[INFORME] Vidas borradas: La invisibilización de las víctimas del desplazamiento por presas en México

Publicado el | por Otros Mundos AC

Informe publicado en 2018 por la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), el Movimiento mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), OXFAM
>> DESCARGAR EL INFORME AQUÍ <<

El presente documento expone los resultados de una investigación sobre el desplazamiento de personas a consecuencia de la construcción de obras de infraestructura hidráulica e hidroeléctrica en México y el periodo 2006-2016. Su objetivo principal fue proporcionar información estadística al informe alternativo que la sociedad civil entregó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (cdesc).

En esta introducción se revisa críticamente el discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo, y se presenta una caracterización general de las presas construidas durante los siglos xx y xxi  para diferenciarlas en términos de sus dimensiones, sus aprovechamientos y la magnitud de sus impactos.

El segundo capítulo describe la metodología diseñada para el análisis de las presas y de sus afectaciones sociales. Como allí se menciona,  os datos empleados provinieron principalmente de documentos oficiales publicados por dependencias federales durante los sexenios encabezados por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Como gran parte del trabajo consistió en la caracterización de las obras de infraestructura hídrica, en el tercer capítulo se presentan los rasgos básicos de las 259 presas levantadas en el periodo 2006-2016: ubicación, altura de la cortina, capacidad de almacenamiento, usos del agua y promoventes.

El capítulo continúa con la descripción general de las 35 presas seleccionadas para el análisis, de capacidad mayor de 0.5 hectómetros (hm3), y en su última parte se enuncian las afectaciones sociales derivadas de los desplazamientos.  Finalmente, en el cuarto capítulo, a modo de conclusiones se aporta una reflexión sobre los principales hallazgos de la investigación.

1.1 El discurso gubernamental sobre la infraestructura hidráulica y los proyectos federales de desarrollo

En este apartado se reúnen los argumentos utilizados para justificar el emprendimiento de programas y proyectos de desarrollo en los dos periodos de gobierno mencionados y se señalan las presas que la federación ha reconocido como prioritarias.

Con los Planes Nacionales de Desarrollo (pnd) se rigen las políticas federales durante cada sexenio. En los correspondientes al periodo en estudio se observa que el discurso de la sustentabilidad ambiental fue asumido como un principio del desarrollo, por lo cual plantean el impulso de energías limpias y renovables a fin de atenuar y contrarrestar los efectos adversos del cambio climático. En cuanto a los sectores hidráulico e hidroeléctrico, reiteran la importancia de avanzar en la gestión del recurso agua mediante el incremento de la eficacia en el manejo de las presas, lo que conllevaría (supuestamente) una mayor dotación del líquido a la población.

En el discurso oficial, uno de los argumentos más recurrentes para respaldar los proyectos de infraestructura hidráulica es la necesidad de proveer de recursos hídricos a determinadas poblaciones, apelando en algunos casos al derecho humano al agua. Tal intención se presenta como el eje de la gestión del agua en un contexto de creciente incorporación del sector privado en el manejo de los recursos hídricos e hidroeléctricos, recomendada por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Conagua, 2014).

Esta transformación en el diseño y la gestión de la infraestructura hidráulica se manifiesta en políticas públicas que de manera reiterada esgrimen la imperiosa necesidad de fortalecer la productividad y la competitividad de las distintas regiones de México de cara a un escenario global en constante dinamismo y en el que la competencia y el libre mercado son el único camino para el desarrollo. Se asume, por lo tanto, que el Estado mexicano debe seguir los lineamientos de corte neoliberal y tomar por sentado que “el rol que juegan los gobiernos debe ser para eliminar obstáculos, fomentar la orientación hacia mercados o sectores estratégicos, la desregulación y la coordinación entre diversos agentes y órdenes de gobierno” (pr, 2013: 17).

Otros documentos que aportan datos y elementos para comprender el discurso oficial son los Programas Nacionales de Infraestructura (PNI), que incluyen la descripción de los principales proyectos en los rubros de infraestructura hidroagrícola y control de inundaciones. El PNI 2007-2012 (pr, 2007) destaca las presas:

1. El Cajón, Nayarit.
2. La Yesca, Nayarit.
3. Santa María, Sinaloa.
4. Picachos, Sinaloa.
5. El Carrizo, Jalisco.
6. El Naranjo, Jalisco.
7. Francisco J. Múgica, Michoacán.
8. El Yathé, Hidalgo.

En el PNI 2014-2018 (pr, 2014a, b y c) se subraya la supuesta necesidad de acordar inversiones conjuntas entre los sectores público y privado, e incluso se habla de una democratización del agua en la cual quedarían insertos los proyectos de infraestructura hidráulica. Asimismo, se pone énfasis en la región sureste, en la que se pretende aprovechar la abundancia de recursos naturales en un contexto de poco desarrollo de la infraestructura.

Los principales proyectos que señala el PNI 2014-2018 no coinciden del todo con los del PNI 2007-2012, pues indica los siguientes:

1. Nuevo Guerrero (La Parota), Guerrero.
2. Aprovechamiento hidráulico de usos múltiples Paso de la Reina, Oaxaca.
3. Las Cruces, Nayarit.
4. Central hidroeléctrica Chicoasén II, Chiapas.
5. Tenosique, Tabasco y Chiapas.
6. Presa de almacenamiento La Maroma, San Luis Potosí.
7. Chiapan (Angostura II), Chiapas.
8. La Yesca U1 y U2, Nayarit.
9. La Palma, Baja California Sur.
10. La Higuerilla (Alberto Andrés Alvarado Arámburo), Baja California Sur.
11. Piedras Azules, Chihuahua.
12. Rocheachi, Chihuahua.
13. El Yathé, Hidalgo.
14. Proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para Jalisco y León.
15. La Laja, Guerrero.
16. Sistema Purgatorio-Arcediano, Jalisco.
17. Santa María, Sinaloa.

