Esta carretera conducía a un antiguo pueblo que desapareció bajo el agua de una represa Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
Pese a las reiteradas protestas y los intentos de frenar la construcción, la obra llegó a su etapa final y quedó bajo el agua Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
La pequeña ciudad de Hasankeyf estuvo habitada por más de 12.000 años y de ella no queda casi nada Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
Estas eran sus casas que quedaron bajo las aguas de la represa hidroeléctrica Ilisu en el río Tigris Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
La represa fue construida también para fomentar el turismo, ya que permite la natación y los paseos en barco Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
Sus últimos residentes se negaban a abandonar sus casas construidas en la cueva de una montaña. Enero de 2019 Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
Se construyó un pueblo nuevo para los habitantes que quedaron varados y que pertenecían al pueblo sumergido Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
Una vista del nuevo pueblo de Hasankeyf, bautizado con el mismo nombre del que desapareció Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
Antiguas casas y construcciones quedaron bajo el agua y solo permanecen los recuerdos Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
Hoy los turistas disfrutan del agua y de navegar por el río Tigris Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
En 2019, los habitantes aún albergaban un poco de esperanza para que la represa no se construyera, pero hoy todo ese anhelo desapareció Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
Vista de la enorme presa, donde aún pueden verse unos pocos restos del antiguo pueblo Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
La mezquita Ayyubí del siglo XIV fue parte de las tareas que realizaron para preservar el patrimonio Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
Así se vé hoy Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
Esta zona hoy se encuentra bajo el agua Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
La fotografía, tomada el 3 de agosto de 2020, muestra a un pastor alejándose con su rebaño de la ciudad recién construida de Hasankeyf Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
Una paraje se toma fotografías de boda a orillas del río Foto: Bulent Kilic – Fuente: AFP
Desde hace muchos años se advierte la necesidad de eliminar los hidrocarburos como fuente de energía y como combustible para alimentar el sistema actual de vida, de producción y de consumo en todo el planeta.
· HOY #DíaInternacionalDeLosPueblosIndígenas te recordamos que el 25% de las aguas nacionales provienen de territorios habitados, cuidados y defendidos por pueblos indígenas, por eso URGE una #NuevaLeyDeAguasYa que garantice los derechos colectivos en armonía con los #12xelagua
Carta dirigida al Gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. La carta va suscrita por un total de 25 organizaciones, colectivos y redes del Estado de Guanajuato.
La ciudad de León, Guanajuato, deja sin tratamiento 259 millones de litros diarios de aguas residuales; cobra a usuarios por un servicio que no sirve y contamina cuando debería asegurar agua de calidad
Texto y fotos: Alonso Merino Lubetzky / PopLab
GUANAJUATO.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) que se ha vanagloriado por años de ser «el mejor organismo de agua de México» cobra a los leoneses por un saneamiento inexistente y peligrosamente contaminante. Veinte años después de que prometió tratar las aguas tóxicas de la industria curtidora, millones de litros anuales del líquido son arrojados sin tratamiento al Río Turbio, el cual afluye al Río Lerma y, finalmente, desemboca en el Lago de Chapala en Jalisco. De resultas, SAPAL lleva dos décadas financiando un sistema municipal de tratamiento de agua que no sirve, haciendo uso de las contribuciones ciudadanas.
En un contexto de insuficiencia en el acceso a agua potable para una buena parte de la población, así como de un estrés hídrico en el Valle de León, el SAPAL mantiene las aguas de la ciudad en grados de insalubridad muy preocupantes: vierte a ríos y arroyos aguas residuales de la industria curtidora que no son tratadas en lo absoluto.
De acuerdo con la información presentada en la rueda de prensa “El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y la Industria Curtidora. Principales contaminadores de la Cuenca del Río Turbio”, ofrecida por la organización Acción Colectiva Socioambiental, A.C. el pasado 4 de agosto, el sistema municipal de aguas en León «no trata todas las aguas residuales que recibe la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), pero sí nos cobra el saneamiento».
La Planta fue inaugurada en septiembre del año 2000 con el objetivo de gestionar, tratar y sanear las aguas domésticas de León. Luego en 2009 se finalizaron las obras del llamado Módulo de Desbaste (MD) para gestionar, además, las aguas residuales de la industria curtidora. Sería un proceso de tratamiento distinto y con base en estándares específicos de saneamiento, ya que el agua que resulta de la curtiduría contiene componentes químicos de tipo industrial.
