EL MAB comemora 30 años de resistencia y lucha por proyecto energético que sirva al pueblo

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EL MAB comemora 30 años de resistencia y lucha por proyecto energético que sirva al pueblo

Afectados por represas organizan una serie de actividades a lo largo del mes para celebrar las tres décadas de existencia por Lu Sudré / Brasil de Fato

Publicado 15/09/2021 – Atualizado 15/09/2021

En marzo de 1991, hace 30 años, nacía el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués), una unión nacional en defensa de millares de brasileños impactados directamente por construcciones de plantas hidroeléctricas, represas para desechos de minerales y otros emprendimientos dirigidos a la extracción de recursos naturales.

Para conmemorar el marco histórico, el MAB organiza una serie de acciones y eventos para las próximas semanas. Como resultado del Día Internacional de Lucha de las Mujeres, por ejemplo, un acto político y cultural virtual con mujeres de la Plataforma Obrera y Campesina del Agua y de la Energía.

Este domingo, 14 de marzo, Día Internacional de los Afectados y Afectadas por Represas, acontecerá una Jornada de Luchas con actos y acciones simbólicas locales.

«Esos 30 años nos traen mucho simbolismo y desafíos, pero también es un marco en el que conmemoramos nuestras conquistas y victorias. Es necesario rescatar cuáles fueron esas conquistas y celebrar con todos y todas las que ayudaron al movimiento en esa trayectoria», afirma Nívea Diógenes, de la coordinación nacional del MAB.

Integrante del movimento desde 2006, ella cuenta que, organizados, los afectados ya pudieron frenar la construcción de plantas y garantizar alteraciones en proyectos para asegurar derechos a la población local. Frutos de una lucha cuyas raíces, en verdad, tienen mucho más de tres décadas.

Como recuerda Iury Paulino, también de la coordinación nacional del movimiento, las construcciones de represas para el suministro de energía para grandes proyectos industriales se tornó una estrategia del Estado brasileño a mediados de los años 1980, aún bajo la dictadura militar.

Pero, en nombre del desarrollo económico, enfatiza Paulino, los emprendimientos no tomaron en cuenta las consecuencias sociales y ambientales de la explotación, que, con el pasar de los años, expulsaron miles de personas de sus tierras y casas.

Registro do terceiro Congresso Nacional Do MAB em dezembro de 1996, em São Paulo / Foto: Acervo MAB
Registro do terceiro Congresso Nacional Do MAB em dezembro de 1996, em São Paulo / Foto: Acervo MAB

Fue en este contexto que los afectados reaccionaron y comenzaron a organizarse en comisiones regionales en defensa de la devolución de las tierras, reubicación y otros derechos como afectados, plantando la semilla de lo que se tornaría, años después, una articulación de carácter unificado y nacional.

«La trayectoria del MAB se remonta a todo ese proceso histórico de violaciones del modelo energético, de abandono de las poblaciones afectadas, de resistencia y organización teniendo en su raíz la resistencia a la dictadura militar», detalla Paulino, citando el contexto de la efervescencia de movimientos y partidos populares en ese momento.

Fueron realizados diversos encuentros y reuniones nacionales al final de la década de 1980, que antecedieron el 1º Congreso Nacional de los Afectados por Represas, finalizado el 14 de marzo de 1991.

«El MAB lucha por la reparación del daño y por la no construcción de represas de cualquier naturaleza donde sea inviable construir, porque sabemos que los daños son mucho mayores que los beneficios supuestamente producidos por esos emprendimientos», destaca el militante.

También retomando el histórico de la organización, Nívea Diógenes explica que las privatizaciones de las estatales durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, al inicio de los años 1990, impulsó todavía más la organización de los afectados.

Las privatizaciones cambiaron diametralmente el sector energético brasileño, intensificando las consecuencias sentidas por las comunidades locales.

«Con la privatización del sector, quien passa a controlar las empresas es el capital internacional. Quien da la última palabra es él. Somos un país soberano en términos de energía eléctrica, pero lo que se produce en relación a la energía no es para el pueblo brasileño, es para el capital», critica la dirigente.

«Hoy, la energía en Brasil es una mera mercancía. Es vendida a precios internacionales y quienes paga la cuenta son los brasilenõs con altas tarifas».

Por un otro proyecto

Desde el origen del MAB, los afectados actuan en tres frentes. El primero, de acuerdo con Iury Paulino, puede ser considerado como un frente sindical, ya que el principal foco de la organización es la defensa de las poblaciones afectadas por emprendimientos dañinos.

El segundo frente es el de la organización también como un movimiento político, ya que la formación política siempre fue un pilar central del MAB en la lucha por la transformación social.

El terceiro es la continua movilización por un modelo energético popular que permita la distribución de la riqueza entre los brasileños.

«El capital internacional siempre tuvo interés en la producción de energía aquí. El modelo energético brasileño es resultado de la explotación y del saqueo de los recursos naturales que tenemos para favorecer corporaciones, sobre todo las internacionales», dice Paulino.

Las bases que forjan ese proyecto son la soberanía, la participación y el control por parte de los ciudadanos. «Defendemos que la riqueza producida por la energía sirva al pueblo brasileño y no para atender demandas de accionistas del capital internacional. Y, para eso, necesitamos de control popular, que las personas digan de qué forma la energía debe ser producida, que puedan evaluar y definir la viabilidad de la construcción de un emprendimiento energético. Y, en el caso de que hayan impactos sociales y ambientales, la población pueda decir no», explica.

