Carta dirigida al Gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. La carta va suscrita por un total de 25 organizaciones, colectivos y redes del Estado de Guanajuato.
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Categoría: México
El Sistema de Agua de León vierte tóxicos industriales en arroyos y ríos
Territorios
6 agosto, 2020
La ciudad de León, Guanajuato, deja sin tratamiento 259 millones de litros diarios de aguas residuales; cobra a usuarios por un servicio que no sirve y contamina cuando debería asegurar agua de calidad
Texto y fotos: Alonso Merino Lubetzky / PopLab
GUANAJUATO.- El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) que se ha vanagloriado por años de ser «el mejor organismo de agua de México» cobra a los leoneses por un saneamiento inexistente y peligrosamente contaminante. Veinte años después de que prometió tratar las aguas tóxicas de la industria curtidora, millones de litros anuales del líquido son arrojados sin tratamiento al Río Turbio, el cual afluye al Río Lerma y, finalmente, desemboca en el Lago de Chapala en Jalisco. De resultas, SAPAL lleva dos décadas financiando un sistema municipal de tratamiento de agua que no sirve, haciendo uso de las contribuciones ciudadanas.
En un contexto de insuficiencia en el acceso a agua potable para una buena parte de la población, así como de un estrés hídrico en el Valle de León, el SAPAL mantiene las aguas de la ciudad en grados de insalubridad muy preocupantes: vierte a ríos y arroyos aguas residuales de la industria curtidora que no son tratadas en lo absoluto.
De acuerdo con la información presentada en la rueda de prensa “El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) y la Industria Curtidora. Principales contaminadores de la Cuenca del Río Turbio”, ofrecida por la organización Acción Colectiva Socioambiental, A.C. el pasado 4 de agosto, el sistema municipal de aguas en León «no trata todas las aguas residuales que recibe la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), pero sí nos cobra el saneamiento».
La Planta fue inaugurada en septiembre del año 2000 con el objetivo de gestionar, tratar y sanear las aguas domésticas de León. Luego en 2009 se finalizaron las obras del llamado Módulo de Desbaste (MD) para gestionar, además, las aguas residuales de la industria curtidora. Sería un proceso de tratamiento distinto y con base en estándares específicos de saneamiento, ya que el agua que resulta de la curtiduría contiene componentes químicos de tipo industrial.
El MD fue inaugurado cuando la industria curtidora era reubicada hacia el suroeste de la ciudad, rumbo a la carretera a San Francisco Rincón, donde se ubica la planta de tratamiento. Ahí mismo, solo divididas por el Arroyo Hondo, la PTAR y el Módulo de Desbaste se conectan respectivamente al colector municipal e industrial de aguas residuales. La reubicación de una gran parte de las curtidurías en parques industriales fue pensada para estar apenas a unos metros de la planta y así facilitar la gestión de sus aguas residuales.
De acuerdo con Acción Colectiva, el lunes 10 de julio recibieron una denuncia ciudadana respecto al vertido ilegal de aguas industriales que empresas de la curtiduría estaban arrojando sin ser tratadas al arroyo las Mulas, justo frente a la PTAR y al Módulo de Desbaste.
Dice la organización: «les sorprendió lo que encontraron», motivo por el cual convocaron a medios de comunicación y dirigen la presente información a la opinión pública.
Industrias arrojan tóxicos al agua de Guanajuato y Jalisco
A lo largo del arroyo Las Mulas, justo entre la planta de tratamiento y los parques industriales, la organización identificó cinco descargas ilegales de aguas tóxicas. A simple vista era posible apreciar cómo había sido reventado ilegalmente el colector industrial para dar libre paso a las aguas químicas de la industria hacia el arroyo y así evitar que llegaran al Módulo de Desbaste.
Estas aguas arrojadas al arroyo Las Mulas, sin filtros o tratamiento alguno, se mezclaban, por un lado, con el agua limpia de lluvia que lleva el afluente y se juntaban finalmente con el flujo del Arroyo Hondo.
Parques industriales
Dentro de los parques industriales de la zona se incluyen: Industrial San Crispín, Colonia Piscina con sus industrias curtidoras, Industrial Santa Crocce, Industrial San Jorge, Colonia Morelos con sus industrias curtidoras, Industrial Pamplona, Granja las Amalias colonia con industria y el Polígono Arroyo Hondo. Presuntamente, las industrias de la zona habrían roto el colector industrial, con complacencia del SAPAL.
Otro hallazgo de la organización civil es que el SAPAL no trata todas las aguas residuales que llegan a la Planta y desvía una parte importante del flujo del colector municipal directamente hacia el Arroyo Hondo. En principio la PTAR solo debería recibir aguas domésticas, sin embargo recibe también agua con componentes químicos de la industria que nunca fue reubicada, ampliamente distribuida por toda la ciudad.
