Chiapas alberga las regiones de mayor biodiversidad del país así como más del 30% del agua superficial del territorio mexicano con 92 mil hectómetros cúbicos, y una reserva de agua subterránea de 2,500 hectómetros cúbicos. Cuenta con 81 cuencas hidrográficas.
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Desde el año 1550 cuando se tiene registrado la primera en el estado de Guanajuato, hasta el 2018, a lo largo de 468 años, se han construido en México 6,225 represas y bordos, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. El 41.25% de los municipios del país han sido intervenidos a lo largo de su historia por algún tipo de represa. Entre los diez estados que más han sido intervenidos con represas se encuentran, por orden de importancia: Tamaulipas, Jalisco, Durango, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo y Nuevo León. La mayoría son del norte del país. Sólo hay tres estados que nunca han sido intervenido con represas: Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Al menos 600 Ríos de México se han represado a lo largo de estos 468 años, sin tomar en cuenta otras corrientes de agua como son arroyos, escurrimientos, afluentes, barrancas, canales, cañadas, manantiales, derramaderos, entre otras.1
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La Profepa y la Conagua han ignorado los llamados del Gobierno de Jalisco para implementar un sistema conjunto de inspección y vigilancia sobre el Río Santiago, donde cientos de industrias descargan sus aguas de desecho
01 de Jun, 2020
El Gobierno federal ha ignorado todas las propuestas del Gobierno de Jalisco para implementar un mecanismo conjunto de inspección y vigilancia sobre el Río Santiago, uno de los afluentes más contaminados del país donde más de 300 industrias descargan sus aguas de desecho.https://5144af6930a0d4d6f40da723074f2ca1.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
Documentación en posesión de la Coordinación General Estratégica de Gestión de Territorio de Jalisco, revela que el Gobierno estatal le ha solicitado a la Federación en cuatro ocasiones que le ceda facultades para poder intervenir en la inspección y vigilancia del Río Santiago, sin que haya una respuesta.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, delegación Jalisco, tiene una muy baja capacidad de inspección sobre las industrias y sus descargas
La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco (Proepa) señala que respecto a los “actos relacionados con descargas de aguas residuales a cuerpo de agua (…) carece de funciones o atribuciones que permitan realizar actos de inspección y vigilancia que como consecuencia de estos se instaure un procedimiento administrativo que culmina con la imposición de sanciones”.
Por ello, el Gobierno estatal ha pedido en cuatro ocasiones a la Federación elaborar un convenio de colaboración que ampare legalmente la integración de la Proepa local a las labores de vigilancia sobre el Río Santiago.
Los llamados estatales han sido desestimados por la Federación, a pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), delegación Jalisco, reconoció en 2017 ante el Congreso local que tiene una muy baja capacidad de inspección sobre las industrias y sus descargas.
“Esta Procuraduría ha sido sujeta a ajustes presupuestales desde el año 2015, lo que han implicado una reducción significativa de los recursos materiales y humanos, por lo que actualmente la Subdelegación de Inspección Industrial de esta Delegación en Jalisco, cuenta únicamente con tres inspectores federales, circunstancia que ha generado una disminución en las actividades de inspección y vigilancia en todo el estado”, dice el oficio PFPA/21.7/0448-1701171, del 3 de abril de ese año.
El primer oficio emitido por el Gobierno de Jalisco a la Federación surgió de la Proepa, encabezada por Diana Padilla Martínez, y estuvo dirigida a Martha Patricia Gutiérrez de la Garma, encargada del Despacho de la Delegación Jalisco, de Profepa.
Se trata del oficio Proepa 037/19, del 17 de enero de 2019, donde la funcionaria estatal le dice a la federal que busca suscribir un Convenio de Colaboración y Coordinación con el objetivo de reforzar las acciones y estrategias de Inspección y Vigilancia de interés común.
“Con el fin de proteger, conservar y preservar el ambiente y los recursos naturales de nuestro estado, no solo aquellos cuya competencia corresponde a la entidad, sino también aquellos que corresponde a la esfera de atribuciones de la Federación“.
Entre los puntos que se propuso abordar en el convenio destacan la “definición de las materias que serán objeto de coordinación entre ambas partes conforme a las necesidades y recursos con que cuenta cada dependencia, así como las políticas federales y estatales que incidan en las mismas”.
