La Madre de Nuestras Aguas (Paso de la Reina, Oaxaca)

17 jul. 2014

Educa Oaxaca

El 6 de Junio de 2014,se celebró una misa en contra de la construcción de una presa hidroeléctrica sobre el Río Verde, anunciada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Paso de la Reina, municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca.

Este corto subraya la importancia espiritual de la defensa del río por parte de pueblos y comunidades de la Costa de Oaxaca. 33 comunidades de la región del Río Verde participaron, donde el Obispo de la diócesis de Puerto Escondido, Pedro Vásquez Villalobos se pronunció en contra de la construcción de la presa.

En los últimos 5 años, los habitantes de Paso de la Reina han mantenido un bloqueo a la CFE en la entrada de su pueblo, ya que desde 1961 la CFE realizó estudios en el río sin consultar a las comunidades que serían afectadas por dicho proyecto.

Paso de la Reina forma parte del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER). Desde 2006, el consejo se organiza para resistir las imposiciones neoliberales de megaproyectos sobre el río. Para más información sobre la defensa del Río Verde, visite: http://pasodelareina.org/http://educaoaxaca.org/http://endefensadelosterritorios.org

La Lucha de Rio Tabasará!

6 jul 2014

La Lucha de Rio Tabasará… Me fui con un grupo de personas a ver personalmente la Lucha de Los Indígenas por su Comarca y la compañía Hidroeléctrica, y después de ir estoy decidida a cooperar con lo que necesiten los Originarios para defender su lucha, porque estoy convencida que no nadamas están preservando su Rio, si no también los Recursos Naturales de todos los Panameños! Les pido que USTEDES también apoyen esta causa!

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Canción

Reflection

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Donovan Johnson

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Road to Home

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Presa La Parota: violación de derechos humanos.

RompevientoTV, 30 junio, 2014

En esta emisión, Alberto Solís entrevista en el estudio de rompeviento a Abel Barrera e Isidoro Vicario, director y abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, respectivamente; Vicente Suástegui, Mariluz y Esmeralda, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota; y Kenia Hernández, del Centro de Derechos Humanos Costa Chica Naxcwe. Programa transmitido el lunes 30 de junio de 2014 a las 8 y 11pm.

La red latinoamericana RedLar se pronuncia ante autoridades mexicanas sobre detención de Marco Antonio Suástegui del CECOP

22/06/2014

Redlar logo - copia

LA RED LATINOAMERICANA CONTRA LAS REPRESAS Y POR LA DEFENSA DE LOS RIOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA (REDLAR)
RECHAZA LA DETENCIÓN ILEGAL DE MARCO ANTONIO SUÁSTEGUI, LIDER OPOSITOR A LA PRESA LA PAROTA EN MÉXICO.
19 de junio de 2014
-Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación. secretario@segob.gob.mx
-Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. correo@cndh.org.mx, presidencia@cndh.org.mx
-Lic. Ángel Heladio Aguirre Rivero, Gobernador del Estado de Guerrero.
contacto@guerrero.gob.mx gobernador@guerrero.gob.mx
-Lic. Jesús Martínez Garnelo, Secretario de Gobierno del Estado de Guerrero.
contacto@guerrero.gob.mx, secretariageneral@guerrero.gob.mx
-Lic. Lambertina Galeana Marín, Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. presidenciapje@tsj-guerrero.gob.mx
-C. Leonardo Octavio Vázquez Pérez, Secretario de Seguridad Pública y Protección Civil del Estado de Guerrero. sspypc@guerrero.gob.mx
-Lic. Monte Alejandro Rubido García. Comisionado Nacional de Seguridad. mrubido@secretariadoejecutivo.gob.mx
-A la Opinión Pública Nacional e Internacional.