«En épocas de lluvia, SAPAL llega a desviar a través de un canal de demasías hasta 3 mil litros por segundo (259 millones 200 mil litros de agua al día); agua sucia que SAPAL no trata y que vierte a los ríos y arroyos, pero que además nos cobra el tratamiento. En época de estiaje, cuando no hay lluvia y cuando hay sequía, SAPAL llega a desviar hasta 166.66 litros por segundo aproximadamente, lo que hace un total de 14 millones 400 mil litros de agua al día. Por lo tanto, podemos afirmar que los usuarios de SAPAL pagamos el saneamiento de esas aguas que finalmente no se tratan».
SAPAL no sólo solapa el vertido de agua industrial altamente tóxica, sin tratamiento, directamente a ríos y arroyos, sino que no sanea la totalidad del agua que llega a su planta municipal más importante, pero sí la cobra a las y los usuarios.
En el arroyo El Guaje, que desemboca también en el Arroyo Hondo, SAPAL dispone sus aguas finalmente tratadas.
Tenemos tres flujos de agua que se juntan en Arroyo Hondo: Las Mulas (contaminada por el colector industrial ilegalmente reventado), el canal de demasías (con el agua municipal no tratada desviada antes de ingresar a la PTAR) y el agua tratada arrojada a El Guaje. Después de ese recorrido, estas aguas tóxicas finalmente se conectan con el icónico Río de los Gómez, que afluye aguas abajo al Río Turbio y cuyo destino final es el Lago de Chapala a través del Río Lerma en Jalisco.
La multimillonaria planta de tratamientos de SAPAL, que cuesta tanto dinero a las y los leoneses, ha servido todos estos años para muy poco. Su objetivo es sanear y tratar aguas residuales que nunca pasan por las plantas y que, por el contrario, se vierten a ríos y arroyos considerados bienes nacionales. Son millones de litros tóxicos que dañan el medio ambiente y la salud de las personas.
Presa El Zapotillo
El proyecto de la Presa El Zapotillo señala que León enviaría el agua saneada de regreso a Jalisco; cosa para la que la ciudad del calzado no está lista.
«Después de tantos años de estar pujando por El Zapotillo, el SAPAL no se encuentra ni cercanamente listo para poder cumplir las expectativas que su trabajo de saneamiento han generado para devolver agua limpia a Jalisco. Es decir, hay un engaño de parte del SAPAL al afirmar que están listos desde hace bastante tiempo para cumplir con sus compromisos y poder devolver el agua de El Zapotillo a Jalisco», dijo Gustavo Lozano en la rueda de prensa.
SAPAL lleva por lo menos 20 años vertiendo agua altamente contaminante en ríos y arroyos propiedad de la nación, pese a que ha prometido no hacerlo invirtiendo millones de pesos en contribuciones ciudadanas. ¿A dónde habrá ido, entonces, todo ese dinero?
¿A dónde va el dinero que se le paga al Sistema de Agua Potable?
De acuerdo con documentos públicos, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el Módulo de Desbaste en conjunto tienen dos entradas por el norte, cada sección con una entrada de aguas que vienen respectivamente del colector municipal y del colector industrial. Los colectores son las alcantarillas que están en teoría divididas para que las aguas químicas de la industria no se mezclen con las aguas orgánicas domésticas.
Pese a que existen dos entradas de aguas con orígenes distintos (domésticos e industriales), sin embargo, sólo hay una salida de agua de la planta, que es la que arroja el agua al arroyo El Guaje.
Al interior de la PTAR hay dos tratamientos para el agua de origen doméstico: el primario y el secundario. La hipótesis que sostiene la organización es que las aguas tratadas con estos dos procesos se mezclan con el agua tratada del Módulo de Desbaste, puesto que no hay manera de que salgan separadas al haber una única salida.
Es decir, hay procesos de saneamiento diferenciados, pero finalmente esas aguas se juntan antes de liberarse. Acción Colectiva se pregunta para qué entonces tener procesos diferenciados si estos van a terminar juntándose.
Por otro lado, en 2018 SAPAL le informó a la SEMARNAT mediante la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), por la que solicitó la autorización del Proyecto No. 11GU2018UD133, que el Módulo de Desbaste era insuficiente para tratar las aguas industriales que recibía, por lo que cabe preguntar qué se hace entonces con el agua contaminante que no puede sanear:
«el Módulo de Desbaste tiene una capacidad actual de tratamiento de 150 litros por segundo. Sin embargo, debido al incremento e instalación de industrias nuevas, así como la conexión del polígono denominado Parque P.I.E.L [al sur de la planta], se hace necesaria la ampliación del Módulo de Desbaste en la PTAR de la Ciudad de León, con la finalidad de tener un sistema que dé saneamiento al total de las descargas de agua residual industrial generadas», dice el proyecto de SAPAL entregado a SEMARNAT.
Falta más. Acción Colectiva agrega información importante respecto al llamado Sitio Disposición Final de Lodos, donde la PTAR arroja los residuos sólidos que resultan del proceso de saneamiento. El agua llega a la planta acompañada de residuos de la curtiduría (grasa, pelaje, recortes de piel, entre muchos otros), así que estos son llevados al sitio de disposición final.
