hidalgo. 14. Proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para Jalisco y León. 15. La Laja, Guerrero. 16. Sistema Purgatorio-Arcediano, Jalisco. 17. Santa María, Sinaloa.
En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 (conagua, 2014) se señalan las atribuciones de cada una de las dependencias que intervienen en el manejo del recurso agua, sin profundizar en proyectos específicos. Por su parte, el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) para el lapso 2007-2016 (CFE, 2007) destaca la dimensión técnica de las obras. Un dato interesante de este documento es el reconocimiento de que en algunos casos surgen problemas sociales que complican e incluso retrasan el curso de los proyectos, como en La Parota, ahora renombrado Nuevo Guerrero.
Es importante señalar que el conjunto de estos documentos, que recogen el discurso oficial en cuanto a los proyectos de desarrollo, deja de lado las problemáticas que conllevan la construcción y la gestión de tales proyectos, lo cual es grave pues varios de éstos son de grandes dimensiones y requieren un gasto excesivo de recursos públicos por periodos prolongados.
Ante la omisión por parte del Estado mexicano de ofrecer información sistematizada y de fácil acceso sobre todas las características de las grandes presas, incluso de sus implicaciones sociales y ambientales negativas, se vuelve necesaria la generación de una metodología que posibilite encontrar y recopilar información útil y suficiente para analizar y diagnosticar tales problemáticas y, con ello, fortalecer los argumentos de denuncia de los procesos de desplazamiento desencadenados por esas obras
Movimiento de los Afectados por Represas denuncia nuevo crimen de la minera Vale
Una vez más la historia se repite como tragedia. De un lado la Vale S.A, gran minera mundial, y del otro el pueblo brasileño, buscando juntar cuerpos enterrados en el […]
Publicado 26/01/2019
Una vez más la historia se repite como tragedia. De un lado la Vale S.A, gran minera mundial, y del otro el pueblo brasileño, buscando juntar cuerpos enterrados en el lodo de empresas criminales.
Este 25 de enero será marcado por el rompimiento de tres represas de desechos de mineral de la Mina Córrego do Feijão, que forma parte del Complejo Paraopeba. La represa, de responsabilidad de la empresa Vale está ubicada en el municipio de Brumadinho, en la región metropolitana de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Se estima que 14 millones de m³ de desechos fueron despejados en el río Paraopeba, uno de los principales afluentes del Río São Francisco, uno de los ríos más importantes del país. Las autoridades informan que unas 150 personas están desaparecidas. Las evidencias de otro crimen socioambiental de incalculables dimensiones nos agreden nuevamente. El poder público no escuchó a las comunidades y actuó a favor del poder corporativo para flexibilizar las licencias ambientales de ampliación del complejo de represas en diciembre de 2018.
Desde el MAB entendemos que se trata de un crimen continuado por la Vale contra el pueblo brasileño. Se cumplen poco más de tres años del crimen de Samarco con la ruptura de la represa de Fundão, en Mariana, donde ninguna casa fue construída, no sabemos el número de personas afectadas, no tenemos estudios fuertes sobre los impactos en la salud, las mujeres no son reconocidas como afectadas, entre otras tantas violaciones ambientales y de derechos de los afectados. El poder judicial hasta hoy no responsabilizó a ninguno de los directores de las empresas involucradas en el crimen y no aseguró la reparación integral de las familias. Por el contrario, ha actuado en la selectividad punitiva, criminalizando la manifestación de las familias, los movimientos populares y las organizaciones de la sociedad civil.
Es importante destacar que la compañía Vale S.A ya fue una empresa del pueblo brasileño, pero en los años 90 fue privatizada. Lo que vemos actualmente es una gran empresa que actúa para mantener las tasas de ganancia de sus accionistas, sin ningún compromiso con la vida humana y el medio ambiente.