En el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018 (conagua, 2014) se señalan las atribuciones de cada una de las dependencias que intervienen en el manejo del recurso agua, sin profundizar en proyectos específicos. Por su parte, el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) para el lapso 2007-2016 (CFE, 2007) destaca la dimensión técnica de las obras. Un dato interesante de este documento es el reconocimiento de que en algunos casos surgen problemas sociales que complican e incluso retrasan el curso de los proyectos, como en La Parota, ahora renombrado Nuevo Guerrero.

Es importante señalar que el conjunto de estos documentos, que recogen el discurso oficial en cuanto a los proyectos de desarrollo, deja de lado las problemáticas que conllevan la construcción y la gestión de tales proyectos, lo cual es grave pues varios de éstos son de grandes dimensiones y requieren un gasto excesivo de recursos públicos por periodos prolongados.

Ante la omisión por parte del Estado mexicano de ofrecer información sistematizada y de fácil acceso sobre todas las características de las grandes presas, incluso de sus implicaciones sociales y ambientales negativas, se vuelve necesaria la generación de una metodología que posibilite encontrar y recopilar información útil y suficiente para analizar y diagnosticar tales problemáticas y, con ello, fortalecer los argumentos de denuncia de los procesos de desplazamiento desencadenados por esas obras

.>> DESCARGAR EL INFORME AQUÍ <<

Más información:

Declaración del 13º Encuentro nacional del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Movimiento de los Afectados por Represas denuncia nuevo crimen de la minera Vale

Notícias

Movimiento de los Afectados por Represas denuncia nuevo crimen de la minera Vale

Una vez más la historia se repite como tragedia. De un lado la Vale S.A, gran minera mundial, y del otro el pueblo brasileño, buscando juntar cuerpos enterrados en el […]

Publicado 26/01/2019

Una vez más la historia se repite como tragedia. De un lado la Vale S.A, gran minera mundial, y del otro el pueblo brasileño, buscando juntar cuerpos enterrados en el lodo de empresas criminales.

Este 25 de enero será marcado por el rompimiento de tres represas de desechos de mineral de la Mina Córrego do Feijão, que forma parte del Complejo Paraopeba. La represa, de responsabilidad de la empresa Vale está ubicada en el municipio de Brumadinho, en la región metropolitana de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Se estima que 14 millones de m³ de desechos fueron despejados en el río Paraopeba, uno de los principales afluentes del Río São Francisco, uno de los ríos más importantes del país. Las autoridades informan que unas 150 personas están desaparecidas. Las evidencias de otro crimen socioambiental de incalculables dimensiones nos agreden nuevamente. El poder público no escuchó a las comunidades y actuó a favor del poder corporativo para flexibilizar las licencias ambientales de ampliación del complejo de represas en diciembre de 2018.

Desde el MAB entendemos que se trata de un crimen continuado por la Vale contra el pueblo brasileño. Se cumplen poco más de tres años del crimen de Samarco con la ruptura de la represa de Fundão, en Mariana, donde ninguna casa fue construída, no sabemos el número de personas afectadas, no tenemos estudios fuertes sobre los impactos en la salud, las mujeres no son reconocidas como afectadas, entre otras tantas violaciones ambientales y de derechos de los afectados. El poder judicial hasta hoy no responsabilizó a ninguno de los directores de las empresas involucradas en el crimen y no aseguró la reparación integral de las familias. Por el contrario, ha actuado en la selectividad punitiva, criminalizando la manifestación de las familias, los movimientos populares y las organizaciones de la sociedad civil.

Es importante destacar que la compañía Vale S.A ya fue una empresa del pueblo brasileño, pero en los años 90 fue privatizada. Lo que vemos actualmente es una gran empresa que actúa para mantener las tasas de ganancia de sus accionistas, sin ningún compromiso con la vida humana y el medio ambiente.

Una vez más estas grandes empresas con la connivencia de los gobiernos demuestran sus prioridad por el lucro en detrimento de la calidad de vida de la población. No hay desarrollo regional, hay destrucción de vidas y contaminación de los ríos y de la naturaleza.
El MAB convoca al pueblo brasileño, por el espíritu de solidaridad y justicia social que nos mueve, a apoyar a las familias afectadas por el rompimiento de la represa de Brumadinho. Ya estamos en la región y estamos mobilizando a muchos afectados y afectadas de todo Brasil en esta tarea de solidaridad y apoyo a las víctimas, junto a tantos otros afectados y afectadas de la cuenca del río Doce y litoral de Espírito Santo ya se han voluntariado al deber de compañerismo.

Seguimos luchando por justicia en Mariana, en Brumadinho, en la cuenca del Río Doce, en el litoral capixaba y en defensa del San Francisco.
Exigimos justicia en este nuevo crimen, y que la muerte de personas, de animales, de los ríos y del medio ambiente no queden una vez más impunes.Movimiento de los Afectados por Represas (MAB)

¡AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!

“VIDAS BORRADAS. LA INVISIBILIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DESPLAZAMIENTO POR PRESAS EN MÉXICO”

18 diciembre, 2018

Porcopudever

El texto que tienen en sus manos es el resultado de una investigación que la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), Oxfam México y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), solicitaron al colectivo Geocomunes en vista del examen al cual México sería sometido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (CDESC). Este organismo internacional tuvo la tarea de analizar los informes periódicos V y VI sobre el cumplimiento de las observaciones que dirigió al Estado mexicano en 2006 conforme el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en el país desde 1981. Como ha sucedido en ocasiones anteriores, numerosas organizaciones y redes de la sociedad civil decidieron articularse para elaborar un informe paralelo que, con el n de contribuir a la tarea de supervisión del CDESC, le ofreciera a sus funcionarios datos alternos sobre la situación que guardan los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el país.