Según sus propios hallazgos vistos a vuelo de pájaro con un dron, el Sitio no está operando como lo estipula el Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de León, cuyo Artículo 136 se establece que el Departamento de Planta Municipal y Desbaste tendrá la obligación de: «operar, mantener y conservar el sitio final de disposición de lodos del proceso de tratamiento».
A decir de Acción Colectiva, su no operación constituye una afectación ambiental en sí misma, puesto que los lodos sin removerse contaminan el aire y pueden infiltrarse como lixiviados al subsuelo llegando también a aguas subterráneas.
Una inversión millonaria sin justificación
La PTAR y el Módulo de Desbaste son operados por la concesionaria ECOSYS III desde que se abrieron las plantas de tratamiento en el año 2000 y 2009. Es decir, que la empresa concesionaria tiene casi 20 años operando, cuyo contrato vence el 22 de septiembre de este año. Frente a ello el director de SAPAL ha dicho que esperan hacerse cargo de su operación y modernización una vez finalizadas las operaciones de ECOSYS III.
Para lograr una entrada triunfal, el organismo de gestión del agua tiene pensado invertir 1,500 millones de pesos, cosa que también se afirmó en sesión ordinaria del Consejo Directivo de SAPAL el 29 de abril del 2020. En dicha sesión, celebrada públicamente vía transmisión en el Ayuntamiento se afirmó que la inversión es de gran importancia para la reactivación económica de León en el marco de la crisis sanitaria de la COVID-19. Según los consejeros, hay una inversión de 900 millones en licitaciones, obras públicas y asignaciones directas del SAPAL.
“Y a esto hay que agregarle -se dijo en la sesión- que vamos a invertir a partir de septiembre que tomemos la planta de tratamiento, más de 1,500 millones de pesos para reconstruir la planta de tratamiento, modernizarla, renovarla y comenzar a poner toda la estructura y la infraestructura de tubería morada que necesitamos para poder reusar el agua.”
SAPAL va a invertir 1,500 millones de pesos en reconstruir la PTAR. Como lo afirmó también su director, Enrique de Haro Maldonado en entrevista con Meganoticias el 16 de julio, diciendo que iban a hacer modificaciones a la planta después de que ejidatarios de Santa Rosa Plan de Ayala denunciaron públicamente la contaminación de sus tierras desde hace más de dos décadas. ¿Coincidencia?
Después de la denuncia de los ejidatarios, Enrique de Haro se deslindó diciendo que esperan a que acabe la concesión de ECOSYS III para tomar las riendas de la planta, puesto que – según dijo- su funcionamiento no era el adecuado. Con justicia Acción Colectiva se pregunta por qué, si sabían del mal funcionamiento de las plantas, SAPAL no rescindió a tiempo la concesión.
No obstante, hace menos de dos años, el 04 de septiembre de 2018, SAPAL le dijo a SEMARNAT en la MIA que la infraestructura del Módulo de Desbaste se encontraba «en buenas condiciones de operación». De acuerdo con las opiniones técnicas que ha recibido Acción Colectiva, una planta como la PTAR o el MD tienen una vida útil de hasta 35 años.
La organización se pregunta, entonces, por qué el cambio de postura: ¿por qué habría que reconstruir una planta que se supone todavía tiene una prolongada vida útil en menos de dos años? ¿Qué tipo de «reconstrucción» amerita un gasto de 1,500 millones de pesos del bolsillo de los leoneses cuando no hace mucho aseguraron que el Módulo de Desbaste funcionaba en óptimas condiciones?
SAPAL, un consejo que no representa los intereses ciudadanos
Apenas unas horas después de la rueda de prensa, SAPAL fijó postura en un comunicado oficial diciendo que «destinará una inversión sin precedentes para optimizar el tratamiento de aguas residuales». El boletín dice que «en el transcurso de los próximos 18 meses, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León destinará alrededor de mil 500 millones de pesos en la reconfiguración de sus plantas de tratamiento y la ampliación de su red de distribución de agua tratada».
En su propaganda SAPAL lleva el pecado: las y los ciudadanos de León han pagado un servicio que paradójicamente no está sirviendo. Puesto que pese a que el organismo de aguas sostiene que «el agua que sale de las plantas de tratamiento que opera SAPAL cumple con la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEMARNAT» sabemos por la evidencia y declaraciones del organismo que millones de litros al año no son tratados porque la planta es insuficiente y otros más son arrojados ilegalmente al sistema hidrológico con plena anuencia de la paramunicipal.
Las decisiones de SAPAL se toman mediante un consejo en el que solo está representado el sector industrial y comercial de la sociedad desde hace por lo menos diez años, con consejeros que renuevan su presencia sólo cambiando la institución a la que representan. No existe, por otro lado, representación alguna de usuarios domésticos y agrícolas, así como tampoco hay presencia de una organización en defensa del derecho humano al agua, como refiere el reglamento del organismo desde 2017.