Una vez más estas grandes empresas con la connivencia de los gobiernos demuestran sus prioridad por el lucro en detrimento de la calidad de vida de la población. No hay desarrollo regional, hay destrucción de vidas y contaminación de los ríos y de la naturaleza. El MAB convoca al pueblo brasileño, por el espíritu de solidaridad y justicia social que nos mueve, a apoyar a las familias afectadas por el rompimiento de la represa de Brumadinho. Ya estamos en la región y estamos mobilizando a muchos afectados y afectadas de todo Brasil en esta tarea de solidaridad y apoyo a las víctimas, junto a tantos otros afectados y afectadas de la cuenca del río Doce y litoral de Espírito Santo ya se han voluntariado al deber de compañerismo.
Seguimos luchando por justicia en Mariana, en Brumadinho, en la cuenca del Río Doce, en el litoral capixaba y en defensa del San Francisco. Exigimos justicia en este nuevo crimen, y que la muerte de personas, de animales, de los ríos y del medio ambiente no queden una vez más impunes.Movimiento de los Afectados por Represas (MAB)
Las organizaciones participantes en el XIII Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos convocados para celebrar nuestra lucha y resistencia en Salsipuedes, Bienes Comunales indígenas de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, Guerrero, lugar donde dio inicio nuestro movimiento hace 15 años, damos a conocer parte de nuestro análisis y postura ante la coyuntura política nacional:
Vivimos un momento de gran efervescencia y cambio político. En menos de 15 días tomará posesión un nuevo gobierno. Existe una esperanza de cambio en los 32 millones de mexicanos que rechazaron el régimen que imperó por más de 80 años de imposición, autoritarismo, corrupción e impunidad. Con el ascenso de la derecha en América Latina comprendemos la importancia de un nuevo gobierno progresista en el continente. Sin embargo, para los movimientos que nos oponemos al extractivismo y al modelo energético imperante en nuestro país eso no significa un cambio a favor de nuestras demandas. Tenemos claro que sólo la organización y articulación de movimientos sociales podrá hacer valer la determinación de los pueblos en sus territorios.
Desde el MAPDER afirmamos que continuaremos en la defensa de pueblos y ríos ante el embate de esta nueva fase del capitalismo. El modelo energético vigente favorece a empresas privadas, despojando a la naturaleza y sus pueblos de sus condiciones de vida, sin sancionarlas por los impactos negativos que generan. Consecuentes con nuestra historia de lucha informarnos al nuevo gobierno que no aceptaremos la imposición de proyectos de presas e hidroeléctricas, así como otros modelos extractivos que han llevado al enfrentamiento, la represión y la criminalización de quienes por muchos años hemos defendido nuestras tierras, el agua, los derechos de los pueblos y los territorios.
Desde hace más de 30 años se ha venido adecuando la legislación para favorecer la inversión privada en detrimento de la naturaleza y nuestros derechos. La reciente iniciativa presentada por senadores de Morena denominada Ley de Desarrollo Agrario, que pretende abrogar la Ley Agraria va en ese mismo sentido. Se trata de la ley que dejó pendiente el gobierno peñista y da continuidad a la reforma salinista al Artículo 27 que, en 1992 abrió el campo mexicano al capital privado, nacional y extranjero. Si pretenden que ese sea el cambio, pronto van a chocar con el pueblo que los eligió.
Es inaceptable que la consulta entendida desde el Convenio 169 de la OIT esté simplificándose y banalizándose en el marco de una discusión más amplia que involucra a otros sectores de la sociedad sobre temas de “interés público”. Se invisibiliza el derecho de pueblos y comunidades campesinas e indígenas a la autodeterminación. Cualquier proyecto de nación tiene la obligación de respetar los modos de vida de quienes habitan los territorios.
Denunciamos la profundización del modelo neoliberal con proyectos para facilitar el control del territorio por gran capital como lo son las Zonas Económicas Especiales que el nuevo gobierno pretende seguir impulsando.