El MD fue inaugurado cuando la industria curtidora era reubicada hacia el suroeste de la ciudad, rumbo a la carretera a San Francisco Rincón, donde se ubica la planta de tratamiento. Ahí mismo, solo divididas por el Arroyo Hondo, la PTAR y el Módulo de Desbaste se conectan respectivamente al colector municipal e industrial de aguas residuales. La reubicación de una gran parte de las curtidurías en parques industriales fue pensada para estar apenas a unos metros de la planta y así facilitar la gestión de sus aguas residuales.
De acuerdo con Acción Colectiva, el lunes 10 de julio recibieron una denuncia ciudadana respecto al vertido ilegal de aguas industriales que empresas de la curtiduría estaban arrojando sin ser tratadas al arroyo las Mulas, justo frente a la PTAR y al Módulo de Desbaste.
Dice la organización: «les sorprendió lo que encontraron», motivo por el cual convocaron a medios de comunicación y dirigen la presente información a la opinión pública.
Industrias arrojan tóxicos al agua de Guanajuato y Jalisco
A lo largo del arroyo Las Mulas, justo entre la planta de tratamiento y los parques industriales, la organización identificó cinco descargas ilegales de aguas tóxicas. A simple vista era posible apreciar cómo había sido reventado ilegalmente el colector industrial para dar libre paso a las aguas químicas de la industria hacia el arroyo y así evitar que llegaran al Módulo de Desbaste.
Estas aguas arrojadas al arroyo Las Mulas, sin filtros o tratamiento alguno, se mezclaban, por un lado, con el agua limpia de lluvia que lleva el afluente y se juntaban finalmente con el flujo del Arroyo Hondo.
Parques industriales
Dentro de los parques industriales de la zona se incluyen: Industrial San Crispín, Colonia Piscina con sus industrias curtidoras, Industrial Santa Crocce, Industrial San Jorge, Colonia Morelos con sus industrias curtidoras, Industrial Pamplona, Granja las Amalias colonia con industria y el Polígono Arroyo Hondo. Presuntamente, las industrias de la zona habrían roto el colector industrial, con complacencia del SAPAL.
Otro hallazgo de la organización civil es que el SAPAL no trata todas las aguas residuales que llegan a la Planta y desvía una parte importante del flujo del colector municipal directamente hacia el Arroyo Hondo. En principio la PTAR solo debería recibir aguas domésticas, sin embargo recibe también agua con componentes químicos de la industria que nunca fue reubicada, ampliamente distribuida por toda la ciudad.
«En épocas de lluvia, SAPAL llega a desviar a través de un canal de demasías hasta 3 mil litros por segundo (259 millones 200 mil litros de agua al día); agua sucia que SAPAL no trata y que vierte a los ríos y arroyos, pero que además nos cobra el tratamiento. En época de estiaje, cuando no hay lluvia y cuando hay sequía, SAPAL llega a desviar hasta 166.66 litros por segundo aproximadamente, lo que hace un total de 14 millones 400 mil litros de agua al día. Por lo tanto, podemos afirmar que los usuarios de SAPAL pagamos el saneamiento de esas aguas que finalmente no se tratan».
SAPAL no sólo solapa el vertido de agua industrial altamente tóxica, sin tratamiento, directamente a ríos y arroyos, sino que no sanea la totalidad del agua que llega a su planta municipal más importante, pero sí la cobra a las y los usuarios.
En el arroyo El Guaje, que desemboca también en el Arroyo Hondo, SAPAL dispone sus aguas finalmente tratadas.
Tenemos tres flujos de agua que se juntan en Arroyo Hondo: Las Mulas (contaminada por el colector industrial ilegalmente reventado), el canal de demasías (con el agua municipal no tratada desviada antes de ingresar a la PTAR) y el agua tratada arrojada a El Guaje. Después de ese recorrido, estas aguas tóxicas finalmente se conectan con el icónico Río de los Gómez, que afluye aguas abajo al Río Turbio y cuyo destino final es el Lago de Chapala a través del Río Lerma en Jalisco.