El día 17 de junio de 2014, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) instruyó un aparatoso operativo para detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), organización campesina que desde hace más de diez años se encuentra en resistencia contra la construcción de la Presa Hidroeléctrica “La Parota”, en defensa de sus tierras comunales en el afluente del río papagayo, del Municipio de Acapulco, Guerrero, México. Suástegui fue interceptado por más 15 Policías Ministeriales. Con lujo de violencia lo bajaron de su vehículo y sin orden de aprehensión. Una vez que lo sometieron le espetaron que si oponía resistencia lo iban a matar. En el trayecto recibió varios golpes y amenazas, diciéndole que eso le pasaba por «andar de revoltoso».
Posteriormente lo trasladaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces en Acapulco, sin permitirle que pudiera comunicarse con sus representantes legales o con sus familiares. Luego fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 04 Noroeste en Tepic, Nayarit, dándole un trato de delincuente de alta peligrosidad, lo que implica una grave afectación al derecho a una defensa adecuada, que reconoce el artículo 20 de la Constitución, pues deja al detenido sin poder tener una comunicación fluida y constante con sus defensores. Es importante mencionar que dicho mecanismo ha sido utilizado en los últimos meses por el Gobierno del Estado de Guerrero en contra de otros líderes de movimientos sociales, desnaturalizando la misma finalidad de los centros federales de seguridad media y máxima, pues estos terminan siendo usados no para recluir a los presuntos delincuentes que más dañan a la sociedad, sino para dirigentes de movimientos sociales.
La detención del dirigente del CECOP, tiene como claro objetivo debilitar el movimiento de dicha organización campesina, que por más de una década se ha opuesto a la imposición del Proyecto Hidroeléctrico “ La Parota”; el cual, cabe recordar, ha sido incluido en el nuevo plan de reconstrucción del estado del Ejecutivo Federal denominado “Nuevo Guerrero” y se suma a la larga lista de casos de criminalización de los movimientos sociales en el estado de Guerrero.
La REDLAR exige el respeto a los derechos humanos en el marco de los instrumentos internacionales signados por el gobierno mexicano a fin de:
1. La liberación inmediata de Marco Antonio Suástegui Muñoz, dirigente del Cecop.
2. Revocar su traslado ilegal, arbitrario y violatorio a los derechos humanos fuera del estado de Guerrero.
3. Investigación y castigo a los servidores públicos por los maltratos físicos y psicológicos cometidos contra Marco Antonio Suástegui. Del mismo modo garantizar su integridad física y psicológica.
4. El respeto irrestricto de su derecho a una defensa adecuada y al debido proceso.
5. Poner fin a la instauración de otros procesos penales en su contra.
6. Poner fin a la persecución, intimidación, criminalización y represión contra otros dirigentes del CECOP.
7. Poner fin al Proyecto Hidroeléctrico de la Parota, toda vez que las comunidades indígenas ya han manifestado su rechazo por las afectaciones a sus territorios y en el marco del Convenio 169 de la OIT.

RED LATINOAMERICANA CONTRA LAS REPRESAS
Y POR LA DEFENSA DE LOS RIOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA (REDLAR)
http://www.redlar.net/

La red latinoamericana RedLar se pronuncia ante autoridades mexicanas sobre detención de Marco Antonio Suástegui del CECOP

La presa El Zapotillo, una amenaza para Temacapulin, Acasico y Palmarejo

Mariomarlo1, 9 junio, 2014

Desde hace nueve años los pobladores de la comunidad de Temacapulín hubicada en los altos de Jalisco, emprendieron una lucha contra la construcción de la presa El Zapotillo. A pesar de existir un amparo por la Suprema Corte de Justicia, para detener la construcción de la presa que medirá 105 metros de altura, los tres niveles de gobierno (estatal, municipal y federal) no lo están respetando y los avances de la obra continúan. Son 45 mil habitantes los afectados, de los cuales 1000 son directamente. Los que están trabajando en los Estados Unidos o en la ciudad de Jalisco, que van entre 3000 y 5000, también perderían sus casas en Temacapulin.