Como movimiento nos preocupa la situación de violencia que están viviendo los miembros y familias de los simpatizantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota. Durante el encuentro escuchamos testimonios que dan cuenta del continuo hostigamiento y represión del que han sido objeto compañeras y compañeros por parte del gobierno del estado de Guerrero a través de la policía estatal y ministerial. Esta violencia ha tenido consecuencias directas a mujeres y niños, dejándolas viudas y huérfanos, así como el encarcelamiento injusto de 19 compañeros que hasta ahora se encuentran en el penal de Las Cruces, Guerrero. Resultado de esa violencia son los hechos sucedidos el 12 de noviembre pasado contra el patrimonio familiar de Marco Antonio Suástegui.
Ante esta situación el MAPDER exige:
Investigación pronta e imparcial por la quema de las motos acuáticas, modo de vida, del líder social Marco Antonio Suástegui y sanción a los responsables.
Que el Gobierno del estado de Guerrero a través de las instancias correspondientes brinde las medidas de protección a Marco Antonio Suástegui y su familia, dado que su vida corre peligro y cese el hostigamiento y agresiones contra su persona y los miembros del CECOP.
LIBERTAD A LOS 19 PRESOS POLÍTICOS del CECOP y del compañero Gonzalo Molina de la CRAC Policía Comunitaria de Tixtla, preso en el penal de Chilpancingo.
Que se haga justicia por los compañeros asesinados el 7 de enero del año en curso en la comunidad de la Concepción, Municipio de Guerrero: Ulises García, Eusebio Elacio, Alexis Santos, Crecenciano Everardo, Feliciano Ascencio y Celerino Hernández, asesinado el 15 de noviembre del 2014.
Salida de la policía estatal del poblado de la Concepción y que cesen la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del movimiento.
Cancelación de todas las órdenes de aprehensión de los miembros del CECOP y de la policía comunitaria de Cacahuatepec.
Justicia por el asesinato de los defensores del territorio en Sierra Norte de Puebla, Antonio Esteban y Manuel Gaspar así como la aparición con vida del defensor Sergio Rivera.
Cancelación definitiva de los proyectos de las presas: La Parota, Guerrero. Las Cruces, Nayarit. El Zapotillo y El Purgatorio en Jalisco. PH Puebla 1, en la cuenca del Ajajalpan en Puebla. Paso de la Reyna, Oaxaca. Usos múltiples Xalapa y El Naranjal en Veracruz. Milpillas, Zacatecas. Rápidos Santo Domingo, mini hidroeléctricas en ríos Chespal y Cuilco, Chiapas y las hidroeléctricas en el río Bobos-Nautla, Veracruz.
Desmantelamiento inmediato de la presa el Zapotillo y auditoría al proyecto. Restauración de la cuenca del río verde.
Reparación integral de los daños causados por la construcción de las presas Zapotillo y Arcediano en Jalisco y del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz en Sierra de Zongolica.
Exigimos a los tres órdenes de gobierno revertir políticas de privatización del agua. Al gobierno Federal exigimos la eliminación de los decretos de levantamiento de vedas y la cancelación de las concesiones otorgadas a empresas privadas.
Respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios y a sus sitios sagrados.
Externamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas por el huracán Willa en la costa norte del Estado de Nayarit y el sur de Sinaloa por lo que demandamos; la atención inmediata a los 180 mil damnificados por las inundaciones causadas por dicho meteoro.
Exigimos al Gobierno de Honduras justicia por el asesinato de la compañera Berta Cáceres y protección al Consejo Cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras COPINH, a la familia de la compañera Berta y a Gustavo Castro.
Al gobierno de Colombia le exigimos verdad ante lo sucedido con la hidroeléctrica Hidroituango, asimismo que se libere el Río Cauca y se haga el desmantelamiento de la presa en Antioquía, Colombia.
Alto a la criminalización de los defensores del territorio.
Exigimos a los Gobiernos de México, Estados Unidos, Honduras, El Salvador y Guatemala que garanticen el respeto de los derechos humanos de todas las personas que forman parte de las Caravanas del Éxodo Migrante que en este momento atraviesan el territorio mexicano. Por el derecho a migrar con dignidad: ningún ser humano es ilegal.
