Los pobladores del valle de Tambo están a la espera que el presidente de la república Pedro Castillo apruebe la Ley N° 6951 que fue aprobada por el pasado Congreso de la República con 76 votos que permitirá mitigar el daño que ocurre en el río Tambo.
Dicha norma fue impulsada por el Gobierno Regional de Arequipa, mediante la Autoridad Regional de Medio Ambiente (ARMA).
“Con esta Ley se declara de necesidad pública nacional la cuenca del Río Tambo junto a otros 20 ríos y lagos del Perú, garantizando que dentro de 90 días a partir de la promulgación de la Ley se ejecute acciones inmediatas de mitigación y remediación. Ello debido a que el río Tambo está contaminado por los relaves de la minera Aruntani al agua que usa y consume la población Valle de Tambo”, destacó el gerente regional del ARMA.
El ARMA recordó que mediante DS 113-2021-PCM del 10 de junio último se declaró en Emergencia los distritos de Islay por peligro inminente de contaminación hídrica por 60 días.
La contaminación del río también afecta a los agricultores de la región Moquegua quienes exigen el cierre de la minera Aruntani.
[resumen.cl] La movilización contó con la amplia presencia de habitantes de la región del Biobío en defensa del río que pretende ser nuevamente intervenido con una central hidroeléctrica en Rucalhue a través de una filial del gigante hidroeléctrico China Three Gorges Corporation. Mientras, la conflictividad se mantiene latente en el territorio.
Desde la mañana de este sábado una gran cantidad de personas se convocó en la entrada de la comuna de Santa Bárbara ante el llamado de organizaciones socioambientales de la provincia del Biobío que se encuentran luchando contra la instalación del proyecto de central hidroeléctrica Rucalhue.
La manifestación se enmarca en las expresiones de resistencia a la intervención del río Biobío, el cual cuenta con previa presencia de icónicas centrales hidroeléctricas como Ralco, Pangue y Angostura, todas estas con una profunda carga de conflictividad social.
Ante esto «Biobío Libre» fue la consigna que acompañó a las comunidades durante toda la movilización, la cual contempló su paso por el conocido puente hacia la comuna de Quilaco.
La movilización se da tras el avance de las decisiones amedrentadoras contra los grupos en defensa del río Biobío, las cuales han sido lideradas por una empresa filial del gigante eléctrico China Three Gorges Corporation, propietaria de la hidroeléctrica más grande del mundo.
De esta forma, la masiva marcha en la provincia del Biobío viene a reafirmar el compromiso con la defensa irrestricta de los ecosistemas ante el avance de proyectos que no cuentan con el respaldo de las y los habitantes de los territorios, sumado a diversas irregularidades y amedrentamientos que ya han sido denunciados por la población.
Asimismo, la movilización contó con un gesto de apoyo político desde la región Metropolitana, donde un grupo de personas se manifestó en las cercanías de la Plaza de la Dignidad en defensa de Rucalhue.
En la movilización también se hicieron presentes distintas organizaciones para acompañar la visibilización de conflictos en la provincia del Biobío. Tal es el caso de vecinas y vecinos que se encuentran con conflictos ante el avance de gran cantidad de proyectos de parques eólicos donde se ha cuestionado el supuesto proceso de transición energética bajo el cual las empresas justificarían su presencia, enfatizando en las irregularidades que estas presentan, los efectos por su cercanía a las viviendas y la finalidad última de la producción energética.
El gigante chino en el Biobío: La criticada Central Rucalhue
Una amenaza latente es la que existe en Rucalhue, territorio ubicado entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, ante las intenciones de una empresa china de instalar un nuevo proyecto hidroeléctrico que vendría a alterar el ya intervenido río Biobío. La comunidad local se opone a la empresa por los impactos socioambientales negativos a los ecosistemas y la población.
La conflictividad en el territorio ha sido sostenida luego que en la empresa China International Water and Electric Corporation, la cual es filial de la gigante China Three Gorges Corporation, ingresara una querella contra jóvenes que se han levantado en defensa del territorio, considerando entre estas acciones la instalación de un campamento en el lugar donde la empresa pretende instalar la hidroeléctrica, el cual fue desalojado a fines de julio tras cinco meses de ocupación.
Fotografía: Agrupación Juvenil Semillas del Lirquen Rucalhue
La querella en cuestión, donde la representación de la empresa judicialmente la tomó el abogado Eduardo Gaspar Soto Delgado, mientras que el representante legal de la empresa es Cai Yunpeng, forma parte de la lógica de criminalización sostenida durante la post-dictadura chilena en los procesos de resistencia en la provincia del Biobío, como lo fue el caso de los conflictos a partir de las centrales Ralco, Pangue y Angostura.
El proyecto de Central Rucalhue, que cuenta con su RCA aprobada desde 2016, pretende «una central hidroeléctrica de pasada con embalse, sin capacidad de regulación «donde el caudal entrante es igual al saliente de la central»».
En este sentido, «considera la materialización de una presa aguas abajo de la confluencia de los ríos Biobío y Quilme, generándose un embalse que tendrá 6,5 km aproximados de extensión por el río Biobío y 1,2 km por el río Quilme y su superficie total será de 139 hectáreas que incluyen 72 hectáreas de los cauces actuales de ambos ríos».