Tal parece que los consejeros de SAPAL sí se mandan solos y han ocultado información sobre el funcionamiento de las plantas de tratamiento que se supone dan un servicio de clase mundial. La sociedad leonesa tiene 20 años bebiendo, cultivando y utilizando agua altamente tóxica que nunca llega a sanearse, a pesar de que se confía en que este líquido vital es cien por ciento potable pagando mes con mes tarifas engañosas. El agua de SAPAL mata lentamente a familias enteras, ejidos y distritos agrícolas, ríos y arroyos propiedad de la nación.
Pie de Página
Portal periodístico independiente, conformado por una red de periodistas nacionales e internacionales expertos en temas sociales y de derechos humanos.
Noé Vázquez Ortiz
MAPDER
4 de agosto del 2020
Noé Vázquez Ortiz, sacrificado a pedradas el 2 de agosto del 2013 en Amatlán de los Reyes por su defensa del río en las altas montañas de Veracruz y su resistencia al proyecto hidroeléctrico Presa El Naranjal, florece en el corazón de los pueblos en lucha.
¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!
El Escaramujo 101:LAS REPRESAS EN OAXACA
por Otros Mundos AC
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
>>Descargar Escaramujo 1010 en pdf<<
En el presente sexenio Oaxaca es una de las entidades más amenazadas en el país por los efectos de los megaproyectos planeados para el estado y para el resto del Sur-Sureste. Los proyectos mineros siguen generando grandes conflictos socioambientales además de los proyectos de represas. El Oleoducto, la infraestructura eléctrica, los parques eólicos, la ampliación del puerto en Salina Cruz y el Canal Interoceánico que partirá al estado y que incluirá diez centros o polos de desarrollo maquilador tendrán consecuencias socio ambientales irreversibles.
Hay otros proyectos aledaños que impactan también en el territorio oaxaqueño como la Refinería Dos Bocas en Tabasco, la explotación petrolera en Veracruz, Chiapas y Tabasco; El Tren Maya en la Península de Yucatán que aumentaría el tráfico de mercancías y turistas; la ampliación de puertos y aeropuertos, entre otros, mantiene al estado de Oaxaca en el epicentro nacional de la reconfiguración territorial y geopolítica, donde el capital disputará los territorios a los Ejidos y Bienes Comunales, a los pueblos y sus culturas.
Todos estos megaproyectos demandan enormes cantidades de energía, agua, mano de obra barata, tierras, y otros insumos para el beneficio del comercio internacional. Es el ofrecimiento de todos los bienes comunes para beneficio de las grandes trasnacionales, entendiendo el ‘desarrollo’ como ofrecer trabajo mal pagado a los pobres, a la población indígena y campesina.
Será Oaxaca el estado rompefuegos de toda la región Mesoamericana donde una muralla de contención pretenderá cortar al país a la mitad para detener los flujos migratorios y trasladar las condiciones de pobreza y miseria de la frontera norte hacia el Istmo de Tehuantepec. Los diez polos de desarrollo serían ahora el nuevo “Matamoros” o “Reynosa”, como otros asentamientos maquiladoras de la frontera norte. Todo ello en un estado con altos índices de pobreza, de estrés hídrico, con los mayores índices de sismos y violencia, pero también de resistencia y lucha en defensa de los territorios.
Analicemos ahora las intervenciones que se han realizado en las Cuencas de Oaxaca con proyectos de represas, diques, bordos y derivadoras, con lo que se pretende enfrentar esta demanda en términos de agua y energía para alimentar el extractivismo en la región.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México existen actualmente 4 mil 462 presas, de las cuales 667 son grandes represas principalmente para la generación de energía eléctrica.1 En el caso de Oaxaca solo resalta la Presa Hidroeléctrica Miguel Alemán (Temascal) construida en 1955, y se ha priorizado en los últimos años la generación eólica con gigantescos parques en manos de trasnacionales extranjeras que han ocasionado fuertes conflictos socio ambientales. Estas serán las que se beneficiarán por la demanda de energía de los megaproyectos en la región, aunque desde hace años los gobiernos en turno han mantenido la intención de construir las represas hidroeléctricas Paso de la Reina y Río Verde, sobre las que el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) mantiene una fuerte resistencia en la defensa de uno de los ríos más caudalosos de Oaxaca. Sin embargo, existen otros tipos de presas e intervenciones sobre el agua superficial de las Cuencas.