Reconocemos la importancia de fortalecer la unidad entre los movimientos en defensa del territorio, y con otros sectores de la sociedad y de América Latina. En este sentido nos abrimos al diálogo en cada una de las regiones donde tenemos trabajo y convocamos a otras luchas a fortalecer la organización.
RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE
MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS
Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Acapulco, Gro, 18 de noviembre de 2018
MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS (MAPDER)
PRONUNCIAMIENTO DEL XIII ENCUENTRO NACIONAL
Las organizaciones participantes en el XIII Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos convocados para celebrar nuestra lucha y resistencia en Salsipuedes, Bienes Comunales indígenas de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, Guerrero, lugar donde dio inicio nuestro movimiento hace 15 años, damos a conocer parte de nuestro análisis y postura ante la coyuntura política nacional:
Vivimos un momento de gran efervescencia y cambio político. En menos de 15 días tomará posesión un nuevo gobierno. Existe una esperanza de cambio en los 32 millones de mexicanos que rechazaron el régimen que imperó por más de 80 años de imposición, autoritarismo, corrupción e impunidad. Con el ascenso de la derecha en América Latina comprendemos la importancia de un nuevo gobierno progresista en el continente. Sin embargo, para los movimientos que nos oponemos al extractivismo y al modelo energético imperante en nuestro país eso no significa un cambio a favor de nuestras demandas. Tenemos claro que sólo la organización y articulación de movimientos sociales podrá hacer valer la determinación de los pueblos en sus territorios.
Desde el MAPDER afirmamos que continuaremos en la defensa de pueblos y ríos ante el embate de esta nueva fase del capitalismo. El modelo energético vigente favorece a empresas privadas, despojando a la naturaleza y sus pueblos de sus condiciones de vida, sin sancionarlas por los impactos negativos que generan. Consecuentes con nuestra historia de lucha informarnos al nuevo gobierno que no aceptaremos la imposición de proyectos de presas e hidroeléctricas, así como otros modelos extractivos que han llevado al enfrentamiento, la represión y la criminalización de quienes por muchos años hemos defendido nuestras tierras, el agua, los derechos de los pueblos y los territorios.
Desde hace más de 30 años se ha venido adecuando la legislación para favorecer la inversión privada en detrimento de la naturaleza y nuestros derechos. La reciente iniciativa presentada por senadores de Morena denominada Ley de Desarrollo Agrario, que pretende abrogar la Ley Agraria va en ese mismo sentido. Se trata de la ley que dejó pendiente el gobierno peñista y da continuidad a la reforma salinista al Artículo 27 que, en 1992 abrió el campo mexicano al capital privado, nacional y extranjero. Si pretenden que ese sea el cambio, pronto van a chocar con el pueblo que los eligió.
Es inaceptable que la consulta entendida desde el Convenio 169 de la OIT esté simplificándose y banalizándose en el marco de una discusión más amplia que involucra a otros sectores de la sociedad sobre temas de “interés público”. Se invisibiliza el derecho de pueblos y comunidades campesinas e indígenas a la autodeterminación. Cualquier proyecto de nación tiene la obligación de respetar los modos de vida de quienes habitan los territorios.
Denunciamos la profundización del modelo neoliberal con proyectos para facilitar el control del territorio por gran capital como lo son las Zonas Económicas Especiales que el nuevo gobierno pretende seguir impulsando.
Como movimiento nos preocupa la situación de violencia que están viviendo los miembros y familias de los simpatizantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota. Durante el encuentro escuchamos testimonios que dan cuenta del continuo hostigamiento y represión del que han sido objeto compañeras y compañeros por parte del gobierno del estado de Guerrero a través de la policía estatal y ministerial. Esta violencia ha tenido consecuencias directas a mujeres y niños, dejándolas viudas y huérfanos, así como el encarcelamiento injusto de 19 compañeros que hasta ahora se encuentran en el penal de Las Cruces, Guerrero. Resultado de esa violencia son los hechos sucedidos el 12 de noviembre pasado contra el patrimonio familiar de Marco Antonio Suástegui.