Proyecto Central Rucalhue | Fotografía: Web del proyecto
De igual forma, contempla «un área de protección del embalse, correspondiente a 28,5 hectáreas adicionales distribuidas en ambas riberas, sumado al embalse esto significan 167,5 hectáreas totales de las cuales un 42% son parte del actual cauce».
Avaluado en US$240 millones, el proyecto pretende generar una «potencia total instalada es de 90 MW y una generación media anual estimada de 465 GWh», siendo ampliamente cuestionado por las comunidades, quienes han acusado anteriormente al diputado y excandidato (autoproclamado) presidencial Pablo Vidal como quien generó lobby con la empresa para su eventual materialización.
En manos de la CAR está impedir que avance el proyecto de explotación a cielo abierto que tendría graves consecuencias ambientales. El experto Pablo Leyva explica
Actualmente la CAR Cundinamarca estudia la posibilidad de otorgar una licencia ambiental para la extracción de gravilla y arcilla, abriendo enormes cráteres a ambos lados del río Neusa, lo que afectaría el socio-geo-ecosistema territorial y el caudal y calidad de este río que abastece de agua a Bogotá y varios municipios de la Sabana. Sobre el tema Pablo Leyva responde a las preguntas de Juan Pablo Motta, cineasta y vecino de Cogua, municipio directamente impactado por el proyecto minero.
Juan Pablo Motta:¿Dónde queda el río Neusa? ¿De cuál cuenca hidrográfica hace parte?PUBLICIDAD
Pablo Leyva: El río Neusa es la corriente principal que recoge las aguas de la cuenca que lleva su nombre. Esta tiene aproximadamente 44.735 hectáreas; comprende principalmente parte de los municipios de Tausa, Cogua, Nemocón, Zipaquirá, Suesca y Cucunubá. Hace parte importante de la cuenca del río Bogotá.
JPM.:Cuál es la importancia del Río Neusa con relación al río Bogotá? ¿Cuál es la importancia de ese abastecimiento de agua para la zona norte de Bogotá y la Sabana?
PL.: Los embalses del Neusa, Sisga y Tominé conforman el “Agregado Norte” que alimenta al sistema Tibitoc, este contribuye con un 30 % al suministro de agua para la población de Bogotá en sectores del norte y occidente, al igual que el agua para los municipios de Gachancipá, Sopó, Tocancipá, Chía, Cajicá, Funza, Mosquera, Madrid y Soacha, según información disponible. Estimo que hoy este sistema puede aportar el agua para el consumo de unos tres millones de habitantes. El río Neusa además suministra agua para consumo humano, uso agropecuario, industrial y minero para los municipios de su cuenca.
Desafortunadamente la cuenca del Neusa y su sistema hídrico están descuidados por las entidades nacionales, distritales y regionales. El Minambiente no tiene una política y sobre todo no tiene programas, acciones concretas visibles y de seguimiento ambiental para la región; la CAR, el organismo regional del Sistema Nacional Ambiental SINA está muy ausente. Bogotá y sus entidades no tienen entre sus objetivos estratégicos y prioridades el cuidado integral de la cuenca del río Bogotá, ni la del Neusa; tampoco lo hacen con decisión sus empresas de acueducto, energía y servicios de manejo de residuos a pesar de su evidente interconexión y dependencia. La Gobernación de Cundinamarca está muy desconectada del proceso; en ocasiones tiene iniciativas, aproximaciones y acciones de articulación con la Nación o el Distrito, casi siempre para proyectos que implican la intervención no el cuidado del territorio.
Las autoridades municipales de la cuenca del río Bogotá, desbordadas por los impactos, efectos y repercusiones locales del crecimiento de la capital y la infraestructura regional, como es el caso de Cogua, tratan de sobrevivir con sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, POT, que manejan sus pequeñas instituciones con escasos recursos.
JPM.: ¿Por qué un río y el ecosistema se afectan cuando se plantea hacerle una cantera encima? Sería una cantera de 178 hectáreas con un río en la mitad ¿Cómo se afectaría? ¿Qué pasaría?
PL.: En las circunstancias descritas, en lugar de velar por el cumplimiento de las prioridades de su propio Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca, POMCA el río Bogotá y las recomendaciones de los estudios de base para el mismo, sobre la necesidad de limitar la minería en la cuenca, una de las actividades de la CAR ha sido la canalización de las corrientes de agua de la cuenca del río Bogotá, justamente en lugares en los que se planean intervenciones importantes como urbanizaciones o proyectos mineros, esto las facilita. La canalización está en contravía del manejo que se da actualmente a los ríos en países desarrollados.
Para el caso del título minero EIJ-151 que se pretende adelantar en el plano aluvial del Neusa, la canalización del río se adelantó justo antes de la noticia de la activación de la licencia ambiental para poner en marcha el título minero para la explotación de gravilla, arcilla y otros materiales. Esta explotación se haría en ambos lados del río, con lo que este quedaría desnaturalizado, drenado, convertido en un canal, rodeado de cráteres profundos y contaminados, lo mismo que sus afluentes en el área de la mina.