En este contexto se definió ofrecer al organismo internacional información actualizada sobre las personas desalojadas entre 2006 y 2016 por las presas hidráulicas e hidroeléctricas. Para obtener los datos se emplearon fuentes oficiales, artículos de prensa y textos académicos. El resultado del análisis es contundente: en la mayoría de los casos de proyectos ya construidos, las personas desplazadas son borradas del mapa del “desarrollo”. Tan es así que existe algún tipo de información sólo de 5 de los 35 proyectos estudiados con mayor amplitud, es decir, de 14% del total, lo que implica la violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos relacionados de estas personas y convierte su desalojo en ilegal. Al revisar la información ofrecida, el CDESC definió emitir una recomendación específica al Estado mexicano sobre desalojos forzosos.

VIDEO: La Verdad en la Causa Berta Cáceres

#DESA es una empresa que desarrolló acciones criminales en contra de las comunidades miembras del COPINH y en contra de Berta Cáceres. Esta estructura criminal, instrumentalizo personas a fines a sus intereses, realizó pagos para atacar al copinh justificándolos como apoyo comunitario. #DESACulpable # JusticiaParaBerta.

PRONUNCIAMIENTO DEL XIII ENCUENTRO NACIONAL MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS (MAPDER)

Las organizaciones participantes en el XIII Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos convocados para celebrar nuestra lucha y resistencia en Salsipuedes, Bienes Comunales indígenas de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, Guerrero, lugar donde dio inicio nuestro movimiento hace 15 años, damos a conocer parte de nuestro análisis y postura ante la coyuntura política nacional:

Vivimos un momento de gran efervescencia y cambio político. En menos de 15 días tomará posesión un nuevo gobierno. Existe una esperanza de cambio en los 32 millones de mexicanos que rechazaron el régimen que imperó por más de 80 años de imposición, autoritarismo, corrupción e impunidad. Con el ascenso de la derecha en América Latina comprendemos la importancia de un nuevo gobierno progresista en el continente. Sin embargo, para los movimientos que nos oponemos al extractivismo y al modelo energético imperante en nuestro país eso no significa un cambio a favor de nuestras demandas. Tenemos claro que sólo la organización y articulación de movimientos sociales podrá hacer valer la determinación de los pueblos en sus territorios.

Desde el MAPDER afirmamos que continuaremos en la defensa de pueblos y ríos ante el embate de esta nueva fase del capitalismo. El modelo energético vigente favorece a empresas privadas, despojando a la naturaleza y sus pueblos de sus condiciones de vida, sin sancionarlas por los impactos negativos que generan. Consecuentes con nuestra historia de lucha informarnos al nuevo gobierno que no aceptaremos la imposición de proyectos de presas e hidroeléctricas, así como otros modelos extractivos que han llevado al enfrentamiento, la represión y la criminalización de quienes por muchos años hemos defendido nuestras tierras, el agua, los derechos de los pueblos y los territorios.

Desde hace más de 30 años se ha venido adecuando la legislación para favorecer la inversión privada en detrimento de la naturaleza y nuestros derechos. La reciente iniciativa presentada por senadores de Morena  denominada Ley de Desarrollo Agrario, que pretende abrogar la Ley Agraria va en ese mismo sentido.  Se trata de la ley que dejó pendiente el gobierno peñista y da continuidad a la reforma salinista al Artículo 27 que, en 1992 abrió el campo mexicano al capital privado, nacional y extranjero.  Si pretenden que ese sea el cambio, pronto van a chocar con el pueblo que los eligió.

Es inaceptable que la consulta entendida desde el Convenio 169 de la OIT esté simplificándose y banalizándose en el marco de una discusión más amplia que involucra a otros sectores de la sociedad sobre temas de “interés público”. Se invisibiliza el derecho de pueblos y comunidades campesinas e indígenas a la autodeterminación. Cualquier proyecto de nación tiene la obligación de respetar los modos de vida de quienes habitan los territorios.

Denunciamos la profundización del modelo neoliberal con proyectos para facilitar el control del territorio por gran capital como lo son las Zonas Económicas Especiales que el nuevo gobierno pretende seguir impulsando.

Como movimiento nos preocupa la situación de violencia que están viviendo los miembros  y familias de los simpatizantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota. Durante el encuentro escuchamos testimonios que dan cuenta del continuo hostigamiento y represión del que han sido objeto compañeras y compañeros por parte del gobierno del estado de Guerrero a través de la policía estatal y ministerial. Esta violencia ha tenido consecuencias directas a mujeres y niños, dejándolas viudas y huérfanos, así como el encarcelamiento injusto de 19 compañeros que hasta ahora se encuentran en el penal de Las Cruces, Guerrero. Resultado de esa violencia son los hechos sucedidos el 12 de noviembre pasado contra el patrimonio familiar de Marco Antonio Suástegui.

Ante esta situación el MAPDER exige:

  • Investigación pronta e imparcial por la quema de las motos acuáticas, modo de vida, del líder social Marco Antonio Suástegui y sanción a los responsables.
  • Que el Gobierno del estado de Guerrero a través de las instancias correspondientes brinde las medidas de protección a Marco Antonio Suástegui y su familia, dado que su vida corre peligro y cese el hostigamiento y agresiones contra su persona y los miembros del CECOP.
  • LIBERTAD A LOS 19 PRESOS POLÍTICOS del CECOP y del compañero Gonzalo Molina de la CRAC Policía Comunitaria de Tixtla, preso en el penal de Chilpancingo.
  • Que se haga justicia por los compañeros asesinados el 7 de enero del año en curso en la comunidad de la Concepción, Municipio de Guerrero: Ulises García, Eusebio Elacio, Alexis Santos, Crecenciano Everardo, Feliciano Ascencio y Celerino Hernández, asesinado el 15 de noviembre del 2014.
  • Salida de la policía estatal del poblado de la Concepción y que cesen la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del movimiento.
  • Cancelación de todas las órdenes de aprehensión de los miembros del CECOP y de la policía comunitaria de Cacahuatepec.
  • Justicia por el asesinato de los defensores del territorio en Sierra Norte de  Puebla, Antonio Esteban y Manuel Gaspar así como la aparición con vida del defensor Sergio Rivera.
  • Cancelación definitiva  de los proyectos de las presas: La Parota, Guerrero. Las Cruces, Nayarit. El Zapotillo y El Purgatorio  en Jalisco.   PH Puebla 1, en la cuenca del Ajajalpan en Puebla.  Paso de la Reyna, Oaxaca. Usos múltiples Xalapa y  El Naranjal en Veracruz.  Milpillas,  Zacatecas.  Rápidos Santo Domingo, mini hidroeléctricas en ríos Chespal y Cuilco, Chiapas y las hidroeléctricas en el río Bobos-Nautla, Veracruz.
  • Desmantelamiento inmediato de la presa el Zapotillo y auditoría al proyecto. Restauración de la cuenca del río verde.
  • Reparación integral de los daños causados por la construcción de las presas Zapotillo y Arcediano en Jalisco y del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz en Sierra de Zongolica.
  • Exigimos a los tres órdenes de gobierno revertir políticas de privatización del agua. Al gobierno Federal exigimos la eliminación de los decretos de levantamiento de vedas y la cancelación de las concesiones otorgadas a empresas privadas.
  • Respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios y a sus sitios sagrados.
  • Externamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas por el huracán Willa en la costa norte del Estado de Nayarit y el sur de Sinaloa por lo que demandamos; la atención inmediata a los 180 mil damnificados por las inundaciones causadas por dicho meteoro.
  • Exigimos al Gobierno de  Honduras justicia por el asesinato de la compañera  Berta Cáceres y protección al Consejo Cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras COPINH, a la familia de la compañera Berta y a Gustavo Castro.
  • Al gobierno de Colombia le exigimos verdad ante lo sucedido con la hidroeléctrica Hidroituango, asimismo que se libere el Río Cauca y se haga el desmantelamiento de la presa en Antioquía, Colombia.
  • Alto a la criminalización de los defensores del territorio.
  • Exigimos a los Gobiernos de México, Estados Unidos, Honduras, El Salvador y Guatemala que garanticen el respeto de los derechos humanos de todas las personas que forman parte de las Caravanas del Éxodo Migrante que en este momento atraviesan el territorio mexicano. Por el derecho a migrar con dignidad: ningún ser humano es ilegal.

Reconocemos la importancia de fortalecer la unidad entre los movimientos en defensa del territorio, y con otros sectores de la sociedad y de América Latina. En este sentido nos abrimos al diálogo en cada una de las regiones donde tenemos trabajo y convocamos a otras luchas a fortalecer la organización.

RÍOS PARA LA VIDA,  NO PARA LA MUERTE

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS 

Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Acapulco, Gro, 18 de noviembre de 2018

Pronunciamiento del XIII Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las presas y en defensa de los ríos

Las organizaciones participantes en el XIII Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos convocados para celebrar nuestra lucha y resistencia en Salsipuedes, Bienes Comunales indígenas de Cacahuatepec,  Municipio de Acapulco, Guerrero, lugar donde dio inicio nuestro movimiento hace 15 años,  damos a conocer parte de nuestro análisis y postura ante la coyuntura política nacional:

Seguir leyendo

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS (MAPDER) PRONUNCIAMIENTO DEL XIII ENCUENTRO NACIONAL

7 noviembre, 2018

Porcopudever

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS  (MAPDER)

PRONUNCIAMIENTO DEL XIII ENCUENTRO NACIONAL

Las organizaciones participantes en el XIII Encuentro Nacional del Movimiento de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos convocados para celebrar nuestra lucha y resistencia en Salsipuedes, Bienes Comunales indígenas de Cacahuatepec, Municipio de Acapulco, Guerrero, lugar donde dio inicio nuestro movimiento hace 15 años, damos a conocer parte de nuestro análisis y postura ante la coyuntura política nacional:

Vivimos un momento de gran efervescencia y cambio político. En menos de 15 días tomará posesión un nuevo gobierno. Existe una esperanza de cambio en los 32 millones de mexicanos que rechazaron el régimen que imperó por más de 80 años de imposición, autoritarismo, corrupción e impunidad. Con el ascenso de la derecha en América Latina comprendemos la importancia de un nuevo gobierno progresista en el continente. Sin embargo, para los movimientos que nos oponemos al extractivismo y al modelo energético imperante en nuestro país eso no significa un cambio a favor de nuestras demandas. Tenemos claro que sólo la organización y articulación de movimientos sociales podrá hacer valer la determinación de los pueblos en sus territorios.

Desde el MAPDER afirmamos que continuaremos en la defensa de pueblos y ríos ante el embate de esta nueva fase del capitalismo. El modelo energético vigente favorece a empresas privadas, despojando a la naturaleza y sus pueblos de sus condiciones de vida, sin sancionarlas por los impactos negativos que generan. Consecuentes con nuestra historia de lucha informarnos al nuevo gobierno que no aceptaremos la imposición de proyectos de presas e hidroeléctricas, así como otros modelos extractivos que han llevado al enfrentamiento, la represión y la criminalización de quienes por muchos años hemos defendido nuestras tierras, el agua, los derechos de los pueblos y los territorios.

Desde hace más de 30 años se ha venido adecuando la legislación para favorecer la inversión privada en detrimento de la naturaleza y nuestros derechos. La reciente iniciativa presentada por senadores de Morena  denominada Ley de Desarrollo Agrario, que pretende abrogar la Ley Agraria va en ese mismo sentido.  Se trata de la ley que dejó pendiente el gobierno peñista y da continuidad a la reforma salinista al Artículo 27 que, en 1992 abrió el campo mexicano al capital privado, nacional y extranjero.  Si pretenden que ese sea el cambio, pronto van a chocar con el pueblo que los eligió.