La multimillonaria planta de tratamientos de SAPAL, que cuesta tanto dinero a las y los leoneses, ha servido todos estos años para muy poco. Su objetivo es sanear y tratar aguas residuales que nunca pasan por las plantas y que, por el contrario, se vierten a ríos y arroyos considerados bienes nacionales. Son millones de litros tóxicos que dañan el medio ambiente y la salud de las personas.
Presa El Zapotillo
El proyecto de la Presa El Zapotillo señala que León enviaría el agua saneada de regreso a Jalisco; cosa para la que la ciudad del calzado no está lista.
«Después de tantos años de estar pujando por El Zapotillo, el SAPAL no se encuentra ni cercanamente listo para poder cumplir las expectativas que su trabajo de saneamiento han generado para devolver agua limpia a Jalisco. Es decir, hay un engaño de parte del SAPAL al afirmar que están listos desde hace bastante tiempo para cumplir con sus compromisos y poder devolver el agua de El Zapotillo a Jalisco», dijo Gustavo Lozano en la rueda de prensa.
SAPAL lleva por lo menos 20 años vertiendo agua altamente contaminante en ríos y arroyos propiedad de la nación, pese a que ha prometido no hacerlo invirtiendo millones de pesos en contribuciones ciudadanas. ¿A dónde habrá ido, entonces, todo ese dinero?
¿A dónde va el dinero que se le paga al Sistema de Agua Potable?
De acuerdo con documentos públicos, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el Módulo de Desbaste en conjunto tienen dos entradas por el norte, cada sección con una entrada de aguas que vienen respectivamente del colector municipal y del colector industrial. Los colectores son las alcantarillas que están en teoría divididas para que las aguas químicas de la industria no se mezclen con las aguas orgánicas domésticas.
Pese a que existen dos entradas de aguas con orígenes distintos (domésticos e industriales), sin embargo, sólo hay una salida de agua de la planta, que es la que arroja el agua al arroyo El Guaje.
Al interior de la PTAR hay dos tratamientos para el agua de origen doméstico: el primario y el secundario. La hipótesis que sostiene la organización es que las aguas tratadas con estos dos procesos se mezclan con el agua tratada del Módulo de Desbaste, puesto que no hay manera de que salgan separadas al haber una única salida.
Es decir, hay procesos de saneamiento diferenciados, pero finalmente esas aguas se juntan antes de liberarse. Acción Colectiva se pregunta para qué entonces tener procesos diferenciados si estos van a terminar juntándose.
Por otro lado, en 2018 SAPAL le informó a la SEMARNAT mediante la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por la que solicitó la autorización del Proyecto No. 11GU2018UD133, que el Módulo de Desbaste era insuficiente para tratar las aguas industriales que recibía, por lo que cabe preguntar qué se hace entonces con el agua contaminante que no puede sanear:
«el Módulo de Desbaste tiene una capacidad actual de tratamiento de 150 litros por segundo. Sin embargo, debido al incremento e instalación de industrias nuevas, así como la conexión del polígono denominado Parque P.I.E.L [al sur de la planta], se hace necesaria la ampliación del Módulo de Desbaste en la PTAR de la Ciudad de León, con la finalidad de tener un sistema que dé saneamiento al total de las descargas de agua residual industrial generadas», dice el proyecto de SAPAL entregado a SEMARNAT.
Falta más. Acción Colectiva agrega información importante respecto al llamado Sitio Disposición Final de Lodos, donde la PTAR arroja los residuos sólidos que resultan del proceso de saneamiento. El agua llega a la planta acompañada de residuos de la curtiduría (grasa, pelaje, recortes de piel, entre muchos otros), así que estos son llevados al sitio de disposición final.
Según sus propios hallazgos vistos a vuelo de pájaro con un dron, el Sitio no está operando como lo estipula el Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de León, cuyo Artículo 136 se establece que el Departamento de Planta Municipal y Desbaste tendrá la obligación de: «operar, mantener y conservar el sitio final de disposición de lodos del proceso de tratamiento».
A decir de Acción Colectiva, su no operación constituye una afectación ambiental en sí misma, puesto que los lodos sin removerse contaminan el aire y pueden infiltrarse como lixiviados al subsuelo llegando también a aguas subterráneas.