El trámite de este proyecto tiene curso en la CAR con fundamento en una Resolución del 2016 de Minambiente que considera esta zona compatible con explotaciones mineras. La decisión del Minambiente y el trámite en la CAR contradicen de manera evidente lo más elemental de un manejo ambiental sostenible. Ambas instituciones a mi juicio están desconociendo los principios que están obligadas a cumplir, entre otros los establecidos en la Ley 99 de 1993 y en especial su artículo 61.
JPM.:¿Qué significa para los Bogotanos y para los municipios de la sabana que afecten un río que abastece al río Bogotá?
PL.: Darle curso a un proyecto minero de la magnitud anunciada a ambos lados del cauce del río Neusa es un atentado ambiental mayor, con serias repercusiones sobre el caudal y calidad de sus aguas y causaría un grave impacto al sistema local, regional y distrital de acueductos, usos industriales y del riego que se surte de ellas. A más de afectar seriamente la estructura ecológica principal de la cuenca y transformar en un cráter una región con vocación agropecuaria, conservación, esparcimiento y turismo ecológico para Bogotá y la región metropolitana.
JPM.: ¿por qué las entidades del estado que deben cuidar el medio ambiente permiten abrir estas puertas para que estemos discutiendo si es bueno o malo un proyecto donde se advierten daños irreversibles? Por qué estar en pleno 2021 defendiendo la vida de un río, si estamos en un punto de no retorno a nivel ambiental, no hemos aprendido nada de la pandemia?.
PL.: Lo primero que se necesita es que el Minambiente sea consecuente con su misión y revoque la Resolución que autoriza las zonas de la Sabana compatibles con explotaciones mineras, tome en serio las limitantes ambientales, económicas y sociales para la minería en la Sabana de Bogotá y actúe junto con la CAR y la Secretaría Distrital de Ambiente en concordancia con los principios de la Ley 99 de 1993, los mandatos constitucionales, legales y los pronunciamientos de las diferentes instancias judiciales sobre el manejo del río Bogotá y su cuenca. Las demás instituciones, distritales y regionales deben proceder de conformidad con sus obligaciones constitucionales y proteger el territorio para mantener la sostenibilidad del mismo a largo plazo.
La pandemia nos han hecho más conscientes de respetar y cuidar la naturaleza, como la casa común. Defenderla de la ambición desmedida que desgarra sus entrañas, destruye sin compasión sus montañas y sus ríos y conduce tristemente a su destrucción. La pandemia nos ha llevado a la reflexión y el cambio está en camino.
JPM.:¿Qué les sugiere usted a la comunidad y los municipios para poder elaborar políticas que defiendan su territorio de los desmedidos intereses económicos de las empresas mineras?
PL.: Para garantizar la participación y evitar conflictos es fundamental que las instituciones informen a la comunidad oportunamente y de forma completa y transparente sobre las políticas, proyectos y actividades que se pretendan adelantar sobre el territorio. Un examen de la legislación, documentación e información disponible para la toma de decisiones sobre los POT, POMCAS, proyectos de infraestructuras y títulos mineros en la Sabana evidencian un gran desorden, dispersión, limitada transparencia y falta de oportunidad en la información para los afectados.
La socialización de las decisiones es muy limitada, elemental, en muchos casos se manipula y se hace con desprecio por las comunidades, no está acompañada de procesos educativos y didáctica en la transferencia de los conocimientos a las instituciones locales y comunidades. Se necesita transparencia, claridad y oportunidad en la información de parte de las instituciones del orden nacional y regional para facilitar la participación efectiva de las comunidades en las decisiones que las afectan e impactan el territorio.
Los planes de desarrollo y POT municipales deben contemplar las actividades que puedan trasformar el territorio, especialmente la infraestructura vial y la minería. Pero esto no es posible si los municipios continúan impactados por decisiones nacionales o distritales que imponen directamente o indirectamente trasformaciones territoriales de las que tienen que defenderse, como es el caso del título minero para la extracción de gravilla y arcilla en el río Neusa, municipio de Cogua, que destruiría los suelos, la biodiversidad y afectaría gravemente la hidrología, la economía regional y el empleo, entre otros impactos.
Colombia cuenta con gran riqueza en diversos bienes naturales como el agua. El desarrollo económico y social del país se ha centrado alrededor de las cuencas hídricas, y en el último siglo, estas cuencas han sido fuentes de generación de energía.
Con el objetivo de generar energía a partir de la corriente que se genera en grandes cuerpos de agua como los ríos, diversas empresas multinacionales intervienen territorios para la construcción de centrales hidroeléctricas, modificando de esta forma los espacios de las comunidades y, por consiguiente, afectando su vida y tradiciones.
Existen represas que tienen un aprovechamiento multipropósito, es decir, en las que se hace uso del agua para consumo, distritos de riego, pesca e incluso turismo y, existen otras unipropósito, que se utiliza sólo para la generación de energía.
Aunque se habla de algunos beneficios generados por la conversión de la energía potencial del agua almacenada en los embalses en energía eléctrica, las consecuencias negativas resultado de la imposición de hidroeléctricas, son aún mayores y afectan directamente la ‘Casa común’.