Es inaceptable que la consulta entendida desde el Convenio 169 de la OIT esté simplificándose y banalizándose en el marco de una discusión más amplia que involucra a otros sectores de la sociedad sobre temas de “interés público”. Se invisibiliza el derecho de pueblos y comunidades campesinas e indígenas a la autodeterminación. Cualquier proyecto de nación tiene la obligación de respetar los modos de vida de quienes habitan los territorios.

Denunciamos la profundización del modelo neoliberal con proyectos para facilitar el control del territorio por gran capital como lo son las Zonas Económicas Especiales que el nuevo gobierno pretende seguir impulsando.

Como movimiento nos preocupa la situación de violencia que están viviendo los miembros  y familias de los simpatizantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota. Durante el encuentro escuchamos testimonios que dan cuenta del continuo hostigamiento y represión del que han sido objeto compañeras y compañeros por parte del gobierno del estado de Guerrero a través de la policía estatal y ministerial. Esta violencia ha tenido consecuencias directas a mujeres y niños, dejándolas viudas y huérfanos, así como el encarcelamiento injusto de 19 compañeros que hasta ahora se encuentran en el penal de Las Cruces, Guerrero. Resultado de esa violencia son los hechos sucedidos el 12 de noviembre pasado contra el patrimonio familiar de Marco Antonio Suástegui.

Ante esta situación el MAPDER exige:

  • Investigación pronta e imparcial por la quema de las motos acuáticas, modo de vida, del líder social Marco Antonio Suástegui y sanción a los responsables.
  • Que el Gobierno del estado de Guerrero a través de las instancias correspondientes brinde las medidas de protección a Marco Antonio Suástegui y su familia, dado que su vida corre peligro y cese el hostigamiento y agresiones contra su persona y los miembros del CECOP.
  • LIBERTAD A LOS 19 PRESOS POLÍTICOS del CECOP y del compañero Gonzalo Molina de la CRAC Policía Comunitaria de Tixtla, preso en el penal de Chilpancingo.
  • Que se haga justicia por los compañeros asesinados el 7 de enero del año en curso en la comunidad de la Concepción, Municipio de Guerrero: Ulises García, Eusebio Elacio, Alexis Santos, Crecenciano Everardo, Feliciano Ascencio y Celerino Hernández, asesinado el 15 de noviembre del 2014.
  • Salida de la policía estatal del poblado de la Concepción y que cesen la ejecución de las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del movimiento.
  • Cancelación de todas las órdenes de aprehensión de los miembros del CECOP y de la policía comunitaria de Cacahuatepec.
  • Justicia por el asesinato de los defensores del territorio en Sierra Norte de  Puebla, Antonio Esteban y Manuel Gaspar así como la aparición con vida del defensor Sergio Rivera.
  • Cancelación definitiva  de los proyectos de las presas: La Parota, Guerrero. Las Cruces, Nayarit. El Zapotillo y El Purgatorio  en Jalisco.   PH Puebla 1, en la cuenca del Ajajalpan en Puebla.  Paso de la Reyna, Oaxaca. Usos múltiples Xalapa y  El Naranjal en Veracruz.  Milpillas,  Zacatecas.  Rápidos Santo Domingo, mini hidroeléctricas en ríos Chespal y Cuilco, Chiapas y las hidroeléctricas en el río Bobos-Nautla, Veracruz.
  • Desmantelamiento inmediato de la presa el Zapotillo y auditoría al proyecto. Restauración de la cuenca del río verde.
  • Reparación integral de los daños causados por la construcción de las presas Zapotillo y Arcediano en Jalisco y del Proyecto Hidroeléctrico Veracruz en Sierra de Zongolica.
  • Exigimos a los tres órdenes de gobierno revertir políticas de privatización del agua. Al gobierno Federal exigimos la eliminación de los decretos de levantamiento de vedas y la cancelación de las concesiones otorgadas a empresas privadas.
  • Respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios y a sus sitios sagrados.
  • Externamos nuestra solidaridad con las comunidades afectadas por el huracán Willa en la costa norte del Estado de Nayarit y el sur de Sinaloa por lo que demandamos; la atención inmediata a los 180 mil damnificados por las inundaciones causadas por dicho meteoro.
  • Exigimos al Gobierno de  Honduras justicia por el asesinato de la compañera  Berta Cáceres y protección al Consejo Cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras COPINH, a la familia de la compañera Berta y a Gustavo Castro.
  • Al gobierno de Colombia le exigimos verdad ante lo sucedido con la hidroeléctrica Hidroituango, asimismo que se libere el Río Cauca y se haga el desmantelamiento de la presa en Antioquía, Colombia.
  • Alto a la criminalización de los defensores del territorio.
  • Exigimos a los Gobiernos de México, Estados Unidos, Honduras, El Salvador y Guatemala que garanticen el respeto de los derechos humanos de todas las personas que forman parte de las Caravanas del Éxodo Migrante que en este momento atraviesan el territorio mexicano. Por el derecho a migrar con dignidad: ningún ser humano es ilegal.

Reconocemos la importancia de fortalecer la unidad entre los movimientos en defensa del territorio, y con otros sectores de la sociedad y de América Latina. En este sentido nos abrimos al diálogo en cada una de las regiones donde tenemos trabajo y convocamos a otras luchas a fortalecer la organización.

RÍOS PARA LA VIDA,  NO PARA LA MUERTE

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS 

Bienes Comunales Indígenas de Cacahuatepec, Acapulco, Gro, 18 de noviembre de 2018

MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS (MAPDER) PRONUNCIAMIENTO DEL XIII ENCUENTRO NACIONAL

Declaración de Yuma

Declaración del II Encuentro Nacional del Movimiento en Defensa de los Territorio y contra represas – Movimiento Ríos Vivos

En Barrancabermeja, Santander, frente a nuestro gran río Magdalena, nuestro Yuma, arribamos desde nuestra regiones cargados de alegría, cantos, consignas, alimentos locales y banderas, comunidades indígenas, campesinas, pescadoras, afrocolombianas, barequeras, paleras, artesanas, para la realización del II Encuentro Nacional del Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas – Movimiento Ríos Vivos.