«¿Alguna vez pensaste si la riqueza generada con el petróleo, con las plantas hidroeléctricas y la producción de energía solar fuese distribuida al pueblo brasileño para construir viviendas y crear universidades? Esta es una dimensión que creemos central», proyecta el militante.

Mariana y Brumadinho

El MAB también estuvo presente y continúa dando apoyo a las familias afectadas por las dos mayores tragedias socioambientales de los últimos años en Brasil.

En noviembre de 2015, la ruptura de la represa de Fundão, de propiedad de Samarco (la Vale y BHP Billiton), en Mariana, en el estado Minas Gerais, expuso cuán dañino es el modelo de explotación actual.

Fueron 19 muertes, miles de personas sin hogar y sin agua potable, Más de cinco años después, la población del municipio aún convive con las consecuencias e impactos en la salud física y mental hasta hoy.

Más de 600 kilómetros del río Doce fueron destruidos, causando la muerte de peces y de la biodiversidad marina en el litoral de el estado Espírito Santo.

En 2019, la tragédia se repitió con la ruptura de la represa de la Vale en Córrego do Feijão, en Brumadinho (Minas Gerais), cuando 272 personas murieron enterradas por el barro tóxico. El río Paraopeba fue contaminado por los desechos minerales y todavía no se ha regenerado complemente.

El MAB fortaleció la organización de los afectados en la región y denunció, a nivel nacional e internacional, las muertes provocadas por el modelo predatorio de la minería y la condición de inseguridad de las represas en el país.

Según Iury Paulino, a lo largo de las décadas, el concepto de afectados por represas se amplió y actualmente engloba no solamente los afectados por plantas hidroeléctricas o por la minería, sino también a víctimas de las inundaciones en los centros urbanos.

«Ese modelo que vivimos, esa concepción de organización de sociedade, continuará generando víctimas. Continuará generando afectados por montón porque no hay compromiso social ni ambiental», denuncia.

Memoria

El marco de los 30 años del MAB también es considerado por los afectados un momento para homenagear a aquellos que perdieron la vida en nombre de la lucha colectiva.

Entre ellas, Nilce de Souza Magalhães, conocida como Nicinha,pescadora y lidereza regional del MAB, afectada por la Central Hidroléctrica de Jiaru en el río Madeira, en el estado Rondônia. Ella desapareció el 07 de enero de 2016 y fue encontrada muerta 5 meses después. Lo mismo sucedió con Dilma Ferreira da Silva, militante del estado de Pará, afectada por la represa de la Central Hidroeléctrica de Tucuruí. Ella fue brutalmente asesinada el día 22 de marzo de 2019, dentro de su propia casa, como retaliación por su actuación política.

Dilma Ferreira Silva al lado de la entonces presidenta Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores), luego de reunirse con los afectados / Foto: Divulgación/MAB
Dilma Ferreira Silva al lado de la entonces presidenta Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores), luego de reunirse con los afectados / Foto: Divulgación/MAB

Nívea Diógenes recuerda también la lucha de Berta Cáceres, lidereza del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), que se opusieron a la construcción de una represa hidroeléctrica, en el río Gualcarque, considerado sagrado por la comunidad indígena Lenca, durante años.

La empresa privada responsable por el proyecto, Desarrollos Energéticos S. A. (Desa), está vinculada a poderosas familias del país centroamericano y nunca ha abierto el diálogo en ningún momento con los indígenas.

En marzo de 2016, sicarios invadieron la casa de Berta Cáceres y la asesinaron. Los ejecutores del crimen fueron sentenciados a penas de entre 30 y 50 años, pero quienes ordenaron la muerte siguen ilesos. 

«Perdimos muchas compañeras que osaron luchar para defender los derechos colectivos. En nombre de ellas, reafirmamos nuestra lucha para que todos los afectados tengan los derechos garantizados», asegura la coordinadora nacional del MAB.

Nívea agrega que el protagonismo de las mujeres, todavía más vulneradas por el proyecto energético vigente, es central para el movimento. Así como la transmisión de los debates sobre energía, derechos humanos y ambientales, compartidos por militantes de generación a generación. «Hay muchos en el MAB que todavía no entienden la idea del MAB», dice ella, celebrando la renovación continua de la organización…

Calendario

La conmemoración de los 30 años del MAB con una extensa programacion de actividades y acciones políticas.

A lo largo de las próximas semanas, los afectados entregarán pautas a alcaldías y gobiernos relacionados a las cuestiones locales, así cmo presionarán el parlamento brasileño y el Poder Judicial para que hayan reuniones con las coordinaciones del MAB.

La aprobación de la Política Nacional de Derechos de las Poblaciones Afectadas por Represas, (PL 2788/19), actualmente  congelada en el Senado, es otra demanda central del MAB para el próximo período, así como el fortalecimento de la reparación a los afectados de los crímenes de Mariana y Brumadinho.

Además de la jornada de luchas de este 14 de marzo, el próximo día 16, a las 7:00 pm, se dará a cabo un acto político y cultural virtual abierto al público para celebrar la historia del movimiento.

El día 22, Día Mundial del Agua y fecha que marca el asesinato de la afectada Dilma Ferreira, habrá también un acto político y religioso. Chequea la programación completa aquí.

En medio de la pandemia del coronavirus, el MAB también reinvindica la permanente inclusión de familias en las tarifas sociales de energía, a partir de subsidios, y la distribución de gas doméstico a precios justos.