DEMANDAMOS AL GOBIERNO DE MÉXICO LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DE PROYECTOS DE PRESAS

14/03/2014

14 de marzo del 2014

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

A los medios de comunicación nacionales e internacionales y al pueblo en general:

El 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas, por los Ríos, el Agua y la Vida, es la fecha durante la cual, las comunidades y organizaciones afectadas por proyectos de represas en el mundo salen a la calle a demandar justicia a sus gobiernos, a las compañías constructoras y productoras de electricidad y a la sociedad en general. Según la Organización de las Naciones Unidas, unas 80 millones de personas han sido desplazadas en todo el mundo. En nuestro estado, las represas que fueron construidas en nombre del supuesto “desarrollo”, solo trajeron, como en muchas otras partes, mayor marginación a cientos de comunidades que vivían de la pesca y la agricultura.

Desde 1997, fecha en la que se organizó el Primer Encuentro Internacional de Damnificados por las Represas (Curitiba, Brasil), hemos podido comprobar una y otra vez de manera sistemática, que los engaños con los que los gobiernos y compañías se apropian de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, siguen siendo los mismos. Además, es posible afirmar que en las comunidades, las tarifas de la electricidad son elevadísimas, mientras que grandes compañías reciben subsidios para no pagar. Vemos que el costo social y ambiental lo asumen los pueblos al tiempo que unos cuantos se enriquecen acaparando los bienes comunes y provocando daños a la gente y al medio ambiente.

En México, el Movimiento ha sido señalado en numerosas ocasiones de provocar la desestabilización. En los estados de Guerrero y Oaxaca, la Comisión Federal de Electricidad y otras dependencias federales y estatales han acusado a las organizaciones que acompañan a las comunidades de estar del lado de los países ricos. En Veracruz, nuestro compañero Noé Vázquez Ortiz fue asesinado un día antes de comenzar el Encuentro Nacional del MAPDER, en agosto del año pasado. En Chiapas, el proyecto Chicoasén II está causando división en las comunidades debido a que el gobierno organizó una asamblea ejidal fraudulenta, acarreando campesinos de otras comunidades el 17 de noviembre de 2013 para que votaran a favor de la construcción. En las regiones del Soconusco y Sierra, las autoridades federales han respondido con menosprecio a la declaración de territorios libres de minería y represas, llevada a cabo el 10 de diciembre del año pasado en la ciudad de Tapachula, Chiapas. La Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Economía simplemente ignoraron la demanda de 47 comunidades de cancelar las represas y minas en esa región y se limitaron a contestar que están facultadas para autorizar dichos proyectos. Mientras, las familias afectadas por el llamado Tapón del Grijalva todavía esperan la indemnización por sus tierras y una vivienda digna que no se caiga a pedazos, como las casas que recibieron en la Ciudad Rural Nuevo San Juan de Grijalva. Y no sólo eso, cuando estas mismas familias salieron a las calles para manifestarse por la falta de justicia, hubieron detenidos que fueron trasladados a diferentes cárceles, como ha sido registrado en recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las amenazas, sobornos, órdenes de aprehensión y hasta asesinatos son el pan de cada día de quienes trabajan para proteger al medio ambiente y a sus familias.

Vemos pues que el desdén de las autoridades y compañías nos unen en la lucha por el respeto de nuestros derechos y del medio ambiente a escala local, regional e internacional. Es por esto que nos oponemos firmemente a las reformas estructurales aprobadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como al proyecto de reforma agraria que será analizado próximamente y todos los venideros. Estos cambios constitucionales traerán solamente más violaciones a los derechos humanos y más destrucción de nuestra madre tierra.

A pesar de este panorama, en todos los rincones del país se están haciendo sentir brotes de organización y resistencia de los pueblos originarios por rechazar estas amenazas a la vida. En el estado de Puebla, miles de campesinos se encuentran dando una lucha directa en contra de la construcción de los proyectos hidroeléctricos que pretenden imponer sobre el rio de Apulco, que nace en La Soledad, tierras Poblanas donde Carlos Slim pretende construir la mina de oro a cielo abierto más grande de América. También en Veracruz, las comunidades impulsan una dura lucha contra la instalación de represas en los ríos Pescados, La Antigua, Blanco, entre otros, realizando todo tipo de acciones pacíficas y de desobediencia civil, que a la fecha han logrado frenar en cierta forma la avalancha de represas de los 112 proyectos planeados, tan sólo para este estado.