Durante los días 8 al 12 de octubre de 2018, sesionamos más de 400 personas entre niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres delegados de los procesos regionales del Valle del Cauca, Antioquia, Huila, Cauca, Quindío, Caldas, Santander, Bajo Sinú, Chocó y Sur de Bolívar y el acompañamiento de delegados nacionales de otros procesos sociales y ambientales. Exaltamos la presencia y acompañamiento de 30 delegados internacionales de 14 países latinoamericanos que hacen parte del Movimiento de Afectados por Represas de Latinoamérica – MAR. Saludamos el acompañamiento permanente de Swefor y PAS/PWS y la hospitalidad de la Unión Sindical Obrera – USO, a quien agradecemos su incondicional apoyo para la buena realización de nuestro Encuentro.

Con espíritu fraterno y unitario debatimos junto a organizaciones aliadas nuestra propuesta de transición energética, que busca enfrentar la crisis ambiental y social nacional y planetaria, así como nuestros ejercicios de memoria histórica ambiental, loS cuales nos permitieron recordar el dolor profundo que han sufrido las comunidades por los proyectos hidroeléctricos, pero también la riqueza de sus luchas y de su fuerza para mantenerse en el territorio.

A través de debates, ferias, talleres, intercambios, música, cantos y arte pudimos avanzar en nuestras reflexiones y llegar a las siguientes conclusiones:

  • La profundización del modelo extractivista, concebido como reprimarización de la economía basada en la extracción intensiva de los bienes comunes y ligado a la especulación financiera transnacional está conllevando a la mercantilización y privatización de dichos bienes, al control político y social por parte de empresas transnacionales, la criminalización de nuestros lideres y liderezas sociales y, la militarización de la vida comunitaria.
  • Reafirmamos y decimos con contundencia que las represas y los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas – PCH en cascada no generan energía limpia, por el contrario son causantes de irreparables daños ambientales y territoriales. Durante las últimas cinco décadas, las represas han causado el despojo y el desplazamiento a miles de personas, que siguen sin ser compensadas y reparadas. El desvío y embalsamiento de aguas para la generación de energía impone cambios en el uso del suelo y en las vocaciones productivas, pérdida de autonomía y soberanía alimentaria y viola los derechos humanos. En la mayoría de los casos, se realizan sin diagnósticos ambientales de alternativas y sin apropiados diagnósticos sociales, no garantiza una participación pública real, provoca impactos ambientales irreversibles, revictimiza a la población víctima del conflicto armado y viola sistemáticamente los derechos humanos de las comunidades afectadas. Los proyectos de PCHs en Caldas, Quindio y Chocó, se imponen de forma irregular, sin participación ciudadana y sin considerar los impactos que provoca.
  • Rechazamos el reconocimiento de las represas como Mecanismos de Desarrollo Limpio-MDL, estas no sólo producen los daños ya mencionados, sino que también emiten gases de efecto invernadero y destruyen ecosistemas y biomas importantes que garantizan los ciclos de vida. Afirmamos que el sistema energético es centralizado, despilfarrador, injusto e ineficiente, incentiva el consumo sobre el ahorro y prioriza los nuevos megaproyectos, trasvases y pequeñas centrales hidroeléctrica en cascada, mercantilizando las aguas y privatizando los territorios.
  • Denunciamos que la expansión energética colombiana, que se proyecta generar más de 74.000 MW a costa de sacrificar nuestros ríos y quebradas, y que incluye proyectos termoeléctricos y grandes proyecto de renovables, no está destinada para resolver las necesidades de la gente sino las demandas del modelo minero – energético mientras gran parte de la población sigue sin acceso por las altas tarifas del servicio energético.
  • Condenamos y rechazamos la sentencia de la Corte Constitucional que desconoce el proceso democrático y legitimo de los pobladores de Cumaral que rechazó los proyectos petroleros en su territorio y, pone en jaque las demás consultas populares. Esta sentencia significa un retroceso y contraviene la Sentencia T-445/16 de la misma Corte y el reciente fallo del Consejo de Estado que determinó que los municipios no sólo tienen competencia sino la obligación de realizar consultas populares. El Consejo de Estado reconoce que las consultas “son viables porque son una expresión de la democracia participativa”.
  • Exigimos reparación y verdad para todas las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Pescadero Ituango. Ocultar la verdad por parte de sus promotores y consultores ha conllevado a la agudización de la crisis social, económica y ambiental en el norte, occidente y bajo antioqueño. Nos comprometemos a seguir trabajando para que Hidroituango sea desmantelado y sus comunidades reparadas.
  • Comprometidos con la vida y en contravía de la imposición de lo que algunos sectores denominan, la dictadura minero energética, la captura corporativa de la Corte Constitucional y teniendo en cuenta las advertencias de la Comisión Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la proximidad de una catástrofe que extinguiría la vida en el planeta, nos comprometemos a continuar las luchas de resistencia contra el modelo extractivista y proponemos al país, una transición energética que promueva y garantice:
  • Transformaciones en el sistema energético centralizado sustentado en proyectos de energía fósil y megahidroenergía por otro que impulse energías descentralizadas, renovables, autónomas y controladas por los pueblos que desafíe las actuales relaciones de poder y garantice relaciones más armónicas con la naturaleza.
  • Transformaciones culturales de una sociedad energívora sustentada en un modo de producción- distribución y consumo que esta destruyendo la vida del planeta.
  • Un sistema socialmente justo, democrático, descentralizado y bajo el control de las comunidades o mediante cooperativas y empresas sociales sin ánimo de lucro, que respete los derechos de los trabajadores, los derechos humanos, los derechos territoriales, los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza.
  • El reconocimiento de la energía como un bien común y no como mercancía.
  • Garantías laborales para los trabajadores del sector energético.
  • La democracia y la participación de las comunidades para decir para qué, cómo y para quién la energía.
  • La articulación de la soberanía y autonomía energética a la soberanía alimentaria y justicia hídrica.

