Las represas son asociadas al concepto de “desarrollo”. Y últimamente se le asocia a la “energía limpia”, “sustentable”, “verde” o “renovable”. Sin embargo, no se dice que el costo socio ambiental ha sido de tal magnitud que ha generado movilizaciones históricas en México, en toda América Latina y en el mundo. Más de 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas en todo el planeta donde pueblos, ciudades y culturas quedaron sepultadas bajo el agua en el nombre del “desarrollo”. Pero ¿“desarrollo” para quién?
En México, lo común en torno a la construcción de las represas han sido los engaños a la población, el desplazamiento forzoso e incluso con violencia, las promesas incumplidas y una mayor pobreza de los desplazados. Pero hay otro tipo de saldos como el endeudamiento de los gobiernos, el aumento en los costos de la construcción, prolongación de los tiempos de construcción, modificaciones a última hora de las especificaciones del proyecto como el aumento del tamaño de la cortina y más tierras inundadas; pero también asesinatos, divisiones comunitarias y familiares, pérdidas de cosechas, ríos que terminaron secos, corrupción y chantajes a las comunidades y a sus autoridades locales; desinformación o información sesgada, mentiras y contradicciones en la información, incursión con maquinaria pesada de manera ilegal, compras de tierras a alto costo para provocar avalancha de venta, presiones a ejidatarios y comuneros, ilegales actos de procesos agrarios, pérdida de medios de vida de las poblaciones afectadas directa e indirectamente, entre otros pasivos sociales y ambientales.
Movimiento de los Afectados por Represas (MAB) de Brasil
Joceli Andrioli: «Los afectados por las presas en Brasil superan el millón» – Silvia Catalán
Miguel Lagrava, Espacio 3 22/05/2019
El Festival Ecozine entregó el sábado 18 de mayo el Premio al Compromiso con el Medio Ambiente Berta Cáceres al Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) -Movimiento de los Afectados por represas, en portugués- que desde hace más de 20 años lucha en Brasil por los derechos de las poblaciones afectadas por represas. Andrioli recogió el Camaleón de este galardón. En su visita a Zaragoza, este miembro de la Dirección Nacional del MAB participó en una charla organizada por el Comité de Solidaridad Internacionalista, Fundación Mundubat y Coagret.
–El Movimiento de los Afectados por Represas (MAB) es un movimiento social que desde hace más de 20 años lucha en Brasil por los derechos de las poblaciones afectadas por presas. ¿Cómo surgió?
–La lucha surgió con más fuerza a finales de los 70 con la construcción de grandes presas como Itaipú, Sobradinho, Tucurui y el anuncio de muchas represas en la cuenca del río Uruguay, en la frontera con Argentina. Hasta 1989, los afectados se organizaban de forma local y regional hasta que se realizó el primer encuentro nacional, que constituyó una comisión provisoria, y decidió la construcción de un movimiento de carácter nacional. El MAB se oficializó el 14 de marzo de 1991 en un encuentro nacional en Brasilia, capital del país. Desde aquel momento, el Movimiento se ha ido fortaleciendo y ampliando el trabajo en casi todos los estados del país.
–Es un movimiento popular, reivindicativo y político. ¿A qué se dedica actualmente?
–El objetivo central del MAB es la construcción de una sociedad alternativa al capitalismo y un proyecto energético Popular donde la energía esté al servicio del pueblo y no de los grandes capitales trasnacionales y en el que los derechos de las poblaciones afectadas por las represas estén garantizados. Para alcanzar estos objetivos el movimiento organiza a los afectados desde las mismas comunidades, en las que los propios afectados se coordinan en el movimiento. Este tiene a su vez una coordinación nacional colectiva, coordinadores estaduales y regionales, y grupos de base. El objetivo es la lucha de resistencia contra las represas y la garantía de los derechos de justa reparación, indemnizaciones, recalentamientos, vivienda y salud cuando se construyen esos proyectos.
–¿Cuáles son los principales retos?