La “articulación de las políticas de inspección y vigilancia en las materias objeto del convenio”; la “realización coordinada de acciones de inspección y vigilancia en las materias referidas”; el “suministro, intercambio y sistematización de la información”; y la “identificación de zonas críticas en las cuales se realizarán acciones operativas de inspección y vigilancia de manera coordinada”.
Sin embargo, al no obtener respuesta de la Profepa Delegación Jalisco, la Proepa emitió un nuevo llamado dirigido a la titular máxima de esa instancia federal, Blanca Alicia Mendoza Vera, a través del oficio 092/2019, del 10 de septiembre de 2019.
Ahí le señala que también busca suscribir un Convenio de Colaboración y Coordinación con esa dependencia, pero este oficio tampoco tuvo respuesta.
Los otros dos intentos fallidos por convencer a la Federación de establecer un convenio de colaboración se dirigieron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El primero data del 10 de junio de 2019, cuando la Proepa emitió el oficio 088/19 para el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de Conagua, dirigido por Antonio Juárez Truebahttps://5144af6930a0d4d6f40da723074f2ca1.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html
El contenido del oficio es prácticamente el mismo que se le remitió también a la Profepa.
“Sirva este medio para saludarle y de igual forma hacer de su conocimiento el gran interés de esta Proepa, de suscribir un Convenio de Colaboración y Coordinación con la Conagua y en particular con el organismo que usted preside”, se lee.
Al no obtener respuesta, unos meses después, el 11 de septiembre de 2019, hubo un nuevo intento, ahora del secretario de Gestión Integral del Agua de Jalisco, Jorge Gastón González Alcérreca, quien emitió el oficio SEGIA-148/2019 para Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Conagua.
Ahí le señala que desde el mes de junio se había buscado “el acercamiento con el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico con el objeto de proponer la suscripción de un nuevo convenio de colaboración”, pero tampoco dio resultado.
| por Otros Mundos AC
Compartimos esta nota publicada en La Cooperacha sobre un proyecto hidroeléctrico en Oaxaca – A 16 de marzo 2020
Comunidades chatinas, mixtecas y afromexicanas, que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) denunciaron un nuevo intento por construir una presa hidroeléctrica en el Río Verde, Oaxaca, a pesar de que han expresado su rechazo y el presidente López Obrador dijo que no se construirá la presa Paso de la Reina.
En el “Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los Ríos”, reunidos en el ejido de Paso de la Reyna, municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, los integrantes del Copudever informaron que el 20 de febrero la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) publicó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde, promovido por la empresa ENERSI.
La empresa ya había presentado la MIA en 2019, misma que fue rechazada en noviembre por Semarnat al presentar varias inconsistencias.
El Copudever denunció además, actos de intimidación a la población posiblemente relacionados con el nuevo proyecto hidroeléctrico, pues el 08 de marzo un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad sobrevoló desde Pinotepa Nacional hasta Corral de Piedra y San Lucas Atoyaquillo, todos ellos, pueblos que viven del Río Verde.
La organización de pueblos y ejidos de Oaxaca reiteraron su rechazo a la imposición de cualquier proyecto hidroeléctrico y exigieron a la Semarnat y a las instancias del Gobierno Federal respetar esa decisión.
El proyecto hidroeléctrico de la empresa ENERSI contempla la construcción de una central hidroeléctrica para generar 30 MW de energía que afectaría los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago Ixtlayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional.
A lo largo de 10 años, el Copudever rechazó un primer intento de construir una presa en el Río Verde, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el cual pretendía contar con una cortina de agua de 180 metros que afectaría siete comunidades por inundación o por desecación.
Además, en 2018 integrantes del Copudever ganaron un juicio de amparo contra la declaración de zonas de reserva que decretó Enrique Peña Nieto, para evitar construir cualquier proyecto de infraestructura, resolución que fue impugnada por la Conagua y Semarnat en el gobierno de AMLO.
El 13 y 14 de marzo, el Copudever conmemoró el Día Internacional Contra las Presas con ceremonias y fiesta al margen del Río Verde, así como con la proyección del documental La Sangre de la Tierra.
Para los pueblos chatinos, mixtecos y afromexicanos el Río Verde es “la madre de nuestras aguas y nos permite alimentarnos, crecer, divertirnos y valorar a la naturaleza”.