Una inversión millonaria sin justificación
La PTAR y el Módulo de Desbaste son operados por la concesionaria ECOSYS III desde que se abrieron las plantas de tratamiento en el año 2000 y 2009. Es decir, que la empresa concesionaria tiene casi 20 años operando, cuyo contrato vence el 22 de septiembre de este año. Frente a ello el director de SAPAL ha dicho que esperan hacerse cargo de su operación y modernización una vez finalizadas las operaciones de ECOSYS III.
Para lograr una entrada triunfal, el organismo de gestión del agua tiene pensado invertir 1,500 millones de pesos, cosa que también se afirmó en sesión ordinaria del Consejo Directivo de SAPAL el 29 de abril del 2020. En dicha sesión, celebrada públicamente vía transmisión en el Ayuntamiento se afirmó que la inversión es de gran importancia para la reactivación económica de León en el marco de la crisis sanitaria de la COVID-19. Según los consejeros, hay una inversión de 900 millones en licitaciones, obras públicas y asignaciones directas del SAPAL.
“Y a esto hay que agregarle -se dijo en la sesión- que vamos a invertir a partir de septiembre que tomemos la planta de tratamiento, más de 1,500 millones de pesos para reconstruir la planta de tratamiento, modernizarla, renovarla y comenzar a poner toda la estructura y la infraestructura de tubería morada que necesitamos para poder reusar el agua.”
SAPAL va a invertir 1,500 millones de pesos en reconstruir la PTAR. Como lo afirmó también su director, Enrique de Haro Maldonado en entrevista con Meganoticias el 16 de julio, diciendo que iban a hacer modificaciones a la planta después de que ejidatarios de Santa Rosa Plan de Ayala denunciaron públicamente la contaminación de sus tierras desde hace más de dos décadas. ¿Coincidencia?
Después de la denuncia de los ejidatarios, Enrique de Haro se deslindó diciendo que esperan a que acabe la concesión de ECOSYS III para tomar las riendas de la planta, puesto que – según dijo- su funcionamiento no era el adecuado. Con justicia Acción Colectiva se pregunta por qué, si sabían del mal funcionamiento de las plantas, SAPAL no rescindió a tiempo la concesión.
No obstante, hace menos de dos años, el 04 de septiembre de 2018, SAPAL le dijo a SEMARNAT en la MIA que la infraestructura del Módulo de Desbaste se encontraba «en buenas condiciones de operación». De acuerdo con las opiniones técnicas que ha recibido Acción Colectiva, una planta como la PTAR o el MD tienen una vida útil de hasta 35 años.
La organización se pregunta, entonces, por qué el cambio de postura: ¿por qué habría que reconstruir una planta que se supone todavía tiene una prolongada vida útil en menos de dos años? ¿Qué tipo de «reconstrucción» amerita un gasto de 1,500 millones de pesos del bolsillo de los leoneses cuando no hace mucho aseguraron que el Módulo de Desbaste funcionaba en óptimas condiciones?
SAPAL, un consejo que no representa los intereses ciudadanos
Apenas unas horas después de la rueda de prensa, SAPAL fijó postura en un comunicado oficial diciendo que «destinará una inversión sin precedentes para optimizar el tratamiento de aguas residuales». El boletín dice que «en el transcurso de los próximos 18 meses, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León destinará alrededor de mil 500 millones de pesos en la reconfiguración de sus plantas de tratamiento y la ampliación de su red de distribución de agua tratada».
En su propaganda SAPAL lleva el pecado: las y los ciudadanos de León han pagado un servicio que paradójicamente no está sirviendo. Puesto que pese a que el organismo de aguas sostiene que «el agua que sale de las plantas de tratamiento que opera SAPAL cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT» sabemos por la evidencia y declaraciones del organismo que millones de litros al año no son tratados porque la planta es insuficiente y otros más son arrojados ilegalmente al sistema hidrológico con plena anuencia de la paramunicipal.