–Junto a trabajadores del sector energético, educación y pequeños agricultores construimos la Plataforma Obrera y Campesina del Agua y la Energía, que se articula para luchar por los derechos de los trabajadores del sector, los consumidores y también en defensa de las empresas estatales, para que los recursos provenientes de la producción de petróleo y energía sean invertidos en la educación y salud públicas, así como en proyectos de recuperación y desarrollo en comunidades afectadas. En los últimos tiempos, el MAB ha dedicado grandes esfuerzos en un mayor protagonismo de las mujeres afectadas.
–Uno de los episodios más trágicos fue la rotura este año de la presa de Brumadinho que causó la muerte de 165 personas, la desaparición de otras 182 y un gran número de heridos y afectados. ¿Qué sucedió?
–Colapsó una presa de desechos mineros, que enterró las oficinas de la propia empresa Vale y comunidades aguas abajo de la presa. Provocó más de 300 muertes y desapariciones y la destrucción total del río Paraopeba. Los fangos contaminados siguen avanzando lentamente por el río y pueden llegar hasta el río San Francisco, uno de los mayores ríos del país.
–El MAB organizó a los damnificados y reclamaron responsabilidades económicas y políticas. ¿Qué han conseguido?
–En varios lugares del país hemos conseguido impedir la construcción de hidroeléctricas por más de 30 años, como en el Valle de Ribeira en San Pablo, Itapiranga en Santa Catarina y algunas en la región oeste de Bahía. En otros lugares, donde fueron construidas las hidroeléctricas, conseguimos a través de la lucha indemnizaciones justas o reasentamientos de las comunidades, así como la garantía de casas y asistencia técnica, como son los casos de las presas de Itá, Machadinho, Dona Francisca y Salto Caxias, entre otras.
–Y el cambio en algunas leyes…
–Conseguimos la aprobación de leyes que protegen los derechos de los afectados en algunos estados como Río Grande del Sur y Minas Gerais, como consecuencia de los crímenes cometidos recientemente por las empresas en esa región. Además, actuamos en programas específicos que incentivan la producción de alimentos saludables y producción de energía a través de placas solares, siempre con el objetivo de que las poblaciones puedan permanecer en sus territorios. Para el MAB es una gran conquista también el gran reconocimiento nacional e internacional de nuestra lucha por los derechos de los afectados.
-¿Cuántos pueblos y personas se han visto afectados por la construcción de presas en los últimos años?
–No existen datos oficiales pero estimamos que son más de un millón de afectados y la mayoría no ha visto reconocidos sus derechos. En Brasil existen más de 24.000 represas construidas y si consideramos como potencialmente afectadas a todas las personas que viven próximas a ellas o hubiese un colapso (rotura) serían decenas de millones en riesgo.
-¿Cuántas personas forman el MAB?
–No hay un número exacto, pero aproximadamente medio millón de personas tienen relación directa o indirecta con el movimiento en Brasil.
-El movimiento es nacional y está organizado en 19 estados brasileños. ¿Qué apoyos tienen en el ámbito internacional?
–Estamos trabajando en la construcción de articulaciones internacionales específicas. Una de ellas es el Movimiento de Afectados por Represas en Latinoamérica (MAR), que venimos impulsando junto con movimientos de otros 14 países de América Latina desde el 2010. Hemos organizado encuentros continentales de afectados y aliados del MAR en América para septiembre y Europa para octubre. En África está previsto para abril del 2020. También tenemos contactos y apoyos de muchas organizaciones, entidades y fundaciones de solidaridad internacionales.
-¿Qué ha supuesto la concesión del Premio Berta Cáceres del Festival Ecozine?
–Para el MAB es una honra muy grande recibir este premio internacional. Nos ayuda mucho porque valora y reconoce nuestro trabajo y refuerza la certeza de que es justo y necesario. En la actual coyuntura brasileña, de ataques contra nuestro pueblo, sirve también para dar una mayor visibilidad y protección internacional a las poblaciones afectadas que son víctima de la brutalidad de las acciones de las empresas, y en varios casos hasta la muerte, como ha sucedido con varios de nuestros líderes. Legitima la lucha de los afectados por las rupturas de presas y la necesidad de cambio en las actuales políticas energéticas y ambientales en Brasil. Y por si todo esto fuera poco, el premio lleva el nombre de Berta Cáceres, una compañera entrañable a la que reivindicamos con mucho orgullo, ejemplo de dignidad y resistencia.