Y que tiene como propuestas principales:

  • La creación de un fondo energético especial por parte del Estado con destino a la investigación científico-técnica.
  • La recuperación de la totalidad de la propiedad de ECOPETROL por parte del Estado, la descentralización y transformación de la misma como empresa energética y del Instituto Colombiano del Petróleo, como Instituto Colombiano de la Energía.
  • La recuperación de las empresas eléctricas y la remunicipalización de la energía.
  • La transformación del sistema agroalimentario dependiente de energías fósiles y alcanzar la soberanía alimentaria.
  • Una política pública minero energética supeditada a que “Primero están las aguas y los alimentos” por tanto, deberá reconocer que la base de ordenamiento del territorio son las aguas y la producción alimentaria.
  • Las energías renovables deben estar en cabeza de las comunidades, los barrios, las organizaciones sociales o comunitarias y los municipios.
  • La transición en las ciudades con procesos de reordenamiento territorial de las mismas que reduzca las necesidades de transporte motorizado, promover los desplazamiento a pie o en bicicleta y proveer de un acceso fácil a los servicios y los modos de transporte colectivo.
  • La moratoria minero – energética y prohibición el uso de técnicas agresivas como el fracturamiento hidráulico en lutitas (fracking), la combustión in situ, la extracción de gas metano asociado al carbón, la explotación de arenas bituminosas, entre otras.
  • El impulso de una Comisión Nacional de Represas para evaluar el desarrollo de las viejas y nuevas represas, así como atender adecuadamente a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” y a adoptar soluciones efectivas al problema como la restitución y distribución de tierras.
  • Llamamos a las organizaciones sociales, ambientales y populares para que nos unamos y trabajemos en:
  • Fortalecer la movilización social para defender los mecanismos de participación ciudadana como las consultas populares y los acuerdos municipales que deciden territorialmente sobre el uso del suelo pero a su vez, promover consultas populares autónomas como un ejercicio de democracia directa
  • Fomentar una gran coalición para desafiar el modelo minero-energético y promover una transición energética justa y digna para los pueblos.
  • Preparar el paro cívico-popular nacional contra la política del despojo y la dictadura minero-energético que amenaza los territorios y la propia humanidad.
  • Saludamos a nuestras organizaciones hermanas Cumbre Agraria, Etnica y Popular – Cacep, Mesa Social Minero Energética y Ambiental por la Paz – MSMEA, MAR y Cloc – Vía Campesina, les reafirmamos nuestro compromiso en la construcción de otro mundo posible, donde la solidaridad, la fraternidad y la unidad nos hagan fuertes.
  • Saludamos al Grupo de Trabajo del Tratado Vinculante que se encuentra esta semana sesionando en Ginebra, continuaremos participando en la Campaña para exigir que no haya más impunidad de las empresas transnacionales.

En Barrancabermeja, la ciudad rebelde de Colombia, inspirados en sus históricas luchas obreras y populares, terminamos nuestro II Encuentro fortalecidos y unidos, satisfechos por los aprendizajes y avances, animados por la esperanza que se teje con la solidaridad recibida expresada presencialmente y la de organizaciones sociales, comunidades, invitados, financiadores de la comunidad nacional e internacional que nos enviaron sus mensajes. Todo ello nos dice que no podrán deslegitimar nuestras justas luchas ni el importante trabajo de nuestras regiones y vocerías.

Al ritmo del tambor y con danzas populares cerramos nuestros encuentro con una movilización que se sumó a las movilizaciones de la jornada continentales de la indignación que nos recuerdan que en un día como hoy no “hay nada que celebrar”, por el contrario, denunciamos que luego de 526 años continúa el despojo y el genocidio en nuestra Abya Yala.

¡Aguas para la vida, no para la muerte!

¡Que se alce el puño, que se alce la mano. Que se levante el pueblo, Latinoamericano!

Barrancabermeja, 12 de octubre de 2018

https://censat.org/es/noticias/declaracion-de-yuma

Continúa la lucha en contra de la Presa El Zapotillo tras anuncio de López Obrador

Canal 44, 5 octubre 2018

Continúa la lucha en contra de la Presa El Zapotillo tras anuncio de López Obrador de que si va. Organizaciones en contra de la presa piden realizar foros públicos.

De 1994 a 2018 tejiendo defensa territorial

Cronología del proceso de construcción de Ríos Vivos – Editorial de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia

28 de septiembre | 2018

En octubre de 1994, alrededor de mil indígenas Embera Katío navegaron en 42 balsas desde el Resguardo Karagaví en la cuenca alta del río Sinú hasta Lorica, en la Ciénaga Grande (Córdoba). Este hecho político para despedir a su río se llamaría: Do Wabura Dai Bia Ozhirada (Adiós río, el que hacía todos nuestros beneficios). Do Wabura fue la primera movilización embera para denunciar las implicaciones que tendría la construcción de la hidroeléctrica Urrá I, logrando así atraer la atención de la opinión pública y motivar la primera visita del Ministerio de Ambiente de Colombia a la zona, e instalar el 2 de noviembre de 1994 una Mesa entre instituciones y afectados.

Cansados de los incumplimientos del gobierno, cientos de Embera Katío y campesinos-pescadores del Sinú marcharon hacia Bogotá, el 29 de noviembre de 1999. Dos semanas les tomó recorrer 700 kilómetros para llegar a la capital, justo el mismo día que iniciaba el proceso de llenado de la represa. Por más de un año, los indígenas estuvieron asentados en el jardín frente al Ministerio de Ambiente visibilizando y denunciando las implicaciones que la construcción de la represa estaba teniendo sobre su vida y cultura. La movilización a Bogotá generó una sólida e importante solidaridad hacia este movimiento de defensa territorial.