Imagen: Conmemoración del día mundial el defensa de los ríos, Copudever, Crédito: Educa Oaxaca
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14 de marzo del 2020
Hoy, Día de Acción Internacional contra las presas y por los ríos, sus comunidades y el agua
Publicado el | por Otros Mundos AC
Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre la defensa de los ríos en Puebla- A 25 de enero de 2020
Por Francisco López Bárcenas
El 12 de enero pasado, el secretario del ayuntamiento del municipio de Ahuacatlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla y habitado mayoritariamente por comunidades del pueblo totonaco, a nombre del cabildo municipal, hizo público un acuerdo tomado el 7 de junio del año pasado, mediante el cual se revocó la autorización de cambio de uso de suelo, licencias de movimiento de tierras y construcción municipal, que desde septiembre de 2009 se habían otorgado a la empresa Deselec 1, S de RL de CV, para que llevara a cabo el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 sobre el río Ajajalpan. La publicidad de dicho documento se hizo frente a integrantes de Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio que le exigían cancelar esos permisos, pues la obra únicamente busca beneficiar a las empresas Walmart, Vips, Suburbia y Waldos y a ellos los perjudicaría profundamente en sus formas de vida.
Es importante analizar el documento revocatorio de los permisos mencionado. En un extenso texto de 12 cuartillas no sólo se asientan las razones del cabildo municipal para tomar esa decisión, sino también el proceso que lo llevó a ello. Dice, por ejemplo, que el 15 de noviembre de 2018 acordó integrar una Comisión Especial que investigara la situación de los permisos, ya que muchos ciudadanos protestaban por su otorgamiento. La comisión, integrada por diversos miembros del cabildo, revisó el expediente, realizó asambleas en las comunidades, consultó con varios vecinos en lo particular y a especialistas en la materia; así llegó a la conclusión que el otorgamiento de las citadas licencias violaban varios derechos de pueblos indígenas reconocidos en las leyes nacionales, lo mismo que en el sistema internacional de derechos humanos, pero sobre todo, en su otorgamiento se violaron las normas jurídicas a que debió sujetarse su otorgamiento.
En principio, no fueron extendidos por el cabildo municipal en su conjunto, sino por el regidor de Obras Públicas, Andrés Francisco Juan Covarrubias, hecho que en sí mismo convertía los permisos en documentos inválidos, pues tal servidor público municipal carecía de facultades legales para extenderlos, pero no sólo eso, los sellos y el logotipo del municipio utilizados para extender dichas concesiones no eran los que la administración municipal empleó para dejar constancia de sus actos en ese trienio. Estas burdas irregularidades cometidas por quien extendió los permisos sin tener facultades para hacerlo llevan a suponer a los integrantes de Consejo Regional Totonaco que el funcionario fue sobornado para hacerlo, lo cual, de resultar cierto, pone al descubierto las formas de actuar de las empresas interesadas en llevar a cabo la obra, aunque la gente afectada se oponga.
Junto con el permiso, el cabildo revocó el Convenio de Colaboración supuestamente celebrado en junio de 2015 entre la empresa y la comunidad de San Mateo Tlacotepec, en el que esta comunidad –también teóricamente– otorgó su consentimiento para la construcción de la presa hidroeléctrica sobre sus tierras, así como el establecimiento de unos –supuestos– beneficios compartidos, que no son otra cosa que cantidades de dinero que la comunidad recibiría por su anuencia a la obra: 4 mil 666 pesos 66 centavos mensuales mientras durara la construcción de la obra y 6 mil 250 pesos mensuales por los siguientes 25 años. Una bicoca. En este caso, el cabildo no encontró constancia alguna de que las personas que firmaron a nombre de San Mateo hubieran sido nombradas por la comunidad como sus representantes y el entonces presidente municipal participó como testigo de calidad y no como servidor público. Todo esto llevó al cabildo a la conclusión de que dicho convenio es leonino y a todas luces abusivo.
La publicidad de esta determinación del ayuntamiento de municipio de Ahuacatlán representa, sin duda alguna, un paso adelante del Consejo Regional Totonaco, en su lucha porque el afluente del río Ajajalpan siga libremente su cauce y los habitantes de las comunidades aledañas puedan continuar recreando su cultura, practicando una agricultura tradicional que les ha dado de comer por muchísimos años, cuidando la biodiversidad de la región y manteniendo un ambiente sano, hasta donde acciones ajenas a ellos se lo permiten. Es también un refrendo de la razón que asiste a quienes han sufrido desprestigio, agresiones y amenazas diversas por involucrarse en la defensa de las aguas del río y, sin que sea su objetivo, da luces al tribunal colegiado que actualmente revisa una sentencia de amparo que negó la protección de la justicia federal a los afectados que acudieron a estas instancias y no la obtuvieron porque, según el juez que la dictó, las cosas estuvieron bien hechas.