El río Magdalena al ser un río con alto caudal y diferentes alturas de profundidad por ubicarse en zonas altas y cañones, presenta condiciones para el desarrollo de represa, esto no quiere decir que sea lo mejor para las comunidades de las regiones donde se desarrollarían este tipo de proyectos y otros incluidos en el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena (PMA).
El (PMA) es consecuencia de la cooperación internacional entre Colombia y China, en 2011 se suscribe el “Convenio Interinstitucional de Ejecución del Proyecto de Formulación del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena” entre Cormagdalena, Hydrochina y Acción Social[1] y, en 2014 se realiza la entrega del proyecto de “Formulación del Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena”,
Esta información no fue socializada ni concertada con las comunidades, únicamente fue conocida, resultado de la instauración de una acción de tutela, el Consejo de Estado en el año 2016, en razón de la violación de los derechos fundamentales de petición, participación efectiva y, acceso a información, ordeno la entrega del (PMA) a las organizaciones tutelantes.
El (PMA) plantea la explotación del potencial del río Magdalena, desde la cuenca entre San Agustín, en su nacimiento en pleno macizo colombiano y la desembocadura en el Caribe, en actividades como la generación de energía hidroeléctrica y la navegabilidad.
De acuerdo con Hydrochina, el plan maestro para el manejo y la utilización del río Magdalena incluye la construcción de al menos 15 hidroeléctricas de diferente capacidad a lo largo del río, de ellas 8 consideradas en el Huila. Si bien para el PMA, las represas ofrecen enormes oportunidades, se debe tener en cuenta los impactos negativos, que incrementan con la construcción en cascada de proyectos hidroeléctricos.
Las represas como la de El Quimbo, ocasionan grandes e irreversibles afectaciones. Respecto al ambiente, se destruye fauna y flora endémica, contribuyendo a la desaparición de ecosistemas; el empeoramiento en la calidad, salubridad y la pérdida de sedimentos de las aguas hace inviable la vida acuática; se incrementa el cambio climático y, los efectos sísmicos resultado de la inundación de áreas en presencia de fallas geológicas.
A nivel social, con la declaratoria de utilidad pública y el uso de la fuerza pública, se expropia, desplaza y despoja a las comunidades de sus hogares y, de sus medios de vida tradicionales, empobreciendo a las personas y fracturando el tejido social. Las condiciones posteriores, de reasentamiento, resultan inferiores a la situación en que se encontraban antes de la implementación de los proyectos, siendo inexistente la reparación integral y en dignidad.
Consecuencia de los cambios abruptos en los ecosistemas, el desplazamiento forzado y, las falencias en los reasentamientos, se producen afectaciones en la salud física y emocional de las comunidades, quienes además de perder sus actividades económicas de subsistencia, pierden sus lazos comunitarios y sus fuentes de alimentación.
Las vulneraciones enunciadas, evidencian que la autonomía de las comunidades locales se subyuga frente al interés nacional y transnacional que recae en este tipo de proyectos. Por cuanto, las posibilidades de gestión y defensa de sus territorios, mediante el ejercicio del derecho a la participación efectiva, se limitan a espacios formales de revictimización o, a la ausencia de atención a las exigencias de las comunidades.
Debido a estas situaciones que viven las comunidades afectadas por la implementación de proyectos minero energéticos, han buscado respaldo en instituciones y organizaciones para poder luchar por sus derechos, es el caso de la Iglesia Católica, ya que “es una Iglesia que camina con los pobres, y con las personas que necesitan una voz de aliento ante situaciones que han afectado sus derechos”, asegura Angie Reina, especialista nacional del proyecto.
¿Conoce las afectaciones que se ocasionan o pueden resultar de la presencia de proyectos hidroeléctricos? ¿Cuál es el mensaje desde las comunidades afectadas?
[1] Hoy Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional de Colombia -APC
Un monitoreo realizado en los últimos diez años reveló que el nivel de emisión varía mucho entre los diferentes puntos de la planta. Este hallazgo cuestiona los estándares utilizados en los estudios de impacto ambiental y en la comercialización de créditos de carbono.
Después de la construcción del embalse de Belo Monte, las emisiones de gases de efecto invernadero se triplicaron en el lugar La construcción de la planta hidroeléctrica de Belo Monte en Altamira (PA) triplicó las emisiones de gases de efecto invernadero en el lugar en que hoy se encuentra el embalse de la planta. Esta es la conclusión de un estudio publicado en la revista Science Advances por un grupo internacional de investigadores.
Se midieron las emisiones en diferentes puntos de la planta antes, durante y después de su construcción. El estudio tardó unos diez años en completarse. “La justificación para la construcción de Belo Monte se basó en la premisa de que las centrales hidroeléctricas generan energía con bajas emisiones y a menor costo que otras fuentes renovables. Hoy, este argumento se está desmoronando, como mostramos en nuestro estudio”, dice Dailson Bertassoli Jr., investigador del Instituto de Geociencias de la Universidad de São Paulo (IGc-USP) y coautor del estudio.