Desde el año 1550 hasta el 2019 la CONAGUA ha logrado documentar2 la construcción en México de un total de 6,225 represas, derivadoras y bordos en todo el país a lo largo de estos 469 años, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. A estas se sumarán otras 112 “pequeñas” represas que el gobierno actual pretende construir entre 2018 y 2024 y repotencializar 64 represas de las ya existentes.3
En el caso de Oaxaca que representa el 4.8% del territorio nacional, a lo largo del periodo señalado, el agua superficial de sus cuencas ha sido intervenidas en sus ríos, arroyos y afluentes con 167 obras artificiales como son los bordos, los diques, las derivadoras y las represas para el almacenamiento de agua, riego e hidroeléctrica en 81 municipios que representan el 14.21% de total de 570 con los que cuenta la entidad oaxaqueña. Todas estas 167 obras representan el 2.6% del total del país.
En Oaxaca existen pequeñas presas o embalses comunales de captación de agua y para el riego amenazadas por la sequía o la contaminación, como son las presas El Estudiante y La Azucena. Sin embargo, se destacan 4 Grandes Presas que han generado fuertes impactos socio ambientales. En ellas, la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas fueron fuertemente reprimidas y sin ninguna acción de resarcimiento. Divisiones comunitarias, familiares y precarización de los desplazados fue el saldo de ellas.
- 1) Presa Pte. Miguel Alemán (Temascal): Construida en 1955 con una cortina de 76 metros de altura es abastecida por el Río Tonto y tiene una capacidad de 8,119 hm³. El propósito original fue el riego agrícola y ahora también es para el control de avenidas e hidroeléctrica.
- 2) Presa Benito Juárez: Construida en 1961 para el riego pero también para proporcionar el agua que requiere la paraestatal PEMEX, cuenta con una cortina de 86 metros de altura y una capacidad de 947 hm³.
- 3) Presa Yosocuta: Construida en 1969 para fines de riego dota de agua potable a Huajuapan y comunidades aledañas pese a sus aguas contaminadas con aguas residuales.
- 4) Presa Pte. Miguel de la Madrid (Cerro de Oro): Construida en 1988 para la irrigación tiene una capacidad de 2,599 hm³ y cuenta con una cortina de 70 metros de altura. Generó un desplazamiento de alrededor de 26 mi personas indígenas y campesinas.
Todas las 167 obras entre represas, bordos y derivadoras están ubicadas en regiones Sísmicas. La mayoría en Sismicidad Alta con un total 114, y en Sismicidad Media un total de 53. Por otro lado, Oaxaca registra alrededor del 25% de los sismos del país.
Entre los tres elementos claves que mantienen a las represas en la insustentabilidad en el territorio oaxaqueño son las inundaciones, las sequías y los sismos, factores que azotan el Estado.
Por un lado las tormentas tropicales han logrado que los embalses sean rebasados con las consecuentes inundaciones y afectaciones a las comunidades. Por otro lado, las sequías en Oaxaca han provocado los niveles más bajos de las presas lo que ha permitido ver las iglesias y cerros que originalmente habían quedado bajo el agua. Esta inestabilidad pluvial es una de las razones de la insustentabilidad de las represas.
Los constructores en Oaxaca de las intervenciones en los tipos de obras mencionados han sido diversos a lo largo de la historia, entre ellos Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Gobierno del Estado y gobiernos municipales, particulares; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que existió entre los años 2000 y 2018; la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que funcionó entre los años 1946 a 1976; la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) entre 1976 y 1994; la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).
De las 167 obras construidas en Oaxaca, CONAGUA solo tiene registro histórico de su fecha de construcción de 103 de ellas. Cabe señalar cómo entre las décadas de 1960 y 1979 se dieron el mayor número de las obras y de las mayores represas.
Todas las obras se han construido sobre más de 40 Ríos, entre ellos Tequisistlán, Ocotlán, Salado, Teotongo, Tejúpam, Río Verde, Atoyaquillo, Blanco, Calabaza, Chicapa, Coapa, Río de la Cantera o La Pita, Garcés, Río Grande, Huajuapan, La Bomba, La Raya, Las Cucharas, Los Perros, Mixteco, Negro o Grande de Huitzo, Papaloapan, Prieto, San Antonio, San Antonio Monteverde, San Bernardo, San Felipe, San Pedro, Santo Domingo, Tehuantepec, Tonto, Tsundaa, Yerolea, Zempoalatengo, Río de la Y, El Matadero, El Palenque, Río Grande, Morán y San Francisco.
También se han intervenido más de 60 Arroyos, entre otros, Arroyo de los Montes de Donají, El Estudiante, La Ciénega, La Pe, Piedra del Sol, Río Grande, La Concordia, Andaruca, Arenal, Blanca, de La Cruz, El Bayito, El Boquerón, El Cántaro, El Capitán, El Capulín, El Colorado, El Encinal, El Guatabo, El Nazareno, El Palenque, El Rincón, El Rito, El Sabino, El Salado, El Veinte, Expiación, Higo Macho, La Azucena, La Cruz, La Noria, La Pila, La Soledad, Las Ahumadas, Los Hornitos, Los Ocotitos, Los Sabinos, Monjas, Salado, San Juan, Vigoldi, Agua del Ramón, Agua del Ramón, Cañada de León, Cañada del Burro, Cañón del Veinte, El Alambrado, El Cajón, El Cantarito, El Cuajilote, El Guayabal, El Gusano, El Morón, El Saucito, El Sauz, El Ticulute, La Estancia Chica, Arroyo Seco, Yanee, Cañada de Agua, Cañada de la Palma, Cañada El Pedernal, Piedra del Muerto.