Imagen: Lado B
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| por Otros Mundos AC
Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre la defensa de los ríos en Puebla- A 25 de enero de 2020
Por Francisco López Bárcenas
El 12 de enero pasado, el secretario del ayuntamiento del municipio de Ahuacatlán, ubicado en la Sierra Norte de Puebla y habitado mayoritariamente por comunidades del pueblo totonaco, a nombre del cabildo municipal, hizo público un acuerdo tomado el 7 de junio del año pasado, mediante el cual se revocó la autorización de cambio de uso de suelo, licencias de movimiento de tierras y construcción municipal, que desde septiembre de 2009 se habían otorgado a la empresa Deselec 1, S de RL de CV, para que llevara a cabo el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 sobre el río Ajajalpan. La publicidad de dicho documento se hizo frente a integrantes de Consejo Regional Totonaco en defensa del territorio que le exigían cancelar esos permisos, pues la obra únicamente busca beneficiar a las empresas Walmart, Vips, Suburbia y Waldos y a ellos los perjudicaría profundamente en sus formas de vida.
Es importante analizar el documento revocatorio de los permisos mencionado. En un extenso texto de 12 cuartillas no sólo se asientan las razones del cabildo municipal para tomar esa decisión, sino también el proceso que lo llevó a ello. Dice, por ejemplo, que el 15 de noviembre de 2018 acordó integrar una Comisión Especial que investigara la situación de los permisos, ya que muchos ciudadanos protestaban por su otorgamiento. La comisión, integrada por diversos miembros del cabildo, revisó el expediente, realizó asambleas en las comunidades, consultó con varios vecinos en lo particular y a especialistas en la materia; así llegó a la conclusión que el otorgamiento de las citadas licencias violaban varios derechos de pueblos indígenas reconocidos en las leyes nacionales, lo mismo que en el sistema internacional de derechos humanos, pero sobre todo, en su otorgamiento se violaron las normas jurídicas a que debió sujetarse su otorgamiento.
En principio, no fueron extendidos por el cabildo municipal en su conjunto, sino por el regidor de Obras Públicas, Andrés Francisco Juan Covarrubias, hecho que en sí mismo convertía los permisos en documentos inválidos, pues tal servidor público municipal carecía de facultades legales para extenderlos, pero no sólo eso, los sellos y el logotipo del municipio utilizados para extender dichas concesiones no eran los que la administración municipal empleó para dejar constancia de sus actos en ese trienio. Estas burdas irregularidades cometidas por quien extendió los permisos sin tener facultades para hacerlo llevan a suponer a los integrantes de Consejo Regional Totonaco que el funcionario fue sobornado para hacerlo, lo cual, de resultar cierto, pone al descubierto las formas de actuar de las empresas interesadas en llevar a cabo la obra, aunque la gente afectada se oponga.
Junto con el permiso, el cabildo revocó el Convenio de Colaboración supuestamente celebrado en junio de 2015 entre la empresa y la comunidad de San Mateo Tlacotepec, en el que esta comunidad –también teóricamente– otorgó su consentimiento para la construcción de la presa hidroeléctrica sobre sus tierras, así como el establecimiento de unos –supuestos– beneficios compartidos, que no son otra cosa que cantidades de dinero que la comunidad recibiría por su anuencia a la obra: 4 mil 666 pesos 66 centavos mensuales mientras durara la construcción de la obra y 6 mil 250 pesos mensuales por los siguientes 25 años. Una bicoca. En este caso, el cabildo no encontró constancia alguna de que las personas que firmaron a nombre de San Mateo hubieran sido nombradas por la comunidad como sus representantes y el entonces presidente municipal participó como testigo de calidad y no como servidor público. Todo esto llevó al cabildo a la conclusión de que dicho convenio es leonino y a todas luces abusivo.