Explica que en la región amazónica hay centrales hidroeléctricas que emiten más que otras. La planta Balbina (AM), por ejemplo, inaugurada en la década de 1980, tiene una emisión más alta que las plantas termoeléctricas que producen una cantidad similar de energía. “En el caso de Belo Monte, la mayor hidroeléctrica de la Amazonía, la emisión equivalente es de entre 15 y 55 kilos de CO2 [dióxido de carbono]por megavatio-hora producido [hay variación entre estaciones del año]. Esto es una fracción de lo que emitirían las termoeléctricas, pero aún así, no es nada que se deba ignorar”, afirma.
La represa de Belo Monte tiene la mayor capacidad instalada entre las plantas del tipo hilo de agua en todo el mundo. A diferencia de las plantas con un depósito de acumulación, las de hilo de atgua tienen un depósito más pequeño. En el caso de Belo Monte, hay dos interconectados por un canal de 20 kilómetros de largo. La principal, formada por el río Xingu, tiene 359 km². El intermediario, de 119 km², dispone de 28 diques y canales de transposición.
Los investigadores comenzaron las primeras mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero en el embalse de Belo Monte en 2011, antes de la presa y la construcción de la planta hidroeléctrica. A lo largo de los años, se tomaron otras tres mediciones en los mismos puntos. El trabajo fue apoyado por la Fapesp a través de nueve proyectos. Participaron científicos de la Universidad de Linköping (Suecia), la Universidad de Washington (Estados Unidos) y la Universidad Federal de Pará (Ufpa) en Altamira.
Emisión desigual Un hallazgo importante de la investigación es la heterogeneidad de las emisiones en la región amazónica e incluso entre diferentes puntos de un solo reservorio. Las mediciones en diferentes partes de la presa y áreas que se inundaron para la construcción de la presa de Belo Monte mostraron que algunas emiten más gases de efecto invernadero que otras.
El hallazgo cuestiona el uso de estándares de emisión -como los estipulados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (Ipcc), basados en plantas hidroeléctricas construidas en zonas templadas-, que se utilizan para estudios de impacto previos o incluso para la venta de créditos de carbono.
“Entender cómo se producen las emisiones de gases de efecto invernadero del embalse de Belo Monte es fundamental para una planificación estratégica eficiente de la expansión de la red de generación de energía eléctrica en el país. Sin embargo, es tan heterogéneo que ni siquiera es posible generalizar y referirse a ’emisiones hidroeléctricas’. Cada planta tiene sus propias emisiones y deben evaluarse caso por caso”, dice Bertassoli Jr. a Agência Fapesp.
Según el investigador, uno de los principales factores que contribuyen a las emisiones de las centrales hidroeléctricas es la generación de metano (CH4) por la degradación de la materia orgánica retenida en el fondo de los embalses.
Henrique Sawakuchi, investigador de la Universidad de Linköping y responsable de las primeras mediciones del estudio, explica que esta alta variabilidad de las emisiones de diferentes centrales hidroeléctricas se debe a factores como tipos de vegetación y suelos, temperatura y clima, características de la actividad microbiana y tipo de embalse.
“A diferencia de las zonas templadas y boreales, las altas temperaturas durante todo el año dan como resultado una intensa actividad microbiana y, en consecuencia, una mayor producción de metano y dióxido de carbono en las zonas tropicales”, explica Henrique.
Desviación estándar En el caso de las emisiones de metano, la materia orgánica que genera el gas proviene de la cuenca de drenaje aguas arriba y se acumula en el embalse. También puede ser producida en la columna de agua por las algas que allí habitan.
“Estos dos factores varían mucho entre los ríos del Amazonas. El Xingu, por ejemplo, es un río de agua clara, lo que permite una mayor penetración de la luz solar. Como resultado, hay una mayor producción de algas, que luego se convierten en materia orgánica y generan metano. Otros ríos, como el Madeira, se conocen como aguas bravas, es decir, la luz apenas penetra en la columna de agua. Por eso hay menos crecimiento de algas”, dice André Sawakuchi, profesor del Instituto de Geociencias de la USP y también autor del estudio.
Otro factor de variabilidad es la profundidad del embalse. “En zonas más profundas, el agua del fondo puede estar menos oxigenada, lo que favorece la generación de metano”, explica André.
Los investigadores también observaron que, dependiendo del tipo de suelo o vegetación que se inundó durante la construcción de los embalses, hay más material orgánico disponible para la biodegradación y generación de metano y gas carbónico. Así, las áreas con pastos que no son removidos, como se hace en el caso de la vegetación forestal, sorprendentemente también tuvieron emisiones significativas.
“La parte superior del suelo también tiene mucha materia orgánica que se convierte en materia prima para la producción de metano. Son este tipo de variaciones las que marcan la diferencia al hacer la cuenta de emisiones totales de un embalse. A veces, el pasto está en un tipo de suelo que tiene más materia orgánica, mientras que el bosque está en un suelo que casi no lo tiene. Varía mucho y todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de medir los impactos de una central hidroeléctrica”, afirma André.
Según los investigadores, los resultados refuerzan la importancia de considerar todas estas variables de heterogeneidad en los estudios de impacto ambiental de las centrales hidroeléctricas, aunque sean del tipo de hilo de agua, como es el caso de Belo Monte.