La CONAGUA distingue 3 Regiones en las que han sido intervenido el agua superficial en Oaxaca con estas obras. Un total de 11 en la Región del Balsas, 13 en la Región Golfo Centro, y 143 en la Región Pacífico Sur.
Por otro lado, distingue las 16 Cuencas sobre las que se han intervenido con estas 167 obras: Río Atoyac-Paso de la Reina (26), Río Atoyac-Salado (21), Río Atoyac-Tlapacoyan (72), Río Espíritu Santo (1), Río Grande (2), Río Los Perros (2), Río Mixteco (13), Río Salado (11), Río San Antonio (9), Río Santo Domingo (1), Río Sordo-Yolotepec (3), Río Tehuantepec (2), Río Tequisistlán (1), Río Tlapaneco (1), Río Tonto (1), Río Verde (1).
Otra forma en que CONAGUA identifica geográficamente las intervenciones de los cuerpos de agua con estas 167 obras son por medio de las 5 Regiones Hídricas: Costa Chica de Guerrero (122), Tehuantepec (17), Papaloapan (16), Balsas (11) y Costa de Oaxaca (1).
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https://otrosmundoschiapas.org/el-escaramujo-101las-represas-en-oaxaca
Espacio Social: Ríos en movimiento
3 de agosto de 2020
Los ríos de México son amenazados por diversos factores como la contaminación por megaproyectos como presas, hidroeléctricas o mineras, entre otros.
En esta emisión conversamos con la abogada especializada en derechos de los pueblos indígenas y comunidades agrarias, Claudia Gómez Godoy, quien es integrante del colectivo de abogados que acompaña la lucha contra la construcción de la presa “El Zapotillo”.
También conversamos con el biólogo oaxaqueño Miguel Calixto Rojas quien nos platica acerca de la cuenca del río Atoyac y sus principales afectaciones por contaminación, así como la relación que los pueblos y comunidades de los Valles Centrales tienen con este.
Por otro lado, conoceremos en voz de Leonor Santos Díaz, mujer afro mixteca, originaria de La Luz, Tututepec, Oaxaca e integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), parte de la historia de esta organización que cumple 13 años de lucha por la defensa de la vida.
Escuchar y descargar Espacio Social: Ríos en movimiento (30 min.) https://www.educaoaxaca.org/espacio-social-rios-en-movimiento/
El Escaramujo 101: LAS REPRESAS EN OAXACA
En el presente sexenio Oaxaca es una de las entidades más amenazadas en el país por los efectos de los megaproyectos planeados para el estado y para el resto del Sur-Sureste. Los proyectos mineros siguen generando grandes conflictos socioambientales además de los proyectos de represas. El Oleoducto, la infraestructura eléctrica, los parques eólicos, la ampliación del puerto en Salina Cruz y el Canal Interoceánico que partirá al estado y que incluirá diez centros o polos de desarrollo maquilador tendrán consecuencias socio ambientales irreversibles.
Seguir leyendoPide Cecop decretar la cancelación de la presa La Parota
Escrito por Patricia Rumbo Jul 27, 2020
En la asamblea que se llevó a cabo este domingo en las instalaciones de la comisaría de la Policía Comunitaria del poblado de Cacahuatepec, el vocero del grupo, Marco Antonio Suástegui Muñoz, recapituló que durante las casi dos décadas de defensa de la tierra y el agua para todos “ha habido mucho sufrimiento, nueve compañeros asesinados, más de 60 encarcelados y más de 50 órdenes de aprehensión giradas”.
Unas 50 personas representantes de 11 localidades y un ejido, participaron en la reunión para pedir a la administración federal la autodeterminación de los pueblos de Los Bienes Comunales, la cancelación definitiva de la construcción de la presa La Parota y que le sea otorgada la amnistía a Solís Valeriano, quien se encuentra recluido en el penal de Las Cruces desde 2014.
Suástegui Muñoz expuso que “La hidroeléctrica no está cancelada, está suspendida momentáneamente, pedimos un decreto gubernamental de cancelación del proyecto. Hoy menos que nunca debemos bajar la guardia, porque mientras haya agua el gobierno del estado seguirá metiendo miedo llevándonos a la cárcel”.
Dijo que el Cecop tiene por delante rebasar los tiempos de la pandemia y fortalecer la integración de otros movimientos sociales y organizaciones solidarias, para tomar la senda de los derechos de los pueblos por encima de los intereses mezquinos de los empresarios y de los gobiernos afines.