La publicidad de esta determinación del ayuntamiento de municipio de Ahuacatlán representa, sin duda alguna, un paso adelante del Consejo Regional Totonaco, en su lucha porque el afluente del río Ajajalpan siga libremente su cauce y los habitantes de las comunidades aledañas puedan continuar recreando su cultura, practicando una agricultura tradicional que les ha dado de comer por muchísimos años, cuidando la biodiversidad de la región y manteniendo un ambiente sano, hasta donde acciones ajenas a ellos se lo permiten. Es también un refrendo de la razón que asiste a quienes han sufrido desprestigio, agresiones y amenazas diversas por involucrarse en la defensa de las aguas del río y, sin que sea su objetivo, da luces al tribunal colegiado que actualmente revisa una sentencia de amparo que negó la protección de la justicia federal a los afectados que acudieron a estas instancias y no la obtuvieron porque, según el juez que la dictó, las cosas estuvieron bien hechas.
Imagen: Lado B
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| por Otros Mundos AC
Compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas – A 13 de enero de 2020
Mientras el gobierno del estado de Zacatecas, encabezado por el Gobernador Alejandro Tello, desde hace más de año y siete meses se esforzó en crear todas las condiciones posibles para generar confusión, división comunitaria y familiar, además de fomentar la confrontación mediante el uso desproporcionado de actos de autoridad –como recurrir a la policía municipal y estatal para intervenir en la vida interna de los ejidos– en las comunidades que serían afectadas de forma directa por la Presa Milpillas, la población apostó y avanzó en disponer de un mejor proceso informativo y organizativo, el pasado 4 y 9 de enero del 2020, demostrando que en los ejidos Atotonilco y El Potrero, respectivamente, uno de sus mejores momentos de consolidación social y comunitaria, ya que en ambas asambleas agrarias, DE MANERA UNÁNIME RATIFICARON, de forma legal, tal cual se señala en la Ley Agraria, su posición de RECHAZO A LA AUTORIZACIÓN para construir la “Presa Milpillas” en las tierras de propiedad social que les corresponden.
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, felicitan a las mujeres y hombres de ambos ejidos, quienes finalmente lograron sortear de manera positiva una férrea confrontación interna promovida por diversos actores relacionados con la estructura del gobierno estatal.
Nos da gusto que ambas asambleas hayan logrado, por unanimidad, un acuerdo de enorme trascendencia para su vida, no sólo porque ratifican la fuerza e importancia de los procesos basados en la libre determinación de las comunidades y la determinación de que los gobiernos dejen de tratar como menores de edad a sus habitantes, sino porque en ambos ejidos fueron capaces de superarla división y la confrontación para, finalmente, asumir de forma colectiva –tal cual les compete como propietarios sociales– una posición unitaria sobre un proyecto que pretendía poner en riesgo sus formas y medios de vida. Tanto en REMA como en el OCMZac, somos totalmente conscientes sobre lo complicado que resulta restituir procesos de vida comunitaria fragmentados a causa de este tipo de megaproyectos, y por ello enviamos a toda la población de ambos ejidos un gran abrazo solidario y fraterno.
Estos acuerdos basados en la unanimidad de la decisión de ambos ejidos, ponen nuevamente en evidencia que el gobierno de Zacatecas mintió al decir que las y los ejidatarios estaban especulando sobre la tierra para poder venderla a mayor costo. Hoy se desmonta otra de las varias falsedades que ha promovido irresponsablemente en los medios, tanto el gobernador Alejandro Tello, como el resto las/os promotores de la Presa Milpillas.
Recordemos que en el mundo existen 55 mil presas (Castro, 2019), de las cuales a México le corresponden 4 mil 462 (INEGI, 2016) y en Zacatecas se han construido 356 a lo largo de su historia (Castro, 2019). De acuerdo al Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000, está comprobado que éstas generan más pobreza, accidentes y rupturas, acarreando inundaciones mortíferas y también desplazamiento de poblaciones y desarraigo. Así, el mismo informe reconoce que son 80 millones los desplazados en el mundo por represas, las cuales además generan altos índices de gases efecto invernadero, todo lo cual deriva en el reconocimiento de que las represas no son iniciativas sustentables, a tal grado que no en pocos países se ha iniciado la deconstrucción de las mismas para liberar a sus ríos. Son muchos los motivos sociales, ambientales, económicos y productivos en juego, y represar que el agua genera más condiciones de asimetría y desigualdad. Es por ello que año con año el movimiento anti represas en el mundo se va incrementando y creando alternativas contra el interés capitalista que se encuentra detrás de la represa de ríos, impulsando, en cambio iniciativas de verdadera sustentabilidad que son indispensables para la vida y no para la muerte.
