COPINH – Los asesinos mantuvieron comunicación a través de una cadena compartimentada que llegaba hasta los más altos rangos de la directiva de la empresa cuya represa ella había estado protestando.
Los mensajes de texto y Whatsapp muestran que la conspiración contra Berta Cáceres involucró a los más altos rangos de la empresa cuya represa había estado protestando.
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COMUNICADO DE PRENSA
Fallo de Corte de Apelaciones confirma a Honduras la deshonra de ser el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo
El pasado 15 de agosto, miembros del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa, en Honduras, informaron en conferencia de prensa que la Corte de Apelaciones, en el departamento de Francisco Morazán, revoco el sobreseimiento definitivo a favor de los defensores ambientales Juan Antonio López, Carlos Leonel George, Reynaldo Domínguez, José Adalí Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos. La corte también ordeno el procesamiento formal de los imputados junto a otros 8 defensores que se encuentran en prisión preventiva desde hace 11 meses, por los supuestos delitos de incendio agravado en perjuicio de la empresa minera Los Pinares y privación injusta de libertad contra Santos Corea, el jefe de una empresa de seguridad contratada por la minera.
El abogado, Edy Tabora, miembro del equipo de defensa legal declaro en un comunicado de prensa que “La decisión de la corte reafirma la clara alianza entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y el sector privado para castigar a todo aquel que se atreva a defender los bienes públicos y comunes de Honduras”
Efectivamente, esta decisión del sistema judicial hondureño confirma un patrón de persecución política a nivel regional, en un contexto donde los gobiernos de la región CA4, están utilizando las medidas de confinamiento por la pandemia COVID 19, para el control social a través de la suspensión selectiva de derechos civiles, la criminalización de la protesta social y el acoso contra defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo que se intensifica el andamiaje institucional que consolida el modelo económico extractivista que se fragua desde hace más de una década para facilitar el despojo de los bienes comunes de nuestra región.
En Tocoa, el servilismo del gobierno a los intereses de la empresa Los Pinares/Ecotek se evidencia al desplegar toda la maquinaria represiva y judicial del estado contra las comunidades que han denunciado férreamente las actividades ilegales y dañinas de la empresa y las irregularidades en el proceso de emisión de licencias mineras dentro de los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Los hallazgos preliminares de un reporte realizado por ACAFREMIN en el 2019, con el apoyo académico de tres universidades de Canadá, Inglaterra y los Estados Unidos, encuentran que en el caso de los defensores del río Guapinol y San Pedro:
Con el reciente fallo de la Corte de Apelaciones, el estado hondureño confirma su triste status como el país más peligroso para defensores ambientales en el mundo, y junto a Guatemala y Nicaragua se adjudican la infamia de engrosar la lista de los 5 países más violadores de derechos ambientales, según el reporte “Defender el Mañana,” publicado recientemente por organización Global Witness, que documenta la persecución a los defensores del agua y la tierra en el mundo.
Esta es la nueva normalidad de nuestra región, una normalidad donde se consolida el avance neoliberal con el predominio de empresas extractivas multinacionales; que, junto a capitales locales, operan dentro de marcos normativos favorables a sus intereses en detrimento del bien común, en detrimento de las propuestas por la sustentabilidad de los pueblos, en detrimento de la bio-diversidad y en detrimento de la diversidad cultural de naciones indígenas que son las guardianes de la naturaleza desde tiempos ancestrales.
Como Alianza Centroamericana Frente a la Minería, ACAFREMIN, nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas del Comité para la Defensa de los Bienes Públicos y Comunes de Tocoa y declaramos nuestro apoyo incondicional a su lucha. Demandamos que el estado hondureño cumpla con sus obligaciones internacionales de proteger a los defensores de derechos y nombramos al gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández como el único responsable por cualquier violación a la integridad física, psicológica y moral de los miembros del Comité.
También, hacemos eco a las demandas de los y las defensoras de derechos de Tocoa y el Bajo Aguan y exigimos:
Como alianza, reiteramos la urgencia de construir modelos de desarrollo sustentable, donde nuestros pueblos ejerciten el derecho a elegir libremente proyectos que utilicen racionalmente los bienes naturales de nuestros países; con ese fin, hacemos un llamado a las comunidades en resistencia, a las organizaciones sociales, y los movimientos progresistas de Centroamérica a generar diálogos y unificar criterios de resistencia ante la “normalidad” emergente.