Los afectados también levantan las banderas de vacunación amplia de la población brasileña y el regreso de la ayuda de emergencia de R$600
                                 
«Celebramos y festejamos esos 30 años de historia de luchas y conquistas del movimiento, así como nuestro legado como sujetos políticos para cambios sociales en Brasil. Reafirmamos que como movimiento social tenemos el compromiso de continuar la lucha junto a los afectados para construir una sociedad más justa e igualitaria», finaliza Nívea Diógenes.

Traducción: Ciro Casique Silva

Dos años sin Dilma Ferreira; conoce la trayectoria de la defensora del territorio amazónico

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Dos años sin Dilma Ferreira; conoce la trayectoria de la defensora del territorio amazónico

Conoce un poco de la historia de la militante del MAB brutalmente asesinada el 22 de marzo de 2019 por Movimento dos Atingidos por Barragens

Publicado 15/09/2021 – Atualizado 15/09/2021

Este 22 de marzo se completan dos años desde que perdimos a nuestra compañera Dilma Ferreira Silva, militante del MAB en Pará. En su homenaje, una pequeña biografía, originalmente publicada en la cartilla Nuestra lucha es por la vida, basta de impunidad!, editada por el Movimiento de los Afectados por Represas (MAB) en 2019.

«¡Las Marías somos nosotras! Nosotras somos las verdaderas Marías, guerreras, luchadoras que están ahí en el desafío de la lucha del día a día.» (Dilma Ferreira Silva, Encuentro Nacional de las Mujeres Afectadas por Represas, Brasilia, abril de 2011)

Dilma Ferreira Silva nació el 11 de febrero de 1972. Luchadora incansable, nunca se doblegó frente a las injusticias, ya que desde su lugar de nacimiento, en Esperantinópolis, en el estado de Maranhão, cultivó la esperanza; no esa del verbo esperar, sino esa del verbo esperanzar, tal qual nos enseñó Paulo Freire. Madre de una hija, tuvo como una de sus principales características la empatía con el sufrimiento de los más humildes. Fue una mujer llena de coraje en los momentos de lucha y al mismo tiempo bastante divertida.

En la búsqueda por mejores condiciones de vida para su familia y movida por las promesas de empleo devenidos de la construcción de las esclusas de la hidroeléctrica de Tucuruí, Dilma dejó Maranhão y se mudó para la ciudad del mismo nombre, en Pará. Fue a vivir en el barrio Palmares, una ocupación en la periferia, y pasó a enfrentar, en la propia piel, las contradicciones provocadas por la hidroeléctrica en el territorio: por un lado, la riqueza producida por una de las mayores plantas del país, por el otro, la miseria y la negación de derechos sufrida por los afectados, muchos de los cuales nunca tuvieron ningún derecho garantizado.

La hidroeléctrica de Tucuruí es uno de los tantos proyectos de infraestructura iniciados en la ditadura militar, en un momento en el que poco o nada se discutía acerca de las problemáticas de este tipo de «desarrollo». La planta pertenece a la estatal Eletronorte, es considerada la segunda más grande del país, con 8.370 MWh de potencia, y está localizada en el río Tocantis, a cerca de 300 km de distancia de Belém, capital del estado Pará.

Hasta hoy Tucuruí es un caso emblemático de violación de derechos humanos en la construcción de represas, conforme consta en el informe publicado por el Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana sobre el tema, en 2010.

La lucha de Dilma

Dilma se comprometió con el MAB y pasó a denunciar las violaciones de los derechos de estas poblaciones históricamente negados por el Estado brasileño. En 2005, Dilma fue invitada a integrar la coordinación regional del MAB, en Tucuruí. Por destacarse en el trabajo junto a las familias afectadas, en especial con las mujeres, a partir de 2006 pasó a integrar también el colectivo de mujeres del movimiento.

La organización de los afectados en el MAB posiblitó algunas conquistas en la región, especialmente proyectos para generación de ingresos económicos. Dilma estuvo al frente del proceso de formación de una coperativa de creación y comercialización de peces. También organizaba la distribución de las cestas básicas para las familias que más necesitaban y colaboró con un proyecto de construcción de cisternas, conquistas de la lucha y de la organización del MAB en la región.

En 2011, Dilma Ferreira, como integrante de la coordinación del movimiento, participó del Encuentro Nacional de las Mujeres Afectadas por Represas, que reunió más de 500 mujeres en Brasilia. Fue allá que ella conoció su tocaya, la presidenta Dilma Rousseff. En la ocasión, Dilma Ferreira fue la responsable por entregar a la presidenta la agenda de reivindicaciones del movimiento, que pedía la creación de la Política Nacional de Derechos de los Afectados por Represas (PNAB, por sus siglas en portugués) y denunciaba los riesgos de la implantación de otra gran hidroeléctrica en la Amazonia, en Belo Monte. Esta agenda sigue sin ser atendida por el gobierno brasileño.

En el último período, Dilma vivía en el Asentamiento Salvador Allende, en la zona del municipio de Baião, también en el estado Pará. El asentamiento fue fruto de la ocupación de la Hacienda Piratininga por familias organizadas en la Vía Campesina. A partir de 2013, Dilma participó de ese proceso en la organización de las familias para garantizar esa conquista. Luego de hacerse efectivo el asentamiento, Dilma empezó a dedicarse al cultivo de la tierra y a la organización de un grupo de base del MAB en la localidad.

El crime: asesinaron nuestra compañera

Brasil carga consigo el peso de ser el país donde más defensores de derechos humanos son asesinados. En este contexto, es el mayor índice en relación a los militantes que ejercen un papel fundamental en la lucha por el derecho a la tierra, a la vivienda y al medio ambiente, y sobre todo en la Amazonia.