Presa Pilares, otro megaproyecto impuesto en Sonora
18 julio, 2020
Con la llegada de las primeras lluvias de la temporada en la sierra de Sonora, inició el llenado del embalse de la presa Los Pilares en Álamos. Comenzaron a inundarla sin cumplir el derecho a la consulta, sin aviso previo a los indígenas Guarijíos, y sin respetar amparos
Texto y Fotos: Reyna Haydee Ramírez
La presa está prácticamente terminada. En 2019, el Gobierno federal aportó los últimos 600 millones de pesos que se requerían para terminar esta obra, construida sin respetar los derechos de los Guarijíos, ni las leyes que los protegen. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció que irá a inaugurarla.
Don José Romero, gobernador del pueblo Macurawe, habla preocupado; su voz se oye desesperada. Nadie les avisó que la presa empezaría a llenarse y aún no concretan la reubicación de su pueblo, el principal afectado por el desplazamiento.
«No nos han arreglado las casas. No nos pagan, el terreno, la cortina parece que no está muy bien, ya tiene un chorro de agua», dice preocupado Don José.
Marginación: Guarijíos que pierden su territorio
Los indígenas de la Colonia Macurawe están perdiendo sus tierras, cercos y vegetación tradicional. Ésta no solo les sirve para alimentarse sino que por siglos han utilizado como medicina tradicional.
La comunidad de Mochibampo es otra que será directamente afectada; pues deberán desplazarse más hacia la sierra y quedarán incomunicados. Al igual que la colonia Macurawe los alejan del cauce del Río Mayo, terrenos donde siembran principalmente granos de autoconsumo, como el maíz.
También temen que se inunde parte de Mesa Colorada, que es la principal comunidad donde se abastecen los Guarijíos de las zonas altas, de las comunidades más alejadas, sin caminos, como Bavicora. Nadie les ha explicado qué pasará al llenarse la presa.
Aureliano Rodríguez, de Bavicora, expresa que ellos están en la parte más alta, pero también en su comunidad están preocupados; y han dado aviso a todos aquellos que puedan ayudarlos. Tienen incertidumbre de cómo correrán los arroyos al llenar la presa llamada Bicentenario y conocida por ellos como Los Pilares.
Tan solo por las lluvias que ya empezaron en la sierra, advierte que pronto quedarán incomunicados por días y semanas, porque no tienen puentes ni caminos.
«En una semana ya no habrá pasada para Álamos, ya está llegando (el agua) hasta Chorijoa y se tapara el camino, va muy recio subiendo el agua», dice impotente.
Los Guarijíos tienen décadas de afrontar el aislamiento, el quedar incomunicados por no tener puentes, ni caminos, pero saben navegar con inundaciones del Río Mayo, por las grandes y fuertes avenidas en tiempo de lluvias, rodean, hacen nuevos caminos, usan balsas, pero una presa es lo desconocido, no saben hasta dónde inundará sus tierras, cómo correrán ahora los arroyos, cómo cambiará su vida, desplazados.
Terminan presa sin certidumbre para etnia
En octubre de 2019, el Presidente visitó San Bernardo, ahí anunció que aportarían al Gobierno de Sonora, los 600 millones de pesos que faltaban para terminar la presa. Y se comprometió a no hacer nada sin consultar a los Guarijíos y resolver su demanda de tener certeza de su territorio.
En octubre, funcionarios del Gobierno federal, de Conagua, Semarnat, INPI sí iniciaron un diálogo con los Guarijios afectados. Pero no fue posible continuar, las reuniones quedaron inconclusas por los conflictos entre autoridades estatales y federales, pero sobre todo los conflictos internos de la tribu, explica Don José, quien siempre estuvo en desacuerdo de la presa y el Gobierno estatal optó por nombrar a otro gobernador de la Colonia Macurawe para obtener su firma y seguir adelante con el proyecto.
Gobierno de Sonora promueve el «divide y vencerás»
La división del pueblo la inició el Gobierno de Sonora en el sexenio de Guillermo Padrés Elías en 2013; y la continuó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano hasta hoy. Así se puede ver en documentos oficiales; por ejemplo, en una extemporánea Manifestación de Impacto Ambiental, que no existía, y que la empresa Canoras tramitó en 2018, para lograr el permiso de Semarnat y terminar la presa que estaba a más del 60 por ciento.
Ambos gobernadores usaron la misma estrategia: Dividir al pueblo Guarijio, nombrar gobernadores alternos, conocidos como «duales»; tal y como se hizo con la etnia yaqui en su momento. Trabajar a estos individuos a favor de su interés en la presa; y negociaron con ellos, por encima del pueblo. Todo esto provocó y provoca severos conflictos internos y complica cada día más el problema.
El diálogo se rompió definitivamente en marzo de este año por la pandemia de covid19. Pero el Gobierno Estatal, a través de la Comisión Estatal del Agua, continuó y aceleró la construcción de la presa, lo que motivó que los Guarijíos afectados interpusieran un segundo amparo.