Las decisiones de SAPAL se toman mediante un consejo en el que solo está representado el sector industrial y comercial de la sociedad desde hace por lo menos diez años, con consejeros que renuevan su presencia sólo cambiando la institución a la que representan. No existe, por otro lado, representación alguna de usuarios domésticos y agrícolas, así como tampoco hay presencia de una organización en defensa del derecho humano al agua, como refiere el reglamento del organismo desde 2017.
Tal parece que los consejeros de SAPAL sí se mandan solos y han ocultado información sobre el funcionamiento de las plantas de tratamiento que se supone dan un servicio de clase mundial. La sociedad leonesa tiene 20 años bebiendo, cultivando y utilizando agua altamente tóxica que nunca llega a sanearse, a pesar de que se confía en que este líquido vital es cien por ciento potable pagando mes con mes tarifas engañosas. El agua de SAPAL mata lentamente a familias enteras, ejidos y distritos agrícolas, ríos y arroyos propiedad de la nación.
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Noé Vázquez Ortiz, sacrificado a pedradas el 2 de agosto del 2013 en Amatlán de los Reyes por su defensa del río en las altas montañas de Veracruz y su resistencia al proyecto hidroeléctrico Presa El Naranjal, florece en el corazón de los pueblos en lucha.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
En el presente sexenio Oaxaca es una de las entidades más amenazadas en el país por los efectos de los megaproyectos planeados para el estado y para el resto del Sur-Sureste. Los proyectos mineros siguen generando grandes conflictos socioambientales además de los proyectos de represas. El Oleoducto, la infraestructura eléctrica, los parques eólicos, la ampliación del puerto en Salina Cruz y el Canal Interoceánico que partirá al estado y que incluirá diez centros o polos de desarrollo maquilador tendrán consecuencias socio ambientales irreversibles.
Hay otros proyectos aledaños que impactan también en el territorio oaxaqueño como la Refinería Dos Bocas en Tabasco, la explotación petrolera en Veracruz, Chiapas y Tabasco; El Tren Maya en la Península de Yucatán que aumentaría el tráfico de mercancías y turistas; la ampliación de puertos y aeropuertos, entre otros, mantiene al estado de Oaxaca en el epicentro nacional de la reconfiguración territorialy geopolítica, donde el capital disputará los territorios a los Ejidos y Bienes Comunales, a los pueblos y sus culturas.
Todos estos megaproyectos demandan enormes cantidades de energía, agua, mano de obra barata, tierras, y otros insumos para el beneficio del comercio internacional. Es el ofrecimiento de todos los bienes comunes para beneficio de las grandes trasnacionales, entendiendo el ‘desarrollo’ como ofrecer trabajo mal pagado a los pobres, a la población indígena y campesina.
Será Oaxaca el estado rompefuegos de toda la región Mesoamericana donde una muralla de contención pretenderá cortar al país a la mitad para detener los flujos migratorios y trasladar las condiciones de pobreza y miseria de la frontera norte hacia el Istmo de Tehuantepec. Los diez polos de desarrollo serían ahora el nuevo “Matamoros” o “Reynosa”, como otros asentamientos maquiladoras de la frontera norte. Todo ello en un estado con altos índices de pobreza, de estrés hídrico, con los mayores índices de sismos y violencia, pero también de resistencia y lucha en defensa de los territorios.
Analicemos ahora las intervenciones que se han realizado en las Cuencas de Oaxaca con proyectos de represas, diques, bordos y derivadoras, con lo que se pretende enfrentar esta demanda en términos de agua y energía para alimentar el extractivismo en la región.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México existen actualmente 4 mil 462 presas, de las cuales 667 son grandes represas principalmente para la generación de energía eléctrica.1 En el caso de Oaxaca solo resalta la Presa Hidroeléctrica Miguel Alemán (Temascal) construida en 1955, y se ha priorizado en los últimos años la generación eólica con gigantescos parques en manos de trasnacionales extranjeras que han ocasionado fuertes conflictos socio ambientales. Estas serán las que se beneficiarán por la demanda de energía de los megaproyectos en la región, aunque desde hace años los gobiernos en turno han mantenido la intención de construir las represas hidroeléctricas Paso de la Reina y Río Verde, sobre las que el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) mantiene una fuerte resistencia en la defensa de uno de los ríos más caudalosos de Oaxaca. Sin embargo, existen otros tipos de presas e intervenciones sobre el agua superficial de las Cuencas.