Dilma fue asesinada brutalmente en la madrugada del día 22 de marzo de 2019, dentro de su residencia, en el Asentamiento Salvador Allende, junto a su compañero, Claudionor Costa da Silva, y un amigo de la pareja, llamado Hilton Lopes.

El sospechoso de ser actor intelectual de las muertes es el hacendado Fernando Ferreira Rosa Filho, pero conocido como Fernandinho. Èl también es investigado por mandar a matar tres vigilantes que eran sus empleados y estaban insatisfechos con la realidad laboral a la cual Fernandinho los sometía. El crimen ocurrió en la víspera del asesinato de Dilma. Además de eso, dos meses antes, algunos campesinos dieron una entrevista al portal Amazônia Real y relataron que el acusado habría disparado contra un líder del Frente Nacional de Lutas de Campo e Terra. La víctima sobrevivió al ataque, pero el caso no fue investigado.

De acuerdo con las investigaciones y con los informes técnicos todavía en curso, Dilma fue amarrada, amordazada, torturada y se sospecha que también haya sido violada antes de tener su cuello cortado. Todos los indicios llevan a creer que el crimen practicado no fue simplemente una ejecución, sino un crimen de odio ejercido contra una mujer militante, que ocupaba legítimamente un terriorio de interés por parte del principal sospechoso.

El caso se tornó un enigma para el Estado y para los movimientos sociales por no haber noticias de conflicto agrario actualmente en la localidad, pues el asentamiento donde Dilma vivía ya había sido regularizado desde 2011. Aunque la tierra fuera pública, el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) pagó más de un millón de reais por 7.270,44 hectáreas al autoproclamado dueño. Sin embargo, diversos testigos denunciaron que el interés de Fernando Ferreira Rosa Filho era más específico: él tenía como objetivo construir una pista de aterrizaje clandestina para tráfico de drogas en el área del asentamiento.

Luego de la repercusión nacional e internacional del caso, el gobernandor de Pará, Helder Barbalho, ordenó la creación de una comisión de trabajo de la policia civil para investigar el caso. El delegado general Alberto Teixeira, a partir de lo que fue recogido en los informes policiales, cree que no era interesante para Fernandinho tener líderes sociales viviendo en las proximidades de su «negocio», así como también quería callar los empleados que amenazaban con poner una demanda en la Justicia del Trabajo.

La prisión de Fernandinho fue anunciada el día 26 de marzo, incluso antes de la captura de los ejecutores del crimen, cinco personas, de los cuales cuatro son hermanos. La rápida prisión del autor intelectual del crimen mostró que cuando hay voluntad política de los gobernantes, es posible resolver este tipo de crímenes. Los pistoleros contratados fueron Valdenir Farias Lima y los hermanos Marlon Alves, Cosme Francisco Alves, Alan Alves y Glaucimar Francisco Alves. Valdenir confesó haber participado en el crimen, así como también la participación de los hermanos y confirmó que el mandante de las muertes habría sido Fernandinho. De los ejecutores, dos están presos, dos fueron muertos y uno está forajido.

El asesinato de Dilma, Claudionor y Hilton es considerada la primera masacre por conflictos agrarios en el país en el año de 2019. El caso tuvo repercusión internacional y generó una ola de manifestaciones de solidaridad con la familia de Dilma y con el MAB. También dio luces sobre el aumento de la violencia contra defensores de derechos humanos, sobre todo en la Amazonia, en una coyuntura en la cual el propio gobierno brasileño ha sugerido que los criminales podrán contar con la impunidad.

Una vida de lucha para que las aguas sean para la vida y no para la muerte

El asesinato del Dilma es otro triste momento en la historia del MAB, que justamente el día 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Es también un caso más de violencia en el campo, autorizada por el discurso de odio y por el desprecio del actual gobierno federal.

Para los militantes del MAB y defensores de los derechos humanos, el asesinato de otra compañera más significa que, hacer la lucha popular por el derecho del pueblo se trata de una invitación a la donación de la vida por la causa de los trabajadores.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por los derechos de los afectados, en defensa de la vida y contra la privatización del agua. No nos callarán. Seremos como el agua, por más grande que sean los muros, jamás conseguirán detener nuestra fuerza.

¡Dilma Ferreira, presente, presente, presente!

Traducción: Ciro Casique Silva

📣¡SÚMATE A LA “DECLARACIÓN POR LOS DERECHOS DE LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS”!

Estimado.as amigo.as.   Les pedimos sumarse como organizaciones o como personas en la MOVIDA GLOBAL firmando la “DECLARACIÓN POR LOS DERECHOS RÍOS Y LOS PUEBLOS”, que impulsamos desde muchos países del mundo, frente al Congreso de Hidroeléctricas que se realiza en Costa Rica del 7 al 24 de setiembre. Decidan en cuál versión/idioma firman.   Esta DECLARACIÓN será enviada al Gobierno de Costa Rica, a la Asociación Internacional de Hidroelectricidad/International Hydropower Association, y a muchos más Gobiernos, empresas, instituciones y organizaciones de todo el planeta.   ¡Ríos Libres para la VIDA!  