En 1999, miembros de la Asociación de Pescadores, Campesinos, Indígenas y Afrodescendientes para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del bajo Sinú (ASPROCIG), también afectados por Urrá 1, participaron en la audiencia regional de la Comisión Mundial de Represas en Brasil, posicionando las afectaciones provocadas aguas abajo por las represas. Hasta ese entonces, estas afectaciones eran poco reconocidas como daños derivados de estos proyectos.

En el año 2000, se realizó la Misión Internacional a los territorios de los pueblos indígenas Embera Katío que luchaban contra Urrá y Uwa que se oponían a un proyecto petrolero en Boyacá. La misión organizada por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) contó con delegados y delegadas de International Rivers Network de EE.UU., Oilwatch International, World Rainforest Movement, Sobrevivencia de Paraguay, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos, el Congreso General Kuna de Panamá, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), el Movimiento de Afectados por las Presas de Brasil (MAB) y Coalición Ríos Vivos de Argentina.

Más de 15 años de lucha lograron juntar a indígenas, pescadores, campesinos, ambientalistas y defensores de derechos humanos, y llevar a decenas de países las denuncias de las afectaciones ocasionadas por las represas. Sin embargo la defensa del Sinú tendría un enorme costo de vidas de Embera Katío e intelectuales que fueron asesinados por los grupos paramilitares, como los indígenas Lucindo y Kimy Pernía Domicó y el profesor Alberto Alzate de la Universidad de Córdoba.

La lucha contra Urrá I será recordada como la más contundente oposición a una hidroeléctrica en Colombia. Aunque si bien no logró frenar el proyecto, sepultó las posibilidades de su segunda fase: Urrá II. En esos mismos años, se realizaron los Paneles por la Energía Sustentable en la que participaban afectados, ambientalistas y académicos, además se hicieron encuentros, talleres y debates que, poco a poco, fueron sumando y recogiendo las denuncias de los pueblos que ya habían sufrido la construcción de hidroeléctricas en otras regiones del país donde también se había resistido a las represas. De esta manera, empezaría a tejerse un fuerte entramado social que propiciaría la articulación de afectadas y afectados por las represas a nivel nacional.

Así se dio lugar en 2006 en el municipio de Buenos Aires (Cauca), a la constitución de la Red Nacional de Afectados por Represas, transvases y proyectos MDL, primera expresión nacional organizativa de los afectados de represas con la participación de procesos de los ríos Ranchería, Guatapurí, Anchichayá, Sinú, Salvajina y la Miel.

En septiembre de 2008, la Red Nacional que hacía parte de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas y por los Ríos, sus comunidades y el agua (REDLAR) organizó en cabeza de Asprocig y Censat Agua Viva-Amigos de la Tierra Colombia, el IV Encuentro Latinoamericano de la Redlar en Lorica, Córdoba. Como antesala del Encuentro se realizó una navegación por el río Sinú desde el resguardo Karagaví hasta la desembocadura en el Golfo de Morrosquillo para rendir homenaje a los cientos de indígenas Embera Katío que dieron su vida por la defensa del Río. Con más de 200 delegados nacionales e internacionales, el Encuentro debatió situaciones particulares y comunes de un modelo energético que se imponía en el continente a costa de la vida y las culturas de los pueblos ribereños.

En los años siguientes se fueron sumando otros procesos, primero el Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso y Chucurí de Santander, luego la Asociación de Afectados por El Quimbo (Asoquimbo) del Huila y finalmente la Mesa por la Defensa del Territorio de Ituango de Antioquia, que posteriormente adoptó la denominación Ríos Vivos Antioquia. En este trasegar la Red se transformó y dio un gran paso al cambiar su nombre y estructura por la del Movimiento Nacional en Defensa de los Territorios y Afectadxs por Represas – Movimiento Ríos Vivos.

Aquí hacemos un alto para homenajear el papel de las personas que forzaron en los inicios este proceso: Licifrey Ararat, Teresita Lasso, Tatiana Roa Avendaño, Iván Correa, Ever Grondona, Silvano Caicedo, Hildebrando Vélez, y resaltamos la labor de Juan Pablo Soler, que ha tejido con otras y otros latinoamericanos relaciones de hermanamiento durante muchos años para construir propuestas en torno a la libertad de los ríos y los derechos de los pueblos y comunidades afectadas por represas.

Han pasado 6 años del I Encuentro Nacional del Movimiento Ríos Vivos, en Girardota (Antioquia) y “mucha agua ha pasado debajo del puente”. Ríos Vivos no sólo ha logrado posicionarse como un movimiento nacional que representa los afectados por las represas, también ha contribuido a la construcción del Movimiento Latinoamericano de Afectados por Represas (MAR). Ríos Vivos ha caminado defendiendo los derechos de los pueblos ribereños y visibilizando sus múltiples formas de vida y, denunciando las implicaciones que conllevan las represas.

El Movimiento Ríos Vivos ha logrado desenmascarar el imaginario de energía limpia de las megarepresas y las irregularidades asociadas a estos proyectos, le ha apostado a la construcción de propuestas de vida en los territorios y ha avanzado en iniciativas como las de transición energética y la memoria histórica ambiental.

Con esa historia de lucha y resistencia, el Movimiento Ríos Vivos se prepara para realizar en octubre, en la ciudad de Barrancabermeja, su II Encuentro Nacional con la participación de invitados de más de 15 países de América Latina y más de 300 delegados y delegadas de las regiones donde hace presencia en Colombia. Allí se espera reflexionar sobre los retos actuales de los afectados y las afectadas por las represas, avanzar en propuestas en torno a la transición energética y juntar fuerzas para enfrentar la agresiva política nacional minero-energética.

Esta es una invitación para sumarnos a la construcción histórica de este importante Encuentro.(CC) 2018 Radio Mundo Real