Ante esta situación el MAPDER exige:
Investigación pronta e imparcial por la quema de las motos acuáticas, modo de vida, del líder social Marco Antonio Suástegui y sanción a los responsables.
Que el Gobierno del estado de Guerrero a través de las instancias correspondientes brinde las medidas de protección a Marco Antonio Suástegui y su familia, dado que su vida corre peligro y cese el hostigamiento y agresiones contra su persona y los miembros del CECOP.
LIBERTAD A LOS 19 PRESOS POLÍTICOS del CECOP y del compañero Gonzalo Molina de la CRAC Policía Comunitaria de Tixtla, preso en el penal de Chilpancingo.
Que se haga justicia por los compañeros asesinados el 7 de enero del año en curso en la comunidad de la Concepción, Municipio de Guerrero: Ulises García, Eusebio Elacio, Alexis Santos, Crecenciano Everardo, Feliciano Ascencio y Celerino Hernández, asesinado el 15 de noviembre del 2014.
Salida de la policía estatal del poblado de la Concepción y que cesen la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del movimiento.
Cancelación de todas las órdenes de aprehensión de los miembros del CECOP y de la policía comunitaria de Cacahuatepec.
Justicia por el asesinato de los defensores del territorio en Sierra Norte de Puebla, Antonio Esteban y Manuel Gaspar así como la aparición con vida del defensor Sergio Rivera.
Cancelación definitiva de los proyectos de las presas: La Parota, Guerrero. Las Cruces, Nayarit. El Zapotillo y El Purgatorio en Jalisco. PH Puebla 1, en la cuenca del Ajajalpan en Puebla. Paso de la Reyna, Oaxaca. Usos múltiples Xalapa y El Naranjal en Veracruz. Milpillas, Zacatecas. Rápidos Santo Domingo, mini hidroeléctricas en ríos Chespal y Cuilco, Chiapas y las hidroeléctricas en el río Bobos-Nautla, Veracruz.
Desmantelamiento inmediato de la presa el Zapotillo y auditoría al proyecto. Restauración de la cuenca del río verde.
Reparación integral de los daños causados por la construcción de las presas Zapotillo y Arcediano en Jalisco y del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz en Sierra de Zongolica.
Exigimos a los tres órdenes de gobierno revertir políticas de privatización del agua. Al gobierno Federal exigimos la eliminación de los decretos de levantamiento de vedas y la cancelación de las concesiones otorgadas a empresas privadas.
Respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios y a sus sitios sagrados.
Externamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas por el huracán Willa en la costa norte del Estado de Nayarit y el sur de Sinaloa por lo que demandamos; la atención inmediata a los 180 mil damnificados por las inundaciones causadas por dicho meteoro.
Exigimos al Gobierno de Honduras justicia por el asesinato de la compañera Berta Cáceres y protección al Consejo Cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras COPINH, a la familia de la compañera Berta y a Gustavo Castro.
Al gobierno de Colombia le exigimos verdad ante lo sucedido con la hidroeléctrica Hidroituango, asimismo que se libere el Río Cauca y se haga el desmantelamiento de la presa en Antioquía, Colombia.
Alto a la criminalización de los defensores del territorio.
Exigimos a los Gobiernos de México, Estados Unidos, Honduras, El Salvador y Guatemala que garanticen el respeto de los derechos humanos de todas las personas que forman parte de las Caravanas del Éxodo Migrante que en este momento atraviesan el territorio mexicano. Por el derecho a migrar con dignidad: ningún ser humano es ilegal.
Reconocemos la importancia de fortalecer la unidad entre los movimientos en defensa del territorio, y con otros sectores de la sociedad y de América Latina. En este sentido nos abrimos al diálogo en cada una de las regiones donde tenemos trabajo y convocamos a otras luchas a fortalecer la organización.
RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE
MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS
Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Acapulco, Gro, 18 de noviembre de 2018
Foto: Página 12 