En Chile no existe un marco legal «orientado a la protección integral y eficaz» de sus recursos hídricos, aseguran las organizaciones ambientalistas impulsoras de la nueva ley. En este sentido, consideran que es urgente elaborar «una legislación que resguarde su valor natural, cultural y recreativo para el disfrute de las generaciones presentes y futuras (…) Esto no es una sutileza, es una necesidad”.
En Chile, menos del 1% de los ríos del país están protegidos, y para contrarrestar esa situación organizaciones ambientalistas lanzaron la propuesta llamada “Ley Ríos Salvajes” que tiene como objetivo la protección y restauración de los cauces y sus tramos en Chile, relevando su importancia sociocultural, ecológica, salvaje y turística.
La iniciativa, que busca promover en el país la participación política y pública en torno a la protección de los ríos, pretende «introducir herramientas de gestión orientadas a preservar, conservar y restaurar los ríos, sus recursos naturales, ecosistemas asociados y el patrimonio cultural del que forman parte; impulsando un desarrollo productivo y de servicios amigables con el medio ambiente», comentó Macarena Soler, abogada y fundadora de Geute Conservación Sur.
Actualmente, en Chile no existe legislación orientada a la protección integral y eficaz de los ríos. El cuerpo legal que, de cierta forma, trata de hacerlo es la Ley N.º 20.017 de 2005, que tiene como finalidad preservar el recurso para el abastecimiento de la población, por no existir otros medios para obtener agua.
Sin embargo, hasta la fecha solo 12 ríos de los 1251 del país, cuentan con “Reserva de Agua” por circunstancias excepcionales y por interés nacional, mediante el Decreto Supremo del Presidente de la República, según el inventario público de la Dirección General de Agua (DGA/2014).
“Ahora es el momento para generar una protección permanente de los ríos. Esto no es una sutileza, es una necesidad”, remarcan las organizaciones ambientales que proponen la Ley de Ríos Salvajes en Chile.
Un bien público
Para Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, avanzar hacia una protección legislativa «es un imperativo vital». “En nuestro país urge una ley integral y eficaz orientada a la protección específica de los ríos, en un contexto donde su situación es dramática. De norte a centro sur del país la mayoría de los ríos están en proceso de muerte bioecológica, donde todas las especies de peces de agua dulce están en peligro de extinción, afectadas por una multiplicidad de sectores industriales, hidroeléctricos, de aguas servidas, con trasvases de cuencas a cuencas, entre otros», denunció.
En este sentido, Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram, comentó sobre la propuesta que “una ley de este tipo, que valora las aguas en sí mismas, agregándole una perspectiva ecológica, ecosistémica y de bien público, incorporaría a la legislación una visión sobre aguas que hoy no existe, la que normalmente se ha incorporado a los usos productivos tradicionales tales como minería, acuicultura, sector silvoagropecuario y energético».
Asimismo, en el contexto de las crisis ambientales a nivel mundial, la coordinadora para Latinoamérica de International Rivers, Monti Aguirre, comentó que «los movimientos para proteger los ríos a menudo son locales, pero las consecuencias de fallar en su protección son globales: desplazamiento, pobreza, inseguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad y una calidad de agua paupérrima en el planeta».
Dado este complejo escenario global, es que las organizaciones ambientales consideran urgente tomar las medidas legislativas correspondientes para preservar «ríos saludables y agua limpia», como una «visión de cooperación más allá de las fronteras», describió Aguirre.
Menos del 1% de los ríos del país están protegidos; urge legislación que resguarde su valor natural, cultural y recreativo para el disfrute de generaciones presentes y futuras.
La propuesta de “Ley Ríos Salvajes” que impulsan organizaciones ambientales busca salvaguardar y restaurar el carácter especial de los ríos y tramos de ríos de Chile, sus valores: social, cultural, ecológico, salvaje, escénico y turístico, al mismo tiempo que reconoce su potencial para todos sus servicios, usos y desarrollo económico apropiado.
Inspirados en la “Ley de Ríos Salvajes y Escénicos” aprobada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1968 en Estados Unidos de Norte América (Ley Pública 90-542), buscan fomentar en el país la gestión fluvial que cruza las fronteras políticas y promueve la participación pública en el desarrollo de objetos para la protección.