Es cierto que Zacatecas enfrenta estrés hídrico y esa condición pone en riesgo la distribución equitativa del bien Agua; sin embargo, esa problemática ha sido generada y acrecentada por falta de planificación, tomando de decisiones a favor de grupos privados, como sucede con la minería, en un sinsentido político de priorizar un negocio particular a costo de lo que sea, ocasionando ya que de los 34 acuíferos del estado, 20 están sobreexplotados y los 14 restantes está sin disponibilidad, y justamente uno de estos últimos se encuentra en el ejido Corrales. Es obvio que el gobierno y las empresas no sólo están detrás del agua del río Atenco, sino que pretenden acceder a éste acuífero con el pretexto de instalar la planta de bombeo para la Presa Milpillas y continuar sus procesos criminales de privatización del agua.
Cabe destacar que en Zacatecas existen alrededor de 230 concesiones mineras, y de ellas, una la posee una de las minas más grandes del continente que se encuentra en Mazapil, que todas y todos conocemos como la mina de Peñasquito, la cual, de acuerdo con una investigación publicada en el diario La Jornada (2019), consume 55 millones de metros cúbicos al año, dejando al municipio con sed, enfermedades y muerte. Este consumo desmedido de líquido vital en una región del país donde éste es escaso y para una actividad que genera despojo y muerte, es sumamente contradictorio con el Estudio de Factibilidad denominado “Construcción de la Presa Milpillas en Jiménez del Teul y línea de conducción para abastecer de agua potable al corredor FresnilloZacatecas-Guadalupe” (2015), donde se menciona la pretensión de, a través de la Presa Milpillas, trasladar 59 millones de metros cúbicos de agua, es decir, literalmente la cantidad de agua que consume la mina Peñasquito.
La disponibilidad de agua es vida y significa a su vez la oportunidad de trabajo y de producción agropecuaria. La lucha emprendida y los logros alcanzados por las mujeres y hombres de Atotonilco, El Potrero y el resto de los ejidos vinculados al proyecto de la Presa Milpillas, nos demuestra que, como lo decía la querida Bety Cariño, es momento de los pueblos, y basta de políticos incapaces y corruptos, así como de políticas que se construyen desde taburetes y sin ninguna relación con los bienes naturales y las necesidades de las comunidades. También nos demuestra que la organización social en Zacatecas, en México y en el mundo es posible y que “ni el gobierno manda, ni las empresas mandan”.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas hacemos expresa y extensa nuestra felicitación y enviamos nuestro máximo reconocimiento y solidaridad a todos y todas las integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. Especialmente a los ejidos de Atotonilco y Potrero por blindar su territorio.
#LaPresaMilpillasNoEsLaOpción #RíoAtencoLibre #NoALaPresaMilpillas
A T E N T A M E N T E,
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE ZACATECAS
Imagen: NTR Zacatecas
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21 noviembre 2019
En la región de los Altos de Jalisco el agua se ha convertido en un recurso geoestratégico que viene siendo acaparado por las grandes empresas del Bajío. Las presas son el medio a través el cual se logra dicho control.
Tan sólo en el Río verde y sus afluentes, en donde ya hay presas construidas, existen varias en proyecto de las cuales dos se encuentran en construcción. Una de ellas es la presa El Zapotillo, que junto con el acueducto que pretende llevar agua a la ciudad de León, son obras financiadas por una asociación público-privada para saciar la sed de unos cuantos empresarios.
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22 octubre, 2019
Por copudever
PRONUNCIAMIENTO
Juez federal Miguel Arroyo Herrera dicta sentencia contra los derechos de los pueblos indígenas totonacos, favoreciendo a las empresas Comexhidro, Walmart, Suburbia, Vips, Waldos impulsoras del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.
Ciudad de Puebla, 16 de octubre de 2019
Las organizaciones que conformamos el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), en reunión nacional convocada ante el riesgo de que se profundice la criminalización a defensores totonacos de la sierra norte de Puebla en defensa del río Ajajalpan y su territorio contra el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, manifestamos nuestra total reprobación a la decisión del JuezMiguel Arroyo Herrera quien en sentencia emitida el pasado viernes 11 de octubre favorece los intereses económicos de grandes empresas como Walmart, Suburbia, Vips, Waldos violentando los derechos del pueblo totonaco en beneficio de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.