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Bolivia: temor en seis pueblos indígenas por la reactivación del proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala

por Iván Paredes Tamayo en 7 septiembre 2021

  • Serían más de 5.000 pobladores indígenas afectados por las inundaciones producto de la construcción de las represas, indican organizaciones indígenas y ambientales. Esto provocaría, por lo tanto, el desplazamiento de cientos de comuneros de sus territorios.
  • La construcción del proyecto Chepete-El Bala ha generado también divisiones dentro de la dirigencia indígena. Un grupo de 10 organizaciones ha firmado con la empresa estatal de energía eléctrica un acuerdo que da visto bueno al inicio de los estudios de factibilidad.

La tregua se terminó para los más de 5 mil pobladores indígenas que habitan en la puerta del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi y de la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, al norte del departamento de La Paz, en Bolivia. La idea del Gobierno boliviano de consolidar el proyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala ha regresado y con ella la preocupación de seis naciones indígenas, que ahora anuncian vigilias en la zona en caso de que se inicie la construcción de dos megarepresas cuyos embalses podrían provocar inundaciones y el posterior desplazamiento de sus territorios.

El Gobierno de Bolivia, liderado por Luis Arce, quien fue ministro de Economía de Evo Morales, está siguiendo la misma hoja de ruta del gobierno del MAS, el mismo que declaró el proyecto hidroeléctrico, en julio de 2007, como una prioridad nacional.

Ruth Alipaz denuncia que más de 5000 indígenas de cinco naciones perderán sus territorios. Foto: Chema Formentí.
En 2018 ya se decía que más de 5000 pobladores indígenas perderían sus territorios. Foto: Chema Formentí.

La generación de energía hidroeléctrica en la cuenca del río Beni, concretamente en el estrecho de El Bala, es un plan que nació hace más de 50 años y que fue descartado en varias oportunidades por su inviabilidad económica y alto costo ambiental. La última vez que fue rechazado por las comunidades indígenas fue durante el gobierno de Hugo Bánzer y la última vez que se trató de resucitar sin éxito fue durante el período de Morales.

Desde entonces, el tema del Chepete y El Bala había dejado de ser una preocupación para los seis pueblos indígenas que habitan en la zona: Mosetén, Tsiman, Esse Ejja, Leco, Tacana y Uchupiamona. Estas naciones denuncian que con la ejecución del proyecto hidroeléctrico se “cercenarán” tres ríos que son vitales para la existencia de estos pueblos. Se trata de los afluentes Beni, Tuichi y Quiquibey.   

“Esto implicaría un desplazamiento forzoso y eso es quitarnos nuestro territorio. Estaríamos obligados a salir de nuestros espacios, de nuestros dominios ancestrales. Estaríamos renunciando a lo más vital: sin territorio no hay pueblos indígenas. Esto sería aceptar una muerte silenciosa. Donde nos lleven, jamás será igual”, expresó a Mongabay Latam Alex Villca, quien es parte de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap) de Bolivia.

El dirigente indígena va más allá. Villca detalló que en la serranía del Chepete existe un pueblo indígena en aislamiento voluntario –que se cree que son los mosetenes, pues faltan más estudios al respecto- y que serían afectados “totalmente” si es que las hidroeléctricas son construidas en su zona. “Conocemos por parte de nuestros hermanos que existe ahí, en las alturas del Chepete, de un pueblo en aislamiento voluntario y que debe desconocer de todos estos planes. Imagínese cómo será su afectación en caso de que se concrete el proyecto”, dijo.

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Convocatoria a empresas

La semana pasada, la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Ende) retomó la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico del Chepete y El Bala. Lanzó una convocatoria a empresas para la investigación geológica y geotécnica. Según la invitación COR-GPP-BAL-22-2021, Ende convocó a presentar propuestas para el “Servicio de investigación geológica-geotécnica complementaria”.

La empresa estatal detalló que en el caso de la hidroeléctrica Chepete, el área de embalse será de 46 kilómetros cuadrados de un total de superficie de 3.859 kilómetros cuadrados en la reserva de Pilón Lajas. Mientras que el proyecto de El Bala, según Ende, abarcaría 94 kilómetros cuadrados de las 18.895 que abarca el Madidi.

El Angosto de El Bala. Foto: Chema Formentí.

A esto se suma que el pasado 16 de agosto se vivió un día de división entre los pueblos indígenas de Bolivia. La Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) firmó un acuerdo con Ende para autorizar los proyectos en la etapa de Estudios a Diseño Final del proyecto Hidroeléctrico El Bala y Chepete.

Este acuerdo establece que una de las obligaciones de Cpilap es “permitir el ingreso de Ende Cooperación y sus empresas contratadas a las áreas de influencia directa e indirecta para realizar trabajos de investigación, información, socialización y levantamiento de datos que permita realizar estudios, formular proyectos, a diseño final para implementar proyectos de generación, transmisión, y distribución de energía eléctrica”.

Villca levantó la voz de alerta por la suscripción de este acuerdo. “Lo que nos preocupa en el tenor de este convenio es que se estaría dando no solo a la realización de estudios complementarios, sino se estaría permitiendo en un futuro que Ende inicie con la puesta en marcha y la construcción de las centrales hidroeléctricas Chepete y El Bala. Esto es mucho más grave”, afirmó.

La Cpilap es una organización regional que aglutina a diez organizaciones de pueblos indígenas del departamento de La Paz como el Consejo Indígena del Pueblo Tacana, la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo, Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja, Organización del Pueblo Indígena Moseten, Pueblo Indígena de San José de Uchupiamonas, Comunidad Indígena Esse Ejja de Eiyoquibo, Consejo Regional T-simane Moseten de Pilón Lajas, Comunidad Agroecológica Originaria de Palos Blancos, Comunidades Indígenas Tacana II Rio Madre de Dios y Capitanía del Pueblo Indígena Araona. Todas estas organizaciones, según Villca, son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Evo Morales y que ahora está en función de gobierno.