Macarena Soler, abogada y fundadora de Geute Conservación Sur, sobre la iniciativa explicó “nuestro objetivo es promover una ley que introduzca herramientas de gestión orientadas a preservar, conservar y restaurar ríos y tramos de ríos, sus recursos naturales, ecosistemas asociados y el patrimonio cultural del que forman parte. Impulsando un desarrollo productivo y de servicios amigables con el medio ambiente. Los ríos cumplen funciones esenciales para la preservación de los ecosistemas, así como de la cultura e incluso de resguardo de valores espirituales. Son parte importante del paisaje y de la vida. Justamente por su belleza y riqueza natural es que buscamos que sean protegidos por el Estado de Chile”.
El cuidado de los afluentes es menester de diversos líderes de organizaciones que se dedican a la protección del medio ambiente, tal es el caso de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram, quien sobre la propuesta comentó “una ley de este tipo, incorporaría a la legislación una visión sobre aguas que hoy no existe, la que normalmente se ha incorporado a los usos productivos tradicionales tales como minería, acuicultura, sector silvoagropecuario y energético; valorando las aguas en sí mismas, agregándole una perspectiva ecológica, ecosistémica y de bien público de las aguas continentales”.
En un contexto de calentamiento global la protección de las aguas cruza todas las fronteras. Monti Aguirre, coordinadora para Latinoamérica de International Rivers, se sumó a esta iniciativa y sobre el panorama global expuso “los movimientos para proteger los ríos a menudo son locales, pero las consecuencias de fallar en su protección son globales: desplazamiento, pobreza, inseguridad alimentaria, pérdida de biodiversidad y una calidad de agua paupérrima en el planeta. Ríos saludables con áreas de inundación intactas son nuestra mejor defensa en contra de las grandes inundaciones y sequías, consecuencias del cambio climático. Los ríos y el agua limpia nos presentan una visión de cooperación más allá de las fronteras”.
En Chile no existe legislación orientada a la protección integral y eficaz de los ríos. El cuerpo legal que, de cierta forma, trata de hacerlo es la Ley N.º 20.017 de 2005 que tiene como finalidad reservar el recurso para el abastecimiento de la población, por no existir otros medios para obtener agua. Pero hasta la fecha solo 12 ríos, de los 1251 del país, cuentan con “Reserva de Agua” por circunstancias excepcionales y por interés nacional, mediante Decreto Supremo del Presidente de la República, según el inventario público de la Dirección General de Agua (DGA/2014).
Para Juan Pablo Orrego, presidente de Ecosistemas, la protección legislativa es un imperativo vital. “En nuestro país urge una ley integral y eficaz orientada a la protección específica de los ríos, en un contexto donde su situación es dramática. De norte a centro sur del país la mayoría de los ríos están en proceso de muerte bioecológica, donde todas las especies de peces de agua dulce están en peligro de extinción, afectadas por una multiplicidad de sectores industriales minero, agroindustrial, hidroeléctrico, de aguas servidas, con trasvases de cuencas a cuencas, etc.”
“Debemos ver a las cuencas y ríos fluviales como los órganos vitales de la biósfera que entregan innumerables funciones ecosistémicas, que redundan en múltiples servicios ambientales para la humanidad” puntualizó Orrego.
“Ahora es el momento para generar una protección permanente de los ríos. Esto no es una sutileza, es una necesidad” finalizaron desde las organizaciones ambientales que proponen la Ley de Ríos Salvajes en Chile.
Esta publicación es el resultado de una investigación que la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (hic-al) y Oxfam México, en diálogo con el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (mapder), solicitaron al colectivo Geocomunes en vista del examen al cual México sería sometido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (cdesc). Este organismo internacional tuvo la tarea de analizar los informes periódicos V y VI (que deberían haberse remitido en 2012) sobre el cumplimiento de las observaciones que dirigió al Estado mexicano en 2006 conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en el país desde 1981. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, numerosas organizaciones y redes de la sociedad civil decidieron articularse para elaborar un informe paralelo que, con el fin de contribuir a la tarea de supervisión del cdesc, le ofreciera a sus funcionarios datos alternos sobre la situación que guardan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país y en torno a los obstáculos y retrocesos que su ejercicio enfrenta, e incluso les propusiera recomendaciones para que las dirigieran al gobierno de México.