#Guapinolresiste #libertadparaGuapinol #AmasrepresionMaslucha
MAS INFO:
Causa Berta Cáceres. (HERE in English)
Hijas e hijo de Berta Cáceres junto al equipo legal y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH hacen del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional lo siguiente acerca de las recientes noticias del cambio de la jueza en el proceso contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres.
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
Dado a los 20 días del mes de agosto de 2020.
Coordenada JaliscoRadio Chicharra
por Perimetral 19 de agosto, 2020
La Asamblea de Pueblos en Resistencia de la cuenca Chapala-Santiago, en un esfuerzo colectivo se organizan ante los embates de la contaminación generada por los grandes capitales.
Lanzan una campaña de pequeños videos desde su palabra y visión de la problemática, sin intermediarios para parar la muerte y la enfermedad que está matando a la gente, la vida comunitaria y llevando al extremo la resistencia.
Huaxtla
Pequeño pueblo barranqueño afectado por la contaminación de los vertederos metropolitanos Hasar’s y Picachos ubicados al noreste de Zapopan, además de ser amenazado por nuevos proyectos energéticos de geotermia, y por la contaminación del río Santiago.
El Salto
Quizá hablamos del más claro ejemplo de lo que representa una zona de sacrificio en aras del crecimiento urbano-industrial. Las ganancias de unos pocos empresarios las hemos auspiciado nosotros, la gente del río, con la devastación de nuestro territorio, con la degradación de nuestra salud y con la vida de nuestros seres que nos han sido arrebatados por una muerte no elegida. Las descargas del corredor industrial de El Salto, las descargas domésticas de la cuenca de El Ahogado, los escurrimientos de pesticidas y la basura de buena parte del área metropolitana de Guadalajara que llega al vertedero Los Laureles, convergen en nuestro territorio para hacernos la guerra, para envenenarnos. Nuestros pueblos están en pie de lucha desde hace décadas y no descansaremos hasta que se haga justicia y hasta ver nuestro río vivo.
Autor
BAJAR CARTA COMPLETA EN PDF EN:
https://red-lar.org/wp-content/uploads/2020/08/CARTA-AL-BID-PROYECTO-HIDROELECTRICO-JILAMITO.pdf
| por Otros Mundos AC
Les compartimos este vídeo sobre unas de las propuestas a la cual le apostamos para generar un cambio desde y para el pueblo y las comunidades.
La Escuela de Justicia Energética nace con el fin de aprender colectivamente sobre el significado del actual Modelo Extractivo Energético, sus consecuencias socio ambientales en los territorios, elaborar análisis y diagnósticos colectivos para diseñar estrategias conjuntas que se encaminen no solo a la resistencia contra este modelo en favor de nuestros ríos y pueblos, sino para reflexionar sobre un nuevo modelo energético. https://www.youtube.com/embed/EKcXRoNyIGc?feature=oembed
Las políticas neoliberales han llevado a la privatización de la producción, distribución y comercialización de la energía en manos de las grandes corporaciones trasnacionales. La energía centralizada, privada, de grandes costos, ha levantado mucha indignación y protestas por todo el mundo. Las resistencias de los pueblos a este despojo llevó a que en América Latina se creara la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR) y luego el Movimiento de Afectados por las Represas (MAR). Luego nacieron algunas redes nacionales para compartir experiencias y estrategias de lucha. En México conformamos el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Frente a estas resistencias los gobiernos y las grandes empresas constructoras de represas quisieron cambiar el discurso para convencer que las hidroeléctricas son limpias, verdes, sustentables y amigables con el medio ambiente sumando la responsabilidad social de las corporaciones constructoras. Han pretendido convencer que las supuestas medianas y pequeñas represas ya no contaminan ni desplazan. Sin embargo, el uso de la energía renovable bajo el mismo modelo extractivo energético genera las mismas consecuencias. Por ello, sólo con la información, la formación, la consciencia colectiva de los pueblos sobre este modelo extractivo, la movilización, entre otras estrategias de prevención, se puede construir nuevos horizontes, nuevos paradigmas, nuevos modelos energéticos en manos de los pueblos y para los pueblos.
Más información:
Autores: Maya Pinzón, Hoibyn Cardona y Diego Andrés Martínez Z.
Esta guía entrega una propuesta metodológica para el monitoreo comunitaria del agua. Aunque, en principio, la guía estará acompañada de una maleta con materiales para su uso, también puede ser usado de forma independiente para la construcción de estrategias de monitoreo para cuencas hidrográficas en diferentes territorios.