Gonzalo Oliver Terrazas es el presidente de Cpilap. El dirigente explicó que cinco de los seis pueblos indígenas afectados estarían de acuerdo con la puesta en marcha del proyecto hidroeléctrico. Se refirió al pueblo indígena Moseten, quien no firmó el pacto. “Este convenio no implica la construcción de represas. El objetivo es determinar la factibilidad o no del proyecto. Otros de los aspectos importantes que tiene el convenio es el componente social, que nosotros hemos incorporado para que pueda haber proyectos de electrificación y de vivienda”, detalló.

La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, organización que se gestó en el año 2001 para asumir la defensa de los territorios ancestrales de las seis naciones indígenas afectadas por la amenaza del proyecto, exige que se realice una consulta previa a las comunidades para aprobar o no la realización del proyecto hidroeléctrico. Estos pueblos se reunieron el fin de semana en una asamblea y determinaron rechazar la iniciativa del Gobierno, lo que demuestra que existen dirigencias que están en contra y a favor de por lo menos realizar los estudios de factibilidad del proyecto.

Entorno de Rurrenabaque, con la Sierra de El Bala. Foto: Chema Formentí.

“Le recordamos [al Gobierno], que en 2016 se realizaron 12 días de vigilia y se logró la expulsión de las empresas Geodata y Servicons que habían iniciado trabajos y estudios en los territorios sin cumplir con la Consulta Libre, Previa e Informada (CLPI) y de buena fe, para el consentimiento de los pueblos”, dice un punto del documento aprobado el domingo por las organizaciones de la Mancomunidad que están en contra del proyecto.

Oliver Terrazas, por su parte, insistió en que la firma del convenio con Ende no implica que sea inherente a una consulta previa a los pueblos indígenas. El dirigente aseguró que de aprobarse la factibilidad del proyecto recién se realizará una consulta a las comunidades para aprobar o no la construcción de las plantas hidroeléctricas.

En enero de 2018, Ende devolvió a la empresa italiana Geodata Engineering el estudio de prefactibilidad para el megaproyecto hidroeléctrico Chepete-El Bala para que sea corregido. Ende había detectado varios puntos por solucionar en el estudio y Geodata respondió que recomendaba «aplazar el desarrollo de la central hidroeléctrica El Bala 220, hasta cuando las condiciones del mercado energético de Bolivia y del exterior indiquen la conveniencia de su puesta en marcha”.

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Los daños de las represas

El proyecto, cuyas obras comenzarían luego de que se lance una licitación pública, prevé la construcción, según las comunidad indígenas, de dos represas que inundarían al menos 662 kilómetros cuadrados. Es decir, los dos embalses serían cinco veces más grande que la mancha urbana de la ciudad de La Paz. Y si el Lago Poopó, en el departamento de Oruro, en Bolivia, no recupera su caudal, el Chepete y El Bala sería el segundo lago más grande de Bolivia, tras el Titicaca.

El proyecto está formado por dos hidroeléctricas sobre el río Beni: la priemra de ellas estaría en la angostura del Chepete, 70 kilómetros aguas arriba de la ciudad de Rurrenabaque, en el departamento del Beni, y la segunda se encuentra cerca a la angostura de El Bala, a 13,5 kilómetros aguas arriba de esa misma población.

Rurrenabaque. Foto: Chema Formentí.

La represa del Chepete elevaría el nivel del agua en 158 metros llegando a formar un lago a 400 metros sobre el nivel del mar. La represa de El Bala elevaría el nivel del agua en unos 20 metros y su embalse estará a 220 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de la presa del Chepete, que sería un muro de concreto, la presa de El Bala estaría formada por compuertas y generadores que estarían en medio del río.

Según la Fundación Solón, en total deberían ser relocalizadas 5.164 personas, en su absoluta mayoría indígenas. Esta cifra equivale a toda la población que vive de manera permanente en la ciudad de San Buenaventura, en La Paz. Además, en el área existen 424 especies de flora, 201 especies de mamíferos terrestres, 652 especies de aves, 483 especies de anfibios y reptiles y 515 especies de peces. Las fichas ambientales no precisan que especies podrían desaparecer para siempre ni cuantos ejemplares de cada especie serían afectados.

El principal temor de los pueblos indígenas de la zona es que la construcción de ambas represas implicaría el desplazamiento forzoso de más de 5.000 comuneros. Por ejemplo, en la ejecución del segundo embalse, que sería El Bala, según la Fundación Solón y las organizaciones indígenas que se oponen al proyecto, se inundaría toda la comunidad de San Miguel del Bala y no existe ninguna información oficial para el desplazamiento de sus habitantes, que son un poco más de 1.000 personas.

Y con la construcción de la represa del Chepete habría que desplazar a un poco más de 4.000 pobladores indígenas. Todas las áreas pobladas a las que afectaría este embalse, según Geodata, son terrenos de titulación colectiva que pertenecen a los pueblos indígenas tacanas, lecos y mosetenes. Además, al tocar los ríos de esta zona se estaría perjudicando a los principales modos de subsistencia de los pueblos: la pesca, la agricultura y, en este último tiempo, el turismo comunitario, muy afectado por la pandemia del coronavirus.

En el angosto del Chepete se prevé construir una represa para alimentar a una planta hidroeléctrica. Foto: Alex Villca.