“Debería ser obligatorio monitorear las emisiones antes, durante y mucho tiempo después de la construcción de los embalses hidroeléctricos. Especialmente en las centrales hidroeléctricas del río Madeira, que están vendiendo créditos de carbono y las emisiones no están bien estimadas. Es probable que estén vendiendo créditos de carbono que no están mitigando”, evalúa Henrique.
El artículo “How green can Amazon hydropower be? Net carbon emission from the largest hydropower plant in Amazonia” (doi: 10.1126/sciadv.abe1470), de Dailson J. Bertassoli Jr., Henrique O. Sawakuchi, Kleiton R. de Araújo, Marcelo G. P. de Camargo, Victor A. T. Alem, Tatiana S. Pereira, Alex V. Krusche, David Bastviken, Jeffrey E. Richey y André O. Sawakuchi, puede leerse en: https://advances.sciencemag.org/content/7/26/eabe1470. Fuente: Agencia Fapesp
Emergencia Hídrica: Nación hará una auditoría de las hidroeléctricas y analizará la ampliación de potencias en represas
El plan se realizará en el segundo semestre para conocer el estado técnico. Desde Neuquén y Río Negro todavía no hay pedidos formales ante la Emergencia.
Días atrás, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), dio a conocer la declaración del estado de Emergencia Hídrica en los ríos Neuquén, Limay y Negropor parte de la el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, se refirió a la situación que atraviesan las represas hidroeléctricas en la región.
Darío Martínez estuvo presente en el acto de presentación oficial de los precandidatos del Frente de Todos de Neuquén de cara a las próximas elecciones legislativas, Martínez y destacó los logros alcanzados hasta el momento dentro del sector energético: “Hoy estamos batiendo récords de producción de gas y de petróleo. Creo que esto tiene que ver con las decisiones que tomamos y el mandato que nos ha dado el presidente de la Nación, Alberto Fernández”.
“Por eso pusimos en marcha el Plan Gas.Ar, que está resultando un éxito, donde los trabajadores están en los equipos; las pymes van sumando valor agregado nacional. Las productoras transforman la inversión en energía, y las provincias, quienes son las dueñas del recurso, aportan a esto”, señaló Martínez.
Consultado sobre la renovación de las concesiones de las hidroeléctricas, con fecha de vencimiento al 2023, el titular del organismo de Energía indicó: “En este segundo semestre, tenemos una auditoría muy grande que vamos a llevar adelante desde la Secretaría, para saber cuál es la situación técnica, cuál es la posibilidad de ampliación de potencia de cada una de las represas. Una vez que terminemos con esa gran auditoría, nos sentaremos a ver cuál es el mejor camino con el presidente y la vicepresidenta”, detalló el funcionario nacional.
Cabe recordar que Elías Sapag, representante de Neuquén ante la AIC, advirtió sobre el grave panorama de sequía en los embalses y explicó: “El problema lo tenemos aguas arriba ya que no tenemos forma de almacenarla. Y aguas abajo habrá que tomar medidas para racionalizar el uso, donde el EPAS tendrá que hacer obras en las tomas de agua por si el caudal viene muy bajo”.
En esta línea, el referente de la entidad señaló: “La Secretaría de Energía, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y las empresas hidroeléctricas tienen que saber que toda el agua que se erogue en adelante tiene que tener la autorización de la Autoridad de Cuencas”, y se refirió a la posibilidad de presentar un amparo en la Justicia en caso de que el pedido de emergencia de la AIC no sea tenido en cuenta por las autoridades provinciales y las firmas.
Al respecto, Darío Martínez dijo: “El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, aun no me ha planteado nada formalmente a mi, ni tampoco la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Creo que es un debate interno que deben dar ellos, yo soy muy respetuoso de las opiniones y creo que Elías seguramente lo hablará con las dirigentes de la provincia”.
“Todas las decisiones que se toman desde la Secretaría las hacemos con permanente diálogo con los gobernadores, con los ministros de Energía y con todos los actores del sector”, dijo el Secretario de Energía.
“El primer trabajo que hay que hacer es la gran auditoría para saber cuál es la situación de las hidroeléctricas y en cuáles podemos aumentar el caudal, ya que en función de eso se van saber cuáles son las inversiones que hay que hacer y a partir de allí, resolveremos en adelante qué hacer con esas concesiones”, cerró Martínez.
Comunicado | Equinox Gold quiere criminalizar a quien lucha por el agua
La minera Equinox Gold intenta prohibir a los afectados de realizar manifestaciones en la carretera que conecta Aurizona a Godofredo Viana, en Maranhão; MAB repudia el intento de criminalización de la lucha por derechos en la región. por Movimento dos Atingidos por Barragens
Publicado 09/07/2021 – Atualizado 22/07/2021
El Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués), viene públicamente a repudiar la conducta de la empresa canadiense Equinox Gold que, por medio de acciones judiciales, a través del cercenamiento a la libertad de expresión y a la libre manifestación, pretende intimidar y criminalizar a la integrante del MAB, Dalila Alves Calisto, así como a los liderazgos locales, Jonias Pinheiro, Daiane Lima, Maria Valdiene Teixeira y Maria Aldineia Teixeira, defensores de los derechos humanos en Aurizona, distrito del municipio de Godofredo Viana, en el estado de Maranhão.