La resistencia contra estos proyectos de muerte en todo el país ha sido peligrosa, debido a la impunidad con que operan empresas, gobierno y crimen organizado, pero también ha demostrado que es la única forma de bloquear proyectos millonarios y defender el medio ambiente y las comunidades.

Por todo lo anterior, en este día de lucha demandamos al gobierno de México la suspensión de todos los proyectos y concesiones hasta que las comunidades hayan sido consultadas, libre y previamente, así como el respeto a la voluntad de las mismas y a su derecho a la libre autodeterminación.

Atentamente,

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos Chiapas y

Movimiento Mexicano de Alternativas a las Afectaciones Ambientales y el Cambio Climático

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

¡Libertad a los presos políticos del país!

¡Castigo a los asesinos de Noé Vázquez Ortiz, Bety Cariño, Bernardo Vázquez, Mariano Abarca y demás luchadores sociales!

DEMANDAMOS AL GOBIERNO DE MÉXICO LA INMEDIATA SUSPENSIÓN DE PROYECTOS DE PRESAS

El pueblo Ngäbe, en pie otra vez contra los megaproyectos

causas Panamá

El pueblo Ngäbe, en pie otra vez contra los megaproyectos

martes 18 de febrero de 2014

Hay pueblos que cargan en su espalda la defensa de lo fundamental: la tierra y la dignidad. El Ngäbe y el Buglé (en la actual Panamá) son de esos. Ante la inminente entrada de la maquinaria y la fuerte presencia policial en el río Tabasará, los ngäbe se han organizado en campamentos de resistencia. La tensión es fuerte, la historia trae malos recuerdos.

Resistencia en Quebrada Caña
Resistencia en Quebrada Caña

Por Equipo Otramérica

El pueblo Ngäbe ha tenido durísimos choques con el actual Gobierno de Panamá. Primero fue en Changuinola (Bocas del Toro) en 2010 y fue mucha la sangre que corrió de obreros ngäbe de las bananeras. Después, en 2011 y 2012, miles de ngäbe y de buglé se concentraron a lo largo de la carretera Panamericana para defender la integridad de su territorio legalmente reconocido (la Comarca Ngäbe Buglé y los territorios anexos) frente a la expansión de los megaproyectos energéticos y extractivos. Una de sus exigencias, teóricamente aceptada por el presidente Ricardo Martinelli tras duras jornadas de represión policial, era que la Comarca quedara libre de hidroeléctricas y de minería. El Gobierno firmó los acuerdos de San Félix y San Lorenzo, utilizó a Naciones Unidas para dilatar un proceso de verificación y, desde su óptica, debilitar un movimiento de resistencia que había despertado, además, la solidaridad de la mayor parte de la sociedad panameña.

La pasada semana ese mismo gobierno autorizó a la empresa Generadora del Istmo a reanudar las obras de la represa de Barro Blanco, en el río Tabasará, un proyecto al que los indígenas se han opuesto desde el inicio por las graves afectaciones a 40 comunidades y al ambiente. Los tres lugares más amenazados a partir de ayer, lunes 17 de febrero, son Quebrada Caña, Nuevo Palomar y la comunidad cultural de Kiad. Y es en estos puntos donde desde el fin de semana se han ido concentrado centenares de ngäbe para evitar que la herida sobre su territorio siga creciendo. La resistencia es firme y la presencia policial en la localidad de Tolé, masiva.