Valentín Luna es un líder indígena tacana y es dirigente durante varios años de la comunidad San Miguel del Bala. En la actualidad hay por lo menos una veintena de ecoalbergues que se instalaron en el eje de las reservas naturales Madidi y Pilón Lajas. La mayoría de estas iniciativas son gestionadas desde las propias comunidades indígenas. De ejecutarse el proyecto hidroeléctrico, según Luna, cuatro de los ecoalbergues serían impactados por inundaciones con la construcción de las represas: el albergue Chalalán de los uchupiamonas, el que conducen los comuneros de San Miguel de Bala, el de la comunidad de Villa Alcira y el que regentan los chimanes y mosetenes de Asunción del Quiquibey.

Los pobladores indígenas que no quieren las hidroeléctricas están convencidos de que la construcción del proyecto Chepete-El Bala sería el fin del turismo que se desarrolla ahora, pero también temen lo peor: que los seis pueblos indígenas de la zona desaparezcan.

Imagen principal: El angosto del Chepete, en el río Beni, está ubicado a 70 kilómetros aguas arriba de la localidad de Rurrenabaque. Foto: Alex Villca.

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Otros Mundos Chiapas


📣#Honduras Ayúdanos a firmar carta sobre la incorporación del Copinh Honduras y la comunidad Lenca de Río Blanco como víctima del caso de corrupción sobre la concesión del Río Gualcarque.

RÍOS LIBRES, AGUAS PARA LA VIDA NO PARA LAS EMPRESAS.

FIRMA AQUÍ

Imagen: Río Gualcarque – COPINH

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Publicada el | por Otros Mundos AC

Compartimos esta carta petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH – A 2 de agosto del 2021

Solicitud de incorporación del COPINH y la comunidad Lenca de Río Blanco como víctima del caso de corrupción sobre la concesión Del Río Gualcarque en Honduras

Sala de lo Constitucional.
Corte Suprema de Justicia de Honduras.

>>Firma aquí<<

En fecha 4 de noviembre de 2019, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, a través de sus apoderados legales, interpuso una acción de amparo para la protección constitucional de los derechos a la justicia, el debido proceso, y derechos fundamentales de los pueblos indígenas contemplados en instrumentos internacionales. Esto debido a la decisión de excluirles como víctimas, por parte de la corte de apelaciones en fecha 28 de agosto de 2019, del proceso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque” que se desarrolla en el circuito anti corrupción.

El caso de Fraude Sobre el Gualcarque desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Contra de Redes de Corrupción, UFERCO, en contra de funcionarios públicos por suponerlos responsables de delitos de corrupción y conexos en actos para la aprobación de permisos y licencias para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca a desarrollarse sobre el Río Gualcarque de la comunidad indígena Lenca, es reconocido nacional e internacionalmente debido a sus implicaciones en materia de corrupción, respeto de derechos de las comunidades indígenas así como en temas de empresas y derechos humanos.

La comunidad Lenca de Río Blanco junto al COPINH han denunciado en reiteradas ocasiones que los actos de corrupción con los que pretendidamente se autorizaron permisos y licencias para la operación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos, DESA, fueron el origen de una serie de acciones de violencia, estatal y no estatal, que han sufrido durante más de 10 años. Dentro de estos actos violentos se han denunciado la vulneración al derecho de consulta previa de las comunidades indígenas, amenazas de muerte, ataques armados, robo de tierras y asesinatos, incluyendo los asesinatos de Tomás García y Berta Cáceres.

Reconocemos que la norma interna hondureña en el código procesal penal en su artículo 17.3 establece el derecho de las sociedades civiles a ser reconocidas como víctimas, así como lo reconocen los instrumentos internacionales de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción, la Declaración sobre los Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la asamblea general de Naciones Unidas, y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Lo anterior ha sido ampliamente expuesto en los tres Amicus Curiae incorporados en el proceso por parte de las organizaciones expertas internacionales de Abogados Sin Fronteras Canadá, ASFC y la Universidad de Quebec, la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, y la Federación Internacional de Derechos Humanos. https://n9.cl/d5vk9

Hemos tenido conocimiento de la convocatoria para el inicio del juicio para la fecha del 17 de agosto del presente año, lo cual implica un corto periodo de tiempo para la incorporación de las víctimas en el proceso. El inicio del juicio de Fraude sin la resolución del recurso de amparo interpuesto por la organización del COPINH significa la pérdida del derecho y pondría en duda el funcionamiento de la acción de amparo como garantía de derechos.

Las organizaciones abajo firmantes, por lo anterior, exhortamos a esta honorable sala de lo constitucional a:

1. Resolver de manera expedita y en el marco de la legalidad la acción de amparo interpuesta por la organización del COPINH del pueblo indígena Lenca antes del inicio del juicio del caso Fraude Sobre el Gualcarque.

2. Tener en consideración para la resolución los instrumentos internacionales en materia de corrupción y derechos humanos, así como de pueblos indígenas.

3. Tener en consideración los amicus curiae introducidos por las organizaciones expertas internacionales Abogados Sin Fronteras Canadá, ASFC y la Universidad de Quebec, la Fundación Para el Debido Proceso, DPLF y la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH.

Cordialmente.

>>Firma aquí<<

Honduras. Día Internacional de los Pueblos Indígenas

🔴 Desde el COPINH alzamos una vez más nuestras voces rebeldes, para denunciar al coloniaje que continúa robando nuestros territorios ancestrales, contaminando y privatizando nuestros ríos, desconociendo nuestras voces y nuestras maneras de vivir y de organizarnos.