Movimiento de los Afectados por Represas denuncia nuevo crimen de la minera Vale
Una vez más la historia se repite como tragedia. De un lado la Vale S.A, gran minera mundial, y del otro el pueblo brasileño, buscando juntar cuerpos enterrados en el […]
Publicado 26/01/2019
Una vez más la historia se repite como tragedia. De un lado la Vale S.A, gran minera mundial, y del otro el pueblo brasileño, buscando juntar cuerpos enterrados en el lodo de empresas criminales.
Este 25 de enero será marcado por el rompimiento de tres represas de desechos de mineral de la Mina Córrego do Feijão, que forma parte del Complejo Paraopeba. La represa, de responsabilidad de la empresa Vale está ubicada en el municipio de Brumadinho, en la región metropolitana de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Se estima que 14 millones de m³ de desechos fueron despejados en el río Paraopeba, uno de los principales afluentes del Río São Francisco, uno de los ríos más importantes del país. Las autoridades informan que unas 150 personas están desaparecidas. Las evidencias de otro crimen socioambiental de incalculables dimensiones nos agreden nuevamente. El poder público no escuchó a las comunidades y actuó a favor del poder corporativo para flexibilizar las licencias ambientales de ampliación del complejo de represas en diciembre de 2018.
Desde el MAB entendemos que se trata de un crimen continuado por la Vale contra el pueblo brasileño. Se cumplen poco más de tres años del crimen de Samarco con la ruptura de la represa de Fundão, en Mariana, donde ninguna casa fue construída, no sabemos el número de personas afectadas, no tenemos estudios fuertes sobre los impactos en la salud, las mujeres no son reconocidas como afectadas, entre otras tantas violaciones ambientales y de derechos de los afectados. El poder judicial hasta hoy no responsabilizó a ninguno de los directores de las empresas involucradas en el crimen y no aseguró la reparación integral de las familias. Por el contrario, ha actuado en la selectividad punitiva, criminalizando la manifestación de las familias, los movimientos populares y las organizaciones de la sociedad civil.
Es importante destacar que la compañía Vale S.A ya fue una empresa del pueblo brasileño, pero en los años 90 fue privatizada. Lo que vemos actualmente es una gran empresa que actúa para mantener las tasas de ganancia de sus accionistas, sin ningún compromiso con la vida humana y el medio ambiente.
Una vez más estas grandes empresas con la connivencia de los gobiernos demuestran sus prioridad por el lucro en detrimento de la calidad de vida de la población. No hay desarrollo regional, hay destrucción de vidas y contaminación de los ríos y de la naturaleza. El MAB convoca al pueblo brasileño, por el espíritu de solidaridad y justicia social que nos mueve, a apoyar a las familias afectadas por el rompimiento de la represa de Brumadinho. Ya estamos en la región y estamos mobilizando a muchos afectados y afectadas de todo Brasil en esta tarea de solidaridad y apoyo a las víctimas, junto a tantos otros afectados y afectadas de la cuenca del río Doce y litoral de Espírito Santo ya se han voluntariado al deber de compañerismo.
Seguimos luchando por justicia en Mariana, en Brumadinho, en la cuenca del Río Doce, en el litoral capixaba y en defensa del San Francisco. Exigimos justicia en este nuevo crimen, y que la muerte de personas, de animales, de los ríos y del medio ambiente no queden una vez más impunes.Movimiento de los Afectados por Represas (MAB)
El texto que tienen en sus manos es el resultado de una investigación que la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), Oxfam México y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), solicitaron al colectivo Geocomunes en vista del examen al cual México sería sometido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (CDESC). Este organismo internacional tuvo la tarea de analizar los informes periódicos V y VI sobre el cumplimiento de las observaciones que dirigió al Estado mexicano en 2006 conforme el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en el país desde 1981. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, numerosas organizaciones y redes de la sociedad civil decidieron articularse para elaborar un informe paralelo que, con el n de contribuir a la tarea de supervisión del CDESC, le ofreciera a sus funcionarios datos alternos sobre la situación que guardan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país.