Organizaciones de Panamá y de la región han mostrado su solidaridad con la lucha en el río Tabasará y han denunciado que “el movimiento policial en la zona es evidente, lo que indica una alta posibilidad de que se produzcan nuevos casos de abuso policial y violaciones a los derechos humanos en contra de los pobladores, que se han declarado en estado de alerta para defender su territorio, vivienda, alimentos, su identidad cultural y su proyecto de vida como pueblo indígena”. Recuerdan además que “estas violaciones, en caso de producirse, se sumarían a aquellas producidas masivamente en los años 2010, 2011 y 2012, en Changuinola, la comarca Ngäbe Buglé y Colón, además de las violaciones a la consulta previa, libre e informada, el incumplimiento de acuerdos y la denegación de justicia ante el Órgano Judicial que han sufrido las comunidades afectadas por este proyecto, desde su inicio y hasta la fecha”.

La Historia

Barro Blanco ha sido un punto innegociable para el Gobierno panameño, aunque haya jugado a negociar. Como señala el ambientalista Óscar Sogandares, “las negociaciones de paz entre el gobierno y la Comarca Ngäbe Buglé terminó en un acuerdo de compromiso entre las dos partes que resultaron en la aprobación de la Ley Especial 11, en vigor desde abril. Esta nueva ley anulaba las concesiones mineras y se prohíbe la minería en el futuro. También establece que los proyectos hidroeléctricos en el futuro que el gobierno planea en el territorio estarán sujetos a la aprobación de las autoridades indígenas y el referéndum de los residentes de la zona. La Comarca Ngöbe-Buglé deberán recibir el 5% de la facturación anual de los proyectos. Sin embargo, la polémica presa de Barro Blanco seguirá adelante – las concesiones hidroeléctricas ya otorgadas no serán suspendidos. Una revisión del EIA del proyecto se acordó para salir del estancamiento”.

El acuerdo no gustó a parte de las bases ngäbe y buglé y el informe de Naciones Unidas sobre Barro Blanco, aunque muy crítico, no ha servido para paralizar las obras. Los ngäbe y buglé son los pueblos originarios mayoritarios en Panamá y su Comarca ocupa una parte importante del centro y oeste del país. 

Sogandares recuerda que Barro Blanco es un  proyecto hidroeléctrica  MDL de 28,84 MW  en el río Tabasará . Su propietario, Luis Kafie, magnate eléctrico de Honduras, donde produce el 30% de su energía y enfrenta a una serie de denuncias ambientales. Está siendo financiado por los bancos europeos de Alemania (DEG) y Holanda (FMO). El proyecto fue aprobado con arreglo al régimen de compensación de la ONU en junio de 2011 a pesar de las inexactitudes de su Estudio de Impacto Ambiental y la falta de consultas con los interesados. La presa inundará tierras pertenecientes a la Comarca Ngäbe Buglé – una reserva de propiedad colectiva administrada por el grupo indígena Ngäbe Buglé de Panamá. Más de media docena de municipios a lo largo de las riberas del río en la Comarca serán inundadas y los medios de subsistencia de unos 5.000 agricultores Ngäbe que dependen del río para obtener agua potable, la agricultura y la pesca se perderá irremediablemente.

http://otramerica.com/causas/el-pueblo-ngaebe-pie-otra-vez-contra-megaproyectos/3110

V Encuentro de la REDLAR

14 octubre, 2013

Porcopudever

Entre el 7 y 12 de octubre de 2013 se realizó en Guatemala, en la comunidad Retalteco, municipio de las Cruces, El Petén, el V Encuentro de la REDLAR con la participación de 537 delegados y delegadas de comunidades afectadas por represas de 14 países latinoamericanos.

Inicialmente las delegaciones internacionales realizaron visitas a comunidades amenazadas por la construcción de represas en Huehuetenango, Ixcán, Purulhá y Petén.

Durante el evento se compartieron informaciones, se analizaron las políticas e intereses que están detrás de la construcción de represas y discutieron estrategias de acción conjunta.

La realidad demuestra que en todos los países se vive un política extremadamente agresiva que promueve la explotación de los bienes naturales y profundiza el modelo extractivista que antepone los intereses de los poderes económicos y políticos al bienestar de la mayoría de la población, lo que requiere de cada vez de más energía y minerales, para satisfacer las necesidades del mercado.  En su ambición éste sistema alienta un consumo depredador, que pone en riesgo la vida de todos los seres vivos, atentando contra la subsistencia de las comunidades más pobres y vulnerables, afectando particularmente a mujeres y niños.