Desde el año 1550 hasta el 2019 la CONAGUA ha logrado documentar2 la construcción en México de un total de 6,225 represas, derivadoras y bordos en todo el país a lo largo de estos 469 años, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. A estas se sumarán otras 112 “pequeñas” represas que el gobierno actual pretende construir entre 2018 y 2024 y repotencializar 64 represas de las ya existentes.3
En el caso de Oaxaca que representa el 4.8% del territorio nacional, a lo largo del periodo señalado, el agua superficial de sus cuencas ha sido intervenidas en sus ríos, arroyos y afluentes con 167 obras artificiales como son los bordos, los diques, las derivadoras y las represas para el almacenamiento de agua, riego e hidroeléctrica en 81 municipios que representan el 14.21% de total de 570 con los que cuenta la entidad oaxaqueña. Todas estas 167 obras representan el 2.6% del total del país.
En Oaxaca existen pequeñas presas o embalses comunales de captación de agua y para el riego amenazadas por la sequía o la contaminación, como son las presas El Estudiante y La Azucena. Sin embargo, se destacan 4 Grandes Presas que han generado fuertes impactos socio ambientales. En ellas, la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas fueron fuertemente reprimidas y sin ninguna acción de resarcimiento. Divisiones comunitarias, familiares y precarización de los desplazados fue el saldo de ellas.
1) Presa Pte. Miguel Alemán (Temascal): Construida en 1955 con una cortina de 76 metros de altura es abastecida por el Río Tonto y tiene una capacidad de 8,119 hm³. El propósito original fue el riego agrícola y ahora también es para el control de avenidas e hidroeléctrica.
2) Presa Benito Juárez: Construida en 1961 para el riego pero también para proporcionar el agua que requiere la paraestatal PEMEX, cuenta con una cortina de 86 metros de altura y una capacidad de 947 hm³.
3) Presa Yosocuta: Construida en 1969 para fines de riego dota de agua potable a Huajuapan y comunidades aledañas pese a sus aguas contaminadas con aguas residuales.
4) Presa Pte. Miguel de la Madrid (Cerro de Oro): Construida en 1988 para la irrigación tiene una capacidad de 2,599 hm³ y cuenta con una cortina de 70 metros de altura. Generó un desplazamiento de alrededor de 26 mi personas indígenas y campesinas.
Todas las 167 obras entre represas, bordos y derivadoras están ubicadas en regiones Sísmicas. La mayoría en Sismicidad Alta con un total 114, y en Sismicidad Media un total de 53. Por otro lado, Oaxaca registra alrededor del 25% de los sismos del país.
Entre los tres elementos claves que mantienen a las represas en la insustentabilidad en el territorio oaxaqueño son las inundaciones, las sequías y los sismos, factores que azotan el Estado.
Por un lado las tormentas tropicales han logrado que los embalses sean rebasados con las consecuentes inundaciones y afectaciones a las comunidades. Por otro lado, las sequías en Oaxaca han provocado los niveles más bajos de las presas lo que ha permitido ver las iglesias y cerros que originalmente habían quedado bajo el agua. Esta inestabilidad pluvial es una de las razones de la insustentabilidad de las represas.
Los constructores en Oaxaca de las intervenciones en los tipos de obras mencionados han sido diversos a lo largo de la historia, entre ellos Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Gobierno del Estado y gobiernos municipales, particulares; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que existió entre los años 2000 y 2018; la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que funcionó entre los años 1946 a 1976; la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) entre 1976 y 1994; la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).
De las 167 obras construidas en Oaxaca, CONAGUA solo tiene registro histórico de su fecha de construcción de 103 de ellas. Cabe señalar cómo entre las décadas de 1960 y 1979 se dieron el mayor número de las obras y de las mayores represas.