En este contexto se definió ofrecer al organismo internacional información actualizada sobre las personas desalojadas entre 2006 y 2016 por las presas hidráulicas e hidroeléctricas. Para obtener los datos se emplearon fuentes oficiales, artículos de prensa y textos académicos. El resultado del análisis es contundente: en la mayoría de los casos de proyectos ya construidos, las personas desplazadas son borradas del mapa del “desarrollo”. Tan es así que existe algún tipo de información sólo de 5 de los 35 proyectos estudiados con mayor amplitud, es decir, de 14% del total, lo que implica la violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos relacionados de estas personas y convierte su desalojo en ilegal. Al revisar la información ofrecida, el CDESC definió emitir una recomendación específica al Estado mexicano sobre desalojos forzosos.
MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS (MAPDER)
PRONUNCIAMIENTO DEL XIII ENCUENTRO NACIONAL
Las organizaciones participantes en el XIII Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos convocados para celebrar nuestra lucha y resistencia en Salsipuedes, Bienes Comunales indígenas de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, Guerrero, lugar donde dio inicio nuestro movimiento hace 15 años, damos a conocer parte de nuestro análisis y postura ante la coyuntura política nacional:
Vivimos un momento de gran efervescencia y cambio político. En menos de 15 días tomará posesión un nuevo gobierno. Existe una esperanza de cambio en los 32 millones de mexicanos que rechazaron el régimen que imperó por más de 80 años de imposición, autoritarismo, corrupción e impunidad. Con el ascenso de la derecha en América Latina comprendemos la importancia de un nuevo gobierno progresista en el continente. Sin embargo, para los movimientos que nos oponemos al extractivismo y al modelo energético imperante en nuestro país eso no significa un cambio a favor de nuestras demandas. Tenemos claro que sólo la organización y articulación de movimientos sociales podrá hacer valer la determinación de los pueblos en sus territorios.
Desde el MAPDER afirmamos que continuaremos en la defensa de pueblos y ríos ante el embate de esta nueva fase del capitalismo. El modelo energético vigente favorece a empresas privadas, despojando a la naturaleza y sus pueblos de sus condiciones de vida, sin sancionarlas por los impactos negativos que generan. Consecuentes con nuestra historia de lucha informarnos al nuevo gobierno que no aceptaremos la imposición de proyectos de presas e hidroeléctricas, así como otros modelos extractivos que han llevado al enfrentamiento, la represión y la criminalización de quienes por muchos años hemos defendido nuestras tierras, el agua, los derechos de los pueblos y los territorios.
Desde hace más de 30 años se ha venido adecuando la legislación para favorecer la inversión privada en detrimento de la naturaleza y nuestros derechos. La reciente iniciativa presentada por senadores de Morena denominada Ley de Desarrollo Agrario, que pretende abrogar la Ley Agraria va en ese mismo sentido. Se trata de la ley que dejó pendiente el gobierno peñista y da continuidad a la reforma salinista al Artículo 27 que, en 1992 abrió el campo mexicano al capital privado, nacional y extranjero. Si pretenden que ese sea el cambio, pronto van a chocar con el pueblo que los eligió.
Es inaceptable que la consulta entendida desde el Convenio 169 de la OIT esté simplificándose y banalizándose en el marco de una discusión más amplia que involucra a otros sectores de la sociedad sobre temas de “interés público”. Se invisibiliza el derecho de pueblos y comunidades campesinas e indígenas a la autodeterminación. Cualquier proyecto de nación tiene la obligación de respetar los modos de vida de quienes habitan los territorios.
Denunciamos la profundización del modelo neoliberal con proyectos para facilitar el control del territorio por gran capital como lo son las Zonas Económicas Especiales que el nuevo gobierno pretende seguir impulsando.
Como movimiento nos preocupa la situación de violencia que están viviendo los miembros y familias de los simpatizantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota. Durante el encuentro escuchamos testimonios que dan cuenta del continuo hostigamiento y represión del que han sido objeto compañeras y compañeros por parte del gobierno del estado de Guerrero a través de la policía estatal y ministerial. Esta violencia ha tenido consecuencias directas a mujeres y niños, dejándolas viudas y huérfanos, así como el encarcelamiento injusto de 19 compañeros que hasta ahora se encuentran en el penal de Las Cruces, Guerrero. Resultado de esa violencia son los hechos sucedidos el 12 de noviembre pasado contra el patrimonio familiar de Marco Antonio Suástegui.