Lodo tóxico de la minera Equinox Gold que contaminó manantial de agua y que abastecía el distrito de Aurizona. Foto: Divulgación
En su demanda, la minera pide a la justicia del estado que prohiba a los afectados de realizar manifestaciones en la carretera que conecta Aurizona a Godofredo Viana. La empresa acusa a las protestas realizadas por parte de los afectados y afectadas el día 28 de abril de 2021 como actos ilegales y arbitrarios que violan los derechos constitucionales de la misma. La protesta a la que la minera se refiere tuvo una duración de más de 36 horas y contó con decenas de personas, afectados de Aurizona, que se manifestaban reclamando a la empresa el acceso al agua potable, de forma regular y de calidad para las familias, y que fuera instaurada una mesa de negociación entre los afectados, el MAB, la Defensoría Pública, la Equinox Gold y los gobiernos municipal y estadual para discutir los problemas emergentes e históricos de la población de Aurizona, causados por la actuación de la minera en la región.
La interrupción en el abastecimento de agua en Aurizona se dio luego de la ruptura de la represa Lagoa do Pirocaua, el día 25 de marzo de este año, que generó serios impactos sociales y ambientales, entre ellos la contaminación del reservorio Juiz de Fora que abastecía toda la población del distrito. En el documento, la minera llega a acusar los propios manifestantes de estar bloqueando la entrega de agua a los habitantes de Aurizona, en el intento de culparlos por la falta de agua en la comunidad.
El derecho a la información y participación; ambiente saludable; a la libertad de reunión, asociación y expresión, que constan en el informe del Consejo de Defensa de los Derechos de la Persona Humana (CDDPH) de noviembre de 2010 [1], fueron sistemáticamente violados por Equinox Gold. Es inaceptable que la empresa permanezca impune frente a graves crímenes ambientales y denuncias de violaciones de derechos humanos. La lucha por el derecho al agua en Brasil no puede ser tratada como un crimen. Para el MAB está claro el intento de la minera de criminalizar la lucha popular y la organización de los afectados en la región.
El modelo vigente en Brasil de implementación de proyectos del capital, como es el caso de la minería, propicia de manera recurrente graves violaciones de derechos humanos y ataques a las poblaciones que luchan por mejorías, lo que refleja el contexto de violencia a la que los afectados y afectadas son sometidos en los territorios donde tales proyectos son desarrollados. En el caso de Aurizona, esa práctica de intimidar, criminalizar, descalificar y perseguir liderazgos locales ya es típica y sistemática por parte de Equinox Gold. Siempre que sucede algún tipo de protesta o manifestación en el distrito de Aurizona es común que la minera presente maniobras jurídicas para coaccionar e intimidar a líderes y liderezas con el propósito de frenar e impedir a la comunidad de ejercer sus derechos. Una de las liderezas que hace años sufre con ese contexto de criminalización es Daiane Lima, que está siendo indiciada en varias demandas presentadas por la empresa minera. Todos los procesos a los que Daiane responde en la justicia son relacionados a las luchas que siempre llevó a cabo por más derechos para Aurizona en detrimento de las actividades de Equinox Gold.
Desde la ruptura de la represa de la minera, diversos acuerdos fueron firmados por la empresa, que ésta sigue sin cumplirlos. Desde entonces, la mayoría de las residencias no tienen agua de forma permanente en los grifos. Hay días en los que no llega agua a las residencias y en otros casos el agua que llega posee una coloración negra y con un fuerte olor. Para el MAB esta acción de la minera Equinox Gold representa otro ataque más a la población de Aurizona, que ya sufre con la negación de empleos, explosiones que generan grietas en sus casas, con la ruptura de la represas y la falta de agua en la comunidad.
Los expertos explicaron que el fenómeno está ligado en parte al modelo agroproductivo argentino de expansión de la frontera agropecuaria y el uso indiscriminado de insecticidas agrotóxicos.
Rafael Colombo, miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, aseguró este miércoles que la actual bajante del Río Paraná “es un auténtico holocausto ambiental” y que es consecuencia de la acción humana asociada a la expansión del modelo agroindustrial, sumado a los efectos del cambio climático.
“Lo que está ocurriendo en el Río Paraná es un auténtico holocausto ambiental y es el resultado directo de una serie compleja de intervenciones antrópicas asociadas a la expansión del extractivismo agroindustrial, ganadero, forestal, fluvial y minero”, dijo el profesional.
En este sentido, detalló que la bajante “está ligada al modelo agroproductivo argentino de expansión de la frontera agropecuaria, el incremento de superficies de cultivo como la soja, el maíz o el trigo, que son al mismo tiempo parte de un modelo agroindustrial que trae muchísimos impactos sobre la tierra a partir del uso de millones de litros de insecticidas agrotóxicos”.
Asimismo, Colombo destacó, en diálogo con Radio Urbana, que “la hidrovía Paraná-Paraguay es el cauce de salida del 80% de las exportaciones argentinas” por lo que “navegan miles de embarcaciones que transportan millones de toneladas de mercadería año tras año”.
“Eso genera mucha presión y mucho hostigamiento sobre el río Paraná y, por supuesto, también está ligado a la pérdida y a la conservación del suelo fruto del deterioro de bosques, de la selva y los montes nativos que han generado que los suelos hayan perdido la capacidad de absorber el agua de las lluvias para poder preservarla y posteriormente derivarla a vertientes, arroyos”, detalló.