Todas las obras se han construido sobre más de 40 Ríos, entre ellos Tequisistlán, Ocotlán, Salado, Teotongo, Tejúpam, Río Verde, Atoyaquillo, Blanco, Calabaza, Chicapa, Coapa, Río de la Cantera o La Pita, Garcés, Río Grande, Huajuapan, La Bomba, La Raya, Las Cucharas, Los Perros, Mixteco, Negro o Grande de Huitzo, Papaloapan, Prieto, San Antonio, San Antonio Monteverde, San Bernardo, San Felipe, San Pedro, Santo Domingo, Tehuantepec, Tonto, Tsundaa, Yerolea, Zempoalatengo, Río de la Y, El Matadero, El Palenque, Río Grande, Morán y San Francisco.
También se han intervenido más de 60 Arroyos, entre otros, Arroyo de los Montes de Donají, El Estudiante, La Ciénega, La Pe, Piedra del Sol, Río Grande, La Concordia, Andaruca, Arenal, Blanca, de La Cruz, El Bayito, El Boquerón, El Cántaro, El Capitán, El Capulín, El Colorado, El Encinal, El Guatabo, El Nazareno, El Palenque, El Rincón, El Rito, El Sabino, El Salado, El Veinte, Expiación, Higo Macho, La Azucena, La Cruz, La Noria, La Pila, La Soledad, Las Ahumadas, Los Hornitos, Los Ocotitos, Los Sabinos, Monjas, Salado, San Juan, Vigoldi, Agua del Ramón, Agua del Ramón, Cañada de León, Cañada del Burro, Cañón del Veinte, El Alambrado, El Cajón, El Cantarito, El Cuajilote, El Guayabal, El Gusano, El Morón, El Saucito, El Sauz, El Ticulute, La Estancia Chica, Arroyo Seco, Yanee, Cañada de Agua, Cañada de la Palma, Cañada El Pedernal, Piedra del Muerto.
La CONAGUA distingue 3 Regiones en las que han sido intervenido el agua superficial en Oaxaca con estas obras. Un total de 11 en la Región del Balsas, 13 en la Región Golfo Centro, y 143 en la Región Pacífico Sur.
Por otro lado, distingue las 16 Cuencas sobre las que se han intervenido con estas 167 obras: Río Atoyac-Paso de la Reina (26), Río Atoyac-Salado (21), Río Atoyac-Tlapacoyan (72), Río Espíritu Santo (1), Río Grande (2), Río Los Perros (2), Río Mixteco (13), Río Salado (11), Río San Antonio (9), Río Santo Domingo (1), Río Sordo-Yolotepec (3), Río Tehuantepec (2), Río Tequisistlán (1), Río Tlapaneco (1), Río Tonto (1), Río Verde (1).
Otra forma en que CONAGUA identifica geográficamente las intervenciones de los cuerpos de agua con estas 167 obras son por medio de las 5 Regiones Hídricas: Costa Chica de Guerrero (122), Tehuantepec (17), Papaloapan (16), Balsas (11) y Costa de Oaxaca (1).
Los ríos de México son amenazados por diversos factores como la contaminación por megaproyectos como presas, hidroeléctricas o mineras, entre otros.
En esta emisión conversamos con la abogada especializada en derechos de los pueblos indígenas y comunidades agrarias, Claudia Gómez Godoy, quien es integrante del colectivo de abogados que acompaña la lucha contra la construcción de la presa “El Zapotillo”.
También conversamos con el biólogo oaxaqueño Miguel Calixto Rojas quien nos platica acerca de la cuenca del río Atoyac y sus principales afectaciones por contaminación, así como la relación que los pueblos y comunidades de los Valles Centrales tienen con este.
Por otro lado, conoceremos en voz de Leonor Santos Díaz, mujer afro mixteca, originaria de La Luz, Tututepec, Oaxaca e integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), parte de la historia de esta organización que cumple 13 años de lucha por la defensa de la vida.
En el presente sexenio Oaxaca es una de las entidades más amenazadas en el país por los efectos de los megaproyectos planeados para el estado y para el resto del Sur-Sureste. Los proyectos mineros siguen generando grandes conflictos socioambientales además de los proyectos de represas. El Oleoducto, la infraestructura eléctrica, los parques eólicos, la ampliación del puerto en Salina Cruz y el Canal Interoceánico que partirá al estado y que incluirá diez centros o polos de desarrollo maquilador tendrán consecuencias socio ambientales irreversibles.
Los afectados por la hidroeléctrica protagonizan movilización en Bolívar.