Se seca el Lago Poopó de Bolivia y provoca un desastre ecológico

El segundo lago del país vecino, luego del Titicaca, ya sólo tiene un kilómetro cuadrado de superficie. Se perdieron 200 especies, murieron miles de peces, las aves migratorias cambiaron de ruta y los pobladores se fueron. Sucedió a la vista de todos.

 lago Poopó 20210809
lago Poopó | Captura de Pantalla

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Mónica Martin
Mónica Martin

09-08-2021 20:00

Esta vez parece que no hay vuelta atrás: el inmenso Lago Poopó, el segundo de Bolivia, se está secando, desaparece. De los 2.337 kilómetros cuadrados que tenía hace 10 años, ahora sólo quedan tres parches húmedos que suman 1 kilómetro cuadrado de 30 centímetros de profundidad, en cifras redondas.

Este lago de agua salada en el Altiplano boliviano, a 3.700 metros de altura, se encuentra en una zona minera -dato no menor- dentro del departamento de Oruro.https://rudo.video/vod/bMnmq1

El Lago Poopó es un lago alargado que recibe su caudal del río Desaguadero, que a su vez recibe sus aguas del Lago Titicaca, el mayor de Bolivia. No tiene salida al mar, tampoco un desagote importante y ni siquiera más de una profundidad media de 3 metros, pero aun en las épocas de sequía contaba con 1000 kilómetros cuadrados de espejo de agua garantizados. 

Cada tanto llegaban las señalas de alarma por su escaso caudal. Una de los momentos más preocupantes se vivió en el año 2015, cuando el Poopó se evaporó tanto que todos temían que desapareciera, como está sucediendo con el Mar de Aral, en el desierto de Karakalpakistán (Uzbekistán), al que ya sólo le queda el 10 % de los 68.000 km2 que medía hace apenas setenta años. 

¿Por qué se seca el Poopó?

 lago Poopó 20210809
Un ecosistema que desapareció.

A diferencia de los anteriores, este desastre ecológico parece terminal porque hiere el corazón de todo un ecosistema.

Una de las primeras causas que señalan los especialistas es la disminución del caudal de aguas que aporta el derretimiento de los glaciares andinos. Además de que en la zona llueve menos, el cambio climático evapora las aguas del Lago Poopó más de lo esperado

Sin embargo, también hay una sobrexplotación de los recursos hídricos del lago, cuyo caudal se desvía a la explotación minera y a la agricultura, lo primero más imperdonable que lo segundo.

Lago Poopó en Bolivia 20210809
Sequía creciente en toda la cuenca del Lago Poopó.

Estos dos motivos, sumados al exceso de urbanización son precisamente los tres motivos que los especialistas citan en el caso de la casi extinción del Mar de Aralmientras deciden cuándo poner su firma en el certificado de defunción.

Durante muchos años, las autoridades de Bolivia, señalaron al fenómeno de El Niño y el calentamiento global de los países industrializados como la principal causa de la sequía del Poopó.

Sin embargo, Oruro es un departamento minero y el uso excesivo o indebido de los recursos hídricos del lago por parte de la minera San José los llevó hasta donde están: el lago fue desapareciendo a la vista de todos y, además, se fue contaminandocon metales pesados.

En los años 90, hubo un plan para restablecer el caudal histórico del río Desaguadero, pero las ventajas no fueron visibles en la cuenca del Poopó.

Hace seis años, el gobierno boliviano y el departamento de Oruro anunciaron el Plan Director de la Cuenca Poopó para la restauración del Lago Poopó. Invirtió 8 millones de bolivianos en la compra de maquinaria para evitar el desborde de agua por la sedimentación y dragar el río Desaguadero.

Sin embargo, sabe que es un trabajo a largo plazo que requerirá 111 millones de euros que buscarán con ayuda de la Unión Europea

Qué se pierde al secarse el Poopó

 lago Poopó 20210809
El lago que ya no está.

Toda la cuenca del Lago Poopó había sido declarada en 2002 como un ecosistema de importancia internacional donde es agua es el principal factor que controla el ambiente, así como la vegetación y la fauna.

En 2002, el Lago Poopó fue designado como sitio de conservación en virtud de la Convención de Ramsar. Pero 20 años después, algunas especies de mamíferos ya abandonaron el área. También varias aves, como tres especies de flamencos que estaban en peligro de extinción.  

Toda la cuenca salina era una posta de descanso para las aves migratorias que volaban hacia el sur y ahora se vieron obligadas a cambiar su ruta.

Lago Poopó en Bolivia 20210809
Lo que antes se navegaba en barco ahora se recorre en bicicleta o a pie.

Numerosos reptiles y anfibios quedaron sin hábitat y alimento con la evidente transformación del lago en un desierto. Pero la peor parte se la llevaron los miles de peces que murieron por no poder migrar, igual que otros animales que murieron en el lugar.

En total, se cree que unas 200 especies de seres vivos, entre peces, mamíferos, reptiles, aves e incluso plantas desaparecieron de esta geografía andina a causa de la evaporación.

El desastre también tiene un costo humano en esta comarca 220 kilómetros al sur de La Paz. La pérdida del lago afecta drásticamente la vida de 350 familias que, sobre la árida meseta andina, sobreviven mayormente de la pesca lacustre. Ante la escasez de recursos deben irse para subsistir.

mm / ds

https://www.perfil.com/noticias/actualidad/se-seca-el-lago-poopo-de-bolivia-y-provoca-un-desastre-ecologico.phtml