Cuatro años de trama legal
Horacio Laguna, asesor legal de los guarijíos afectados, explica que con este segundo amparo, iniciaron el mismo recorrido que con el primero que interpusieron en 2015 y que se resolvió a su favor hasta 2018, cuatro años después. Pero durante todo ese tiempo el gobierno del estado de Sonora continuó con la construcción, dividiendo y pasando por encima del pueblo Guarijío.
Hoy está terminada y el gobierno estatal comenzó a llenarla, a inundar sus tierras, sin haberles reubicado, ni indemnizado. Esto es un hecho porque hay evidencia y porque autoridades de la Conagua informan que ya está terminada, pero no les ha sido entregada oficialmente.
«Esta presa, cuya obra civil acaba de ser concluida, la opera actualmente el Gobierno del Estado (de Sonora)… Conagua aún ni la ha recibido y por lo tanto no la administra», precisó la dependencia a través de Comunicación Social.
Sin embargo, el Gobierno estatal se niega a responder si la presa está terminada.
Hoy los Guarijíos esperan que un Juzgado de Distrito en Hermosillo resuelva el recurso de queja que interpusieron para que se suspenda la obra y que no se inunden sus tierras. Esto debería ser urgente, pues la obra está terminada y están en juego los derechos de la etnia. Pero no, porque también tienen en contra el fallo del juez federal en Cajeme y ahora el caso se dirime ante el Juzgado de Distrito. Igual que como les ocurrió con el primer amparo del 2015.
«No se respetó el derecho a la consulta, ni liquidación, ni terrenos, ni nada», destaca Laguna.
Dejaron llegar la emergencia
El antropólogo Alejandro Aguilar Zeleny, conocedor a fondo de la problemática, explica que la construcción de la presa está plagada de irregularidades; y hoy que ya se terminó, no hay un plan de contingencia.
«Simplemente dejaron que la emergencia sucediera (inundar las tierras) para luego ver qué decisiones tomar. Dejaron llegar la emergencia y no ha habido un real compromiso con la comunidad.
«No están contempladas las compensaciones. Se discutió durante muchos años, pero no se hizo nada para prevenir inundaciones, para reponerles la infraestructura que perdieran o para indemnizarlos», denunció.
Las instituciones que participaron en la construcción, Conagua, Semarnat, gobierno estatal, desaparecieron una vez terminada la obra.Incluso el personal del INPI se retiró desde el inicio del diálogo. Hoy la obra está terminada y el daño a los Guarijíos afectados no ha sido reparado.
«Lo que esperábamos con el cambio de Gobierno, es que se hiciera manifiesto, que arreglara lo que hicieron mal los gobiernos del PRI y del PAN, pero lo que se hizo fue acelerar el proceso, el INPI desapareció del mapa, Conagua, Semarnat», dijo.
«Lo que se requiere es una acción urgente, un diagnóstico desde dónde y cuál es la afectación, cuál sería el plan de contingencia y eso implica reponer la tierra, construir puentes, entre otras cosas», destacó Aguilar Zeleny.
Reyna Haydee Ramirez
CFE obligada a pagar 200 millones de dólares, por no garantizar construción de hidroeléctrica Chicoasén II
Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo sobre los proyectos de hidroeléctricas en Chiapas – A 2 de julio de 2020
La Corte de Arbitraje Internacional de Londres sentenció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagar 200 millones de dólares a las empresas privadas que iban a construir la hidroeléctrica Chicoasén II, como indemnización porque la obra no han podido llevarse a cabo, derivado de inconformidades y protestas que se han presentado en la zona, entre ella la de propietarios de terrenos que fueron afectados por obras de la paraestatal.
El dictamen es derivado de la demanda de las empresas contra la CFE, por concepto de lo que consideraron, son «pérdidas» que les ocasionó la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.
La CFE informó a través de un comunicado, que está evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio.
Cabe recordar que en 2015, las empresas Caabsa, de Luis y Mauricio Amodío; Omega de Jorge Melgarejo; y la china Sinohydro, ganaron la licitación que lanzó la paraestatal, para construir la hidroeléctrica, en donde invertirían 386.4 millones de dólares.
Debido a las protestas, el proyecto fue cancelado en 2017, cuando tenía apenas un avance de alrededor de 17 por ciento. Los empresarios inversotes demandaron entonces a la CFE ante la corte londinense -de arbitraje entre empresas y gobiernos-. La corte emitió su sentencia esta semana, argumentando «falta de certidumbre jurídica y seguridad física para llevar a cabo la obra».
Imagen: Carpeta con el Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II. Fotografía: Chiapas Parelelo
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Temacapulín, Jalisco conoce el pueblo que el gobierno quiere inundar
Recorriendo Mi TierraUn breve recorrido por Temacapulín, donde probamos el Pescado en Penca, la Basílica, Balneario de agua termal y conocimos el motivo por el que quiere ser borrado del mapa. #Temacapulín #Cañadas #AltosDeJalisco #AltosFocus #Jalisco #Temaca