La travesía de protesta, por la muerte de la pesca, partirá desde Montecristo (Bolívar) e irá hasta el puente Yati-Bodega.Foto:
Por: John Montaño
02 de agosto 2020
Cerca de mil pescadores y labriegos del sur del departamento de Bolívar y el Bajo Cauca se alistan para una travesía por el Río Cauca como protesta por el crimen ambiental y la hambruna en las que está sumida esta región, como consecuencia del cierre de compuertas en la polémica hidroeléctrica de Hidroituango.
Las comunidades de esta región acosada por la hambruna, además de la pandemia por coronavirus, llegarán este lunes hasta el recién inaugurado puente Yati- Bodega, en el municipio de Magangué, para contarle al mundo cómo se seca el segundo río más importante del país, y con este se seca la vida.
“El dañó ambiental causado por el cierre de compuertas en enero del 2019 es grande e irreparable: el río se secó, la pesca desapareció e impacto en la seguridad agroalimentaria de al menos 15 municipios”, le dijo a EL TIEMPO Pablo Espitia, directivo de la Asociación de Pescadores de Montecristo (Bolívar).
La travesía y protesta partirá a las 7 de la mañana desde el municipio de Montecristo (Bolívar) e irá hasta el puente Yati-Bodega. Un día de recorrido aguas abajo por el fuera la despensa de miles de familias humildes.
Esta travesía recibe el nombre de ‘Peregrinación de la Hermandad Ríana’, es decir la unión de las agremiaciones pesqueras y campesinas ubicadas a orillas del Río Cauca.
“Solicitamos al Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca – Aunap- que intervenga ante las Empresas Públicas de Medellín, EPM, a efectos que esa empresa restaure el daño que nos ha causado con el proyecto de Hidroituango, haciendo desaparecer el recurso pesquero, con el que manteníamos a nuestras familias pescando y vendiendo lo capturado, y alimentándonos con esos peces”, señala un comunicado enviado a la Aunap por la asociación de pescadores del municipio de Montecristo, una de las al menos 20 agremiaciones de pescadores y labriegos empobrecidos a causa de la sequía del río.La esperada subienda que todos los años llega para los meses de diciembre y enero despareció en esta región del país empobreciendo a sus comunidades, que además enfrentan la pandemia.
“EPM está en la obligación de hacer repoblamientos en nuestras ciénagas y de montar proyectos productivos, que permitan tener un futuro a nuestras comunidades. ¡Nos quitaron el pan!”, agrega la carta enviada por la asociación de pescadores de Montecristo a la Aunap.
La situación es crítica en una región que siempre fue despensa agrícola y pesquera.
“Aquí con esta pandemia del covid-19 y sin peces en nuestras ciénagas, avizoramos hambre física para toda esta región y para todos los pescadores del bajo Cauca. Lo que es Montecristo, San Jacinto del Cauca, Achí, Guaranda, Pinillos, y una veintena de poblaciones río abajo, todo el mundo está afectado por ese daño ambiental que nos causaron”, señala en otro de sus apartes la carta de los pescadores.
“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura a que haga presencia en la zona e investigue la difícil situación que están viviendo nuestros pescadores. A su vez le hacemos un llamado a la empresa EPM que ha indemnizado personas que no tienen la trayectoria ni los años de labores de nuestros pescadores”, señala Diego Benítez Duarte, personero municipal de Montecristo (Bolívar). Aunap responde
Según Nicolás del Castillo, director general de la Autoridad Nacional Nacional de Acuicultura y Pesca – Aunap- «EPM está trabajando con las universidades Nacional y la Javeriana en investigaciones sobre impacto del cierre de compuertas en varias geografías, entre ellas el municipio de Montecristo».
En diálogo con este medio, el funcionario aseguró que «Contacté a EPM y ellos sí quieren de alguna manera apoyar y resarcir los impactos que hayan realizado , pero deben tener la certeza de que los estudios contratados lo confirmen para proceder y hacerlo lo antes, de lo contrario podrían tener inconvenientes con los entes de control», expresó del Castillo.
Según el funcionario, en la región la caída en la pesca y la seguridad agroalimentaria supera el 50 por ciento. Lo invitamos a leer además:
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