Sobre esto, explicó además que “son muchas las causas que han incidido en las últimas décadas para que tengamos una situación de estrés hídrico como la que atraviesa el Río Paraná. Entre ellas, el cambio climático y la ocurrencia de eventos climatológicos extremos”.
“El deterioro de bosques, de la selva y los montes nativos han generado que los suelos hayan perdido la capacidad de absorber el agua de las lluvias” explicó el abogado ambientalista Rafael Colombo. Foto: Germán Pomar.
Por esta razón, aseguró que se da cada vez más una alternancia entre sequías y lluvias concentradas y prolongadas, lo cual contribuye a la intensificación de la bajante.
En cuanto a las imágenes que circularon recientemente donde se ven bancos de arena producto de la bajante del Río Paraná, el abogado dijo que es una situación “que se está registrando en casi todo el Río Paraná que comprende varias provincias: Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires”.
Y alertó: “se han registrado niveles de bajante históricos que superan las estadísticas de por lo menos últimos 50 años”.
Colombo señaló que la bajante “está ligada al modelo agroproductivo argentino de expansión de la frontera agropecuaria, el incremento de superficies de cultivo como la soja, el maíz o el trigo”. Foto: Germán Pomar.
Sobre las consecuencias de esta situación, Colombo sostuvo que “estamos yendo hacia un proceso de sabanización de nuestros ecosistemas, es decir, se vuelven sabanas, que son ecosistemas secos, áridos, típicos de zonas tropicales y subtropicales”.
La hidroeléctrica Ivirizu comprende la presa en construcción más grande de Bolivia que contribuirá a generar alrededor del 10% de la actual potencia instalada en el país. Son las obras más onerosas adjudicadas por el Estado boliviano a una empresa china en este sector y es el proyecto de generación de energía hidroeléctrica más costoso emprendido en Bolivia hasta ahora con un presupuesto estimado de USD 549.9 millones. El mayor problema de este proyecto es que está emplazada dentro del dentro del Parque Nacional Carrasco, que es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país y del corredor biológico Villcabamba-Amboró, uno de los corredores de biodiversidad más importantes del mundo.
En el mes de abril de 2021, la Defensoría del Pueblo de Bolivia publicó un “informe [1] defensorial resultados de la verificación defensorial a la empresa Sinohydro Corporation Limited Sucursal Bolivia” [1]. en el que constató que en dicho proyecto 120 personas (el 30% de los trabajadores de la obra) trabajan en calidad de “subcontratados o terceristas”, como forma de evasión de obligaciones sociolaborales. Entre otras recomendaciones, el informe solicita a Sinohydro: Implementar de manera inmediata un servicio permanente de asistencia médica, primeros auxilios y botica; afiliar a la totalidad de los trabajadores al Seguro Social Obligatorio; proveer de alimentación nutritiva y suficiente a los trabajadores “subcontratados o terceristas”; mejorar las condiciones físicas de las viviendas de los trabajadores “subcontratados o terceristas” ; dotar de ropa, implementos y equipos de trabajo de forma oportuna, suficiente y adecuada a la naturaleza del trabajo con medidas de bioseguridad contra el COVID-19; ofrecer tratoigualitario en cuanto al salario y pago de horas extras a los trabajadores “subcontratados o terceristas” y regularizar la suscripción de contratos laborales de los trabajadores “subcontratados o terceristas”.
En el mes de mayo, el Ministerio de Trabajo anunció una multa a la empresa Sinohydro por las irregularidades detectadas [2].
El 13 de julio, se volvieron a presentar problemas laborales relacionados con la falta de insumos de trabajo que amenazan con paralizar la obra.
Esperamos que esta información sea útil para ustedes.
Saludos cordiales
Marco A. Gandarillas IISCAL
TRABAJADORES DE LA HIDROELÉCTRICA IVIRIZU I INGRESAN EN PARO Y DENUNCIAN ABUSO LABORAL DE EMPRESA CHINA Foto agencias [3] SOCIEDAD | 13 Jul 2021 _Más de 300 trabajadores decidieron ingresar en la medida deprotesta ya que no cuentan con los insumos mínimos de trabajo_ RADIO FIDES.- Suspenden labores en la Hidroeléctrica Ivirizu I de Cochabamba debido a un conflicto protagonizado este martes por trabajadores quienes con un paro de actividades denunciaron que son víctimas de abuso laboral por parte de empresas chinas que se adjudicaron el proyecto.
Julián Rocha, ejecutivo de los trabajadores de Obras Públicas indicó que los dirigentes se vieron rebasados por los trabajadores, asimismo, sostuvo que los abusos cometidos por las empresas asiáticas son constantes.
“Lamentablemente no hay solución, han decidido (suspender actividades), estamos de acuerdo en que vengan empresas chinas pero que cumplan con las normas laborales, nosotros no queremos perjudicar a nadie”, precisó.
Más de 300 trabajadores de la institución decidieron ingresar en la medida de protesta ya que, a decir de su representante, no cuentan con los insumos mínimos de trabajo.
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