Es sumamente grave que el Juez Arroyo haya decidido negar el reconocimiento a las comunidades totonacas quejosas de sus derechos a la tierra y al territorio, a la libre determinación, al consentimiento, al agua y al medio ambiente sano, avalando el argumento de que es un proyecto de utilidad pública y validando una simulación de consulta coordinada por la Secretaría de Energía en el año 2015, hecho denunciado por las comunidades totonacas en su momento. Según el juez, el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 que pretende desarrollar la empresa Deselec 1, filial de Comexhidro, no causará afectación alguna a las comunidades demandantes, ello a pesar de que el Peritaje oficial de biología e impacto ambiental elaborado por PGR, establece que la hidroeléctrica que incluye dos embalses y una cortina de 45 metros de altura, tendría impactos irreversibles en el medio ambiente tales como la disminución en la calidad del agua, generación de gases de efecto invernadero, aparición de fauna nociva, contaminación de acuíferos así como deforestación por la remoción de vegetación forestal. Es inaceptable que en su sentencia el Juez omita analizar las afectaciones señaladas en dicho peritaje, retomando únicamente, la información ofrecida por la empresa y por las autoridades demandadas que aseguran que no habrá impactos negativos.
Son sólidos y abundantes los estudios científicos que demuestran los graves impactos sociales y ambientales que las grandes represas provocan y los cuáles organizaciones especializadas como la Comisión Mundial de Represas y la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA) han informado.
Como MAPDER denunciamos que el proceso legal estuvo lleno de irregularidades tales como la presentación de documentos por parte de terceros interesados con nombres de personas muertas, firmas falsificadas y entregadas al juez federal avalando la aceptación del proyecto sin el conocimiento de los firmantes. Expedientes perdidos en el juzgado y una actitud irrespetuosa y discriminatoria del juez cuando representantes de las comunidades fueron a exponerle su caso, descalificando sus conocimientos y preocupaciones sin ofrecerles siquiera sentarse durante la reunión. Descalificaciones del juez hacia las organizaciones que acompañaron el proceso evidenciaron que su posición nunca fue imparcial.
Hacemos del conocimiento público que la sentencia dictada por el juez Arroyo eleva el riesgo de que se profundice la criminalización hacia los defensores y defensoras del río Ajajalpan de las comunidades de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán de la Sierra Norte de Puebla y de que se profundice la división comunitaria, estrategia que la empresa Comexhidro, acusada de violar derechos humanos cuando pretendía desarrollar el proyecto Cerro de Oro en Oaxaca, ha promovido en las comunidades, además de cometer abusos como la compra de terrenos en San Mateo Tlacotepec pagando 70 centavos por metro cuadrado de terreno.
Denunciamos a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por haber otorgado una concesión de agua a la empresa Deselec 1 Comexhidro por 11,000 litros de agua por segundo, violentando con ello el derecho al agua de las comunidades campesinas indígenas.
Nos solidarizamos con la lucha de las comunidades indígenas totonacas opuestas a la imposición del proyecto Puebla 1 y unimos nuestra voz a la exigencia de cancelación de dicho proyecto que únicamente beneficia a grandes transnacionales a costa de la destrucción del territorio totonaco y de la ruptura del tejido social comunitario. Permitir la imposición de la hidroeléctrica Puebla 1 demostraría que el gobierno federal y estatal son sólo una continuidad del modelo económico extractivo que pone en riesgo la vida del pueblo mexicano respondiendo a los dictados del gran capital transnacional.
Responsabilizamos al Poder Judicial de las consecuencias de su decisión y exigimos a los gobiernos municipales de Ahuacatlán y San Felipe Tepatlán, así como al gobernador del Estado de Puebla, proteger la seguridad y las vidas de los defensores y defensoras del río Ajajalpan.
¡RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), Guerrero
Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa de Río Verde (COPUDEVER), Oaxaca
Consejo Tiyat Tlali en defensa del territorio, Puebla
Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi, Puebla
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambienta (LA VIDA), Veracruz
Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (PUCARL), Veracruz
Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, Jalisco
Consejo Indígena Nayerhi, Nayarit
Grupo Ecológico Manglar, A.C.
Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL)
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)
Servicios para una Educación Alternativa, A.C. (EDUCA)
MAPDER reprueba sentencia contra pueblos totonacos favorable al proyecto hidroeléctrico Puebla 1