Ante esta situación el MAPDER exige:
Investigación pronta e imparcial por la quema de las motos acuáticas, modo de vida, del líder social Marco Antonio Suástegui y sanción a los responsables.
Que el Gobierno del estado de Guerrero a través de las instancias correspondientes brinde las medidas de protección a Marco Antonio Suástegui y su familia, dado que su vida corre peligro y cese el hostigamiento y agresiones contra su persona y los miembros del CECOP.
LIBERTAD A LOS 19 PRESOS POLÍTICOS del CECOP y del compañero Gonzalo Molina de la CRAC Policía Comunitaria de Tixtla, preso en el penal de Chilpancingo.
Que se haga justicia por los compañeros asesinados el 7 de enero del año en curso en la comunidad de la Concepción, Municipio de Guerrero: Ulises García, Eusebio Elacio, Alexis Santos, Crecenciano Everardo, Feliciano Ascencio y Celerino Hernández, asesinado el 15 de noviembre del 2014.
Salida de la policía estatal del poblado de la Concepción y que cesen la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del movimiento.
Cancelación de todas las órdenes de aprehensión de los miembros del CECOP y de la policía comunitaria de Cacahuatepec.
Justicia por el asesinato de los defensores del territorio en Sierra Norte de Puebla, Antonio Esteban y Manuel Gaspar así como la aparición con vida del defensor Sergio Rivera.
Cancelación definitiva de los proyectos de las presas: La Parota, Guerrero. Las Cruces, Nayarit. El Zapotillo y El Purgatorio en Jalisco. PH Puebla 1, en la cuenca del Ajajalpan en Puebla. Paso de la Reyna, Oaxaca. Usos múltiples Xalapa y El Naranjal en Veracruz. Milpillas, Zacatecas. Rápidos Santo Domingo, mini hidroeléctricas en ríos Chespal y Cuilco, Chiapas y las hidroeléctricas en el río Bobos-Nautla, Veracruz.
Desmantelamiento inmediato de la presa el Zapotillo y auditoría al proyecto. Restauración de la cuenca del río verde.
Reparación integral de los daños causados por la construcción de las presas Zapotillo y Arcediano en Jalisco y del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz en Sierra de Zongolica.
Exigimos a los tres órdenes de gobierno revertir políticas de privatización del agua. Al gobierno Federal exigimos la eliminación de los decretos de levantamiento de vedas y la cancelación de las concesiones otorgadas a empresas privadas.
Respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios y a sus sitios sagrados.
Externamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas por el huracán Willa en la costa norte del Estado de Nayarit y el sur de Sinaloa por lo que demandamos; la atención inmediata a los 180 mil damnificados por las inundaciones causadas por dicho meteoro.
Exigimos al Gobierno de Honduras justicia por el asesinato de la compañera Berta Cáceres y protección al Consejo Cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras COPINH, a la familia de la compañera Berta y a Gustavo Castro.
Al gobierno de Colombia le exigimos verdad ante lo sucedido con la hidroeléctrica Hidroituango, asimismo que se libere el Río Cauca y se haga el desmantelamiento de la presa en Antioquía, Colombia.
Alto a la criminalización de los defensores del territorio.
Exigimos a los Gobiernos de México, Estados Unidos, Honduras, El Salvador y Guatemala que garanticen el respeto de los derechos humanos de todas las personas que forman parte de las Caravanas del Éxodo Migrante que en este momento atraviesan el territorio mexicano. Por el derecho a migrar con dignidad: ningún ser humano es ilegal.
Reconocemos la importancia de fortalecer la unidad entre los movimientos en defensa del territorio, y con otros sectores de la sociedad y de América Latina. En este sentido nos abrimos al diálogo en cada una de las regiones donde tenemos trabajo y convocamos a otras luchas a fortalecer la organización.
RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE
MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS
Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Acapulco, Gro, 18 de noviembre de 2018