Nuestro ejercicio pedagógico popular, en los últimos años, ha construido conocimiento e incentivado prácticas entorno a los derechos de los pueblos y las comunidades a participar y decidir sobre el uso de los bienes comunes, construyendo colectivamente controles democráticos para su manejo. Bajo este horizonte, el presente documento entrega renovadas reflexiones e instrumentos para el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua en los territorios. La siguiente propuesta no habría tenido espacio para su maduración sin el diálogo abierto y honesto con compañeras y compañeros que durante años han participado en las escuelas del agua en diferentes departamentos de Colombia como el Meta, Cundinamarca, Santander, Nariño, Caquetá, Putumayo, Cauca y Norte de Santander. A todos y todas ellas nuestro mayor agradecimiento.
Esta guía entrega una propuesta metodológica para el monitoreo comunitaria del agua. Aunque, en principio, la guía estará acompañada de una maleta con materiales para su uso, también puede ser usado de forma independiente para la construcción de estrategias de monitoreo para cuencas hidrográficas en diferentes territorios. En este sentido, compartimos las siguientes propuestas de prácticas con la certeza que su contenido sea utilizado creativamente por cada una de las comunidades y regiones donde sea leída.
Esperamos que esta guía para el monitoreo comunitario del agua incentive autonomías populares para la defensa de los bienes comunes y que aporte a las propuestas de un ordenamiento territorial alrededor del agua.
Compartimos este vídeo publicado en Educa Oaxaca sobre el aniversario 13 del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde – A 29 de julio de 2020
El 11 de julio de 2007 se constituye el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) ante la amenaza de represar el río Verde, uno de los ríos vivos más caudalosos del estado de Oaxaca. El COPUDEVER es una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y organizaciones de la sierra sur y costa oaxaqueña, donde participan autoridades tradicionales, autoridades agrarias y municipales, comités comunitarios, ciudadanos, ciudadanas, ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, también jóvenes y mujeres. La organización tiene la encomienda de proteger y salvaguardar los territorios, bienes naturales y culturales de los pueblos chatinos, mixtecos, afro oaxaqueños y mestizos de la región de la costa y sierra sur del estado de Oaxaca frente a los Proyecto Hidroeléctricos “Paso de la Reina” y “Río Verde”, además de otros proyectos extractivos. El COPUDEVER promueve la paz, el respeto a todas las formas de vida, la ayuda mutua, la comunidad, la noviolencia y la solidaridad entre personas y pueblos.
12 agosto 2020
Ciudad de México | Desinformémonos. A seis años del ecocidio en los ríos Bacanuchi y Sonora por el derrame de 40 millones de litros de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) criticó la falta de acciones por parte del gobierno federal para acabar con la impunidad en el caso y sancionar al empresario responsable Germán Larrea.
«Hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la República ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo», señaló la REMA en un comunicado, en el que recordaron que el derrame en el río Sonora fue tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas.
Denunció que, a seis años de la tragedia, el río sigue contaminado y sólo existe una planta potabilizadora, «la cual deja de funcionar por largos periodos». «El fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco», agregó.
Además, la REMA acusó que el hospital para atender a los afectados por el derrame quedó inconcluso «y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó».
Frente a la impunidad, la Red exigió la incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños al medio ambiente y las víctimas, así como que Germán Larrea sea sancionado penalmente.
A continuación el comunicado completo:
El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.
Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua para la agricultura y sin agua para sus animales.
El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.
La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los días previos al derrame.
Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus utilidades.
Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera. Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte, aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la población que estuvo expuesta al agua contaminada.
Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta, demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia, y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este personaje.
La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en sectores de la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador, nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora haya sido tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno[1]. Si acaso existe la 4T se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo, rechaza la posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes han sufrido la violencia impune de Grupo México.
CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES
Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas, trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.
ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:
¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
[1] Grupo México ha recibido la autorización para la construcción de una Nueva Presa de Jales en Bacanuchi y la construcción de un acueducto de 11 Km de extensión, para llevar agua desde la Caballera hasta las instalaciones de Grupo México. Este material periodístico es de libre acceso y reproducción. No está financiado por Nestlé ni por Monsanto. Desinformémonos no depende de ellas ni de otras como ellas, pero si de ti. Apoya el periodismo independiente. Es tuyo.