Las empresas y gobiernos  no dudan en utilizar engaños y violencia con tal de apropiarse de nuestros bienes comunes.   En la actualidad estamos viviendo un nuevo despojo hacia los pueblos originarios.

La alianza entre gobiernos y las corporaciones propicia la falta de información y consulta a las comunidades, la el despojo y desplazamiento a los pueblos originarios y tradicionales, el incumplimiento a la de reparación del daño por represas construidas, la adecuación de las legislaciones nacionales a la medida de los intereses de las grandes empresas, la parcialidad de los sistemas de justicia, la militarización de las regiones y comunidades que defiende su territorio y la persecución judicial, secuestros, torturas y asesinados de defensoras/es de derechos, son el común denominador en nuestros países latinoamericanos.

Nuevamente se constatan los graves daños sociales y ambientales generados por las represas, que afectan negativamente la tierra, alimentación, vivienda, salud y otros derechos humanos de millones de personas y de la naturaleza.  Esta alianza promueve proyectos mineros y petroleros que se apropian, extraen contaminan y mercantilizan el agua.  La promesa del desarrollo no es más que el espejismo con el que engañan a las comunidades.

Las represas hacen parte de un discurso que propone falsas soluciones.  No son energía limpia, son destructivas y contaminantes, causan efectos ambientales y sociales irreversibles, alteran el curso de los ríos, provocan desplazamientos masivos, acaparamiento de tierras, destrucción de la biodiversidad y divisiones comunitarias.

El aumento de los conflictos sociales es provocado por la imposición a las comunidades de los planes gubernamentales, sin contar con su consentimiento libre, previo e informado.   La REDLAR  promueve los derechos de las personas, la defensa de la naturaleza y la justicia social.

Después de seis días de compartir saberes y experiencias:
Reafirmamos el compromiso de continuar con la defensa de los ríos y la vida, y resistir a la imposición de los megaproyectos.

Proponemos transformar el modelo energético actual por uno que reconozca y respete los saberes ancestrales; priorice las necesidades de los pueblos ante los intereses del mercado global; donde la energía no se conciba como una mercancía, sino como un derecho fundamental de los pueblos, dentro de una lógica de consumo responsable y formas de generación respetuosas de los derechos de la Madre Tierra.

Exigimos a los Estados latinoamericanos la indemnización, reparación y compensación integral del daño a las comunidades desplazadas por represas

Demandamos el respeto a los derechos de las comunidades donde se pretende construir nuevas represas, en base a los parámetros definidos por convenios internaciones de protección a los derechos humanos e indígenas, respetando su derecho a decir NO, respetando los resultados de las consultas comunitarias, plebiscitos y otros mecanismos de toma de decisiones.

Condenamos los asesinatos, secuestros, torturas, represión, criminalización y judicialización a las comunidades y defensores/as de derechos.

Manifestamos nuestra especial solidaridad con los hermanos hondureños de COPINH, de Santa Cruz Barillas y Cobán, que están siendo criminalizados por su lucha.

Convocamos a nuestras hermanas y hermanos en toda América Latina:

A mantener con firmeza nuestra resistencia y lucha por la defensa de la sagrada vida, por la Madre Tierra, los ríos y el agua.

A fortalecer las redes y movimientos locales, nacionales y regionales contra las represas y en defensa del territorio.

A promover alianzas estratégicas con otros movimientos del campo y la ciudad que luchan por sociedades con justicia y dignidad.

AGUA, TIERRA Y ENERGÍA, NO SON MERCANCÍA

RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE

RÍOS LIBRES, PUEBLOS LIBRES

EL AGUA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE

RED LATINOAMERICANA CONTRA REPRESAS Y POR LOS RÍOS, SUS COMUNIDADES Y EL AGUA –REDLAR–

V Encuentro de la REDLAR